Los jóvenes ya hicieron su parte. El 15 de noviembre participaron. Miles marcharon en distintas ciudades con orden y con una exigencia clara: un país más seguro y más justo. Durante años se dijo que, si ellos participaban, “todo cambiaría”. Hoy ya están participando.
El expresidente Vicente Fox estuvo muy activo promoviendo la participación juvenil y pidiendo que las marchas fueran sin violencia; y, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que “no está contento con México”, reflejando la preocupación internacional por la violencia que muchos jóvenes señalaron como motivo de su marcha.
Al final de la marcha en León, Guanajuato, un joven —Pedro Ramírez, estudiante universitario— lo expresó con una claridad que no debemos ignorar: “Queremos un México que nos tome en serio.”
Y añadió algo que resume este momento: “Dicen que si participamos, todo cambiaría. Ya participamos. Ahora… ¿nos van a escuchar? ¿Nos van a incluir?”
Mientras en México los jóvenes marchaban, yo me encontraba en Austin, Texas, reunido con mexicanas y mexicanos que siguieron las manifestaciones desde lejos. A ellos también se les repite, desde hace décadas, que si votaran desde el extranjero, “cambiarían México”.
Pero participar desde fuera no es sencillo. Por eso, en Austin surgió un mensaje directo dirigido a nuestras instituciones: “Instituto Nacional Electoral (INE): necesitamos que el proceso sea accesible, no una carrera de obstáculos”. La urgencia es evidente: las elecciones de 2027 y luego las de 2030 se acercan rápidamente, y millones de mexicanas y mexicanos en el exterior no quieren quedar fuera otra vez.
Registrarse y votar desde el exterior sigue siendo lento y complicado. Y las restricciones para que las campañas comuniquen sus propuestas fuera de México dificultan votar con información suficiente. La diáspora quiere participar; necesita procedimientos claros y funcionales.
Con los partidos políticos ocurre algo similar. Al Partido Acción Nacional (PAN) se le recordó que la comunidad migrante lleva décadas esperando poder afiliarse electrónicamente, un paso indispensable para ser parte de las decisiones y del trabajo del partido. Hay avances, como la creación de 50 comités panistas en Estados Unidos, pero la comunidad pide mayor claridad sobre cómo integrarse plenamente. En cuanto al partido en creación Somos México, muchos migrantes muestran interés. Sin embargo, también plantean una pregunta legítima: “Si somos mexicanos reconocidos por la Constitución, ¿por qué no podemos realizar una asamblea aquí en Estados Unidos?” La realidad social y demográfica del país exige una actualización urgente.
Un caso reciente en Estados Unidos ayuda a ilustrar lo que ocurre cuando la participación sí es posible. En Arizona, en la elección para gobernadora, ganó la candidata que tenía el apoyo de los jóvenes y de los latinos —muchos de ellos de ascendencia mexicana y algunos incluso con doble nacionalidad—. Ese apoyo fue factor decisivo en el resultado.
La experiencia es clara: no basta con tener “canales accesibles”; se necesita inclusión real, reconocimiento pleno y participación efectiva.
La pregunta central es sencilla: ¿México va a escuchar a quienes ya están participando —jóvenes y migrantes— o los volverá a dejar fuera?
Hoy México vive un momento importante. La Generación Z ya levantó la mano. Y la diáspora mexicana —que no dejó el país por desinterés, sino por necesidad— desea participar, como ya lo hace con su trabajo, su compromiso y las remesas que sostienen a millones de familias.
Las palabras de Pedro Ramírez, en León, resumen el reto con una fuerza que no se puede ignorar: “Queremos un México que nos tome en serio… porque ya demostramos que estamos listos.” (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Aunque la política de esta columna ha sido siempre no entrar con opiniones partidistas, sino ayudar y apoyar a los emprendedores(as) y a sus empresas y familias, es imposible e ilógico separar su operación y crecimiento del entorno donde viven. No estamos operando dentro de una burbuja y los fenómenos a nuestro alrededor nos afectan mucho, desgraciadamente más en lo negativo que en nuevas oportunidades (aunque éstas se presentan algunas veces). Por lo tanto, me voy a referir al entorno internacional, regional de nuestro continente y de México en este fin de un año muy sui generis por todas partes.
Internacional.— Los bloques hegemónicos están jugando a las fuerzas y el estira y afloja en tres áreas críticas. El comercio y las tarifas como armas ofensivas, la estrategia de presión militar por regiones y la guerra no militar, pero muy nociva sobre el cambio climático, energías sustentables y metales estratégicos.
Es un sube y baja de aranceles entre China y Estados Unidos, además de múltiples escarceos entre este último país y el resto del mundo que nos tienen en ascuas. Es difícil planear.
