Las vidas de las personas tienen un monto incalculable; sin embargo, entre las redes delictivas que se dedican al secuestro y trata de personas, los migrantes se convierten en fuentes de ingresos.
Sin ningún tipo de remordimiento, integrantes de redes que agreden a los llamados “sin papeles” privan de la libertad a los migrantes con el objetivo de obtener recursos por parte de familiares y amigos.
Los montos que los captores solicitan por “liberar” a una persona secuestrada son variados; sin embargo, en la mayoría de los casos piden recursos sin ninguna garantía de entregar a las personas con vida.
Una muestra de la lamentable situación que viven las personas que salieron de sus comunidades de origen con el objetivo de cumplir el llamado sueño americano, se presentó en Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Un par de migrantes que pasaron por la ruta del centro de México, vivieron momentos de angustia al ser secuestrados en un domicilio ubicado en el Distrito Valle. Un hombre originario de Venezuela y otro de República Dominicana fueron privados de su libertad. Los secuestradores exigieron un rescate de 30 mil dólares, más de 540 mil pesos a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, para su liberación.
Los llamados sin papeles fueron retenidos al norte de Ciudad Juárez Chihuahua. En el momento en que familiares y amigos iban a entregar parte de la suma solicitada, agentes especializados intervinieron y lograron liberar a los migrantes secuestrados.
Tras el ingreso táctico al inmueble, las autoridades encontraron que el grupo de secuestradores participaban tres personas: Jesús Eduardo, de 18 años; Limber Jamin, de 23 años; y un menor de edad.
Los secuestradores tenían un fusil de asalto con cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, armamento que refleja la peligrosidad y el poder con la que operan los grupos delictivos.
En conclusión, las violaciones a los derechos humanos son una constante hacia las personas en movilidad. Los secuestros y asesinatos alcanzan el máximo nivel de violencia que enfrentan los migrantes. Ante los riesgos que enfrentan los migrantes, urgen acciones para que se castigue la privación ilegal de la libertar y mecanismos para evitar los secuestros. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Dos horas en Palacio
El narcotráfico, la migración indocumentada, el tráfico de armas, el lavado de dinero en circuitos financieros son delitos multinacionales que para su combate efectivo requieren de la concurrencia de dos o más países. El reciente caso de la eliminación del Mencho, en el que tuvo una participación clave la información de inteligencia proporcionada por agencias americanas, lo demuestra.
Durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha logrado abatir el tráfico de fentanilo y la llegada a EU de migrantes. La cooperación es la respuesta. De manera que no debe extrañar que el embajador Ronald Johnson haya estado reunido dos horas en Palacio Nacional analizando las nuevas circunstancias después del operativo en Tapalpa.
Ronald, no hay que perderlo de vista, fue Boina Verde y alto mando de la CIA, de modo que está aquí para procesar eventos como la muerte del Mencho. Vienen más operativos conjuntos, más vale que lo normalicemos. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ayer que el gobierno al cual representa no tiene constancia de ningún informe sobre estadunidenses heridos, secuestrados o asesinados durante los episodios de violencia suscitados en gran parte del territorio mexicano tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “trabajando activamente para garantizar la seguridad de los estadunidenses en México”. Aunque pudo haberse limitado a estas declaraciones protocolarias, añadió una baladronada innecesaria: “los cárteles de la droga mexicana saben que no deben tocar ni un solo pelo a ningún estadunidense o pagarán graves consecuencias bajo la presidencia de Donald Trump”, aseveró.
Es imperativo que la funcionaria especifique a qué se refiere cuando habla de “consecuencias” ante actos de grupos criminales que tengan lugar en México. Si con ello alude a cualquier forma de intervención de Washington en nuestro país o pretensión de aplicar extraterritorialmente las leyes estadunidenses, como parece ser el caso, sus declaraciones se encuentran fuera de lugar y son en todo punto inaceptables. El amago de atacar a criminales en territorio mexicano no es una amenaza contra los cárteles, sino contra México: aquí hay un sistema de seguridad pública, un sistema de impartición de justicia y un marco legal que son los facultados para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en territorio nacional. Sugerir que un poder extranjero puede infligir consecuencias dentro de México ignorando a las autoridades locales y el debido proceso es un acto de violencia intolerable contra la soberanía nacional.
