Que el gobernador Pablo Lemus Navarro deja claro que en su administración, el que manda es él, y que no hay intromisiones de nadie, ni siquiera del ex gobernado Enrique Alfaro, quien ahora vive en Valladolid, España. Lemus Navarro fue directo: no se reunirá con Alfaro durante su visita a España, porque su agenda está llena de actividades oficiales y no hay encuentros personales programados. Lo interesante es que Lemus Navarro reconoce que Alfaro se ha mantenido respetuoso con su gobierno. ¿Será que los próximos cambios en el gabinete serán una señal verdadera de cómo se están moviendo las fichas en la política jalisciense? Que el caso de James Mitchell Wegryn, un estadounidense de 39 años sin hogar detenido siete veces en Chapala, Jalisco, ha generado preocupación en las autoridades locales. Wegryn fue encontrado en zonas turísticas y habitacionales del municipio, y durante su última detención, reveló no tener familiares ni domicilio fijo en México, lo que lo puso en situación de calle. La Policía Municipal de Chapala lo detuvo por faltas administrativas, y al verificar su estatus migratorio se confirmó que estaba en el país de forma irregular. El 7 de enero fue entregado al Instituto Nacional de Migración en Guadalajara para iniciar su proceso de repatriación. Este caso destaca la presencia significativa de residentes extranjeros en la región, especialmente estadunidenses y canadienses, muchos de ellos pensionados o retirados. Se estima que en Ajijic viven entre 7 mil y 20 mil extranjeros, dependiendo la época del año. (Milenio Jalisco, La Tremenda Corte, p. 7)
Es casi inevitable. La tentación es irresistible. No importa qué tan convincentemente expresen sus convicciones igualitarias y principios de izquierda, en el momento que tienen la oportunidad de gozar de los lujos que tanto critican (consumo, opulencia, élite), muchos terminan cayendo.
Son innumerables los ejemplos y se acumulan a diario. Figuras prominentes de Morena han sido señaladas por vacacionar en Europa y Asia, hospedarse en hoteles cinco estrellas o volar en cabinas premier. Otros han sido captados vistiendo marcas de lujo, comiendo en restaurantes gourmet o portando relojes de colección cuyo precio supera el ingreso anual del ciudadano promedio.
Por supuesto que políticos de derecha también disfrutan de lujos similares, y en ambos casos es difícil justificar estos estilos de vida cuando sus ingresos provienen del erario. Pero en el caso de la izquierda, el cuestionamiento es doble. No solo está el tema del dinero, sino de falta de coherencia. La austeridad es un principio fundacional de su movimiento, una bandera moral y un argumento recurrente contra sus adversarios. Pueden criticar al capitalismo y al consumismo, pero sus principios se tambalean cuando se topan con el confort.
Esta contradicción no es exclusiva de México. En EU, Alexandria Ocasio-Cortez, ícono de la izquierda progresista, no resistió la tentación de asistir a la Met Gala, el evento más opulento del circuito social neoyorquino. Llevó un vestido elegantísimo, pero, eso sí, con un mensaje bordado que decía: “tax the rich” (cobrar impuestos a los ricos). La reacción pública fue tan recalcitrante que no volvió a asistir al evento. Incluso en regímenes que se autodenominan socialistas, las escenas se repiten: a pocos días de la captura de Maduro, la vicepresidenta de Venezuela fue vista con un costoso vestido.
La realidad es que casi todos los políticos, y los seres humanos, son susceptibles a las mieles que ofrece la riqueza. La diferencia es que los políticos de derecha parecen menos hipócritas.
La incongruencia entre la conveniencia y las aparentes convicciones también se refleja en el gobierno. México mantiene una cercanía histórica con Cuba y con otras administraciones de izquierda, como Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la relación que más importa es con EU. Cerca de 60% de nuestro PIB depende del comercio con nuestro vecino del norte. Nuestros compatriotas no emigran a países afines a la ideología de izquierda de muchos de nuestros políticos. La inversión extranjera y el turismo, dos pilares de la economía, tampoco provienen de economías socialistas.
