En el territorio nacional existe una red de venta de actas de nacimiento apócrifas para personas que provienen de diferentes partes del mundo y puedan hacerse pasar como mexicanos.
Los integrantes de la red ingresan a los sistemas de registro civil de las entidades federativas, con lo cual, pueden entregar el primer documento que se traducirá en diferentes beneficios y, en particular, la posibilidad de conseguir un empleo.
Los miembros de la red de falsificaciones de actas de nacimiento toman ventaja de sus puestos como integrantes de registros civiles para cometer los delitos de falsificación y alteración de documentos oficiales.
No muy lejos de Puebla, justo en el estado vecino de Oaxaca, se detuvieron a dos integrantes del grupo dedicado a la falsificación de documentos: una servidora pública y a un ex trabajador del Registro Civil que fueron sorprendidos realizando actividades relacionadas con la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, a principios del mes de febrero de este 2026, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de dos personas por el delito de falsificación y alteración de documentos, actividades ilícitas que estarían ligadas a la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.
Las investigaciones a cargo de la Vicefiscalía General de Zona Centro, la mujer detenida trabajaba en el Registro Civil de Oaxaca, mientras que el hombre es un ex trabajador de la misma institución.
Tras acciones de búsqueda, las dos personas involucradas en la venta de actas de nacimiento destinadas a migrantes fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.
Los registros civiles en el país son puntos buscados por grupos delictivos con el objetivo de que opere la red de venta de actas de nacimiento falsas, documentos que permiten realizar diferentes trámites. Ante la situación descubierta en Oaxaca, no está por demás que en el estado de Puebla se realicen investigaciones efectivas encaminadas a verificar que no estén operando integrantes de la delincuencia que ofrecen la nacionalidad mexicana con papeles apócrifos. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Opinión, Online)
HOUSTON.- Hoy Estados Unidos es un país radicalmente distinto al que era. Muchos estadounidenses viven con la impresión de que su país ha sido objeto de una invasión de otros pueblos. Rechazar al extranjero es una reacción natural a la inmigración. En la Ciudad de México hemos visto manifestaciones xenófobas en protesta por el asentamiento de una población estadounidense de unos cuantos cientos o miles. Solo el 1 por ciento de la población mexicana ha nacido en el extranjero, una cifra extraordinariamente baja en las comparaciones internacionales.
En 1950 Estados Unidos tenía 151 millones de habitantes, 89.5 por ciento blancos. La principal minoría era negra, 10 por ciento, que provenía de las personas introducidas al país como esclavos en tiempos coloniales. Un 6.7 por ciento había nacido en el extranjero, pero provenía principalmente de Italia, la Unión Soviética, Canadá y Alemania, países mayoritariamente blancos. Se calculaba una población hispana de solo 1.5 por ciento.
El censo de 2020, apenas 70 años después, mostraba otra realidad. Para empezar, el número de habitantes se había más que duplicado y alcanzado los 331 millones. La población blanca no hispana había descendido a 57.8 por ciento. Los hispanos o latinos (blancos y negros) se habían convertido en la primera minoría, con 18.7 por ciento. La población negra no latina había aumentado ligeramente a 12.9 por ciento. Había un número importante de asiáticos, 5.9 por ciento, mientras que un 4.1 por ciento se consideraba de dos o más razas no hispanas. Los indígenas norteamericanos y de Alaska eran apenas 1.1 por ciento.
En 2024, Estados Unidos tenía una población nacida en el extranjero de 46.2 millones, 14.8 por ciento. Según el censo de 2020, los principales países de origen eran ahora México, la India, China, las Filipinas y El Salvador. Los blancos no hispanos dejarán de ser la mayoría entre 2040 y 2050. No, no podemos culpar a muchos estadounidenses por sentir que su país ha sido invadido.
La migración fue la plataforma política de Donald Trump. En su primera campaña, la de 2016, prometió construir un muro en la frontera con México para frenarla. En 2024 ofreció cerrar la frontera para detener la invasión de inmigrantes… y lo ha logrado. El número de inmigrantes ilegales que entra al país ha caído en 95 por ciento.
Más complicado ha sido el esfuerzo por expulsar a quienes ya viven en el país. Los operativos de ICE (Immigration and Customs Enforcement) han enfrentado un creciente rechazo popular. En Minneapolis, Minnesota, produjeron una verdadera rebelión. Las imágenes de violencia en la detención de inmigrantes han sido cruciales para reducir la aprobación de Trump.