Lamentablemente, el exabrupto de Leavitt no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de faltas de respeto hacia México por parte de funcionarios, legisladores y políticos estadunidenses, quienes contravienen tanto las más elementales normas de las relaciones entre estados, como las posturas oficiales de los partidos a los que pertenecen y las administraciones para las que trabajan. En este sentido, es significativo que la vocera haya emitido sus comentarios minutos antes de que el embajador de Washington en nuestro país, Ronald Johnson, llegara a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hace justo un mes, el director de la Oficina Federal de Investigación, Kash Patel, incurrió en una falta parecida al mentir sobre un inexistente operativo conjunto de fuerzas mexicanas y estadunidenses para capturar a un presunto narcotraficante, y eventos similares se han sucedido desde que Joseph Biden estaba en la Casa Blanca.
El desorden declarativo de los funcionarios trumpistas no atañe sólo a México. La semana pasada, la vocera del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, tuvo que dejar su cargo al convertirse en chivo expiatorio por las calumnias escandalosas que ella misma, su superior, la secretaria Kristi Noem, el propio Trump y otros altos jerarcas lanzaron contra Alex Pretti, el enfermero brutalmente asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis, Minesota. En suma, la comunicación caótica y mendaz del equipo del magnate ya le está pasando una pesada factura política dentro de Estados Unidos, y es necesario hacerle ver que también es inadmisible cuando se traduce en faltas de respeto a México. (Editorial, La Jornada, Editorial, p. 2)
La desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los llamados Archivos Epstein, publicados en febrero de 2026, revelan una relación de trama conspirativa entre el ultraderechista ex asesor de la Casa Blanca Steve Bannon y el fallecido financiero pederasta Jeffrey Epstein. El objetivo de dicha complicidad era “derribar y debilitar” al papa Francisco.
Los correos electrónicos y mensajes intercambiados entre 2018 y 2019 muestran una conspiración internacional tendiente a atacar al papa Francisco. La razón es simple: Francisco tenía posturas progresistas en materia de pastoral social, ecología y, sobre todo, una visión muy firme en defensa de los migrantes.
Bannon y Epstein compartían amistad con Donald Trump. Difícil pensar que Trump estuviera al margen de la conspiración. Los documentos muestran que Bannon solicitó a Epstein apoyo financiero para fortalecer su red de movimientos populistas cristianos de extrema derecha en Europa.
El primer choque fue en febrero de 2016. En el avión rumbo a Roma, después de su visita a México. Un periodista le preguntó al Papa sobre las propuestas migratorias del entonces candidato Trump, que contemplaba la construcción de un muro en la frontera sur con México. El pontífice respondió: “una persona que piensa sólo en construir muros, donde sea, y no construir puentes, no es cristiana”. El entonces candidato presidencial reaccionó con dureza y minimizó la crítica del papa Francisco.
Calificó de “vergonzoso” que un líder religioso cuestionara la fe de una persona.
El entonces coordinador de la campaña de Trump, Steve Bannon, calificó al Papa argentino de enemigo ideológico.
Bannon, de 72 años, es un estratega político y ejecutivo de medios. Es considerado el arquitecto intelectual que ha pulido la ideología supremacista de Donald Trump. Es líder del movimiento MAGA (Make America Great Again).
Fue el arquitecto de la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Steve Bannon tiene un enfoque que exalta el nacionalismo económico, el populismo de derecha, el ultraconservadurismo religioso y la deconstrucción del Estado administrativo.
Bannon nació en una familia católica de clase trabajadora en Virginia. Sirvió como oficial en la Marina, trabajó como banquero de inversiones en Goldman Sachs y fue productor en Hollywood. Antes de sumarse a la campaña de Trump, dirigió el sitio web de noticias Breitbart, para difundir a la “derecha alternativa”.
Bannon, fue encarcelado cuatro meses en 2024 por desacato al Congreso, tras negarse a testificar sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Su lealtad hacia el presidente Trump es absoluta. Este mes, el Departamento de Justicia del segundo gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema anular dicha condena.
Utilizando las embajadas estadunidenses en Europa, desarrolló una red de movimientos ultraconservadores antipapa Francisco.