Pocos políticos de izquierda deciden vacacionar en Cuba o Venezuela. Prefieren Italia, Japón y EU. De ahí que la amenaza de retirar visas estadunidenses sea tan poderosa. Pueden denunciar el “imperio yanqui” en sus discursos, pero lo último que quieren es dejar de cruzar la frontera para ir de compras. (Julio Serrano Espinosa, Milenio, Negocios, p. 18)
La intervención de Estados Unidos en varios países de América Latina se ha intensificado en los últimos años, con amenazas diplomáticas, sanciones económicas y presiones políticas. Venezuela ha sido el epicentro de estas dinámicas internacionales. Además de las agresiones y violaciones económicas que comenzaron en 2017, desde agosto del año pasado el país sudamericano se ha enfrentado a ataques aéreos contra supuestos barcos de narcotráfico, y el 3 de enero de este año, el país del norte lanzó un ataque militar en Caracas, capturando al presidente venezolano y a su esposa.
De manera similar, Estados Unidos ha recurrido a diversas herramientas legales para intervenir en naciones como Nicaragua y Cuba, y en Haití ha apoyado misiones de “estabilización”. La tendencia estadunidense sugiere una estrategia de contención ante gobiernos y fenómenos –como la migración– percibidos como adversarios. Esa coyuntura también abre espacios para el diálogo multilateral, lo cual ha sido la línea mexicana desde hace mucho tiempo y en la que debemos insistir para desescalar los roces internacionales y cooperar hacia el bien común.
México se encuentra en el foco de esta discusión por varios motivos claves. En primer término, somos el principal socio comercial de Estados Unidos; en el primer trimestre de 2025, la exportación mexicana representó 14.7 por ciento de las importaciones estadunidenses y el intercambio bilateral alcanzó 653 mil 100 millones de dólares en nueve meses del año pasado. Asimismo, nuestra ubicación geográfica nos hace vecinos directos, por lo que cualquier movimiento en la región nos afecta, especialmente en temas laborales, de migración, seguridad fronteriza, crimen organizado y flujos energéticos. De tal suerte que esta posición ha despertado la errónea intuición en la derecha mexicana que una intervención estadunidense podría resolver los problemas pendientes a los que nos enfrentamos. Esa idea sugiere alinearse con estas intervenciones a lo largo y ancho del continente, proponiendo cosas sumamente dañinas como sanciones económicas conjuntas o apoyo a transiciones forzadas. Y dicha alineación responde a un interés político de la oposición nacional por restaurar un orden donde ellos han sido los mayormente beneficiados, en detrimento del pueblo, de la clase obrera y de nuestros recursos naturales.
Por suerte, México ha rechazado este camino y se ha apegado, históricamente, a un proceder distinto. Desde 1930, gracias al canciller Genaro Estrada, la Doctrina Estrada ha regido nuestro protocolo internacional, reflejando una dignidad histórica forjada en la experiencia desafortunada del intervencionismo estadunidense de los siglos XIX y XX. Nosotros decidimos no repetir ese ciclo ni apoyarlo. Su principio es claro: no calificar gobiernos ajenos, no legitimar ni deslegitimar procesos políticos externos y no entrometerse en decisiones que sólo competen a los pueblos, principios elevados a la Constitución en 1988. Esta postura ha permitido a México mediar en conflictos como la revolución sandinista o el diálogo Colombia-FARC, priorizando la autonomía sobre la confrontación.
Así, el asilo es una política de Estado en México, transversal a gobiernos de izquierda, derecha o centro. Basada en el principio de no devolución (non-refoulement), ha ofrecido refugio a perseguidos desde la España franquista de los años 30, con unos 20 mil republicanos acogidos bajo el gobierno del ex presidente Cárdenas, hasta víctimas de dictaduras sudamericanas como las de Pinochet en Chile o Stroessner en Paraguay, pasando por disidentes de regímenes políticos y golpes de Estado en Centroamérica. México siempre abrió sus puertas cuando otros cerraron fronteras y guardaron silencio.
