Han pasado ya varios meses desde el escándalo del huachicol fiscal. Tras las llamaradas iniciales cuando la opinión pública quedó absorta ante la magnitud del atraco al erario y la evidente participación de múltiples funcionarios indispensables para perpetrar un fraude imposible de esconder— da la impresión de que el problema ya pasó, que la sociedad lo olvidó.
Apenas hubo unas cuantas detenciones, algunas efectivas y otras fallidas, y nada más.
El gobierno ha intentado dar la impresión de que esos arrestos puntuales constituyen una respuesta firme y suficiente, como si bastaran para deslindar responsabilidades de la administración anterior y demostrar que el nuevo gobierno no tolerará conductas semejantes.
Pero esa pretensión era, desde el principio, insostenible: varios de los funcionarios involucrados en el esquema, o que al menos lo dejaron correr a la vista de todos, hoy ocupan posiciones clave en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
De hecho, la propia presidenta estaba al tanto del asunto. En el debate presidencial, Xóchitl Gálvez lo expuso con cifras y detalles, y la entonces candidata apenas descalificó la acusación como “palabrerías”.
Hoy, algunos de sus principales colaboradores —como Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación y exsecretaria de Seguridad durante el sexenio de López Obrador formaban parte del gabinete de seguridad y del mismo equipo de gobierno cuando ocurrieron los hechos.
El huachicol sigue hediendo porque nada ha ocurrido con la cúpula de la Marina, particularmente con el exsecretario José Rafael Ojeda Durán, y por extensión con el propio exjefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No solo él estaba informado a través del Gabinete de Seguridad: incluso el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, le pidió apoyo para detener el mecanismo fraudulento.
La respuesta fue perseguirlo penalmente, intentar desaforarlo y llevarlo a prisión.
La evidencia actual sobre la intervención del crimen organizado en el financiamiento de campañas —como la de Américo Villarreal precisamente en Tamaulipas, o las de diversos candidatos de Morena en estados como Michoacán y Sinaloa— apunta en la misma dirección.
Gobernadores que deben su ascenso al respaldo de grupos criminales, y que en los hechos parecen operar para ellos, enfrentan ahora la tentación de permitir ataques violentos contra adversarios o incluso eliminar contrincantes sin pagar costo alguno.
Esa es, tal vez, la sospecha más grave en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: un rival político relevante que, inexplicablemente, fue víctima de un atentado mortal que pudo haberse evitado.
El huachicol fiscal es un macrocrimen que exhibe al Estado mexicano como un actor más dentro del crimen organizado: aliado con grupos delictivos y con sectores de las Fuerzas Armadas que controlan la seguridad interna, las aduanas, los puertos, los aeropuertos y hasta jefaturas del Instituto Nacional de Migración.
Se trata de un gobierno capaz de corromper, proteger y coordinar a decenas de individuos, funcionarios y mandos castrenses para ejecutar un delito a gran escala.
Y ese hedor el del huachicol fiscal al más alto nivel del gobierno pasado y del actual no puede disimularse con operativos “espectaculares” contra cárteles ni con distractores que los comunicadores oficiales lanzan diariamente.
El olor es tan penetrante que llevó a cientos de miles de ciudadanos a las calles para protestar contra la violencia y la forma de operar del gobierno. No es un hecho aislado.
No. El hedor del huachicol empapa a toda la sociedad, y no desaparecerá porque el gobierno decida dejar de hablar de él.
Está ahí. Y, como advierte José Ramón Cossío en su reciente artículo en El País, podríamos estar entrando en una “cuarta etapa”, en la que “las estructuras delictivas no estén luchando solamente por obtener control político y ganancias frente al Estado o frente a organizaciones rivales, sino para hacerse del mando estatal que les permita ejercer su hegemonía desde y mediante el dominio público democráticamente legitimado”. (Enrique Cárdenas, El Financiero, Opinión, p. 38)
El gobierno mexicano colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wedding, un ex atleta olímpico de Canadá que se encuentra entre los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asesinato de testigos federales. Con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detectó a nueve personas y nueve empresas que presuntamente han sido cómplices de Wedding en ilícitos que van desde el homicidio y el trasiego de sustancias hasta el lavado de dinero obtenido de la distribución de toneladas de cocaína en comunidades estadunidenses.
De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el ex deportista radicado en México “controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo, y trabaja en estrecha colaboración con el cártel de Sinaloa”, por lo que el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que lleve a su captura de 10 a 15 millones de dólares. Por su parte, la UIF apuntó que las investigaciones han documentado triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas en México, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
Si bien el involucramiento de Wedding en el crimen organizado parece un hecho, las declaraciones de Bondi y del director de la FBI, Kash Patel, tienen todo el aspecto de las narrativas urdidas por la Casa Blanca a fin de justificar su injerencismo y sus operaciones ilegales en todo planeta, y en particular en América Latina. En este sentido, la manera explícita en que ambos han usado las instituciones a su cargo para impulsar la agenda política y ejecutar las venganzas personales del presidente Donald Trump; el contexto del cerco marítimo y aéreo en torno a Venezuela así como los constantes “ofrecimientos” de “ayuda” militar a México, constituyen antecedentes que obligan a la máxima cautela ante cualquier afirmación de Washington acerca del narcotráfico.