Desplegó una ofensiva con el fin de articular una red de movimientos populistas y de ultraderecha en Europa, con un fuerte componente religioso y tradicionalista, bajo el paraguas de su organización The Movement, fundada en 2017 con sede en Bruselas. La red no sólo buscaba influir en la política, sino también combatir el supuesto ecologismo, el globalismo y las posturas a favor de los migrantes, defendiendo una visión teocéntrica que se oponía a la línea pastoral del papa Francisco.
Pretendía unir partidos nacionalistas contra la Unión Europea, defendiendo una identidad basada en las raíces “judeocristianas” de Occidente. Tuvo aliados con peso político como Viktor Orbán, en Hungría, y Matteo Salvini, en Italia. Sin embargo, la impronta estadunidense y pretender replicar el modelo Trump en Europa, no tuvo el éxito deseado. Bannon financió numerosas organizaciones católicas que a través de redes, acosaron al papa Francisco.
Ya sea con fake news o actos de sabotaje que intentaron dañar la imagen del pontífice de Roma.
Volviendo a los archivos, a los correos electrónicos y mensajes intercambiados entre Epstein y Bannon. Este último le pidió recursos para financiar la extrema derecha cristiana en Europa, apuntalar la llamada “academia de gladiadores” que montada en el impresionante monasterio Certosa di Trisulti, actualmente propiedad de los cistercienses, en el centro de Italia. Otra iniciativa entre Bannon y Epstein fue la realización de una película basada en el libro del periodista francés, Frederic Martel, Sodoma: Poder y escándalo en el Vaticano, que refiere la homosexualidad extendida en los miembros de la curia vaticana que heredó Francisco. Según el autor, cerca de 80 por ciento de la alta jerarquía era homosexual.
Steve Bannon debe rendir cuentas por sus actos de conspiración y de sabotaje. ¿Salpicaría el caso al actual presidente estadunidense?
Finalmente, ¿hay que preguntarse y ocuparse de posibles conspiraciones de la ultraderecha confesional contra el actual Papa León XIV? Personajes ligados a Bannon/Trump, como el cardenal Raymond Leo Burke, Carlo Maria Viganò, ex nuncio, y Gerard Muller, entre otros, son una amenaza. (Bernardo Barranco V, La Jornada, Opinión, p. 17)
HABRÁ QUE REGISTRAR con qué humor arribó al Congreso estadunidense y el cúmulo de sandeces que (fuck) Trump vomitó en su discurso del Estado de la Unión, pero es indudable que para él el ambiente nada tiene de grato: el escándalo Epstein, la posibilidad de un juicio de desafuero (impeachment), el creciente rechazo de la ciudadanía a su mandato, la caída en picada de su índice de aprobación, el caldeado ambiente por su política migratoria (con fuck ICE a la cabeza) y golpes políticos y judiciales en su contra, como el recientemente propinado por la Corte Suprema de su país, que lo obliga no sólo a cancelar su demencial política arancelaria (“excedió su autoridad”, ergo, violó la Constitución) en contra de terceras naciones, sino a devolver todo lo que, ilegalmente, a ellas les ha cobrado desde hace casi un año (alrededor de 175 mil millones de dólares, de acuerdo con su propia estimación). (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Economía, p. 20)
Los aranceles de Donald Trump violan la Constitución. Esto, en pocas palabras, es lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, provocando la furia de quien se cree rey del mundo.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal de EU determinó que Trump excedió sus facultades constitucionales al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles sin autorización expresa del Congreso.
Así, el presidente, que sigue a la baja en las encuestas, se quedó con una varita mágica maltrecha a la hora de castigar o premiar al mundo.
El presidente estadounidense impuso aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), aprobada en 1977 en reemplazo de la vieja Ley de Comercio con el Enemigo (1917), que otorgaba poderes amplios al presidente en tiempos de guerra.
La nueva ley buscó limitar tales poderes en tiempos de paz.
Así, la IEEPA permite al presidente: declarar una emergencia nacional ante amenazas inusuales y extraordinarias, congelar activos, prohibir transacciones financieras e imponer sanciones económicas.
En distintos momentos, ha sido utilizada para sancionar a países como Irán, Rusia o Corea del Norte, y contra redes terroristas.
Nunca, sin embargo, había sido invocada para imponer aranceles generales.