Definitivamente, la derecha miente al afirmar que recibir exiliados equivale a respaldar regímenes: no es apoyo político, sino protección humanitaria de personas en riesgo, alineada con tratados internacionales como la Convención de Ginebra. La apertura mexicana y su abstención de intervenir han contribuido a la transición democrática de nuestra nación. Acordar con el debilitamiento de la soberanía de cualquier país es una confesión de enemistad con la democracia. Frente a quienes aplauden sanciones o invasiones, la oposición revela que su interés está puesto en un alineamiento geopolítico y no en las implicaciones de tales acciones para el pueblo. En cambio, la izquierda mexicana impulsa y sigue una tradición de negociación donde prima el respeto a la autonomía de las naciones, protegiendo nuestra propia soberanía y recursos para ganar agencia real.
Apelar a la cooperación internacional es más sensato que el intervencionismo por varias razones. Primero: fomenta soluciones sostenibles y legitimadas colectivamente, en lugar de imponer cambios unilaterales por la fuerza militar que, a la larga, generan resentimientos y mantienen una inestabilidad prolongada, con costos humanitarios altísimos; tal como se ha visto en las crisis latinoamericanas donde las intervenciones externas acentuaron migraciones masivas y polarizaciones internas.
La cooperación internacional, en todos los niveles, permite el intercambio de recursos, protocolos y perspectivas comunes, fortaleciendo la capacidad regional para enfrentar amenazas transfronterizas sin menoscabar soberanías. En ese sentido, prioriza el respeto a la autodeterminación de los pueblos, reduce riesgos de respuestas violentas y permite consensos duraderos en temas como el desarrollo o los derechos humanos. Esta apuesta delinea a México como una nación fuerte y firme, además de ser un mediador confiable en la región, que nos permite desarrollar lazos convenientes y provechosos con otros países.
En estos tiempos de tensiones globales, respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es vital para defender esta diplomacia de respeto y dignidad. Apostemos por la cooperación, diálogos multilaterales con Estados Unidos que, como socio comercial, pueden resolver crisis como la venezolana sin menoscabar soberanías. El camino no es la intervención o el uso de la fuerza, sino la mesa compartida, donde derechos humanos y autodeterminación guíen el futuro de toda América Latina. (Napoleón Gómez Urrutia, La Jornada, Política, p. 10)
Iniciamos 2026 con alarma para México: invasión a Venezuela; envío de petróleo mexicano a Cuba, con desacuerdo de nuestro vecino del norte; violentas persecuciones de agentes del servicio de inmigración de Estados Unidos (ICE) que amenazan la vida de connacionales; revocación de cien mil visas estadounidenses; Trump declarando que el T-MEC es prescindible.
Y, en medio de esta tensión, Ricardo Salinas Pliego —uno de los empresarios más visibles y controvertidos de México—, alegando ser víctima de persecución política disfrazada de litigio fiscal, decidió presentar una denuncia en Washington DC, ante el sistema interamericano, en contra del gobierno de nuestro país.
En México, históricamente, los grandes contribuyentes han esquivado sistemáticamente el pago de impuestos con estrategias fiscales o maromas legales. Esto es, las élites que acaparan la mayoría de los recursos en nuestro país enchulan sus reportes al fisco para pagar menos, nada, o casi nada.
Ricardo Salinas es un empresario que ha mantenido disputas con el SAT por casi dos décadas, y a quien, el pasado noviembre, la Suprema Corte sentenció como deudor fiscal de más de 50 mil millones de pesos.