El cambio climático ha causado grandes destrozos, pero no se ven caminos para llegar a un común denominador y se agrava todo. Inundaciones, huracanes de gran magnitud o incendios y sequías son cada vez más frecuentes y las víctimas crecen, pero las grandes potencias no se ponen de acuerdo.
Otro tema álgido es la pelea abierta para conseguir minerales críticos para hacer chips, productos electrónicos estratégicos y… armas.
Hay varias zonas que están en tensión militar y en guerra abierta. Muy preocupante para la mayoría pacífica de los mortales. Sin embargo, a la inmensa mayoría de las empresas familiares les inquieta, pero siguen adelante como siempre lo han hecho.
Panorama Regional y de México.— El continente americano está en conmoción. Países con diferentes regímenes están en pugna, con las izquierdas preocupadas por las acciones y presiones estadunidenses, por el narcotráfico y otros países regresando a regímenes conservadores, pero afortunadamente no dictatoriales, por ahora. Esa pugna aumenta con la política migratoria de Estados Unidos que ha creado disrupciones graves y tiende a ser crítica para varias economías dependientes de las remesas, los flujos humanos y el clima enrarecido dentro y fuera de esa potencia. Hay que ver todo con cuidado porque puede afectar a nuestras familias, empresas y comunidades. Ojalá se calme.
En cuanto al país, el entorno de violencia, inseguridad, regiones tomadas por la delincuencia y solapadas por autoridades corruptas o apáticas no ayudan nada a la estabilidad y desarrollo de inversiones y empleos formales. La política proteccionista de mercados ha empezado a preocupar ramos como el automotriz y la exportación. La necesidad extrema de recursos del gobierno actual genera políticas fiscales inéditas y finalmente el régimen sigue en transición ante los cambios del entorno y aunque se suavizó el peligro de recesión, simplemente no crecimos lo suficiente. Es indispensable que en muy poco tiempo se aclare la situación sociopolítica y económica del país para evitar un problema mayor.
Agradezco a todas las personas que se han comunicado conmigo. El seminario es muy potente y lo expuse cientos de veces de manera presencial y ahora está en video. Les recuerdo que pueden adquirir este seminario de Las reglas del juego en las empresas familiares © S. Grabinsky al 55 19929283 o a gzsalo@gmail.com.
Gracias. (Salo Grabinsky, Excélsior, Dinero, p. 16)
La relación México–Estados Unidos en materia de seguridad se ha vuelto, en las últimas semanas, ambigua en la arena de las declaraciones. Por un lado, Washington celebra los “esfuerzos históricos” del gobierno de Claudia Sheinbaum; por el otro, deja caer la posibilidad de “medidas adicionales” contra los cárteles, un eufemismo cada vez más transparente para hablar de intervención militar.
Ese estira y afloja, vieja herramienta de la política exterior norteamericana, activa a la opinión pública y siembra la idea de que, llegado el momento, Estados Unidos podría cruzar una línea que México considera intocable.
La presión se expresa en declaraciones estridentes y titulares alarmistas. Donald Trump declaró a principios de semana que “no está contento con México” en cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, alardeando que su gobierno conoce las rutas y hasta los domicilios de los principales narcotraficantes del país, declaraciones que resultan más que una advertencia.
Luego está la portavoz Karoline Leavitt, quien habla de una relación bilateral “extraordinaria” en seguridad y migración, pero en la misma frase insinúa que Trump podría cumplir su promesa de usar al ejército estadounidense contra los cárteles “por el bien del pueblo norteamericano”.
Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete, ya compara la estrategia contra el “narcoterrorismo” con las ofensivas contra Al Qaeda o el Estado Islámico, llegando incluso a afirmar que la frontera sur está dominada por “narcoterroristas”. Según su narrativa, los cárteles controlan territorio, ejércitos y política, “asesinando a políticos a su antojo” para colocar gobiernos enteros bajo su mando. La referencia al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no pudo ser más evidente.
Frente a ese discurso inflado, la respuesta de Sheinbaum ha sido una mezcla de calma diplomática y firmeza soberanista. Rechaza cualquier presencia militar extranjera y repite que los avances de su administración hablan por sí mismos. Mantiene, en suma, un equilibrio delicadísimo entre la percepción que se construye en Washington y la realidad que intenta gobernar en casa.
En medio de elogios calculados y advertencias veladas, surge una voz más mesurada: la del secretario de Estado Marco Rubio. Él asegura que Estados Unidos puede ofrecer equipo, capacitación e intercambio de información, pero descarta operaciones unilaterales. “Si quieren ayuda, tienen que pedirla”, dijo, subrayando que no habrá tropas sin solicitud expresa de México.
