A pesar del gasto en programas sociales universales y los aumentos en salarios mínimos que se ha impulsado en años recientes, un día tras otro conocemos protestas y movilizaciones de diferentes sectores económicos: movilizaciones campesinas exigiendo aumentos en los precios de garantía, transportistas exigiendo aumentos en las tarifas o piperos demandando aumentos en los precios del agua.
¿Cómo explicar esto cuando el gobierno es tan popular? Existe una poderosa razón detrás de todo esto: la economía mexicana no está creciendo lo suficiente. A finales de este mes se dará a conocer la estimación oportuna del PIB para el tercer trimestre del año. Sin embargo, los indicadores preliminares del Inegi sugieren que el crecimiento económico durante 2025 difícilmente superará 1% anual.
Luego de seis meses consecutivos de retrocesos, el sector industrial está en franco declive. Por su parte, el sector servicios tiene un crecimiento modesto, alrededor de 1% anual, mientras que el sector agropecuario es el único que ha tenido un crecimiento mayor a 10% anual. Por lo tanto, no sorprende que el crecimiento del empleo formal en México sea tan mediocre.
Las políticas migratorias y arancelarias del presidente Trump también tienen impactos directos en la economía mexicana. Los flujos de remesas hacia México, una de las mayores fuentes de divisas del país y un apoyo clave para miles de hogares, han disminuido por más de cinco meses consecutivos. Según cifras del Banco de México, las remesas han disminuido 8.3% respecto al año pasado.
Las políticas de Trump, tales como redadas contra migrantes indocumentados y controles fronterizos más severos, también han afectado los mercados laborales en EU y esto ha beneficiado a ciertos sectores exportadores mexicanos, pero las recurrentes amenazas arancelarias siguen castigando el comercio entre ambos países.
Si la economía mexicana no crece a tasas mayores a 2% —es decir, a tasas mayores de los promedios de los gobiernos neoliberales a menudo menospreciados en cada conferencia de prensa—, los avances logrados por la política salarial y los programas sociales no serán sostenibles. Tampoco será sostenible la creciente carga fiscal de pensiones y transferencias.
El panorama en EU tampoco es halagüeño. Durante el primer trimestre del año, el PIB norteamericano disminuyó 0.6%, sin embargo, para el segundo trimestre tuvo una recuperación de 3.8% anualizado: las políticas arancelarias de Trump han castigado las importaciones y aumentado el consumo de bienes domésticos, pero cada vez a mayores precios.
Desde hace algunos años, diversos analistas han señalado que la economía mexicana y la estadunidense se han desacoplado o desconectado: ya no basta el crecimiento económico del vecino del norte para jalar a la economía mexicana.
Por su parte, la propia economía de EU también está viviendo un proceso de desvinculación a su interior. Si no fuera por el crecimiento del sector tecnológico y el boom de la industria de la inteligencia artificial, es probable que EU se encontrara ya en una recesión.
Los mercados de valores en Nueva York alcanzan niveles históricos a pesar de las malas políticas de Trump —en gran medida gracias al sector tecnológico, crece el consumo de energía y la inversión—, pero crecen mucho menos los empleos. De hecho, hay un riesgo muy real de que la expansión de la inteligencia artificial destruya empleos antes de mejorar el bienestar de los hogares.
Tanto el mercado de bienes raíces como el endeudamiento de los hogares para hipotecas y consumo de bienes y servicios dan señales preocupantes de notables aumentos en el costo de vida, que son superiores a las tasas de inflación tradicionales. Es posible que EU pueda seguir siendo una potencia económica mundial, pero con hogares cada vez más empobrecidos.
Una mayor integración entre las economías de ambos países sería ventajosa para los hogares de ambos países. Un mandatario se opone firmemente a ello y otra tampoco ha dado señales claras ante los inversionistas nacionales y extranjeros. (Javier Aparicio Excélsior, Nacional, p. 12)
El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, solicitó una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente para que detalle la información sobre las operaciones militares de Estados Unidos en el Pacífico oriental, en las que abatieron a 14 presuntos delincuentes. En la Cámara Alta varios legisladores están interesados en saber si las acciones del Pentágono vulneraron la soberanía mexicana o, en su caso, se mantuvieron dentro del marco del derecho internacional. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Cuentan las crónicas que en tiempos de Francisco Franco y cuando el gobierno español estaba fijado en ley, orden, religión y falange –una formación política de inspiración fascista–, algunos de los integrantes del cuerpo de carabineros, o Policía nacional justificaban arrestos más o menos irregulares con acusaciones de que los detenidos habían resistido la orden de aprehensión o agredido al agente de la ley y para probarlo se arrancaban un botón del uniforme antes de llegar a la comisaría.