Sobre esto, el propio Salinas manifestó públicamente, antes de las fiestas decembrinas, que quería dar por cerradas las diferencias con el gobierno; que ha mostrado voluntad para cumplir sus obligaciones fiscales; y que busca certidumbre jurídica para concluir definitivamente los juicios.
No obstante, menos de un mes después, Salinas Pliego ataca internacionalmente la condena fiscal, sabiendo que ni la Comisión ni la Corte Interamericana pueden modificar la resolución de la Corte mexicana.
Esto es, con su demanda, Salinas no busca liberación del pago de impuestos, pretende consecuencias mucho más sofisticadas. Por ello, los argumentos del empresario en su denuncia son que el Estado mexicano lo ha hostigado para restringir su libertad de opinión y su participación en el debate público.
También los tiempos son de llamar la atención. Si bien Salinas tenía hasta mayo de 2026 para presentar la demanda, lo hizo con una anticipación de más o menos cuatro meses. Ello es completamente inusual en estos procedimientos, máxime si con la exhibición de la denuncia no hay suspensión de sus obligaciones fiscales o la obtención de beneficio tangible e inmediato.
Así, en medio de un contexto externo delicado para México y pretendiendo interlocución con audiencias internacionales, Salinas se autocoloca como supuesta víctima del autoritarismo de la 4T.
Estas narrativas antisistema no son nuevas, son el sello de los proyectos de ultraderecha en distintas latitudes con un comportamiento que responde a un patrón de narcisismo político-empresarial en el cual el Estado solo es legítimo cuando sirve a un proyecto mercantilista. Esta es la visión del empresario que quiere ser el siguiente presidente de México. ¿Estará Salinas siguiendo los pasos de algún caso actual?
Si bien acudir a instancias internacionales no es ilegal, no debemos olvidar que el sistema internacional de derechos humanos, incluido el interamericano, está para proteger a quienes históricamente han sido víctimas del poder del Estado: aquellos que son torturados, violentados y sometidos, clásicamente en silencio y sin visibilidad social.
Habrá que esperar a que la Comisión Interamericana determine, después de analizar la demanda, la actuación pública de Salinas y el contenido de sus redes sociales, si estamos hablando de límite a la libertad de expresión; si existen indicios de tortura; o si su libertad o vida se han visto amenazadas.
Personalmente, la conducción pública de Salinas me parece sin recato, pudor o límite. Calificar su caso de persecución política invisibiliza la real persecución estatal. El punto de encuentro está en respetar las estructuras, normas e instituciones sin manipulaciones personales. (Alejandra Spitalier, El Financiero, Opinión, p. 28)
México no es Venezuela. Y esta aseveración no es un afán de contradecir a la oposición, que asegura que, dada la “deriva autoritaria”, resultado de la concentración de poder y la extinción de contrapesos, ya estamos como en el régimen chavista. Eso podremos discutirlo más adelante. Me refiero aquí a las razones por las que el gobierno de Donald Trump no lanzaría operaciones militares terrestres en México, como lo hizo en el país sudamericano, pese a sus recientes amagos.
Con acciones como el asalto en Caracas para sustraer a Maduro, o incluso antes, con el ataque al búnker en Irán el año pasado, parece estarse difuminando la idea de ‘TACO’ (Trump Always Chickens Out, lo que podría traducirse como ‘Trump siempre se echa para atrás’). Es decir, Trump no sólo alardea; ya demostró que puede cumplir sus amenazas.
Sin embargo, su advertencia de atacar por tierra a los cárteles, en clara referencia a los grupos criminales en México, difícilmente se concretaría y pinta más a un alarde para meter presión. Y no porque “tenga claro” que “México no se subordina” y, por tanto, haya quedado descartada –según la presidenta Sheinbaum– la incursión militar, sino por otras varias razones que se resumen, insisto, en que México no es Venezuela.
Como es bien sabido, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas hacia el vecino del norte sumaron cerca de 400 mil millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, lo que marcó un máximo histórico. De igual manera, la Unión Americana exportó a México mercancías por más de 253 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, siendo nuestro país el principal destino de las exportaciones estadounidenses.