Así, la Corte concluyó que el presidente no puede atribuirse una facultad que la ley no le otorga expresamente.
Como se recordará, al comenzar febrero, Trump decretó aranceles generales de 25 por ciento a nivel global, invocando la IEEPA y declarando emergencias relacionadas con el déficit comercial, la migración y la crisis del fentanilo.
México fue responsabilizado, en esa lógica, de las muertes por fentanilo, la migración masiva y el superávit comercial.
El 4 de marzo los aranceles entraron en vigor, aunque posteriormente se acordó una pausa para México tras negociaciones bilaterales que incluyeron el refuerzo de la seguridad fronteriza, la coordinación en control de armas y la instalación de mesas de trabajo en seguridad, comercio y migración.
Desde la óptica mexicana, tales aranceles violaban el vigente T-MEC.
De abril de 2025 a febrero de 2026, Estados Unidos recaudó aproximadamente 240 mil millones de dólares con los aranceles de Trump.
Al declararse inconstitucionales, el gobierno deberá reembolsar al menos 120 mil millones de dólares (aproximadamente 0.5 por ciento del PIB estadounidense), lo que impacta los objetivos de reducción del déficit fiscal.
Si se suman reclamaciones por intereses y daños, el efecto podría ser mayor y contraproducente respecto a la estrategia fiscal de Trump.
Tras el fallo, Trump anunció que recurrirá a otros mecanismos legales, además de que firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global temporal de 10 por ciento.
Tales herramientas, sin embargo, exigen procedimientos formales y son temporales, lo que reduce la capacidad de presión del Ejecutivo estadounidense.
Las repercusiones inmediatas para México son que se eliminan los llamados “aranceles por fentanilo” y el gravamen general de 25 por ciento (aplicado a bienes fuera del T-MEC).
Sin embargo, se mantienen los aranceles sectoriales, como el 50 por ciento al acero y aluminio, y 25 por ciento a autos y autopartes. Así, la industria automotriz sigue enfrentando una fuerte presión.
El arancel global temporal (150 días) de 10 por ciento deja fuera la mayor parte de las exportaciones mexicanas (83 por ciento, que cumplen con las reglas del T-MEC).
El acotamiento de las facultades presidenciales deriva en un mejoramiento de la posición negociadora de México y nos recuerda que el T-MEC ofrece estabilidad frente a la volatilidad global de la política comercial estadounidense.
Para México, el fallo judicial representa un alivio parcial, una mejora en su posición negociadora y una reafirmación de la estabilidad que ofrece el T-MEC.
Para Trump, implica la pérdida de su herramienta de presión más inmediata y la obligación de operar dentro de procedimientos legislativos más estrictos. (Dolores Padierna, El Financiero, Opinión, p. 24)
¿Imaginan qué tan vulnerable es una niña o un niño que está lejos de su hogar y de su país, sin su familia y con el riesgo de sufrir algún tipo de violencia?
De acuerdo con OXFAM Internacional, de más de 26 millones de personas que viven en condición de refugiadas alrededor del mundo, casi la mitad son menores de 18 años. Las posibles razones de su desplazamiento forzado son variadas, entre ellas, el hambre, la pobreza extrema, el cambio climático, la violencia, los conflictos armados y la persecución, agravándose los riesgos en las mujeres y las niñas por razones de género.
El informe anual “Un hogar en México”, publicado por ACNUR en 2025, también destaca que, en 2024, México fue uno de los 10 países del mundo con más solicitudes de asilo. En ese año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 78,975 solicitudes, principalmente de personas provenientes de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela; en 25% de los casos se trató de niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 700 no estaban acompañados.
Hace unos días, en el Senado de la República presenté una iniciativa de reforma al artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de movilidad humana no acompañada y que sean solicitantes de la condición de persona refugiada, reciban un trato acorde a su edad y sus necesidades por parte de las autoridades del Estado mexicano, con base en el principio del interés superior.
