Opinión Migración 220126

Duda razonable / Cuando la Presidenta quiere explicar lo inexplicable

Ayer, durante la conferencia mañanera, le preguntaron a Claudia Sheinbaum por las denuncias que durante la gestión de Josefa González-Blanco como embajadora de México ante Reino Unido se habían presentado contra ella.

Hace unos días, El País publicó un par de reportajes sobre esas denuncias y cómo desde 2021, al menos 40 trabajadores han salido de la embajada, entre renuncias y rotaciones, a otras representaciones, lo que la ha dejado con menos de la mitad de la plantilla. El País también reveló que “los empleados ganaron en sus denuncias ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética, en las que detallaron el ambiente de estrés y acoso, pero, según afirman, no sirvió de nada, ya que la funcionaria se negó a cumplir con las recomendaciones y la cancillería no tomó ninguna medida”.

Ayer, entonces, le preguntaron a la Presidenta sobre esas denuncias. “No hay ninguna, en particular, en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella”.

—¿Ninguna denuncia presentada?

—Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, bueno, en Reino Unido.

Después la preguntaron sobre el —seré generoso— rarísimo nombramiento de Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, en la SEP como director de los centros de formación del trabajo. Valga recordar la tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez, cuando murieron 40 migrantes.

Dijo la Presidenta: “Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en derecho, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, o sea, no está bajo proceso de ningún tipo”. Y luego, nada raro, habló de la oposición: “Es polémico porque la oposición siempre va a decir que… sí, pero él terminó su proceso”.

¿Qué necesidad?

Qué hay detrás de esas defensas. Cierto, ni la ex embajadora ni el ex comisionado del INM tuvieron consecuencias por sus actos o sus negligencias, pero una cosa es la impunidad y otra la expiación desde la tribuna presidencial.

No es como que ninguno de los personajes aludidos necesite trabajo ni que a ellos, por lo que se ha visto, les preocupe demasiado su reputación pública.

Con las muchas decisiones racionales de la Presidenta frente a muchas cosas, hay algunas, como estas dos, que parecen inexplicables. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)

El asalto a la razón / La reivindicación del carcelero

Tan escaso de talentos, experiencia y eficiencia está el obradorato que la presidenta Claudia Sheinbaum designó al impresentable ex director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño para un cargo directivo y decorativo de la Secretaría federal de Educación.

“Se analizaron distintos perfiles”, justificó la Presidenta ayer, “y para la designación se tomó en cuenta el pasado de Garduño”, y enfatizó: “Se analizaron distintos perfiles, particularmente para ese puesto”, y reconoció que el nombramiento “es polémico, pero él terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico…”.

Al darle posesión del inmerecido hueso, el secretario Mario Delgado describió a Garduño como “funcionario ejemplar”, motivando que Joaquín López-Dóriga, habitualmente contenido y “bien hablado”, titulara su columna (MILENIO de ayer): ¡Qué poca madre…!

La presidencial designación vuelve a confirmar que la 4T, lejos de combatirla, premia la impunidad.

Viejo amigo de López Obrador (en la capital fue su director de prisiones), Garduño se mantuvo en el INM de mediados de 2019 a mayo de 2024, y su gestión quedó marcada, desde marzo de 2023, por la horrible muerte de 40 migrantes en el incendio de la cárcel ––“estación migratoria”, le llaman–– que tenía bajo su mando en Ciudad Juárez.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño, que ha sido nombrado por parte (sic) de la presidenta @Claudiashein, como (sic) Director General de Centros de Formación para el Trabajo. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación #MediaSuperior que está en marcha con el #BachilleratoNacional. Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinea con los sectores estratégicos del #PlanMéxico y los polos de desarrollo para el bienestar”, escribió Delgado en las redes.

Con Garduño se disparó la detención de migrantes (a la mayoría de los cuales obligaba a caminar desde Chiapas hasta la frontera norte) y se impulsó la virtual militarización del instituto con la contratación de personas que son o fueron militares, o con un perfil policiaco.