Ello por no abundar en lo intrincado de las cadenas productivas y la cantidad de empleos ligados a la economía transfronteriza.
Ahora, en materia de seguridad, el secretario de Estado, Marco Rubio, si bien esta semana demandó “resultados tangibles”, en más de una ocasión ha reconocido que “no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de la presidenta de México” (3 de septiembre), y que “el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia” (19 de diciembre). Baste recordar los 55 capos enviados –que no extraditados, lo cual por cierto generó polémica– a Estados Unidos en dos tandas, febrero y agosto, para ser juzgados en ese país.
Varios analistas sostienen que aún falta, ya no digamos la entrega a los estadounidenses, sino “hacer algo” contra políticos del oficialismo presuntamente coludidos con criminales (Adán Augusto López y su presunto vínculo con La Barredora, por referir el caso más sonado). Sí, faltaría una verdadera purga –difícil de imaginar sin que sea un balazo en el pie–, mas no se puede decir que no hay colaboración.
Los drones merodeando dentro o muy cerca del espacio aéreo nacional, o bien los golpes de la DEA a delincuentes mexicanos, como el más reciente, que desarticuló una red criminal en España, dan cuenta de que ni siquiera sería necesario incursionar en suelo mexicano para combatir a los cárteles nacionales. Es algo que ya están haciendo, lo cual permite sugerir que las amenazas del republicano sólo se quedarán en eso, amagos que, no obstante, no se pueden tomar a la ligera, menos aún si se da por buena la versión de que en el Departamento de Estado ya analizan la figura jurídica para una eventual incursión armada.
Pero hagamos a un lado el tema del crimen organizado y volvamos al asunto económico. Considerando que el motivo fundamental –reconocido sin empacho– de la intervención trumpista en Venezuela fue hacerse de su petróleo, pensar que ese mismo objetivo podría estar persiguiendo con una eventual acción militar unilateral en México es un argumento que pierde peso al comparar la riqueza petrolera mexicana con la venezolana.
La nación bolivariana tiene una reserva probada del orden de 303 mil millones de barriles, la más grande del mundo, lo que representa 17 por ciento de las reservas del planeta. Mientras que México, y ningún otro país latinoamericano, ni siquiera figura en el top 10 (Brasil está en el 13).
Por otra parte, ¿alguna duda cabe de que México ha cumplido la exigencia de Trump de contribuir a frenar la migración que tanto odia? La propia CBP (oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, han presumido la caída dramática de cruces ilegales en su frontera sur, y la baja en decomisos de fentanilo.
Así, son varias las razones por las que Trump no se aventuraría a mancillar la soberanía de su vecino y principal socio y aliado. Además, Sheinbaum, a diferencia de Maduro o incluso del colombiano Gustavo Petro, no se ha mostrado desafiante; su estrategia de “cabeza fría” parece estar funcionando… al menos hasta ahora. Incluso, la mandataria ya anticipó que buscará una nueva charla con su homólogo después del 20 de enero. Así que quienes apelan a alzarse en armas contra el “Masiosare” (curioso nombre que tiene el “extraño enemigo”), pueden irse serenando.
Lo anterior no quiere decir que el gobierno mexicano deba sentarse a ver al presidente del país más poderoso vociferar y confiar en que no cumplirá sus amenazas. Se debe hacer más en materia de seguridad y, sobre todo, romper las complicidades crimen-política. Por ejemplo, ¿dónde está la mitad del huachicol, los otros 10 millones de litros del buque incautado en Tampico? ¿Quién se los llevó y bajo el amparo de quién?