Por otra parte, si todo lo dicho por esos funcionarios y la información compartida con las autoridades mexicanas es fidedigno, queda mucho por explicar. Es incomprensible, por ejemplo, que nunca se haya hablado de un grupo delictivo de semejante importancia, y que aparezca de la nada, sin al menos un nombre que lo identifique. Tampoco es verosímil que se hayan detectado empresas vinculadas a la red criminal en sitios tan distantes como Italia y Reino Unido, pero no en Estados Unidos, donde, a decir de sus propias instancias, se generan todas las ganancias de Wedding y los suyos. Si el dinero aparece en México, Canadá, Colombia y Europa, ¿cuáles son las entidades financieras, las personas y las firmas estadunidenses que lo canalizan hacia esos países y ese continente? A decir del Tesoro, “millones de dólares” se han movido primero a una joyería ubicada en Toronto y luego se han transferido a otros sitios mediante criptomonedas. ¿Se ha actuado contra las plataformas que manejan tales activos?
Ante todo, Washington debe aclarar por qué tiene la capacidad para rastrear y detener presuntos implicados en todo el hemisferio y allende el Atlántico, pero no en su propio territorio, donde dispone de un aparato de vigilancia tan poderoso que es capaz de localizar hasta al último recién nacido sin documentos migratorios en regla. Es tiempo de que las autoridades estadunidenses informen cuáles son los cárteles que mueven “toneladas” de drogas en sus carreteras y sus urbes, así como quiénes coordinan y se benefician de un negocio que evidentemente no puede ser manejado ni por pequeñas pandillas locales ni sólo por capos extranjeros y racializados. (La Jornada, Editorial, p. 2)
Como nos ven desde fuera
Cuando los analistas del Baker Institute de la Universidad de Rice se reunieron en octubre pasado para discutir el futuro de México, el diagnóstico fue contundente: 2026 será otro año perdido. No habrá colapso, pero tampoco habrá despegue. Simplemente, más de lo mismo: crecimiento anémico, reformas postergadas y dogmas ideológicos. El reporte “Mexico Country Outlook 2026”, recién publicado, confirma lo que muchos sospechábamos: México navega sin timón en aguas cada vez más turbulentas.
La narrativa oficial insiste en que vamos por buen camino. Pero los números cuentan otra historia. El Baker Institute proyecta un crecimiento de apenas 1.3-1.5% para 2026, continuando el patrón de estancamiento que caracterizó al sexenio anterior. La deuda pública alcanzó 51.3% del PIB en 2024, su nivel más alto en un cuarto de siglo, mientras que la inversión pública en infraestructura se desplomó 29% en los primeros meses de 2025. Como señaló la revista The Economist, “México tiene todas las ventajas geográficas para prosperar, pero ninguna de las instituciones necesarias para hacerlo”.
Las reformas constitucionales de 2024-2025 han reconfigurado el tablero político de manera profunda. La eliminación de organismos autónomos como el INAI, COFECE y la CRE no es un asunto menor: significa que las decisiones en competencia, transparencia y regulación energética ahora responden directamente a Palacio Nacional. El Poder Judicial, tras la elección de jueces con mayoría morenista, difícilmente será el contrapeso que la democracia requiere. El Financial Times advirtió que “la concentración de poder en México no tiene precedente desde el PRI hegemónico.”
En el ámbito comercial, el panorama es igualmente preocupante. La revisión del T-MEC en 2026 no será una simple formalidad. Washington exigirá restricciones a la inversión china, mayor contenido norteamericano en manufactura y, probablemente, acceso para operativos estadounidenses contra el narcotráfico. México tiene poco margen de negociación. Las remesas, que alcanzaron $64.7 mil millones en 2024, están cayendo por las deportaciones masivas y el impuesto del 1% anunciado por Trump. Reuters reportó que el nearshoring, esa promesa dorada, se está estancando ante la incertidumbre jurídica y la falta de infraestructura.
El sector energético ilustra perfectamente nuestras contradicciones. Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, requiriendo subsidios crecientes mientras su producción declina. Iberdrola vendió sus activos y salió de México citando “inseguridad jurídica.” Dependemos de Texas para más del 70% de nuestro gas natural, pero no hemos construido reservas estratégicas ni diversificado proveedores. Mientras tanto, la transición energética es más retórica que realidad.
Lo más inquietante es la ausencia de un plan B. El “Plan México” presentado en enero carece de financiamiento real en el Paquete Económico 2026. La oposición permanece fragmentada, incapaz de articular una alternativa creíble. Y el gobierno de Sheinbaum, atado al legado de su predecesor, parece más enfocado en administrar el discurso que en transformar la realidad.