Para eludir su responsabilidad en la tragedia de Ciudad Juárez, el “funcionario ejemplar” arguyó que al momento del incendio se encontraba “a mil 800 kilómetros” de distancia, como si se le hubiese acusado de provocar el incendio, pero no: el señalamiento ha sido que tenía en operación una prisión mal administrada y no una “estación migratoria” tolerable.

Garduño fue absuelto a cambio de cumplir algunas “medidas reparatorias”, como pedir perdón públicamente a las víctimas, lo que explicablemente ofendió a los deudos y a organizaciones de derechos humanos, porque así dieron “carpetazo” a sus demandas de justicia.

Con él en el INM, en 2024 la detención de migrantes alcanzó cifras históricas: poco menos de un millón.

Por donde se vea, la reivindicación del carcelero con su reincorporación al servicio público es, sencillamente, imperdonable. (Carlos Marín, Milenio, Fronteras, p. 5)

Dinero / Díselo a Claudia

DIJO MARIO DELGADO, titular de la SEP, que la incorporación de Francisco Garduño fortalecerá la reforma educativa. Recordemos que Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración y no tuvo ninguna sanción por el incendio en uno de los centros del INM. Y así hay muchísimas personas protegidas por la 4T, al viejo estilo neoliberal que tanto critican, y omitiendo (o invisibilizando) al pueblo sabio que también puede trabajar en la SEP (y en otras dependencias), y no sólo sirve para votar. Por ejemplo, yo, Marcos Celis Vázquez, persona adulta mayor que también puede fortalecer la reforma educativa. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)

Descenso al tártaro

En el preciso momento en que detuvo al profesor colombiano Leonardo Escobar en el aeropuerto de Monterrey, la Guardia Nacional estaba obligada a informarle que tenía derecho a que se notificara de la detención al consulado de su país y a facilitarle la comunicación con la oficina consular.

Esa notificación, que tiene el objetivo de garantizar la posibilidad de que los gobiernos presten servicios consulares adecuados y velen por los derechos de sus nacionales en los territorios de otros países, debe hacerse sin demora alguna. Este derecho está consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La Convención establece como función general de los cónsules la protección de los intereses de sus nacionales. Los funcionarios consulares tienen derecho al libre acceso para visitar a sus nacionales detenidos y para mantener con ellos comunicación permanente.

El profesor Escobar, académico de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, fue detenido el 31 de diciembre por agentes de la Guardia Nacional por “faltas administrativas” sin que se hayan precisado, hasta el momento en que escribo estas líneas, cuáles fueron esas faltas. En ese momento empezó su descenso al tártaro. Ha sido frecuente que viajeros colombianos llegados a México hayan sido retenidos en salas migratorias, extorsionados o deportados pese a cumplir con los requisitos de entrada al país.

¿El verdadero motivo de la detención fue que el profesor Escobar se negó a la extorsión? Si no, ¿cómo explicarse la furia de los guardianes que, una vez que lo habían privado de la libertad, lo golpearon tan brutalmente que le fracturaron tres costillas, lo cual ha sido comprobado médicamente? Dispusieron de tiempo suficiente para golpearlo sin demasiada prisa: la detención ocurrió cerca de las 17:30 horas y la presentación al juez, que debió ocurrir sin dilación, tuvo lugar hasta alrededor de las 20 horas.

El arresto del académico se cumplió en una celda de Apodaca. Las autoridades que ejecutaron esa sanción administrativa también tenían el deber de notificar al consulado colombiano. No lo cumplieron. Tampoco el de practicar al arrestado un examen médico pese a que estaba adolorido —con tres costillas fracturadas— y desorientado por la golpiza.

