Qué deleznable es el intervencionismo del subsecretario de Estado de EU. (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
AL ALCALDE Carlos Manzo lo mataron el sábado, pero su muerte comenzó a gestarse desde el momento en que tanto el gobierno federal como el estatal desestimaron su llamado de auxilio para enfrentar al crimen organizado.
HOY LOS funcionarios federales se lavan las manos diciendo: “le asignamos 14 escoltas de la Guardia Nacional y dos vehículos oficiales”. Como si el problema hubiera sido simplemente quién lo cuidaba.
EL ABANDONO de la Federación para el presidente municipal de Uruapan se evidencia porque pareciera que quien manda en la zona es el crimen organizado. No se trataba de mandar guardaespaldas, sino de intervenir la región, desmantelar las estructuras delictivas, combatir la extorsión, devolverle la seguridad a sus habitantes. Nada de eso se hizo y hoy Carlos Manzo está muerto.
NO PARECIÓ suficiente el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo para tomar medidas, aunado al sesgo político que desde el gobierno federal dieron a las posturas del alcalde Manzo, que no hacía reclamos a su nombre sino de la sociedad michoacana. Las manifestaciones inmediatas de reclamo en Uruapan y Morelia marcan el enojo y la indignación.
POR CIERTO que la noticia del crimen causó revuelo internacional. Entre las muchas expresiones de repudio al asesinato, destacan, por ejemplo, las de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, dos de las más fuertes figuras de la derecha de aquel país.
PERO QUIEN expresó un mensaje que no se puede pasar por alto fue el ex embajador de EU en México y hoy subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau. Tras lamentar la ejecución, dijo que Estados Unidos “está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”. Así con esa palabra: e-rra-di-car.
Y FUE más allá al desear que la memoria de Carlos Manzo “inspire acciones rápidas y efectivas”. ¿En qué estará pensando el funcionario de Donald Trump? A lo mejor eso explica que la presidenta Sheinbaum convocara, la mañana de ayer, al gabinete de seguridad.
BAJO LA PLEGARIA de “Hágase, Señor, tu voluntad en los bueyes de mi compadre”, las y los diputados federales decidieron que para ellos no habrá austeridad alguna. ¡Ni que fueran personal médico!
RESULTA QUE para 2026 los legisladores recibirán el mismo pago que en el año actual, lo cual incluye su salario, sus jugosas prestaciones, las ayudas para casas de representación en sus distritos, viáticos para sus viajes, un carísimo seguro médico privado (nada de Seguro Social, por favor) y hasta la peluquería que está en San Lázaro, entre muchas otras cosas. ¡Una chamba de ésas! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
El asesinato del presidente municipal de Uruapan ¿misión suicida?
Nos hacen ver que los informes proporcionados ayer por el gabinete de seguridad sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, dan cuenta de que detrás no solo hubo una planeación cuidadosa, sino también podría tratarse de una misión suicida. Nos hacen ver que, además de que se efectuó en medio de un acto público, el edil contaba con seguridad perimetral evidente de la Guardia Nacional, y su entorno más cercano era resguardado por agentes municipales de su confianza, como lo informó ayer el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Ante ello, nos señalan, quien envió al hombre que disparó contra el presidente municipal sabía que había altas posibilidades de que el perpetrador fuera abatido y no pudiera decir quién lo contrató. La muerte del homicida, nos dicen, complica las investigaciones, pero la indignación que generó el crimen no admite impunidad.
Y ahora, Noroña va a Barcelona a comprar libros
Con más pena que gloria, el senador Gerardo Fernández Noroña regresó ayer a México luego de su polémico viaje a Palestina. El morenista recibió trato especial como si aún fuera presidente del Senado, pero no logró concretar su deseo de que niñas y niños palestinos huérfanos fueran adoptados por familias en nuestro país, pues su propuesta no fue aceptada por las autoridades palestinas. De regreso a México, el legislador se dio el lujo, acompañado de su pareja y su asistente Emiliano González, de hacer una escala en Barcelona, “para comprar libros”. Con tan mala suerte, que las librerías no abrieron el 1 de noviembre, por ser día feriado en España.
Cero y van cuatro cancelaciones de Presidencia a la FIFA
Nos comentan que en la FIFA ha llamado la atención que por cuarta vez les hayan cancelado un evento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum hablaría de todo el esquema de actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En días pasados, en este espacio le comentamos que estaba planeado que hoy en la antigua residencia oficial de Los Pinos se llevaría a cabo un acto en que se explicará el plan de seguridad en los estadios y sedes mexicanas, además de la estrategia logística para garantizar que todo transcurra sin contratiempos. Nos comentan que, al parecer, las tragedias provocadas por las lluvias, y ahora el asesinato del presidente municipal de Uruapan, han impedido que en cuatro ocasiones el acto con la FIFA se haya pospuesto.
Cambios en el Tribunal Electoral no quita el sueño al oficialismo
Este lunes comienza una nueva etapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la toma de posesión del magistrado Gilberto Bátiz, quien obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección del 1 de junio, como presidente de la Sala Superior. Nos hacen ver que con la salida de la magistrada Janine Otálora, quien rechazó la extensión de su mandato, el órgano volverá a estar incompleto. Sin embargo, nos señalan que la composición de la Sala Superior, pese a que solo tendrá seis integrantes, no implica complicación en las votaciones pues el presidente tiene voto de calidad en caso de empate y los magistrados afines al régimen son la gran mayoría, por lo que la posibilidad de algún empate se ve remota. Así que el oficialismo puede estar tranquilo, el máximo tribunal electoral del país sigue rendido a sus pies. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
1 Reacción inmediata. El asesinato en contra del alcalde de Uruapan cimbró al país. Carlos Manzo era una figura incómoda para el crimen organizado, denunció campamentos de entrenamiento del narco, lideró operativos y rechazó cualquier pacto con delincuentes. Tras su ejecución, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó con firmeza el crimen y convocó de inmediato al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Coordinación con Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, comunicación directa con el fiscal estatal y la promesa de cero impunidad es el tipo de respuesta que se espera de un gobierno que pone la seguridad como prioridad.