El propósito de esta iniciativa inspirada en la Tesis de Jurisprudencia 60/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que la ley establezca claramente un mecanismo institucional para llevar a cabo las entrevistas de elegibilidad dirigidas a niñas, niños y adolescentes, el cual deberá implementarse con base en las siguientes características:
– Ser realizadas por personal capacitado en técnicas apropiadas para la niñez y la adolescencia, y con base en las perspectivas de género y de interculturalidad;
– Considerar una forma adecuada de comunicarse con la niña, niño o adolescente solicitante, conforme a su especial situación de vulnerabilidad, de manera que puedan hacerse entender y comprender plenamente las preguntas que se les formulen;
– Llevarse a cabo en un entorno de confianza, confidencialidad y seguridad, proporcionando las condiciones necesarias para que puedan expresarse libremente, sin coacción ni temor a represalias;
– Reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que en todas las entrevistas esté presente su tutor, tutora o representante legal, sin que las opiniones de éstos sustituyan a las suyas; y
– Garantizar, en caso necesario, la presencia de un intérprete o traductor, de manera gratuita. (Lorenia Valles, El Sol de México, Análisis, p. 22)
En el análisis político, el error más común es confundir ruido con señal. Y el State of the Union está diseñado para producir ruido: aplausos coreografiados, invitados convertidos en argumento, gestos que sustituyen razones. Trump, además, ha añadido su sello de espectáculo. Pero, si uno aparta la parafernalia, queda lo sustantivo: el discurso como instrumento de poder. Un modo sobrio de leerlo es por capas.
Primera capa: el mito refundacional. El título no es inocente: America at 250: Strong, Prosperous and Respected. Invocar el 250 aniversario no es celebrar una fecha, sino anunciar una “era dorada” sin retorno. Desde ahí abrió la puerta al eje seguridad–frontera como fundamento del renacimiento nacional.
Segunda capa: Estado fuerte o Estado en alarma. Trump aseguró que no ha entrado “un sólo inmigrante ilegal”, que el tráfico de fentanilo cayó 56 por ciento y que la tasa de homicidios bajó como nunca. Alabó las deportaciones masivas y anunció medidas más duras, como negar licencias de conducir a inmigrantes. Exigió reabrir el DHS y redujo el debate a un falso dilema: proteger a los estadounidenses o a los inmigrantes. Retó a terminar con las ciudades santuario y a exigir identificación para votar. Más que política migratoria, el mensaje construyó a la inmigración como una amenaza estructural.
Tercera capa: el bolsillo. Dijo que la economía “está de vuelta”: inflación en 1.7 por ciento, gasolina por debajo de 2 dólares y tasas hipotecarias a la baja. Al contrastar, la inflación ronda 2.9 por ciento, la gasolina cerca de 2.94 por ciento y las hipotecas alrededor de 6 por ciento. La narrativa es clara: control económico como emoción política. Presentó también las Trump accounts, cuentas de inversión para niños bajo la lógica del capitalismo popular: no transferir renta, sino formar propietarios. No redistribución inmediata, sino incorporación al circuito del capital.
Cuarta capa: el contrapeso. Fue la primera vez que enfrentó en el recinto a los jueces tras el fallo que declaró ilegales sus aranceles. Minimizar el límite judicial y prometer vías legales alternas es también una señal sobre su concepción del equilibrio de poderes.
Quinta capa: el mundo. Afirmó haber terminado ocho guerras. Sin embargo, lo que se observa son treguas frágiles y conflictos reactivados, como en la República Democrática del Congo o en la frontera Camboya–Tailandia. Trump vende cierre pero los cabos sueltos, permanecen. Y adelantó una línea dura frente a Irán y su programa nuclear.
Celebró el abatimiento del líder del narco mexicano, la captura de Nicolás Maduro y la eficacia del Ejército. En ambos casos, comprimió la complejidad política y legal en una historia de operación exitosa: la épica desplazó al derecho.
Sexta capa: la guerra cultural. Sorprende el énfasis en celebrar la cancelación de programas de diversidad, equidad e inclusión. Convertir una disputa cultural en emblema nacional redefine el perímetro del nosotros.
Si tuviera que señalar un solo punto sería que este puede ser recordado como el State of the Union más abiertamente anti inmigrante de la era contemporánea: no por una medida aislada, sino por haber convertido la exclusión en principio narrativo del proyecto nacional. En conjunto, dibujó una nación más estrecha, menos plural en su definición oficial de pertenencia. (Valeria López Vela, La Razón, Mundo, p. 37)