La policía de Apodaca asegura que Escobar fue detenido en el aeropuerto por “alterar el orden”, pero tampoco ha especificado en qué consistió esa alteración ni ha dicho nada sobre el incumplimiento de la notificación al consulado colombiano ni por qué la detención no apareció en el Registro Nacional de Detenciones.

Al quedar en libertad, el profesor regresó al aeropuerto y allí fue despojado de sus posesiones, lo que le impidió continuar su viaje hasta la Ciudad de México para, de aquí, trasladarse a Puebla, donde trabaja. La policía lo alejó de las instalaciones aeroportuarias. Y fue despojado de todas sus pertenencias excepto la ropa.

Alejado del aeropuerto, sin dinero, sin documentos, sin comida, sin agua, con la conciencia alterada, en una situación de calle, deambuló sin rumbo durante cuatro días al cabo de los cuales se guareció del frío y del sol entre matorrales hasta que fue encontrado, desvariando, por verdaderos ángeles de la guarda: personal de la clínica Félix, a donde fue llevado y donde por fin se le brindó asistencia humanitaria.

En ese centro de rehabilitación permaneció en tal estado de confusión que ni siquiera recordaba su nombre. No hablaba ni daba detalles de su identidad. No fue sino hasta el 15 de enero que empezó a recordar quién es y lo que le había sucedido.

Nada de eso hubiera pasado si las autoridades responsables de la detención y del cumplimiento de su arresto hubiesen cumplido con su deber de notificar al consulado colombiano. Hacerlo era muy sencillo: bastaba con marcar un número telefónico y escribir unas cuantas líneas. (Luis de la Barreda Solórzano, Excélsior, Nación, p. 11)

Nos dan el avión

Para sorpresas no ganamos los mexicanos. Ahora resulta que Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y que la muerte de 40 centroamericanos en una estación migratoria, o más bien cárcel ilegal de Ciudad Juárez, de la que el propio Garduño era el principal responsable, se resuelve con el clásico “usted perdone”. Y ya.

Algunos observadores que saben leer señales de humo, que los hay, estando cerca de Palenque vieron que salía un mensaje, desde un rancho llamado La Chingada, que ordenaba darle un buen hueso al protegido del Gran Cacique, lo que se cumplió, pese al daño que causa al actual gobierno.

En la misma línea de quedar bien con poderes superiores, anteayer, el gobierno mexicano entregó al de Estados Unidos tres docenas de narcos para que sean juzgados en el país vecino, pues parece que por acá no hay tribunal confiable ni cárcel que impida las fugas.

Para entregar los 37 reos a la justicia gringa se requirieron siete aviones, pese a que, según se informó, las aeronaves tenían sólo seis destinos: el estado de Washington, San Diego, San Antonio, Houston, Pensilvania y Nueva York. No se aclaró qué hizo la séptima aeronave ni a dónde se dirigió.

La cantidad de aparatos voladores permite suponer que, con gran generosidad oficial, no se quiso incomodar a los capos del narco enviándolos en autobús de segunda, o bien, que ese séptimo avión sirvió para fines que se consideran inconfesables.

Como resulta obvio, con la entrega de reos se pretende amansar a la fiera de la Casa Blanca. Vana ilusión, pues el mismo día que recibió el tributo, el energúmeno anunció que pronto sus fuerzas armadas realizarán “ataques terrestres”, lo que significa que pretende violar la soberanía del condescendiente vecino.

Y precisamente por tal condescendencia es que, en los últimos días, presenciamos un intenso debate sobre otro asunto de naturaleza celestial (es un decir), pues, con toda discreción, una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó el sábado pasado en el aeropuerto de Toluca. Pero alguien tuvo la buena ocurrencia de grabar todo en un video y hacerlo circular en redes sociales, de modo que el público se enteró de inmediato de lo ocurrido, en tanto que las autoridades tardaron más de treinta horas en informar sobre la presencia de la gigantesca aeronave, un C-130 Hércules.