La inmigración no ha empobrecido a Estados Unidos, al contrario. La economía estadounidense es la que más ha crecido en el G7, el grupo de los siete países más prósperos. Al contrario de lo que argumenta Trump, los inmigrantes reciben menos apoyos sociales y cometen menos crímenes que los nativos. Tienden, por el contrario, a crear nuevas empresas. Casi la mitad de las principales compañías de Estados Unidos han sido fundadas por inmigrantes o sus hijos: Google, Nvidia, Tesla/Space X, Zoom, Intel, Amazon, Apple, Costco y muchas más.
Si bien el miedo al extranjero es normal, las sociedades con más inmigrantes suelen tener mejor desempeño económico. Lo vemos en Estados Unidos, mientras que en México las barreras a la migración han sido siempre un obstáculo para el desarrollo.
No les tembló la mano a las autoridades federales. El alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien trató de extorsionar a la tequilera José Cuervo subiéndole el predial 20 veces y cerrando una de sus plantas por no pagar, ha sido detenido por extorsión. Omar García Harfuch dio a conocer ayer su aprehensión y la de tres de sus directores municipales. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
El despido del Washington Post de un tercio de su personal, la publicación de nuevos documentos del caso Epstein y la intensificación de las redadas de ICE contra migrantes, podrían parecer noticias sin relación entre sí. Sin embargo, todas cuentan una misma historia: la de un poder que opera sin consecuencias.
Esto no es una teoría conspiratoria sino una realidad. Desde la elección de Trump la riqueza de los hombres más ricos del mundo ha crecido tres veces más rápido, de acuerdo con la última investigación de Oxfam. Y es que las políticas del nuevo gobierno han beneficiado directamente a los superricos. Esta acumulación no es solo económica: se traduce en poder político, mediático y militar.
En este contexto, los despidos del Post reflejan la fragilidad de la independencia mediática ante los intereses privados. Hoy, más de la mitad de los medios de comunicación más influyentes del mundo están en manos de multimillonarios. Seis de los cuales controlan nueve de las diez principales redes sociales y 8 de las principales compañías de inteligencia artificial. Todo esto se traduce en un control de la información, de nuestra atención y de lo visible.
El caso Epstein ilustra de forma aterradora cómo funciona este sistema. No como un crimen aislado, sino como un ejemplo de impunidad circular y estructural: redes que se construyen a través de favores sexuales y económicos para alcanzar más poder y mayor influencia. Todo esto para silenciar y dejar de investigar los delitos detrás de estas redes. El mensaje es claro: no todas las personas están sujetas al mismo nivel de responsabilidad.
Esta impunidad necesita, además, una narrativa que desplace el foco de atención. Con el apoyo de partidos de extrema derecha y medios comprados, cada vez en un mayor número de países, los gobiernos señalan a los migrantes como responsables de la inseguridad y la pérdida de empleos. Las redadas de ICE no son casos aislados, sino herramientas políticas que refuerzan esta lógica: castigar hacia abajo mientras se protege arriba.
Nada de esto es completamente nuevo. Lo que sí es nuevo es la escala y la velocidad con la que unas pocas personas concentran tal nivel de poder globalmente. Ante esto, lo que está en riesgo no es solo la democracia, sino la posibilidad misma de una gobernanza capaz de imponer límites a este poder privado.
Frente a este panorama, Oxfam propone medidas claras: cobrar impuestos de forma efectiva a los superricos, regular el lobby y las puertas giratorias, limitar la financiación privada de campañas, proteger la independencia de los medios y aumentar la transparencia de las plataformas digitales.
Ninguna de estas propuestas es radical. Lo verdaderamente radical es que sigamos aceptando que un puñado de personas acumule más poder mediático, económico y político sin ningún control democrático. Los despidos en el Post, las nuevas revelaciones de los superricos en el caso Epstein y las redadas de ICE no son hechos aislados. Son expresiones distintas de una misma patología: uno en el que la riqueza extrema compra impunidad a expensas de mujeres y migrantes. (Irene Tello Arista, El Universal, Opinión, p. 10)
Las personas trabajadoras agrícolas mexicanas en Estados Unidos enfrentan barreras persistentes para acceder a servicios de salud, se trata de uno de los grupos laborales esenciales para la seguridad alimentaria de esa voluminosa población del país del norte, de quienes trabajan sus tierras agrícolas, sin estatus migratorio regular en alta proporción y patrones de envejecimiento acelerado.