2 Tierra de nadie. En Tlaxcala, que alguna vez fue el estado más seguro del país, fue desmantelado un centro de acopio de carga robada en Papalotla. El cateo, derivado de una carpeta federal, permitió asegurar siete vehículos de carga pesada con reporte de robo, incluyendo un tractocamión, cajas secas y un remolque, además de seis toneladas de carne de puerco y abarrotes. La mercancía robada fluía sin freno por calles tlaxcaltecas. Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar habla de paz social en discursos y estadísticas, la realidad demuestra otra cosa: Tlaxcala no es tierra segura, es tierra de quien la trabaja de manera ilegal. Qué pena.
3 Maxiatraco. Otra minirrefinería clandestina, otro golpe al huachicol… pero ni rastro de la gobernadora Rocío Nahle. En Perote, Veracruz, autoridades federales, sin participación estatal, desmantelaron una empresa fachada que operaba como centro de refinación y distribución de combustible robado. Ocho detenidos, 250 mil litros incautados y 247 millones de pesos en pérdidas para la delincuencia organizada. El lugar se ubicaba a sólo 22 kilómetros de Las Vigas, donde también fue desmantelada otra planta. Veracruz se está llenando de crudo ilegal, mientras el silencio oficial contamina más que los derrames. ¿Quién protege a quién?
4 El campo vive. En medio del abandono ancestral al campo, la gobernadora Libia García respondió. Guanajuato destinará 150 millones de pesos para apoyar a los productores agrícolas que exigieron precios justos para sus cosechas de maíz y sorgo. Aunque las demandas iban dirigidas al gobierno federal, la mandataria panista decidió actuar. La mandataria que es figura clave en el panismo de Jorge Romero afirmó que el recurso será presupuestado para 2026, y se coordinará con Jalisco y Michoacán. En tiempos de tensiones rurales, gobernar también es saber escuchar el reclamo de la tierra. Los estados deberían, como hace Libia García, sembrar soluciones.
5 Diputados primero. En plena austeridad y con recortes a órganos autónomos, los diputados se aprueban un aumento de 9.5% por ciento. Mientras el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los ministros de la Corte apenas sube 0.3%, los legisladores brincan la línea y se ajustan el bolsillo, y pasarán de ganar 1.19 a 1.30 millones anuales netos. El aumento incluye seguro de vida y compensación por ISR. En el segundo piso de la transformación, el Congreso se sube al elevador. ¿Quién lo promovió? ¿Quién votó en contra? Morena tiene mayoría y Luisa Alcalde la preside. En el Congreso de la Unión, la austeridad termina donde inician las curules. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 13)
Trascendió
Que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tuvo amplia repercusión política, social e internacional, pues no solo hubo condenas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de las lideresas del Congreso, Kenia López y Laura Itzel Castillo, y de los gobernadores, sino que hasta EU ofreció ayuda para esclarecer el homicidio. Por cierto, para hoy están programadas más movilizaciones en Morelia, además de un paro estudiantil, y la titular del Ejecutivo federal canceló la mañanera en Los Pinos para seguir de cerca las investigaciones del caso.
Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volverá a las andadas los próximos 13 y 14 de noviembre con un paro de 48 horas como parte de su nueva etapa de movilizaciones para exigir la abrogación de la ley del Issste 2007 y del sistema de carrera magisterial; también pretende regresar al diálogo con el gobierno, aunque parece algo contradictorio que lo haga con un cerco en Palacio Nacional y un plantón en la Cámara de Diputados justo en el primer día de su protesta.
Que esta semana se pondrá de nueva cuenta a prueba si los diputados hacen caso al llamado de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, para acudir de manera presencial a las sesiones, sobre todo porque entre los temas que se votarán está el Presupuesto de Egresos, primero en comisiones este lunes, luego el miércoles en el pleno y de ahí se esperan sesiones maratónicas para desahogar las reservas. La orden en Morena es que todos deben acudir, pues de lo contrario comenzarán las sanciones.
Que hoy comenzó el retorno a clases en los municipios de Veracruz afectados por las lluvias de octubre y se hará en aquellas escuelas donde no se ponga en riesgo a estudiantes y maestros, mientras que en planteles con daños estructurales continuarán los trabajos de rehabilitación, según la estrategia trazada por la SEP, que encabeza Mario Delgado. Sin embargo, hay quien se opone a la medida, como el Movimiento Democrático Magisterial de esa entidad, que pide analizar escuela por escuela y decidir la reapertura según la opinión de Protección Civil. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Sacapuntas
Hacen su tarea
Todo el peso de la ley caerá contra los responsables del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Adelantó que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso y que “no habrá impunidad”. Hasta ahora se sabe que el arma asegurada que asesinó al edil está relacionada con dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.
Estrecha relación
Contrario a lo que muchos piensan, el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, tenía una estrecha relación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El hermano del hoy finado, Juan Manzo, es subsecretario del gobierno estatal. Y ayer, en el funeral, mientras abucheaban al mandatario, la esposa y la madre de Carlos pedían respeto para el góber.
Precisiones
Si bien es cierto que 14 efectivos de la Guardia Nacional estaban asignados a la vigilancia del edil de Uruapan, Carlos Manzo, era para resguardo perimetral. Policías municipales eran los encargados de su seguridad personal y no pudieron evitar el ataque que terminó quitándole la vida. Así que, como dicen, no hay que buscarle tres pies al gato.
“No, gracias”
Quien no perdió la oportunidad para intentar incidir en México, con la agenda estadounidense en materia de seguridad, fue el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Y aunque sabe que la respuesta es: “No, gracias”, no quitan el dedo del renglón para intervenir en territorio nacional.