Hay que ver las cosas en su justa dimensión, y es ese el objetivo que perseguirá esta columna, que cada semana espera tener el honor de su lectura. (Mario Carbonell, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Uso estratégico del resentimiento popular. Emperadores como Tiberio o Domiciano gobernaron en contextos de desigualdad, alimentando el resentimiento contra enemigos internos y externos. Trump ha explotado “agravios sociales” la migración o la pérdida de estatus para movilizar políticamente a sectores que se sienten desplazados. En ambos casos, la animadversión le funciona como combustible político y como justificación de medidas autoritarias. Ahí están los mercenarios del ICE, disparándole a medio mundo, incendiando las calles de Minneapolis. (Alejandro Almazán, El Heraldo de México, País, p. 9)
Se suele llamar punto de no retorno al momento crucial en la vida de las personas en el que sucede un cambio definitivo. En el diseño del régimen político de un país o en la dinámica de las sociedades, el punto de no retorno proviene de acciones y decisiones que modifican el contexto de manera definitiva. Es como un viaje sin el combustible suficiente para poder rectificar o regresar sobre los pasos. Por acción de la clase política dominante y por omisión de una sociedad incapaz de coordinarse para generar la resistencia suficiente, México se encuentra al borde del punto de no retorno autoritario.
Hace unos días, una treintena de organizaciones de la sociedad civil presentó el Informe paralelo referente al informe periódico del Estado mexicano al Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
El recuento sobre la demolición de los pilares de la rendición de cuentas en México y la restricción de derechos fundamentales desde la Constitución es estremecedor.
Visto en su conjunto, resulta un país sin contrapesos en los poderes públicos. En el Judicial, la renovación de jueces y magistrados no contó con garantías del ejercicio del voto libre e informado, no contó con condiciones de equidad, tuvo escasa participación y careció de reglas de supervisión, fiscalización e integridad que requieren ser modificadas. En el Legislativo, una mayoría artificial ha sustituido el intercambio de ideas y argumentos por la imposición de normas y la opacidad en la gestión de los recursos. En este mismo país, la garantía del derecho a saber se volvió inasible, con el aumento de causales ambiguas para reservar datos y con la existencia de instituciones ahorcadas presupuestariamente e incapaces de garantizar la generación y entrega de información pública cuando es negada. Un país que aumentó las restricciones fiscales y operativas de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales son más auditadas que el propio Senado de la República y a las que tras la emisión de una crítica, se les castiga con la cancelación del registro de donataria autorizada.
En ese mismo país, la militarización ha derivado en un aumento de más del 100 por ciento del presupuesto a la Secretaría de la Defensa y de más del 174 por ciento a la Secretaría de la Marina. Ambas instituciones gestionan 19 aeropuertos y administran al menos 15 empresas de participación estatal mayoritaria, varias de ellas con operaciones e inversiones de dudosa rentabilidad.
Un país de fosas y de cuerpos sin identificar, en el que el horror es negado desde el poder y normalizado desde la ciudadanía. Solo durante el primer semestre de 2025, desaparecieron 45 personas al día. A pesar de las recomendaciones del Comité contra las desapariciones forzadas y de la activación del procedimiento para desapariciones sistemáticas o generalizadas, el gobierno no garantiza ni la verdad ni la justicia a la sociedad.
Un país que limitó el amparo, que estrechó la definición de interés legítimo para la defensa de derechos colectivos y que en materia fiscal permite el congelamiento preventivo de cuentas por decisión unilateral de la UIF.