Un estudio realizado por María de Jesús Ávila-Sánchez y José Alfredo Jáuregui-Díaz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Jimena Méndez-Navarro, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, analiza el acceso a los servicios de salud de connacionales que trabajan la tierra en Estados Unidos y la evolución de su perfil sociodemográfico y legal, con base en la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, la cual recoge información mediante entrevistas presenciales en sus lugares de trabajo (National Agricultural Workers Survey, 1989 y 2022).
Las características demográficas y legales de los y las trabajadores agrícolas confirman su vulnerabilidad y la precarización del sistema productivo estadunidense, particularmente entre migrantes de origen hispano, quienes presentan bajos niveles educativos y salarios por debajo del umbral de pobreza, además de discriminación racial, de clase y de estatus migratorio.
El salario promedio por hora reportado es de 10.60 dólares, aunque difiere en jornaleros y quienes reciben pagos por pieza. Una significativa mayoría ya se ha establecido en Estados Unidos, casi 80 por ciento son no migrantes, residen permanentemente en aquel país y han desarrollado vínculos sociales, económicos y residenciales permanentes, sólo 7.8 por ciento se incorporaron a Estados Unidos (2022).
Los patrones migratorios transitan de una migración agrícola preponderantemente estacional en las décadas anteriores hacia una población mayoritariamente asentada, aunque sin estatus legal reconocido, lo que mantiene altos niveles de precariedad y exclusión de derechos. Se reproducen desigualdades históricas y estructurales: precariedad laboral, estacionalidad del empleo, bajo nivel de aseguramiento, inestabilidad jurídica migratoria, así como obstáculos lingüísticos y culturales.
El trabajo agrícola se asocia con alta exposición a riesgos físicos, químicos, ergonómicos y sicosociales, hay una carga relevante de enfermedades ocupacionales y crónicas. La agricultura es una de las industrias más peligrosas, la tasa de mortalidad laboral es de 21.4 por cada 100 mil trabajadores, muy por encima del promedio nacional (de 3.6).
Las largas horas bajo exposición solar directa, contacto con pesticidas, posturas forzadas, uso de maquinaria pesada y las tareas repetitivas favorecen el desarrollo de patologías específicas, lesiones por esfuerzo repetitivo, dermatitis por contacto y enfermedades respiratorias, se documentan casos de pérdida auditiva inducida por ruido y cánceres ocupacionales por exposición a químicos.
Se reporta además una alta prevalencia de enfermedades crónicas y ocupacionales, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, trastornos musculoesqueléticos, infecciones dérmicas y problemas visuales. En 2019, más de 217 mil trabajadores agrícolas fueron diagnosticados con sobrepeso y obesidad, 106 mil 574 presentaron hipertensión, 82 mil 968 tienen diabetes mellitus. Se suman los trastornos de salud mental, ansiedad, depresión y trastornos del estado de ánimo, que en conjunto afectaron a más de 100 mil de las y los trabajadores agrícolas en 2021.
Para minimizar los riesgos existen disposiciones específicas de saneamiento a trabajadores que realizan labores manuales, suministro de agua potable, instalaciones sanitarias y condiciones básicas de higiene, pero no son obligatorias para todos los empleadores.
A partir de programas públicos se reconocen avances en la cobertura, pero más de 60 por ciento de esta población sigue sin acceso pleno a servicios de salud, sus parejas tienen acceso limitado, en tanto que los hijos de las y los trabajadores muestran mayor cobertura gracias al financiamiento estatal, hace falta también anticiparse a las consecuencias del envejecimiento laboral en la productividad del sector agrícola. El artículo completo se incluye en la edición de 2025 de “Migración y Salud” del Consejo Nacional de Población (Conapo), junto con otros estudios al respecto, puede consultarse en https://ow.ly/M4SQ50Y1p1A
La industria agrícola es un sector que genera cientos de miles de millones de dólares anuales, pero mantiene una cobertura fragmentada de salud, elegibilidad restrictiva y falta de atención especializada para poblaciones en movilidad. Fortalecer y crear un programa federal de aseguramiento portátil que garantice la continuidad en la atención médica para las y los trabajadores agrícolas tendría que ser estratégico, toda vez que se trata de una de las principales fuentes para la alimentación de la población estadunidense. (Gabriela Rodríguez, La Jornada, Opinión, p. 12)
Paisanos, contra viento y marea // Remesas: casi de 62 mil millones // Deportados, cerca de 150 mil
La información oficial (Secretaría de Gobernación) indica que en el primer año de la segunda administración de (fuck) Trump, alrededor de 150 mil mexicanos han sido deportados como resultado de la canallesca cacería de inmigrantes que ese ignominioso personaje puso en marcha a partir de que se instaló en la Casa Blanca. Desde entonces, se previó una reducción en el monto de remesas de los paisanos, aunque todo indica que los cálculos iniciales resultaron no errados, pero sí exagerados respecto a lo que en realidad ha sucedido en esta materia.