Ni cuotas, ni cuates
En el INE se acabaron las cuotas y los acuerdos en lo oscurito, así lo proclamó la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, al cerrar la sesión para designar 44 consejerías de OPLE. Hacia el exterior, el tono y cada palabra fueron interpretados como declaración de independencia. Pero intramuros, algunas y algunos consejeros no ocultaron su malestar.
Acciones de la Corte
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia, que preside el ministro Hugo Aguilar, inaugura el foro de consulta para crear el Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género Laboral y Discriminación. El ejercicio se realizará en la zona de murales y busca mejorar los entornos en los espacios laborales del Poder Judicial.
Rinden cuentas
Habrá que estar pendientes este lunes de las comparecencias por la Glosa del Primer Informe de Clara Brugada, pues se espera la presencia de las titulares de Turismo, Alejandra Frausto; de las Mujeres, Dapthne Cuevas; Ana Francis López, de Cultura, y Araceli Damián, de Bienestar, pues nos dicen que traen cuentas positivas. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
‘Visitas incómodas’ en San Lázaro
Nos aseguran que priistas, panistas y hasta emecistas apoyan y facilitan a diversos grupos de productores agrarios, maestros, médicos y personal del Poder Judicial, entre otros, para acudir y protestar frente al Palacio Legislativo, en reclamo a la “mala distribución del gasto federal del próximo año”. Por eso anticiparon “que nadie se sorprenda” si, de nueva cuenta, se ve a la sede de la Cámara de Diputados “tomada y cercada” por las “visitas incómodas para la ‘4T’” estos días. A nadie extraña ya eso.
Desmienten en Morena… a vocero
Al interior de la bancada de Morena en San Lázaro hay tanta divergencia que hasta a su vocero desmienten. El portavoz morenista, Arturo Ávila, hizo un posicionamiento contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo. Denunció: “los vecinos me han dicho que están inconformes con los malos servicios públicos, la cantidad de baches y la basura”. Lo que no esperaba es que su propio coordinador, Ricardo Monreal, le rebotara la queja: “Yo soy vecino de la Cuauhtémoc. Yo tengo respeto por mi delegación (alcaldía) y no he tenido nunca una expresión negativa contra los gobernantes”. ¡Tómala!
Sentencias de la SCJN podrían ir a revisión
La SCJN está al borde de algo más que polémico: revisar las sentencias de las desaparecidas salas. Lo polémico radica en que en la anterior integración del tribunal constitucional las sentencias del pleno y las salas tenían el mismo valor de “cosa juzgada”, pero ahora el ministro presidente, Hugo Aguilar, solicitó una consulta de sus pares para que determinen si las sentencias que emitieron las salas tienen ese carácter. El asunto quedó en la ponencia de la ministra Lenia Batres y hay preocupación de que, de aprobarse este nuevo criterio, se aplique de forma selectiva bajo intereses políticos o de otro tipo.
Cambios en el TEPJF
En sus primeros días como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, hizo dos cambios importantes: nombró a Carmen Urías, como directora de Comunicación Social, y a Carlos Hernández Toledo, como secretario general de acuerdos. Llama la atención el nombramiento de Urías, pues hasta el 31 de octubre fungió como directora de comunicación del Instituto Nacional Electoral y su salida, dicen los que saben, que se debió a un distanciamiento con la presidenta del árbitro electoral, Guadalupe Taddei Zavala.
El Edomex y el T-MEC
El Estado de México no sólo se ha posicionado como una pieza clave en la estrategia nacional de reindustrialización contenida en el Plan México, sino que ahora quiere serlo en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El reciente Foro Regional de Consulta rumbo a la revisión del T-MEC, realizado en Toluca, mostró el músculo mexiquense para reunir a sectores productivos, empresariales, académicos y sociales, con el objetivo de conocer sus opiniones y propuestas en torno a este acuerdo internacional. Y es que para el gobierno de la maestra Delfina Gómez, el desarrollo del estado no sólo radica en la inversión de grandes cadenas, sino también en el desarrollo regional, de los artesanos, de los productores, de los pueblos originarios, por lo que este encuentro fue propicio para analizar cómo integrar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor, lo que será uno de los grandes temas en la renegociación.
Reacciones tardías
Queda claro que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reacciona hasta que percibe la tendencia. Resalta que el sábado haya condenado la explosión e incendio de una tienda en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 23 personas, pero no el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pese a que fue el mismo día, esperó hasta la mañana siguiente para pronunciarse. Seguro, esperando el sentido de la comunicación morenista generalizada. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
De nuevo Sonora
Las miradas están puestas sobre el Gobierno de Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, luego de la tragedia que ocurrió en una tienda de la cadena Waldo’s, que costó la vida a 23 personas. Y es que se ha informado de manera preliminar y como parte de la investigación sobre la falta de un programa de protección civil avalado por la autoridad. En esa lógica, se empezarían a perfilar señalamientos contra la administración estatal pasada, al frente de la cual estuvo Claudia Pavlovich, quien hoy es, a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cónsul de México en Barcelona. Y es que se ha dicho, oficialmente, que hasta 2020 la empresa de las tiendas tuvo ese trámite en regla, y cuando llegó el actual gobierno ya no se le validó. Se ha abundado también sobre el caso del transformador que estaba dentro del local, el cual estalló y provocó el incendio y, se ha dicho que no era propiedad de la CFE. Por la dimensión de la tragedia, en el estado piden claridad.