El Baker Institute concluye que México mantendrá “estabilidad sin progreso” en 2026. Es un veredicto duro pero justo. Tenemos las herramientas para revertir este curso: ubicación geográfica privilegiada, tratado comercial con la mayor economía del mundo, y una población joven y emprendedora. Lo que falta es voluntad política para tomar las decisiones difíciles que se han aplazado por décadas.
2026 podría ser el año en que finalmente enfrentemos estas realidades. O podría ser simplemente otro capítulo en nuestra larga historia de oportunidades desperdiciadas. La elección, aunque cada vez más limitada, sigue siendo nuestra. (Rodrigo Perezalonso, El Economista, El Foro, 62)
En un cuerpo con cáncer, lo que suele provocar la muerte no es el tumor original, sino la metástasis, cuando las células malignas se dispersan y consumen recursos que órganos vitales necesitan para sobrevivir. Eso mismo amenaza hoy a México, un cáncer que se extiende y que devora recursos, instituciones y voluntades. Las organizaciones criminales prosperan así, ocupan tramos de la economía cotidiana para alimentar a sus crecientes ejércitos. Como en las Cruzadas, donde el saqueo sostenía a los invasores, aquí se les permite secuestrar, extorsionar e infiltrarse en actividades que drenan lo que la ciudadanía requiere para ganarse la vida.
México enfrenta un riesgo existencial ante organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, más ricas y más ubicuas. Como explicó Óscar Balderas a León Krauze en Ciberdiálogos de Letras Libres (21 de julio), el Cártel Jalisco Nueva Generación es el primero con presencia en los 32 estados. Posee armamento de última generación, recursos para contratar sicarios colombianos carísimos, y un alcance tal que la policía australiana mantiene personal en su embajada en México para monitorear sus operaciones en Oceanía. Algunos expertos señalan incluso su presencia en Ucrania para aprender a usar drones en batalla. Estos cárteles están a años luz de aquellos narcos que traficaban mariguana hace medio siglo, hoy reemplazan al Estado en múltiples localidades, cobrando impuestos, generando “empleo” y ofreciendo justicia y seguridad.
Cada vez más trafican personas, ya no sólo drogas. Una frase que escuché de uno de estos monstruos hiela la sangre: “Es mejor negocio vender mujeres que drogas. Una droga se consume una vez; puedes vender a una mujer docenas de veces al día”. A escala global, el tráfico para trabajo forzado y explotación sexual generó 245 mil millones de dólares en 2021 (OIT). Ahora, la hostilidad contra migrantes les crea un mercado más amplio y vulnerable.
A riesgo de decir lo obvio, la criminalidad opera en nuestras narices. Casi provoca nostalgia la época de García Luna o de narcogobernadores como Tomás Yarrington. Hoy tenemos un gobierno infiltrado, a todos los niveles, por cárteles que financiaron campañas políticas y que, gracias a la infame “reforma” judicial, ya tienen sus propios jueces.
Es un escándalo que sigamos sin saber quiénes se beneficiaron de los miles de millones de dólares obtenidos mediante el huachicol fiscal, el mayor caso de corrupción en nuestra historia. ¿Dónde está ese dinero? Tampoco entiendo qué más debe ocurrir para investigar e imputar a gobernadores y funcionarios de Morena claramente manchados. ¿No entiende la Presidenta que, al hacerse de la vista gorda, se involucra a sí misma?
Sheinbaum puede pasar a la historia como la mandataria que rescató a México de las fauces de quienes, sin exagerar, cancelan nuestro futuro. La tarea es titánica, pero el riesgo de no emprenderla es existencial. Requiere de una estrategia de inteligencia seria, con recursos suficientes y apoyo tanto de Estados Unidos como de otros países; usando satélites en forma intensiva, infiltrando organizaciones; combatiendo el lavado de dinero con herramientas modernas; frenando en serio la entrada de armas desde EU; y ofreciendo inmunidad, recompensas y protección a informantes clave.
Nada amenaza más a nuestros jóvenes que estos grupos que los reclutan, secuestran y asesinan, que arruinan su acceso a empleos al extorsionar a emprendedores. La marcha del sábado debe ser apenas el primer paso. Da pena ajena leer a plumas vendidas que intentan deslegitimar este movimiento y niegan, con datos obtusos, la magnitud de nuestro reclamo, o que se sienten con la autoridad moral para juzgar quién puede o no sumarse a la ira colectiva.
No serán Trump ni Estados Unidos quienes nos rescaten. Nos toca a nosotros exigir, organizarnos y dejar claro que México es nuestro, que les pertenece a los millones que se rompen el lomo para sacar a sus familias adelante. Es hora de emprender un camino de regreso que será arduo, pero que es inaplazable. (Jorge Suárez-Vélez, Reforma, Opinión, p. 11)