Si bien a lo largo de 2025 se ha registró un descenso en el monto de las remesas, en los hechos la reducción fue menor a la originalmente estimada (que apuntaba a ser “catastrófica”, según opinaban algunos “analistas”), pues, contra viento y marea –siempre perseguidos y agredidos por el (fuck) ICE– los paisanos enviaron remesas por un monto cercano a 62 mil millones de dólares (algo así como un billón 200 mil millones de pesos), cantidad que resultó menor en 4.56 por ciento respecto a lo registrado en 2024. De cualquier suerte, esos recursos se distribuyeron en beneficio de sus respectivas familias.
Días atrás, el Banco de México informó que “en 2025, nuestro país recibió remesas por 61 mil 791 millones de dólares, lo que significó una caída de 4.56 por ciento en comparación con los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024. El número de operaciones de envío se redujo 5.48 por ciento, al pasar de 164.77 millones a 155.74 millones. El monto promedio de cada una de ellas reportó un aumentó marginal de 0.97 por ciento, al pasar de 393 a 397 dólares” (La Jornada, Braulio Carbajal).
Además, el descenso anual en el monto de remesas, provenientes principalmente de los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, “se da en medio de un recrudecimiento de la política migratoria estadunidense impulsada en el primer año de gobierno de (fuck) Donald Trump. En lo que se refiere sólo a diciembre de 2025, señalan los datos del Banco de México, sumaron 5 mil 322 millones de dólares, lo que significa un aumento nominal de 1.9 por ciento frente a lo reportado en igual del año anterior” (ídem).
De cualquier suerte, “el endurecimiento de la política migratoria puesta en marcha en Estados Unidos ha afectado los ingresos de 4.5 millones de familias mexicanas que reciben remesas, las cuales, también han visto disminuido su poder adquisitivo por la apreciación del tipo de cambio, que reduce el valor en pesos de los envíos en dólares. De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Michoacán tiene el mayor número de hogares y adultos receptores de esos recursos, con 456 mil 555 hogares (10.2 por ciento del total). La recepción es más frecuente en hogares encabezados por mujeres: 14.5 por ciento, contra 9.6 por ciento en los de hombres” (ibidem).
Desde el inicio de la segunda estancia de (fuck) Trump en la Casa Blanca se advirtió que su represiva política migratoria tendría un efecto altamente negativo para la actividad económica estadunidense, especialmente en estados en donde la mano de obra mexicana es fundamental (como en la agricultura, la construcción y los servicios, por ejemplo). Sin embargo, lejos de recapacitar sobre las decisiones tomadas, la cacería de inmigrantes (centrada en el color de piel de los candidatos a ser deportados o encarcelados) alcanza niveles verdaderamente fascistas.
En tanto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) analiza el resultado desde la óptica económica y resume que en el último mes de 2025, con cifras originales, los ingresos por remesas familiares observaron un total de 5 mil 322 millones de dólares, “lo que significó un incremento de 1.9 por ciento en comparación con diciembre de 2024, luego de la contracción de 5 por ciento observada este último periodo”.
En el último mes de 2025, apunta el CEFP, se cuantificaron 13 millones 59 mil 267 operaciones de envíos, dato 6.4 por ciento menor al de un año atrás. “No obstante, el monto promedio de envíos se elevó a 408 dólares, un incremento de 8.8 por ciento frente al registrado en diciembre de 2024 (375 dólares), lo que compensó los menores envíos. El repunte de las remesas familiares en el último mes de 2025 elevó el consumo de las familias receptoras, lo que tuvo un efecto positivo en la recaudación del IVA de ese periodo, con un aumento real anual de 17.7 por ciento”.