Ahí viene la CNTE
Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que amenaza otra vez con emprender una movilización que podría asfixiar vialidades y, nuevamente, la Ciudad de México. Las secciones del magisterio disidente se alistan para volver a tomar las calles de la capital la próxima semana e incluso cercar Palacio Nacional, para luego partir rumbo a la Cámara de Diputados, donde el plan es instalar un plantón con el que se pretende ejercer presión para que se les atienda, en los términos que los profesores disidentes quieren, y con las mismas demandas por las que tomaron la capital en mayo de este año durante un mes. Y es que queda claro que ni el aumento salarial del 10 por ciento que el Gobierno les concedió, ni el freno a las reformas con las que se dijeron inconformes les satisfizo, pues las exigencias con las que saldrán en unos días también versan sobre exigir mayores ingresos y otras prestaciones laborales, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, entre otras. Sí, nos hacen ver, otra vez el tema es el dinero.
Iglesia sube el tono
Y fue la Iglesia católica la que, nos comentan, ayer subió también el tono tras lo ocurrido en Uruapan. Y es que la Conferencia del Episcopado, encabezada por el obispo Ramón Castro, refirió que el cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una “preocupante cadena de crímenes” contra quienes construyen la paz. Y no sólo eso, sino que advirtió que tras el homicidio, “no basta con la aprehensión del asesino”. Un señalamiento mayor, nos dicen, viene en el documento en la parte donde enumera hechos que “reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal están obligados a garantizar”. Y llama a combatir el verdadero crimen: “La vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades”. No se dio permiso la Iglesia, nos hacen ver, de mencionar nada sobre la reducción de la incidencia de homicidios que reporta el Gobierno federal. Uf.
Molotov prende el debate
Y fue José Ramón López Beltrán el que ayer le quiso dar un raspón a Molotov, luego de que el viernes pasado, en el concierto por sus 30 años, la banda dijera que no está alineada “a cualquier Cuarta Transformación”, y señalara que “éramos un país bien chingón”. El fin de semana, nos cuentan, esas expresiones alimentaron la “conversación” —así le llaman algunos a los fregadazos que se dan a diestra y siniestra— en las benditas redes. Voces afines a la 4T aparecieron para tratar de denostar a la agrupación musical. Pero fue hasta ayer que el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo su aporte. “De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, escribió José Ramón. Y sí, el “mejor que nunca” fue la hebra por la que siguió “la conversación”.
Ya no tenía mucho sentido
Y fue la diputada Gabriela Jiménez la que en un evento por las festividades de muertos que realizó en Azcapotzalco se disfrazó de Batichica. La también vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena fue quien se encargó de dar a conocer en sus redes las imágenes en las que aparece como el centro en un evento que tuvo lugar en la colonia Santiago Huilotla. “Vestida de Batichica, quiero recordar que todas las mujeres somos heroínas, luchando siempre por la justicia y el bienestar de nuestras comunidades”, refirió la legisladora como para darle un giro distinto a la razón original por la cual optó por usar ese atuendo: la disputa por un sitio al lado del secretario García Harfuch que tuvo con su compañera de bancada, Jessica Saiden, la semana pasada. Situación que derivó en un conflicto que el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, intentó zanjar con cierto humor. Nos dicen que quizá ya no tenía tanto sentido hacerle eco a la polémica, pero pos ahí cada quien.
Reaccionan a crimen… en España
Nos cuentan que dos figuras de la derecha española reaccionaron al asesinato del alcalde de Uruapan. Se trata de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, y de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por el Partido Popular, ambas críticas de la decisión del Gobierno español de reconocer el dolor y el sufrimiento de los pueblos originarios en la Conquista hace unos días. “Acaban de asesinar a Carlos Manzo, alcalde de la localidad mexicana de Uruapan. Vivía amenazado por los cárteles y abandonado por su Gobierno federal, al que había pedido ayuda para enfrentarse al crimen… Descanse en paz, y quede su ejemplar valentía”, publicó la primera en las redes. La segunda hizo público un mensaje más frontal: “La Presidenta Sheinbaum exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México”. Ahí el dato. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Cimbró al país
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sacudió a México, la forma en que se dio, en un acto público y los discursos previos, abonanaron a la indignación; la Presidenta convocó a a su gabinete de Seguridad y la Conferencia Nacional de Gobernadores salieron a condenar el asesinato… No es un hecho aislado, venimos del asesinato a un líder de productor de limones y uno de naranjas, y así hay que verlo. Son tiempos de unidad y de que la polarización de las redes y sus imbéciles se queden ahí, sin eco. ¿Será?
Descuido involuntario
Al culminar la conferencia de prensa del gabinete de seguridad, al equipo técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le perdió un celular…Por eso la prensa siempre cuestiona la estrategia que implementan en el país. Bien dice el refrán: “el buen juez, por su casa empieza”. ¿Será?
Nueva era del TEPJF
Dicen que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán un nuevo respiro con la llegada de Gilberto Bátiz a la presidencia, y hay quienes confían en que con ello el organismo tendrá una renovación de imagen, porque el magistrado se hará acompañar de un selecto equipo de colaboradores, entre los que se incluye a las extitular de Comunicación del INE, Carmen Urias, quienes abonarán al fortalecimiento del Tribunal y de las funciones que desempeña en beneficio de la democracia de México. ¿Será?
Alerta en EU
Tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, Estados Unidos se pronunció ya para “profundizar la cooperación en seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”. Fue el propio subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien lamentó el homicidio del edil de Uruapan y ofreció intensificar las acciones conjuntas contra los cárteles; dicen los que saben que la administración de Donald Trump pidió ya una averiguación del caso y, sobre todo, revisa una posible colusión de políticos mexicanos con la delincuencia, pues el edil estaba bajo resguardo de la mismísima Guardia Nacional. ¿Será?
¿Y la autonomía?