Como era de esperarse, la oposición —bola de neoliberales, conservadores y mal nacidos, dirían en Palacio— exigió una información clara y precisa. El senador panista Ricardo Anaya rechazó que el C-130 hubiera venido para transportar a la Unión Americana a personal de la Secretaría de Seguridad federal, como se dijo, y mostró una solicitud que en diciembre presentó el gobierno federal al Senado, donde decía:

“La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le concede el artículo 76. Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para que participen en el evento ‘Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales’” (sic). Pero ocurre que la autorización nunca fue concedida.

La respuesta desde el Poder Ejecutivo fue que el avión de marras no traía milicos gringos y que, por lo tanto, no necesitaba permiso del Senado, aunque la tripulación sí era militar, y algunas versiones periodísticas afirman que también venían tropas y armas a bordo.

Lo curioso es que hasta en las filas cuatroteras se piden aclaraciones, como es el caso del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar. Por su parte, desconfiado, Ricardo Mejía, legislador del PT, insistió en que “cualquier actuación debe realizarse en el marco de la ley”. Pues sí, pero…

Todo indica que estamos ante otro acto de sumisión al poder imperial, de probable insubordinación de las jerarquías o de entendible temor frente a las amenazas y desplantes del payaso pelirrojo. Pero ante eso se requiere unidad de los mexicanos, defender la soberanía y poner las cosas en claro. Sin embargo, se prefiere darnos el avión, esto es, ignorar, evadir o fingir interés sin intención de cumplir, según dice la Wikipedia. (Humberto Musacchio, Excélsior, Nación, p. 11)

El annus horribilis para la migración en EU

La política antiinmigrante de Trump esconde una profunda grieta moral que divide a los estadunidense frente a su crisis de futuro, a la desconfianza inédita en el porvenir. Una ruptura de sus propios fundamentos políticos y éticos que aparece cuando las ideas se convierten en dogmas y las instituciones dejan de resistir al poder de una sola persona capaz de atrapar el miedo colectivo a la decadencia.

La cruzada racial del trumpismo contra la migración deja un año infernal para su nuevo “enemigo” declarado desde el inició su segunda presidencia, en que han sido tomados como rehenes de sus cambios. La estrategia de crear una amenaza puertas adentro a la que culpar de los males del país ha sido efectiva para inhibir dramáticamente los cruces en la frontera y respaldar violaciones en la deportación de más de medio millón de inmigrantes los últimos 12 meses, aunque lejos del millón que prometía.

Se trata de una visión ideológica que comparte con el totalitarismo ciertas formas de autosabotaje mental para aceptar o tolerar la brutalidad como ejercicio de gobierno, la exaltación del egoísmo como sucedáneo de independencia y la ambición como misión contra todos los valores que profesa la tierra de libertad e igualdad del “sueño americano”. Si hay una crisis es esencialmente moral, por los mayores ataques en su historia contra la cultura, espacios y derechos de un país de migrantes.

En las redadas a miles indefensos de ellos y la represión a las protestas que agitan el país por los horrores de su política, actúa como enemigo de los valores de su democracia. Es falso que en EU haya una crisis de migración con la frontera cerrada a la movilidad de “delincuentes y criminales”, como vende Trump; más de 70% de deportados carecen de antecedentes penales. Pero la estadística desmiente esa versión con una drástica caída de cruces fronterizos desde 2024, un año antes de llegar al poder. Así y todo, dice que su política está funcionando. Lo que sí hay es una crisis de inseguridad por una cacería de órdenes ejecutivas que cruzan la línea de la legalidad para perseguir, secuestrar y matar; junto con fenómenos inéditos como la desaparición de sospechosos sólo por hablar “raro” inglés o tener la tez morena; sin respeto al proceso y garantías del rule of law, que no está sirviendo para controlar el uso de la violencia militar en las calles.