Y los jueces, en sincronía con el régimen, les creían y condenaban, no sé si con multas, cárcel o las dos, por una resistencia que no ocurría, pero que justificaba la represión. Cierto o no, viene eso a la memoria con los recuentos, tan divergentes que son opuestos, sobre las acciones de los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) en el marco de la campaña para detener y expulsar a millones de indocumentados en Estados Unidos.
Puede aceptarse el argumento de que la inmensa mayoría de los detenidos sean “delincuentes” en tanto que residentes indocumentados de un país otro que el suyo. Pero ¿violentas amenazas a la sociedad? Muchos de ellos han sido detenidos en camino a audiencias judiciales, o al acompañar a sus hijos nacidos en Estados Unidos en camino a escuelas, o en sus sitios de trabajo, o al supervisar un desfile infantil de Halloween.
Y eso sin contar con que muchos de los arrestos, y los abusos físicos, son contra ciudadanos estadounidenses.
Y para hacerlo, los agentes se disfrazan de soldados, con máscaras y equipo táctico, con aparente miedo a ser identificados o el deseo de mantener ya no se diga inmunidad sino impunidad por acciones que a su vez, serían vistas como delitos ¿o enmascarados sin identificación que se apoderan de personas en la calle y las suben por la fuerza a vehículos también anónimos no parecen secuestradores?
Puede ser una cuestión de falta de entrenamiento ocasionada por la prisa en llenar plazas para cumplir con la cuota de detenciones y deportaciones impuesta por sus superiores, o por la sensación de poder que otorgan la posibilidad de uso de la fuerza sin consecuencias, con la protección del anonimato y de los poderes judicial y Ejecutivo.
Es cierto que es posible que alguno, o algunos de los detenidos, sean delincuentes violentos. No hay duda. Como tampoco que los organismos policiales del gobierno estadounidense tienen mucho más recursos, aunque prefieran presentarse como inocentes agredidos, aunque sean los agresores.
Como cuando amenazan con un arma a un manifestante opuesto a sus tácticas y le dice “estás muerto”, o se lanzan tres o cuatro para someter a una mujer. El ICE recibió este año unos 70 mil millones de dólares para contratar más personal y pasar en semanas de seis mil a 16 mil efectivos. A cambio, en los últimos ocho meses han muerto al menos 20 personas mientras se encontraban en custodia del ICE, un cuerpo de Policía que pasó de actor de reparto a protagonista en la creación de un estado de seguridad nacional. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)
Cuando en Morena saboreaban haber tirado dos pájaros de una pedrada, con la detención del facturero Juan Manuel Álvarez Puga en Florida, primero, y la del exobradorista Simón Levy en Portugal, después, se les cayó la de este último, quien personalmente desmintió su captura.
A principios de semana se conoció que el empresario Álvarez Puga, prófugo desde 2022, había sido capturado por irregularidades en su situación migratoria, luego de ingresar a Estados Unidos hace tres años.
De inmediato el gobierno paró las antenas y denunció que el esposo de la conductora Inés Gómez-Mont tenía una ficha internacional de búsqueda, por acusaciones como lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otras.
Es señalado como presunto lavador de dinero a través de empresas fantasma, conocidas como factureras, que le habrían reportado ganancias millonarias, sobre todo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Su situación se definirá en menos de dos semanas, cuando las autoridades estadunidenses decidirán si Álvarez Puga es deportado o si enfrenta un juicio de extradición a petición de México.
Porque en la mañanera ya se había dicho que se haría hasta lo imposible por traer al empresario para que enfrente las acusaciones, porque no se debe tolerar la corrupción.
Tenían todo para generar una narrativa “en contra de los corruptos del pasado” —que buena falta les hace porque Morena está inmersa en la corrupción—, y la presunta caída de Levy en Portugal sería la cereza del pastel.
Y no porque sus acusaciones sean graves, pues, incluso, ya habían sido congeladas, hasta que un juez de control reactivó dos órdenes de aprehensión, porque éste faltó a las audiencias judiciales por temor a ser aprehendido.
Una de esas órdenes es por delitos contra el ambiente, debido a la construcción de un inmueble que violaba la normatividad; la otra por amenazas y daño en propiedad ajena.