En el marco del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habrá que echar una mirada a la actuación del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. El funcionario salió ya a dar pormenores del hecho y, por supuesto, a comprometerse a esclarecer los hechos; en ese contexto, muchos se preguntaron por la autonomía del fiscal que, en sus cuentas de redes sociales, se pone como miembro de la llamada cuarta transformación, para ser precisos, el arroba de su cuenta de “X” es @CarlosTorres4T. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
El asesinato de Carlos Manzo muestra que ningún esquema de protección es infalible, por lo que el castigo severo a quienes cobardemente lo ultimaron es el único camino hacia un futuro mejor. Este homicidio no cuestiona la necesidad de que la estrategia de seguridad pública continúe, por el contrario, hace más patente que sólo siendo más constantes que los maleantes podremos lograr que la ley impere para todos. (La Esquina, La Crónica de Hoy, p. 2)
El sábado primero de noviembre de 2025 quedará marcado como la noche en que la fiesta del Día de Muertos en Uruapan se transformó en un escenario de ejecución política. El asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo se estrelló en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gabinete de seguridad, que ignoraron, se burlaron incluso de sus insistentes llamados a que hicieran algo, lo que fuera, pero algo, para frenar el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio, el segundo más poblado de Michoacán, y el dinamo de la industria del aguacate.
Michoacán, el laboratorio de la militarización de la seguridad, es el nuevo símbolo del fracaso de la política del gobierno, exitosa en la palabrería de los partes policiales diarios, que nadie sabe qué tan ciertos son, pero que no reflejan el freno a la violencia, a los asesinatos rampantes, a las masacres y a las guerras entre los cárteles. Sheinbaum, cuya empatía es discrecional –pronta y eficaz en los lugares que le permitan ganar votos–, tardó más de 12 horas para condenar el “vil” asesinato de Manzo. En Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ofreció sus condolencias a la familia y amigos de Manzo una hora antes que ella.
El asesinato, no obstante, le preocupó, y convocó al gabinete de seguridad a una reunión de emergencia en Palacio Nacional, que duró unas dos horas y media. Sus integrantes llegaron a las siete de la mañana con rostros desencajados. Había por qué: si como dijo Sheinbaum, Manzo tenía protección federal, se lo asesinaron en sus manos. ¿Cómo lo explican? Con retórica hueca y esquiva.
Manzo fue ejecutado mientras convivía con su pueblo en la Fiesta de las Velas, tomándose fotos con su hijo y encendiendo la llama simbólica de la celebración. Las balas que lo mataron pusieron en evidencia algo mucho más profundo que un simple asesinato. Fue la derrota de las autoridades frente al crimen organizado. Sheinbaum dijo que no habrá impunidad. ¿Cómo creerle? Todos los asesinatos de alto impacto en los últimos años los abriga la impunidad. ¿Quién mandó asesinar a Ciro Gómez Leyva? ¿Quién a Ximena Guzmán y José Muñoz? ¿A David Cohen? No fue Fuenteovejuna, seguro.
Manzo no era un alcalde cualquiera. Tomó posesión en septiembre del año pasado con la promesa de “romper el pacto tácito” con el crimen organizado. Afirmó que no haría tratos con ellos; se puso chaleco antibalas y patrulló carreteras y bosques. “No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”, dijo hace unos días. Pero no se echó para atrás. Hoy, ante la evidente impotencia de las autoridades, la descalificación pública que hizo de él Sheinbaum con esa demagogia de latón, su frase retumba como epitafio.
El alcalde sorprendió a muchos por su valentía, administrando el miedo, como reconoció tener, pero con una posición indómita en su cruzada contra el crimen organizado. Muy pocos deben haber pensado que lo iban a ejecutar en medio de cientos que fueron a la Fiesta de las Velas, ante tantos ojos. La visibilidad del evento del sábado por la noche parecía un escudo, olvidando que ésta sólo funciona si el Estado muestra su músculo, no sólo micrófonos. El alcalde fue abandonado por el gobierno estatal y por el federal. No hay justificación que valga. Un sicario cambió su vida por la del alcalde y ya estuvo: los criminales y el gobierno, por consecuencia, eliminaron una piedra incómoda en su camino.
No fue una acción concertada entre esos dos entes, pero en el abandono al que sometió el Estado a Manzo, se volvió cómplice involuntario de los criminales, que probablemente sintieron que su protagonismo y activismo en los medios para llamar la atención del gobierno federal –porque el estatal no sirve para nada– y provocar una acción, calentaría demasiado la plaza. Se ampararon quienes lo mandaron matar en la balandronada presidencial de siempre, cuando rechazó sus peticiones de ayuda: “No vamos a regresar a la guerra contra el narco”. Nadie pide eso. Se exigen acciones, no boletines de prensa. ¿Dónde estaba la protección federal que dijo Sheinbaum tenía? En ninguna imagen del crimen se vio.
Las estadísticas optimistas, reales para algunos y maquilladas para otros, no sirven para nada cuando se trata de proteger a quienes solos, como Manzo, tratan de cambiar el estado de cosas. En un país donde la frontera entre autoridad y crimen es difusa, Manzo se propuso a dibujarla de nuevo. Por eso lo ejecutaron en frente de tantos. Como escarmiento.
El alcalde de Uruapan llegó al poder sin partido, como un candidato independiente con una promesa tan elemental como temeraria, gobernar sin pactar con el crimen organizado. En Michoacán, tierra donde los cárteles regulan desde el precio del aguacate hasta el número de patrullas que pueden circular en una colonia, su declaración fue más que una postura: fue una provocación. Había tocado una herida profunda: el control económico del crimen en ese municipio, ciudad estratégica para el comercio del aguacate y la producción de metanfetaminas.
Lo que queda tras su muerte es el recordatorio de la advertencia que en Michoacán, el asesinato de alcaldes se volvió un patrón: entre 2018 y 2025, más de una docena fueron ejecutados. Ninguno de esos crímenes ha tenido una sentencia firme. El mensaje es simple: quien rompe las reglas del miedo, muere, y quien los hace pagar su desafío, goza de impunidad.