Los ataques se reducen a meros actos administrativos a cargo de agentes migratorios del ICE, el brazo ejecutor de su política y, sobre todo, el espejo de las pulsiones autodestructivas que el poder político inocula en una sociedad dividida y polarizada. Pero la brutalidad policiaca con total inmunidad es la expresión de otra crisis, la de la legalidad, que socava los fundamentos de Norteamérica y le abre el paso al poder personal que, como dice, no tiene otro límite que la “propia moral” de Trump convertida en ejemplo de la conducta del “América Primero”.

Al republicano le conviene criminalizar al “enemigo” interno y estigmatizar la protesta de grupos radicales de izquierda para crear caos en la calle y abrir paso al ejército con tres objetivos: debilitar las instituciones republicanas, construir un gobierno autoritario y persuadir a los estadunidenses de que su misión es tomar cuanto quieran para ellos, como para él hacerse de Groenlandia, el petróleo venezolano o el Golfo de México: el egoísmo y la ambición como razón de Estado.

Pero la sociedad comienza a desconfiar de las instituciones para detener la enfermedad, como indica la ola de protestas en Minneapolis y otras ciudades contra los abusos del ICE; que visibilizó el asesinato de la estadunidense Renée Good como nuevo estandarte de la resistencia. La indignación se enciende a tal punto que Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para sofocarla con el ejército, sobre todo en los gobernados por demócratas, en una prueba de la politización de la violencia; así como retirar fondos a estados santuario por no colaborar con su política.

Detrás de la impotencia de las instituciones, la pregunta que mueve las protestas es quién podrá detener el meteoro absolutista de Trump si no son ellos. Aunque con el temor de que el vendaval desoiga la vox populi y los votos con ecos del asalto al Capitolio en la próxima elección, que puede ser definitoria para el futuro de EU y del orden internacional. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 13)

Café político / Notas en remolino

Sin financiamiento público, las elecciones las dominará el dinero sucio… Francisco Garduño, extitular de Migración, fue designado director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP. Decía don Benito Juárez: “a los amigos, justicia y gracia” … Con la pena; pero la STPS no tiene inspectores en Baja California y no puede vigilar las granjas del Valle de San Quintín para verificar si aplica el programa oficial a favor de los jornaleros agrícolas… Se conmemoran 83 años de la creación del IMSS por el presidente Manuel Ávila Camacho… Entregaron a Estados Unidos a 37 operadores de las bandas del crimen organizado… Actualísima reflexión de Balzac: “El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente” (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p. 32)

La Aldea / Gobierno encubridor

Hay un enorme debate sobre cuál es el problema más serio y grave de México. Para algunos, la corrupción enquistada que, a pesar de los discursos y las payasadas de “no somos como los de antes” (son ciertamente peores), permanece, se agranda y multiplica.

Para otros, el debilitamiento de la democracia con la desaparición de instituciones y organismos autónomos que nacieron como un contrapeso al poder presidencial.

Uno más es la brutal inseguridad que afecta a estados, ciudades, municipios, carreteras y múltiples negocios y empresas que, ante las amenazas, prefieren cerrar y desaparecer.

Pero hay otro problema esencial que impide el crecimiento de México, la consolidación de una democracia seria, con Estado de derecho y con rendición de cuentas: la impunidad.

Los políticos son corruptos y hacen negocios, y obtienen contratos, y reparten concesiones a sus allegados, porque no hay autoridad, ley o juez que los detenga.

Andrés Manuel fue tan mal presidente que se daba por descontada la protección absoluta que brindaba a los suyos, incluso, a sabiendas de que estaban sucios.

A juicio del expresidente, su aportación “al movimiento” era más valiosa y trascendente que algunos “pecadillos” y tranzas, a su consideración, menores.

Pero lo cierto es que no tocó a nadie; no encarceló a nadie durante su administración.

La cantada y sobada corrupción sirvió de lema y de perorata electoral, pero nunca se convirtió en una realidad el combate, la política, la concreción del sistema anticorrupción ya votado y legislado en el gobierno de Peña Nieto.