En este mismo país se aprobó un paquete de reformas digitales que harían suspirar a Orwell. No se trata solamente del registro de un número celular, sino de seis reformas y cuatro leyes que redefinen la forma en la que se gestionan, centralizan y utilizan los datos personales, permitiendo la vigilancia masiva de la población. Estamos, dice el informe, frente a la: “construcción acelerada de un ecosistema de vigilancia sin contrapesos, con una capacidad sin precedentes para intervenir en la esfera íntima de la ciudadanía”. En este país se permite la prisión preventiva oficiosa, se tortura en los centros penitenciarios y se asesina a migrantes en completa impunidad. Por si no bastara, se anuncia una reforma electoral regresiva que de concretarse sin resistencia, será, como sociedad, nuestro punto de no retorno. (Lourdes Morales Canales, El Universal, Opinión, A19)
Como un símbolo de cambio, esperanza y hasta señal divina, hoy asume el cargo de alcaldesa de la ciudad de Nueva Orleans una mujer y ¡migrante! Su nombre es Helena Moreno, nacida en Veracruz. Una mujer migrante mexicana ha alcanzado un hito trascendental al convertirse en la primera alcaldesa latina de esta emblemática y vibrante ciudad. Su elección representa tantas cosas, no solo un ascenso a su persona, sino que podría ser una señal de cambio significativo en el panorama político de una nación que se ha visto enriquecida por la diversidad y la inclusión, gracias al indomable espíritu de sus migrantes.
Helena Moreno llegó a Nueva Orleans en busca de, lo que busca la gran mayoría de personas que migra, nuevas oportunidades; no llegó sola, llevó consigo sus raíces mexicanas, jarochas, y una perspectiva que ha resonado profundamente con la comunidad. Con este triunfo migrante, no solo se erige como un ejemplo a seguir para líderes latinos que resisten y luchan, sino que también desafía las narrativas tradicionales sobre el liderazgo en una de las ciudades más icónicas de Estados Unidos.
El triunfo de la alcaldesa de Nueva Orleans no solo es celebrado por los latinos, sino que simboliza una esperanza de lo que puede y debe ser el liderazgo. Es un momento complicado, la polarización política y las tensiones raciales parecieran alcanzar límites insospechados. La elección de esta mujer migrante, quien ha prometido hacer de Nueva Orleans una ciudad más inclusiva, en donde cada habitante tenga la oportunidad de prosperar, representa hasta ahora un bálsamo, una conexión entre diferentes culturas que comparten un mismo espacio, un hogar, independientemente de su origen.
Este triunfo no ocurre en cualquier momento, se enmarca en un momento en el que la nueva ola de liderazgos demócratas está surgiendo en todo el país vecino. Por ejemplo, otra figura inspiradora es la que representa el alcalde Zohran Mamdani, quien el pasado 1 de enero se convirtió en alcalde de una ciudad con profundo simbolismo, la ciudad de Nueva York. Su liderazgo llega reflejando tenacidad y compromiso por el bienestar del conjunto de comunidades que habita esa ciudad, Zohran Mamdani, también de origen migrante, ha estado a la vanguardia en la lucha por la justicia social y económica, encabezando políticas públicas que beneficien prioritariamente a los más pobres y desfavorecidos.
La visibilidad, fuerza y poder que han alcanzado líderes latinos en la política estadounidense indica una clara tendencia hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad como una fortaleza más que como una amenaza. Esta oleada trasciende el impacto inmediato a las comunidades migrantes que encuentran en estos líderes una representación de sus luchas, sueños y esperanza en un mundo mejor, también enriquece el tejido social del país en su conjunto. Con sus historias, Helena Moreno y Zohran Mamdani imponen una narrativa sobre la importancia de la diversidad en el liderazgo.
La historia se reescribe cada cierto tiempo, veamos cómo avanza esta que inició con un capítulo lleno de posibilidades, haciendo un recordatorio poderoso de que la diversidad es la verdadera esencia de la democracia. Apoyar y celebrar a estos líderes es apoyar también un futuro donde todos, sin importar su origen, pueden y deben tener su lugar en la mesa del poder. (Daniela Cordero Arenas, El Universal, Opinión, A 19)
VISAS
El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció ayer que está “pausando” el procesamiento de visas para inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil y Rusia, porque sus inmigrantes reciben programas sociales a “tasas inaceptables”. El Instituto Cato, sin embargo, ha demostrado que los inmigrantes obtienen menos apoyos sociales que los nacidos en Estados Unidos. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)