Manzo arriesgó todo. En un sistema donde la supervivencia depende del silencio, eligió hablar. Su muerte es la síntesis del drama que vive el país, una nación donde el valor individual no basta para derrotar al poder armado, donde la honestidad no garantiza protección y donde el crimen se impone no sólo con balas, sino con la resignación inconfesable de quienes lo toleran.
La ejecución del alcalde de Uruapan resuena como una réplica del viejo patrón de impunidad obscena que ha marcado el fenómeno de la violencia durante los siete últimos años. Los grupos criminales no dejan de enviar el mismo mensaje cada vez que ejecutan a una autoridad local: “No mandan ustedes, mandamos nosotros”. En Palacio Nacional sigue la cabeza fría de la indiferencia, escondida dentro de numeralias sin sentido y, por lo que estamos viendo en el país, sin resultados reales. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 42)
De aquella frase histórica del reformista Guillermo Prieto, que evitó en 1858 el asesinato del presidente Benito Juárez a manos de los soldados conservadores al grito de “los valientes no asesinan”, hemos pasado en el México actual a una nueva y dolorosa oración que describe fielmente lo que le pasa en este país violento y en sus estados fallidos, a los pocos mexicanos valientes que hoy se atreven a alzar la voz para denunciar la impunidad y el control total del crimen organizado a lo largo y ancho de la República: “a los valientes, los asesinan”.
Y es que a cualquier mexicano que se inconforme con la situación de inseguridad y violencia que vivimos, que se atreva a denunciar y a alzar la voz apuntando hacia el crimen organizado por extorsiones, despojos, desapariciones o asesinatos, automáticamente le sale una diana en la espalda o en la cabeza. No importa si es una madre buscadora que pida información y apoyo para encontrar a sus hijos, o sea un defensor de tierras y bosques, o un líder agrícola que denuncia y acusa abusos de los criminales, o un periodista, o un defensor de derechos humanos, o un líder social, o un sacerdote; cualquiera que se atreva a denunciar y a desafiar al poder criminal, sin importar origen, sexo o condición social, lo que le espera en este país es la muerte.
Porque en este país los valientes están solos y los gobiernos ineptos y ausentes no pueden ni quieren hacer nada para defenderlos, porque hasta ellos mismos aceptan que quien verdaderamente manda y gobierna hoy en México es el narcotráfico y su reinado de terror del sicariato. Son ellos y no las autoridades federales, estatales y municipales, quienes ya controlan y deciden la vida social, política y económica, cobrando impuestos a los mexicanos que producen, controlando precios y proveedurías en varios sectores económicos, desde el campo hasta la construcción, imponiendo gobernantes y asesinando a aquellos que se niegan a someterse a sus designios, y alterando la paz y la tranquilidad que le han robado a los habitantes de este país.
Hoy conmociona al país y se vuelve noticia internacional el asesinato cobarde y cruel de otro alcalde, Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, cuyo único pecado fue no quedarse callado y denunciar la corrupción y colusión que se vive en su estado entre el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla y los cárteles de la droga que siguen operando con toda impunidad en tierras michoacanas.
Su muerte, después de que acusó los vínculos y la protección que se le da a los criminales en su tierra, y luego de haber pedido en varias ocasiones apoyo y ayuda del gobernador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las amenazas del narco, es la confirmación de que no sólo no hay control ni gobernanza en amplias regiones del país donde las autoridades ya no tienen el control de nada, sino que además, de nada sirve hablar de “estrategias de inteligencia” o presumir cifras de disminución de delitos, si el Estado es incapaz de proteger no sólo a los ciudadanos comunes, sino a las propias autoridades que ni clamando por ayuda se salvan de ser ajusticiados por las balas del narcotráfico.
Y si la falla del gobierno federal es imperdonable, por no escuchar la presidenta el clamor del alcalde que anticipaba que podían matarlo si no recibía pronto ayuda federal o del estado, la actitud del gobernador Ramírez Bedolla, de indolencia y desprecio total por el alcalde asesinado, merecería, en una democracia normal, la renuncia inmediata de un mandatario que no puede controlar lo que sucede en su estado y al que, en menos de 15 días le matan a un dirigente agrícola, Bernardo Bravo, por denunciar la corrupción y extorsión del crimen organizado, y ahora a Carlos Manzo por acusar justo al gobernador y a su Guardia Civil de no proteger a la población y estar del lado de los criminales.
Es tanto el cinismo y la insensibilidad de Bedolla que todavía se le ocurrió pararse ayer en el funeral del alcalde Manzo, al que nunca atendió ni escuchó en sus denuncias y peticiones de apoyo, obteniendo lo que se ha ganado a pulso de los uruapenses y de muchos michoacanos: gritos de “Asesino” y “Fuera”, con los que lo repudiaron y corrieron del sepelio al que pretendía llegar para mostrar una solidaridad que nunca tuvo en vida para el edil acribillado.
Pero lo que más indigna y al mismo tiempo estremece de este asesinato es el mensaje tan crudo y contundente que manda el crimen organizado al matar a un alcalde justo en las festividades del Día de Muertos y ante una plaza abarrotada de ciudadanos donde había niños, como el pequeño que minutos antes de que le dispararan abrazaba Carlos Manzo, algo que no les importó a los criminales que se camuflaron entre la gente y sorprendieron a la poca seguridad que traía el alcalde, al que mataron, tras un forcejeo con el que intentó resistir la víctima, antes de que el ruido de los disparos, con la canción de La Llorona de fondo, dejarán tirado boca abajo y ya sin vida el cuerpo joven e inerte de Manzo.