Al contrario. AMLO desmontó el sistema y dijo que era muy costoso.

Resultado: cero combate a la corrupción. Y ahí tenemos ahora los nuevos negocios morenistas, los senadores, las tierras, el huachicol y todo lo que se va descubriendo poco a poco.

No pasa nada porque prevalece la impunidad, la incapacidad de un sistema de justicia —ahora reformado— y de una Fiscalía General para combatir los delitos reales, los que afectan a la gente. No los políticos, esos que se valen de la justicia como un brazo de control y represión gubernamental.

Entonces, pues ahí están todos los visibles y los que no vemos. Los adanes, los rochas en Sinaloa y su compadrazgo criminal respaldado vergonzosamente por López y por Sheinbaum.

La presidenta parece que piensa mantener este manto protector a los corruptos, y tristemente también, a los incapaces.

Ahí tiene usted la designación del lamentable Francisco Garduño, este incapaz exdirector del Instituto de Migración, cuando la tragedia en el centro de detención en Ciudad Juárez provocó la muerte de 40 migrantes. Inaudito. Con investigaciones criminales sobre sus hombros, por negligencia y torpeza, la presidenta lo nombra al interior de la SEP como director de Centros de Formación para el Trabajo.

O el de la recién removida Josefa González Blanco como embajadora del Reino Unido, con solo 16 denuncias en su contra por acoso y maltrato laboral. Sheinbaum declara sin vergüenza alguna que “hizo un buen trabajo”.

En algún momento, esta protección de los corruptos e incapaces en Pemex, en el Infonavit, en la SEP, en el Senado o en los gobiernos estatales, le pasará factura a Morena como un movimiento de hampones e irresponsables.

Lo trágico es que afecta a los mexicanos, al erario y a vidas humanas.

Ahí tiene usted los trenes, o el histórico derrumbe del Metro cuando ella era jefa de Gobierno; tampoco concluyó en ninguna responsabilidad de funcionarios o servidores anteriores.

Morena es sinónimo de encubrimiento, de impunidad, de pertenencia a una organización que otorga credenciales —casi libres— para cometer faltas administrativas, legales, hasta criminales, y nadie hace nada.

Ahí está la locura de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, al encarcelar por capricho y sin sustento al rector de la universidad estatal por representar un punto de crítica o discrepancia con el gobierno.

La ilustrísima doctora por la UNAM parece hacer caso omiso a la ley, al desempeño profesional de servidores públicos y al combate real y auténtico contra la corrupción.

Todo por mantener unido a un movimiento por encima de los mexicanos.

¿Y México, presidenta?

Todo esto sin mencionar la más reciente e incisiva presión de Washington: los narcopolíticos. ¿A esos quién los va a perseguir, detener, identificar, procesar y tal vez expulsar como los últimos 37?

El gobernador Rocha es el más visible, pero ciertamente no el único.

El narcotráfico y el crimen organizado han penetrado la política y los partidos, sin distinción de color o membresía. ¿El gobierno no va a hacer nada? Exactamente igual al anterior. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Opinión, p. 26)

Guardia Nacional: ¿violenta y esconde la mano?

La aparición de Leonardo Escobar, académico de la Ibero Puebla, es una buena noticia, vivo e íntegro. Sobre todo, en un país donde demasiadas historias terminan sin dar con el paradero de las víctimas. Sin embargo, la cantidad de preguntas que genera esta detención arbitraria siguen sin ser resueltas. ¿Cómo se explica que una persona sea detenida por la Guardia Nacional y termine vagando por la ciudad, con costillas rotas, sin que nadie sepa dónde estuvo ni qué ocurrió?