Las rebanadas del pastel
Atento mensaje de la presidenta Sheinbaum para quien quiera atenderlo: “México no se doblega, no se arrodilla ni se vende; no regresará a ser colonia de nadie”. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 18)
De ser el tema emblemático de su campaña electoral, la política migratoria se ha convertido en un pantano para el presidente Donald Trump.
En un esfuerzo para salvar cara, la idea ahora parece enfocarse más en la frontera y la construcción del muro, así como en una ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, donde los inmigrantes indocumentados encuentran refugio y aún apoyo.
Lo que podría ser un nuevo impulso a la construcción del muro fronterizo responde en cierta medida al fracaso político provocado por la brutalidad de las tácticas de las policías migratorias en Minneapolis, una ciudad a dos mil kilómetros de la frontera, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados por agentes en acciones videograbadas.
La reacción a las muertes produjo un serio descalabro político para el gobierno Trump, que llevó al retiro de 700 agentes de la Patrulla Fronteriza –parte del contingente de tres mil elementos enviados originalmente–, al congelamiento, quizá temporal, de su comandante Greg Bovino y un serio revés personal para Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Doméstica, y Stephen Miller, el subjefe de asesores de la Casa Blanca.
Noem viajó el miércoles a la frontera con México para subrayar la importancia de la valla fronteriza y la radical disminución de cruces ilegales, en buena medida para señalar que puede ser útil a pesar de las demandas de destitución por legisladores demócratas y los que se ven como fallos perjudiciales a su causa.
Miller es visto como autor de una política antimigrante demasiado agresiva, una que ha llevado de hecho a un continuo drama humano con impacto en la imagen política del presidente.
Ahora el veterano senador republicano Lindsey Graham propone actuar contra las ciudades santuario, pero bien podría agravar su choque con grupos religiosos pro-migrantes.
Las filmaciones de arrestos de niños, violentos arrestos de personas que llevaban a sus hijos a la escuela, así como videos de niños detenidos, los violentos puntos de control urbanos por agentes sin identificación, enmascarados, armados hasta los dientes, han enfriado gran parte del entusiasmo público por las detenciones masivas.
Los reportes sobre muertes en centros de detención, las detenciones de estadounidenses por su apariencia física o las amenazas por atreverse a filmar a los agentes han sido chocantes, por lo menos. Y el creciente choque del gobierno Trump con líderes de opinión, a comenzar con el Papa León XIV, y una gran parte del sector religioso del país.
El costo político es tal que ahora los republicanos comienzan a preocuparse por el ya más probable que posible impacto negativo en las elecciones de noviembre próximo.
Por lo pronto, las encuestas sobre el respaldo al gobierno Trump comienzan a arrojar resultados consistentemente negativos, con la popularidad del mandatario en apenas 35% en las más negativas.
Cierto que lo migratorio no es el único factor político en un país donde hay una creciente sensación de crisis económica, política y democrática, pero esa era su carta ganadora. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)
Washington. Estoy en esta ciudad, helada y cubierta de nieve, en una reunión sobre narcoterrorismo, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), organizada por la Unión Conservadora Estadunidense, financiada por Donald Trump y por el Partido Republicano de México. Hay representantes del PRI y del PAN, pero muchos mexicoamericanos, legisladores, funcionarios, la más importante, Sara Carter, la nueva zar antidrogas de Estados Unidos.
El tema, obviamente, es México, la colaboración binacional, y hay muchas voces diferentes, en su mayoría críticas, pero la visión general no pasa por intervenciones militares y otros extremismos (aunque también los hay), sino por una exigencia de colaboración, de definiciones del gobierno mexicano y, sobre todo, de tener mayor eficacia a la hora de desmantelar no sólo grupos criminales, sino también sus redes de protección.
Me pidieron una colaboración sobre el tema para este encuentro y éste es un extracto de ella.
El del fentanilo es un desafío global y no podrá ser contrarrestado sin una estrategia, por lo menos, binacional entre México y Estados Unidos. Pero la crisis del fentanilo trasciende a los dos países y tiene un tercer actor que es fundamental: China. Hay un elefante en la sala cuando se habla de fentanilo y es China.