Desde temprano, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado para anunciar su detención en Portugal, por lo que se exigiría su deportación.
Incluso el tema llegó a la mañanera, en donde se dijo que el empresario había sido detenido; no tuvieron que esperar mucho la respuesta de éste, quien, a través de un video, envió saludos afectuosos y aclaró que estaba libre.
Levy había sido director de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Desarrollo del DF con Miguel Ángel Mancera, y en 2018 subsecretario de Planeación y Política Turística con el expresidente López Obrador, cargo al que renunció meses después.
A raíz de eso, se convirtió en un férreo crítico de la 4T, señalando incluso presuntos nexos de funcionarios morenistas con el narco, incluso de los hijos del exmandatario, por lo que se volvió en un objetivo del gobierno.
Independientemente de que sea culpable o no, es grave que, por expresar sus opiniones, en México se le armen expedientes para tratar de enviarlo a la cárcel. (Adrián Rueda, Excélsior, Comunidad, p. 22)
Nadie en Washington ni en la Ciudad de México cree que esto sea solo un tema de aviación. La decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas lleva todas las marcas de la casa Trump: presión política disfrazada de regulación técnica.
El presidente estadounidense volvió a hacer lo que mejor sabe: usar la política económica como pieza de ajedrez para arrinconar al adversario. En plena campaña contra Maduro, y con la revisión del T-MEC a la vista, golpea al AIFA -el emblema aeroportuario de la 4T- justo cuando intenta despegar, y manda una señal nítida: México no la tendrá fácil, por más elogios que dedique a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reacción de la presidenta Sheinbaum fue cautelosa, pero con visible molestia. Su respuesta, firme en el rechazo pero moderada en el tono, dejó claro que México defenderá sus derechos sin escalar la confrontación. El contexto no podía ser más delicado: días antes, fuerzas estadounidenses destruyeron tres embarcaciones en el Pacífico con presuntos narcotraficantes a bordo, en una operación que México consideró unilateral. Con la sombra de nuevos aranceles y la renegociación del T-MEC en el horizonte, cualquier respuesta de Sheinbaum implicaba caminar sobre una cuerda floja.
Oficialmente, la cancelación de las rutas a Estados Unidos responde a que el gobierno mexicano bloqueó operaciones de aerolíneas estadounidenses en el AICM y forzó el traslado de carga al AIFA, violando el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015 y alterando la competencia. Cierto. Así fue el capricho, entre tantos, de López Obrador. Pero el timing de la medida lo dice todo: la cancelación de rutas no es un castigo administrativo: es parte de una estrategia de presión geopolítica, un recordatorio de quién controla el tablero comercial y logístico de América del Norte.
El golpe pega donde más duele. Se concentra en rutas que parten del AIFA -un símbolo para el gobierno mexicano– dañando su ‘plan de vuelo’ y mostrando que Washington está dispuesto a afectar prioridades de la política interna mexicana, si lo considera relevante para sus intereses. De mantenerse la medida, Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris perderán conectividad y miles de asientos en temporada alta, y de cara al Mundial de Fútbol, el evento más esperado en 2026.
Pero el daño mayor es institucional: exhibe la fragilidad de los proyectos emblemáticos de México frente al poder regulatorio estadounidense. Si Washington puede usar un acuerdo aéreo como arma de negociación, puede hacerlo también con la energía, el nearshoring, o el T-MEC.
El episodio abre un frente complejo. Si el gobierno mexicano responde con confrontación, arriesga represalias; si cede, refuerza la percepción de debilidad. En cualquier caso, la presión se multiplica en momentos en que se definen nuevas reglas de comercio, migración y seguridad. De mantenerse la medidas por varios meses, la incertidumbre regulatoria podría enfriar la inversión en sectores sensibles justo cuando el gobierno apuesta por mayor previsibilidad para los inversionistas.
El desafío es doble: político y estratégico. Político, porque el gobierno deberá mostrar firmeza sin romper los puentes con su principal socio; estratégico, porque urge diversificar riesgos y construir autonomía real frente a un Estados Unidos cada vez más volátil. Es sabido: Con Trump, ninguna decisión económica está libre de cálculo político-electoral y está dispuesto a mover fichas que afecten la política interna de México, si así le conviene. El juego rudo está aquí. (Samuel García, El Sol de México, Finanzas, p. 11)

(Alarcón, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)

(Rapé, Milenio, Al Frente, p. 2)

(Rocha, La Jornada, Política, p. 5)