El alivio que produce su localización no puede convertirse en amnesia colectiva. Al contrario: su desaparición y posterior hallazgo abren una rendija por la que se asoma algo mucho más profundo y más grave. Porque la militarización de la vida pública no ha traído seguridad; ha traído una opacidad que inquieta. El caso de Escobar –que va de una desaparición inexplicable en un aeropuerto a su localización en un anexo– obliga a levantar la alfombra. Debajo aparece una verdad incómoda que el Estado mexicano intenta ocultar con uniformes y discursos: el fracaso conceptual y operativo de la Guardia Nacional como garante de la seguridad pública.

“La Sedena sigue sin explicar por qué nunca se registró la detención y sigue sin transparentar la presentación de videos”, señala Simón Hernández León, abogado de la Ibero Puebla que ha acompañado el caso desde la desaparición de Escobar.

Que el académico haya terminado en un centro de rehabilitación revela una arista aún más perturbadora de este modelo: la limpieza social sin proceso. ¿Cuántas personas han sido “disuadidas” o “retiradas” por la Guardia Nacional y han acabado atrapadas en un limbo administrativo? No lo sabemos. Porque la Guardia Nacional no opera como una policía sujeta a controles civiles; obedece como un ejército.

La militarización de los aeropuertos, entregados a la Marina y vigilados por una Guardia Nacional que de “civil” conserva apenas el nombre, ha convertido las terminales en espacios de excepción en los que la violación a derechos humanos queda blindada por las fuerzas armadas. Se nos prometió orden, disciplina, incorruptibilidad. Lo que llegó fue una lógica castrense incompatible con la vida ciudadana. El mandato no es proteger derechos: es controlar, contener, perseguir migrantes.

La Guardia Nacional no rinde cuentas. Cuando un policía civil comete un abuso, existen –al menos en el papel– mecanismos de control y responsabilidades administrativas. Pero ¿ante quién responde un elemento de la Guardia Nacional en un aeropuerto? La cadena de mando termina en un cuartel, lejos del escrutinio público. Así se crean zonas ciegas, cajas negras operativas donde una detención arbitraria o una “retención” pueden ocurrir sin dejar rastro inmediato, amparadas en la nebulosa de la seguridad nacional.

Este episodio deja al descubierto la falta de rendición de cuentas de las corporaciones de seguridad, tanto militarizadas como civiles que orbitan en su entorno. Actúan al margen de la ley porque saben que el fuero militar o la burocracia federal funcionan como un manto protector. La detención arbitraria –o lo que haya ocurrido en esos minutos oscuros del aeropuerto– se vuelve posible cuando la autoridad no está entrenada para tratar con ciudadanos, sino para neutralizar amenazas. ¿Cuáles amenazas? Ser migrante basta.

El caso del profesor de la Ibero debería marcar un punto de quiebre. No alcanza con celebrar que apareció con vida. Hay que exigir que se explique, minuto a minuto, qué ocurrió mientras estuvo bajo custodia del Estado. Mientras sigamos normalizando el camuflaje en andenes y terminales, cualquiera puede convertirse en el próximo “operativo” de una bitácora de guerra que nunca se abre al público.

Como si hiciera falta una confirmación más de esta lógica, ayer se premió a Garduño, el funcionario que impulsó la militarización de los aeropuertos para perseguir migrantes. Fue nombrado en un cargo de alto nivel en la Secretaría de Educación Pública. La presidenta aseguró que “no es un perfil cualquiera”. Las políticas del sexenio pasado, encarnadas en ese personaje, fueron la antesala perfecta para un caso como el de Leonardo Escobar. (Maite Azuela, El Universal, Opinión, A 15)

Gobernar por bravata

Todo indica que el primer año del regreso de Donald Trump ha reabierto una grieta que creíamos superada: la tensión entre un orden internacional basado en reglas, instituciones y acuerdos, y otro donde la fuerza es el argumento decisivo. Aquella arquitectura nunca fue neutral, reflejó y protegió el poder de EU, pero también permitió que el mundo se moviera dentro de un marco predecible, donde las diferencias se procesaban bajo el principio, a veces frágil, de que no se valía usar la fuerza para imponer la razón.