La respuesta mexicana es clara: la seguridad interior se maneja desde nuestra soberanía y bajo un esquema de cooperación respetuosa, no de imposiciones.
La ambigüedad de la Casa Blanca es hoy un dolor de cabeza manejable, pero podría desbordarse si la narrativa belicista gana terreno. Mientras la estrategia de seguridad mexicana siga mostrando resultados, la posibilidad de ver soldados estadounidenses en territorio nacional es remota. Pero sería ingenuo descartarla por completo. (Carlos Zúñiga Pérez, El Heraldo de México, Escena, p. 15)
A menos que se produzca una sorpresa mayúscula, el próximo 14 de diciembre Chile elegirá como Presidente a José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, tras el gobierno progresista de Gabriel Boric. No sólo se tratará del primer mandatario que votó a favor de Pinochet en el referéndum de 1988 -lo cual implica una inédita liga de continuidad con la dictadura-, sino de alguien que se opone frontalmente al aborto, incluso en caso de violación, y al matrimonio igualitario; criminaliza la inmigración, amenaza con instaurar un estado de emergencia y muestra un profundo desdén hacia la división de poderes y la democracia. “La inmigración ilegal no es un accidente. Es un arma contra la libertad de nuestros pueblos”, ha declarado Kast, copiando casi al pie de la letra las palabras de Donald Trump y tantos otros líderes de este nuevo conglomerado global etnonacionalista.
Su triunfo se sumará al de regímenes ultraconservadores o reaccionarios como los de Milei en Argentina -el cual, arropado por el presidente estadounidense, logró sostenerse en las recientes elecciones legislativas-, El Salvador de Nayib Bukele, la Bolivia de Rodrigo Paz, la Costa Rica de Rodrigo Chaves, el Ecuador de Daniel Noboa, la Panamá de José Raúl Mulino o el Paraguay de Santiago Peña, a los que se añade el caótico Perú del interino José Jerí. Descartando las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel -que ya en ningún sentido podrían considerarse de izquierda-, los únicos gobiernos progresistas que se mantienen en la zona se encuentran en países muy pequeños, como el Uruguay de Yamandú Orsi, la Honduras de Xiomara Castro, la Guatemala de Bernardo Arévalo -con enorme fragilidad-, con la excepción del México de Claudia Sheinbaum y la Colombia de Gustavo Petro, aunque es previsible que, en las elecciones del año próximo, este último país también termine por oscilar hacia la derecha. (Brasil es un caso aparte).
Si volvemos la mirada hacia la Unión Europea, la izquierda o el centroizquierda solo gobiernan en España, Lituania, Eslovenia y Dinamarca, sumados al laborismo centrista de Gran Bretaña, y en todas partes los partidos de ultraderecha no hacen sino crecer, en particular entre los jóvenes y las clases trabajadoras. Más allá del ciclo pendular, en esta ocasión el avance de las posiciones más extremas parece, en (casi) todos los casos, imparable. Más allá de las diferencias regionales, los une lo que podríamos denominar el ADN del virus trumpista: el ataque frontal contra los migrantes, el retorno a los valores familiares y tradicionales, y un autoritarismo que busca minar al extremo la división de poderes y cualquier oposición.
Detrás de ello se anida una profunda repulsión hacia la democracia: una forma de gobierno que ni sus líderes ni sus ideólogos respetan ya en medida alguna. Azuzados por la retórica ácida y violenta de Trump, al entorno ultraderechista -cada vez más cercano al tecnofascismo- ya no le preocupa afirmar que, dado que la democracia se muestra siempre ineficaz para resolver los problemas de la sociedad y garantizar el progreso, es necesario instaurar regímenes despóticos, bien sean liderados por un solo caudillo o una pequeña élite: un monarca -hay quien en verdad lo afirma-, una aristocracia tecnocrática o un CEO capaces de tomar todas las decisiones al margen de criterios éticos y, sobre todo, sin buscar la redistribución de la riqueza o la búsqueda de la igualdad, otro tabú. Paradójicamente, son dictaduras como las de Lee Kuan Yew en Singapur -o, de plano, la China de hoy- las que les sirven como modelo de desarrollo.
Si la tendencia se mantiene, es probable que en los próximos años solo México logre mantenerse a la izquierda en la región. Lo paradójico del caso es que, para lograrlo -y preservar un discurso radicalmente opuesto al de la ultraderecha-, Morena ha optado por valerse del mismo recurso que sus enemigos: la concentración absoluta de poder -y el desmantelamiento de cualquier mecanismo de supervisión- en manos de un solo grupo. El precio a pagar, afirmarán sus apologetas, para resistir al virus trumpista. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p. 13)