El tráfico de fentanilo se sustenta en un trípode: China, que provee los insumos; México, que lo produce, y Estados Unidos, que lo consume. El lavado de dinero se da en sentido inverso: los recursos que genera el fentanilo se lavan primero en Estados Unidos, en muchas ocasiones a través de la banca clandestina china y desde allí se limpia para que ingrese al sistema financiero y se alimenta a los narcotraficantes y a los laboratorios que venden la droga.
Las redes del Cártel de Sinaloa y del CJNG operan con grupos vinculados con la banca clandestina china para blanquear recursos, lo hacen a través de casas de cambio clandestinas que envían el dinero hacia el extranjero vía criptomonedas.
Cuando comenzó la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa, a través de los hijos del Chapo Guzmán, descubrió las posibilidades del fentanilo. Era una forma de suplantar los opiáceos a través de una droga potente fácil de producir y traficar, muy barata y que dejaba unas enormes utilidades. El problema es que mataba por sobredosis con mucha facilidad.
Matar nunca fue un problema para los narcotraficantes y comenzó la fabricación y la venta masiva de la nueva droga. La pregunta es cómo se hicieron Los Chapitos de ese mercado, cómo se asesoraron, quién les comenzó a vender el producto. Y sabemos que fue a través de China, que estaba comenzando en ese momento la guerra comercial con Estados Unidos, era el final del gobierno de Barack Obama y el inicio de la primera presidencia de Donald Trump.
Los primeros laboratorios de fentanilo en Sinaloa que encontró el Ejército mexicano estaban controlados por químicos de origen chino. Poco después, China, en 2019, abandonó los controles aduaneros para la venta de fentanilo. Fue cuando se detonaron la producción, el consumo y también las muertes, en México y en Estados Unidos.
El gobierno de López Obrador, ese mismo año, impuso la estrategia de abrazos y no balazos con los traficantes. Al mismo tiempo comenzaban las caravanas migrantes hacia la frontera binacional. Es una hipótesis de inteligencia, pero se podía pensar que se trataba de una estrategia de pinzas: por una parte, presionar con la venta de fentanilo y las muertes por sobredosis, por la otra, con un enorme tráfico de migrantes, muchos de ellos enviados o expulsados de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ese tráfico de migrantes también era controlado por los cárteles. Para México y para Estados Unidos fue terrible.
El empoderamiento criminal alcanzó niveles inéditos, obtuvieron enormes recursos, mientras gozaban de una actitud, por lo menos, ligera de las fuerzas de seguridad, muchas de ellas penetradas por los grupos criminales y con formas de expoliación de la sociedad en México que pasó del tráfico de drogas y personas a la extorsión, el robo, el secuestro y el control de la prostitución en las grandes ciudades.
Los grupos del narcotráfico adoptaron, empoderados, la forma de organizaciones terroristas, imponiendo el miedo y buscando también mayores espacios políticos. En Estados Unidos, unos cien mil muertos por sobredosis de fentanilo al año, en México, 200 mil asesinatos y 80 mil desaparecidos en seis años fueron el costo de esa estrategia. ¿Se puede acabar con las redes de tráfico de fentanilo y otras drogas? Se pueden reducir drásticamente sus operaciones. Pero el esfuerzo debe ser continuado, debe ser, por lo menos, binacional, y debe tener una visión de futuro clara y global. Partamos de un principio: México es y debe ser parte de América del Norte, en comercio, en economía, pero también en política y seguridad, debemos tener una visión hemisférica de los problemas, incluyendo la migración, las drogas y el fentanilo.
A los grupos criminales se los debe combatir con inteligencia y con la fuerza. Y, en ambos sentidos, inteligencia y fuerza, México y Estados Unidos deben trabajar juntos, con información, con operativos y con objetivos claros.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha detenido a 40 mil personas y desmantelado 4 mil laboratorios, pero si no se rompe con las redes de protección y complicidad en el ámbito político, económico y de gobierno, esas redes se regeneran, vuelven a construirse. Eso es lo que el gobierno de México no ha hecho aún, pese a un cambio profundo en su estrategia de seguridad. Ése es el desafío actual y la definición que, mucho más temprano que tarde, tendrán que tomar Claudia Sheinbaum y su gobierno. Es una decisión que no admite salidas intermedias. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)

(Kemchs, El Universal, Opinión, p. 10)