Con el de Uruapan suman ya 10 alcaldes asesinados, tan solo en el año que va del gobierno de la doctora Sheinbaum y si se le suman las cuentas anteriores los Ayuntamientos de México se han convertido en panteones, lugares donde la autoridad ya es meramente simbólica porque el poder real en los municipios lo impone el narco y a los alcaldes que cooperen los corrompen y amedrentan quitándoles el poder, y a los que se resisten o deciden denunciarlos, simplemente los matan ante la inacción y la incapacidad de los gobernadores y de la Presidencia de la República para protegerlos.
“Denuncien, que presenten su denuncia”, se repite todos los días desde Palacio Nacional y cuando alguien denuncia y pide ayuda de manera insistente y desesperada, como lo hizo por meses el acalde Carlos Manzo, de cualquier modo no lo escuchan y lo que es peor, lo dejan solo y merced de los criminales que sólo tienen que esperar el momento, un descuido, un evento masivo o cualquier situación para cazar, literalmente, a los valientes que se atrevieron a denunciar.
Cada vez es más claro y evidente que el gobierno en todos sus niveles y el Estado mismo están más que rebasados y, aunque tienen la fuerza y las armas para acabar con el crimen organizado, lo que no tienen ellos, a diferencia de los mexicanos valientes que alzan la voz, es precisamente el valor y la decisión de terminar con ese cáncer que carcome desde sus raíces a este país. ¿Por qué no puede la presidenta ordenar operativos para entrar con toda la fuerza a estados fallidos como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Guerrero y cualquier otro que se le ocurra al lector y acabar de una vez por todas con esos criminales que son capaces de asesinar a un padre que apenas momentos antes traía en brazos a su niño?
¿Por qué un gobierno de izquierda, como el de Luis Inacio Lula Da Silva, si puede mandar a sus policías de élite a desmantelar a un cártel como el que operaba en las favelas de Río de Janeiro, aunque se tenga que pagar un costo social y político, con tal de terminar de una vez con las mafias criminales que dominan y controlan territorios, ciudades y estados?
El asesinato de Manzo está evidenciando que, con el argumento mal entendido de “los derechos humanos de los criminales” que tanto enarboló y defendió López Obrador, el gobierno federal se ha convertido en cómplice y protector de los narcos y, aún teniendo la capacidad de fuerza y de armas para aniquilarlos, prefiere tolerarlos y permitirles que sigan controlando ciudades completas, incluso capitales, al mismo tiempo que siembran el terror entre los mexicanos y matan sin piedad a cualquiera que se les resista o los denuncie.
O la doctora se decide a terminar de romper con el pasado y a aumentar notablemente la fuerza y la inteligencia de su estrategia para rescatar ciudades y regiones fallidas, como Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y un largo etcétera, o su gobierno simplemente no será, porque los mexicanos están hartos y desesperados a tal punto que no falta mucho para que alguien los llame a tomar las armas para defenderse, y entonces sí, cuando los valientes se cansen de estar solos y de ser asesinados sin piedad, la autoridad quedará completamente rebasada.
NOTAS INDISCRETAS… Un primer reflejo de la anarquía y el descontrol que vive Michoacán ocurrió ayer cuando grupos de ciudadanos enardecidos por el asesinato de Carlos Manzo irrumpieron por la fuerza en el Palacio del Gobierno del estado en Morelia, tras una manifestación para repudiar el crimen del alcalde de Uruapan. Las escenas de michoacanos vandalizando y atacando las instalaciones donde despacha el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, son un claro aviso de la molestia y desesperación de la población de ese estado ante la ineficacia de las autoridades. Si a eso se le suma lo que ya se escucha entre los productores de Limón del corredor de Buenavista-Tepalcatepec y del Valle de Apatzingán, donde resurgen llamadas a armarse para la autodefensa, está claro que la población está llegando a un nivel de hartazgo peligroso…
La promesa de la presidenta Sheinbaum de que “se hará justicia” ante el asesinato del alcalde, junto con la reunión de emergencia de su gabinete de seguridad reflejan, sí las buenas intenciones de este gobierno, pero también reafirman que hoy las autoridades en México son meramente reactivas y siempre están reaccionando tarde y con las mismas promesas de “hacer justicia”, de “lamentar profundamente”, de decir que se detendrá a los criminales “tope donde tope”, cuando lo único que logran es detener a sicarios que reciben una paga por matar, pero nunca llegan a los autores intelectuales de los crímenes de alto impacto.
Y sí, vendrán investigaciones, mandarán al Ejército y al gabinete de seguridad de Michoacán mientras pasa el coraje y la indignación popular, pero después volverán a dejar solos a los michoacanos, a los sinaloenses, a los guerrerenses a todos los mexicanos que seguirán a merced del crimen organizado, mientras no tengamos gobernantes que tengan el valor y la decisión de acabar con la impunidad y los vínculos políticos que encubren la violencia criminal en México…Los dados mandan Serpiente Doble. Noviembre llegó con todo y la muerte pasó de ser una catrina amable y hasta simpática, para enseñar su rostro más horrible y cruel en Michoacán. (Salvador García Soto, El Universal, Online)
–¿Está usted bien cuidado, presidente? –pregunté al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en la última entrevista que le hice para Imagen Radio.
–Pues estamos expuestos, como todos los mexicanos, pero mi mayor blindaje es, primero, actuar con responsabilidad, no involucrarme con ninguna actividad ilícita ni mucho menos cargarme del lado de algún grupo criminal. Y, desde luego, el apoyo y las bendiciones del pueblo y con la bendición de Dios, con eso estoy avanzando y trabajando.
