Ante versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta investigación reciente contra María Amparo Casar, presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que el Ministerio Público Federal revisa de manera minuciosa la carpeta de investigación para constatar que su integración se haya realizado conforme a la ley.
Aclaró que el asunto fue judicializado desde el mes de septiembre y no en fechas recientes, como se ha afirmado de manera incorrecta en distintas publicaciones. (Raúl Flores Martínez, Excélsior, Nacional, p. 2)
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer la entrega de más de 3 mil hectáreas para el pueblo Ódami, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.
La mandataria federal aseguró que la entrega se realizó para que el pueblo Ódami pueda reconocerse y hacer “justicia en el territorio, justicia territorial”, ya que se trata de devolverles lo que siempre fue de ellos, pero que no había sido reconocido. (Ximena Mejía, Excélsior, Nacional, p. 4)
En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a Puebla al primer informe de gobierno de Alejandro Armenta.
La funcionaria fue encomendada para acompañar el evento y recibir el ejemplar con el resumen de acciones desarrolladas durante los primeros 12 meses de gestión. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 4)
A unas horas de la consulta popular sobre el proyecto de Parque Ecológico y de Reciclaje en Tula, Hidalgo, alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil y colectivos locales calificaron de “simulación institucional” el proceso.
En un comunicado de prensa, integrantes de Greenpeace México relataron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los convocó de manera exprés “a una supuesta reunión informativa sobre el proyecto”. (Ernesto Méndez, Excélsior, Nacional, p. 7)
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) fue distinguida con el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, al obtener el primer lugar en la categoría Atención a Quejas, un reconocimiento entregado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el reconocimiento no es casual. Dijo que responde a una política pública que busca hacer de los derechos humanos una práctica diaria dentro del sistema educativo, no sólo un principio en el papel. (Raúl Flores Martínez, Excélsior, Nacional, p. 7)
Legisladoras de Morena confiaron en que la reforma que redefine el delito de abuso sexual y establece penas uniformes en todo el país hasta de 10 años de prisión y medidas de reeducación obligatoria para los agresores, se apruebe a la brevedad en la Cámara de Diputados, a la que fue remitida por el Senado el pasado martes 9, un día antes del cierre de trabajos en San Lázaro.
La minuta deberá ser votada por los diputados en enero o a partir del 1º de febrero, en que inicia el nuevo periodo de sesiones, declaró la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 4)
El Senado prácticamente concluyó con la legislación secundaria de la reforma judicial constitucional, promulgada en septiembre del 2024, y sólo falta una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece la obligación del Estado de proteger la seguridad y preservar la identidad de juzgadores y sus familias, frente a actos de violencia, pero sin llegar a la figura conocida como “jueces sin rostro”.
La iniciativa se presentó ante la Comisión Permanente el pasado 25 de junio, se remitió al Senado, donde fue dictaminada por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos y estaba lista para votarse en el período que cerró trabajos el miércoles, pero desde la Consejería Jurídica de la Presidencia se pidió revisar los cambios hechos, sobre todo en este tema de la protección a la identidad de los juzgadores. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 4)
Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, señalado por el gobierno federal de haber participado en la red de corrupción que realizó el desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y obras de las prisiones federales durante la gestión del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Pérez Rodríguez forma parte del grupo de 60 personas que han sido señaladas de participar en la red de corrupción, y en contra de quienes se libró una orden de aprehensión, en la que se les acusa, dentro del total de los recursos desviados, de haber realizado operaciones financieras por 2 mil 950 millones de pesos para ocultar el origen mediante facturas falsas y los movimientos de recursos a través de empresas “fachada” relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, cónyuge de la conductora de televisión Inés Gómez Mont. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 5)
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la indagatoria contra María Amparo Casar y dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) “fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, es decir, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, y que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
La Jornada dio a conocer que el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación en la que se señala a Casar y dos ex funcionarios de Pemex “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, a través del cual obtuvo una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales por parte de la petrolera tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 5)
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contará en 2026 con un presupuesto de mil 743 millones 51 mil pesos. De ese monto, mil 718 millones 2 mil pesos se ejercerán a través del sector central de la dependencia, mientras que 25 millones 49 mil pesos se destinarán a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado que absorbió parte de las facultades del extinto Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).
La dependencia ha señalado que este monto es exclusivo para las funciones autónomas de este órgano, no para la totalidad de las atribuciones de acceso a la información y protección de datos personales trasladadas a Anticorrupción. Según la Secretaría, redistribuir funciones tras extinguir el INAI generó un ahorro de 52 por ciento respecto al presupuesto que ejercía el extinto órgano, que era de alrededor de mil millones de pesos anuales. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 6)