En 2026, ese lenguaje se degradó. No por presión de rivales geopolíticos, sino por la señal que provino de la propia Casa Blanca de que los compromisos pueden romperse, los aliados pueden humillarse y las reglas pueden reinterpretarse según el humor del líder. La simplicidad de ese mensaje es peligrosa: la norma no importa, el fuerte puede imponer su voluntad sobre el derecho O cualquier acuerdo previo.

Me es importante recordar capítulos similares en la historia. John Adams criminalizó a sus opositores con las Leyes de Extranjería Sedición. Andrew Jackson ignoró la resolución de la Suprema Corte en 1830, cuando ésta reconoció los derechos de pueblos indígenas a permanecer en sus territorios. Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus durante la Guerra de Secesión. Woodrow Wilson encarceló y deportó disidentes en la era de la

Primera Guerra Mundial, invocando seguridad nacional. Roosevelt confinó a más de 120 mil ciudadanos de origen japonés durante la Segunda y Nixon uso al Departamento de Justicia para perseguir opositores. Y, a pesar de todo, EU siempre ha logrado sobreponerse -de forma accidentada y dejando secuelas- a episodios racistas, xenofóbicos o francamente errados.

Ocurre, sin embargo, que Trump no llegó de la nada. Entre otras cosas, llegó empujado por el rechazo de millones de votantes a los excesos del wokismo demócrata. Muchos objetaron las fronteras abiertas, la obsesión por la identidad por encima del mérito, cuotas raciales impuestas, decisiones sobre género tomadas a espaldas de los padres, ideas temerarias como desmantelar autoridades migratorias 0 retirarle fondos a la policía.

Ese extremismo asustó a mayorías predominantemente de raza blanca, y dejó a electores moderados -que son la mayoría- sin refugio. Trump sólo llenó el vacío.

gran paradoja es que quienes celebran este giro como restauración del orden no miden el tamaño del riesgo que hoy toleran. Al darle a Trump un cheque en blanco, al aceptar que arrase con disidentes, que gobierne por capricho, que ignore al Legislativo y desacredite a los jueces la prensa; mientras el país se acostumbra a vivir bajo una cascada de órdenes ejecutivas que sustituyen deliberación por impo sición, sientan un precedente peligroso que puede ser aprovechado por líderes con un perfil populista de izquierda que represente el extremo de lo que antes rechazaron.

Por ahora, las cortes siguen resistiendo, pero daño institucional no sólo se mide en la legalidad O no de los decretos, sino en los precedentes políticos que sienta, en lo que se normaliza deja de escandalizar.

El riesgo de fondo es estratégiCO. La demolición de contrapesos no garantiza estabilidad sino revancha. Si esta administración tropieza con una crisis -económica, social o geopolítica- el electorado podría huir hacia el otro extremo del péndulo. El peor desenlace no es el triunfo de Trump, sino el colapso de su experimento, seguido por una reacción aún más sectaria, con mayor resentimiento y con herramientas más poderosas para saciar su apetito de castigo.

Sólo queda, entonces, apostar con realismo, no ingenuidad, a que la democracia prevalezca, a que los contrapesos resistan; a que el Congreso recuerde que no es un accesorio del Ejecutivo, y sobre todo a que el Partido Republicano, una vez que pase la temporada de primarias y disminuya la susceptibilidad amenazas, le ponga límites al Presidente. Ojalá, porque las crisis estructurales de la humanidad -migración, cambio climático- requieren de un liderazgo más sensato, en un mundo en el que volvamos al lenguaje del acuerdo. (Jorge Suárez-Vélez, Reforma, Opinión, p.9)

Cartones

El país de nunca Jabaz / ¿A qué lo llevan a la SEP?

(Jabaz, Milenio, Al Frente, p. 3)

No te calientes, granizo

(Rocha, La Jornada, Política, p. 5)

Autor:: Instituto Nacional de Migración
Fecha de Publicación:: 21/01/2026