Esa vez le dije que la información que acababa de dar a conocer lo ponía en peligro. Y es que había revelado que la policía municipal detectó un campo de entrenamiento de la delincuencia organizada en las montañas que rodean Uruapan. “Sé que corremos riesgos”, respondió. “Pero es nuestra obligación, y es nuestra convicción de que las cosas se compongan en Uruapan. Nosotros no tenemos una pugna contra algún grupo delictivo ni nos cargamos a favor de alguno u otro. Nosotros nos guiamos por la aplicación del Estado de derecho, queremos la paz social para nuestro municipio; queremos que se deje de molestar a gente inocente, que trabaja honestamente. Desde luego, podemos hacer este tipo de planteamientos porque llegamos con un gran apoyo popular. Nosotros no pactamos, no recibimos dinero en la campaña electoral. Fue una elección histórica, con una gran participación ciudadana. Llegué por la vía independiente. Nuestra obligación es velar por los intereses del pueblo y pedirle al gobierno federal que haga su trabajo en materia de este tipo de delitos”.
Esa convicción y los incesantes llamados al gobierno federal para que lo ayudaran a combatir a los criminales no impidieron que Manzo fuera asesinado la noche del sábado pasado, en una de las fechas más significativas para su municipio y su estado, mientras convivía con la ciudadanía y recorría, con su pequeño hijo en brazos, la plaza principal de la ciudad, que en ese momento estaba tapizada de velas, como marca la tradición del Día de Muertos. Quienes mandaron matar a la principal autoridad del segundo municipio más poblado de Michoacán no sólo no tuvieron reparo en hacerlo en un lugar tan público, sino que, justo desde ese sitio quisieron mandar un mensaje atronador: aquí manda la delincuencia y cualquier servidor público que crea que puede enfrentarla estará firmando su sentencia de muerte. No hay otra forma de verlo. El homicidio de Manzo no sólo es un crimen de alto perfil, diseñado para infundir miedo, sino uno más en una larga cadena de asesinatos de funcionarios municipales en los últimos siete años, el eslabón más débil del Estado mexicano.
Tan sólo en el caso de Michoacán, es el séptimo presidente municipal asesinado en tres años y medio, todos en el sexenio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuya autoridad, como se vio ayer en Uruapan y Morelia, ya nadie respeta. Antes ocurrieron los homicidios de los alcaldes de Tepalcatepec, Tacámbaro, Churumuco, Cotija, Aguililla y Contepec. Unos días antes del crimen de Uruapan, mataron a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, segundo al mando de ese municipio del Bajío, donde en junio de 2021 desapareció el alcalde recién electo Gilberto Mejía Salgado, y luego ha venido sucediendo una cadena de ataques contra funcionarios municipales, entre ellos la desaparición de la regidora Maribel Juárez Blanquet, expresidenta municipal de Angamacutiro. ¿Quién en el gobierno federal o estatal se ha preocupado por eso? Voltean ahora que es Uruapan, y por la indignación que ha generado, sobre todo después de que acababan de ultimar, también en Michoacán, al líder de los limoneros del Valle de Apatzingán, presuntamente a manos de criminales que lo extorsionaban a él y a otros productores.
Hace ya muchos meses que los gobiernos emanados de la autollamada Cuarta Transformación se escudan en una relativa reducción de los asesinatos para decir que su estrategia de seguridad está funcionando. A la luz de hechos como los crímenes de alto perfil y el repunte de las desapariciones deben revisar seriamente ese triunfalismo. Apostar a que este homicidio se olvide en unos días –como desgraciadamente suele pasar– sólo abrirá la puerta a que vengan cosas peores. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
En un marco de necesidades absolutas y realidades complicadas, la presidenta Claudia Sheinbaum está literalmente obligada a mantener la cooperación con Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a seguridad, para mantener abiertas las negociaciones comerciales especialmente del tripartita acuerdo norteamericano que incluye a Canadá.
Pero de acuerdo con RANE, una empresa de inteligencia comercial y análisis de riesgos, es posible que el gobierno estadounidense realice ataques “kinéticos” (bombardeos) contra sedes de cárteles mexicanos en el curso del próximo año.
“Los estrechos lazos económicos entre Estados Unidos y México, junto con la sólida relación actual entre Sheinbaum y (el mandatario estadounidense) Donald Trump, probablemente han impedido hasta ahora que la Casa Blanca lance ataques contra los cárteles mexicanos”, consignó el análisis.
Empero, continuó, “es probable que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares contra grupos mexicanos en territorio mexicano el próximo año, dado que estos grupos son responsables de la gran mayoría del narcotráfico que ingresa a Estados Unidos, y que Trump y otros altos funcionarios han manifestado reiteradamente su deseo de tomar medidas más enérgicas en México. Dichos ataques probablemente se dirigirían a zonas remotas de estados fronterizos como Sonora y Chihuahua, y a estados con un alto control de los cárteles, como Sinaloa”.
Ciertamente, la situación de Sheinbaum no es fácil, especialmente cuando busca mantener los enormes lazos económicos entre los dos países al tiempo de reafirmar la soberanía mexicana frente al mismo país, Estados Unidos, que tiene una abrumadora superioridad militar y parece dispuesto a ejercerla para atacar a los cárteles del narcotráfico y ya desarrolla operaciones en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental.
Sheinbaum se ve compelida además a mantener una postura de rechazo a una intervención militar estadounidense que, se sospecha, también busca la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Cierto que la condena al uso de la fuerza para resolver problemas internacionales es en buena medida una tradición política mexicana, dramatizada por las actuales circunstancias. Pero la condena tiene que hacerse en el principio y no plantearse como solidaridad con un régimen dictatorial y con una legitimidad cuestionada, como el de Maduro. Aceptar sin reservas la intervención estadounidense implica ofrecer una carta blanca simbólica a la revitalización aparente de la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt, que consagran el derecho unilateral estadounidense a actuar en la región con un criterio propio.
Sheinbaum no puede aceptar esa consideración, aunque no esté en condiciones de resistir más allá que con expresiones políticas y tratar de evitar una escalada con acciones que llevan a su gobierno a intensificar la lucha contra los grupos de narcotráfico y sus cómplices, incluso sospechosos personajes del movimiento de la “Cuarta Transformación”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)