La IA, arma del gobierno de Trump
Palantir Technologies Inc. es la contratista hightech privilegiada y predilecta del gobierno de Trump, quien ha expandido significativamente los contratos con sus agencias de espionaje (contra opositores políticos dentro y fuera del país), de vigilancia-seguridad (rastreo de migrantes y facilitación de sus deportaciones, por ejemplo), de inteligencia (contra el narco y los que consideran “terroristas”) y especialmente con el ejército estadunidense para potenciar preparación bélica con IA.
Así, Palantir Tech de la mano de su director ejecutivo, Alex Karp, ha expresado su compromiso de garantizar la supremacía militar de Estados Unidos y sus aliados, utilizando IA para asegurarla. Participó activamente en la preparación y ejecución de la llamada operación Absolute Resolve, el 3 de enero pasado en Caracas, con la finalidad de secuestrar a Maduro y Celia Flores, proporcionando tecnologías avanzadas de análisis de datos para identificar objetivos estratégicos, apoyo logístico y ejecución en la incursión cibermilitar.
Igualmente se enlaza con otras herramientas de IA de otras corporaciones de Estados Unidos e Israel, como lo ha estado haciendo al obedecer los dictados de los halcones y del hitleriano Trump para preparar y ejecutar las agresiones contra Palestina, Cuba y la guerra contra Irán, que está sucediendo ahora. La llamada inteligencia artificial militarizada se está usando por el trumpismo Donroe y el sionismo de Netanyahu para desatar guerras caníbales neocolonialistas. Juntos son un peligro y un infierno para la humanidad.
Ilegalidad de agresiones militares de EU
Si el Congreso de Estados Unidos no aprobó su participación en la agresión a Irán junto con Israel, el gobierno del norte está actuando ilegalmente, pero también lo ha hecho en el Caribe y Venezuela, y el Congreso no lo ha parado; menos, en muchas de sus acciones internas, algunas contra migrantes.
En el caso de Israel, parece también que la libertad a Netanyahu es absolutamente amplia y puede matar a diestra y siniestra, como lo sigue haciendo en Palestina sin que alguna voz disidente lo critique. Estamos entonces, ante el fracaso del derecho internacional y buena parte del orden jurídico. Pocos miembros del Congreso de Estados Unidos, como Bernie Sanders, han advertido de esta ilegalidad que debió señalarse en los minutos siguientes a la agresión a Irán. Paradójicamente, países como Francia, Reino Unido y Alemania censuran la respuesta de Irán a Israel. Nos hallamos no sólo con la complicidad de dos tipos que nos encaminan a una tercera guerra mundial, que no tienen freno de nadie, porque su voluntad personal rebasa todo. (Miguel Ángel Adame Cerón y Tere Gil, La Jornada, Editorial, p. 8)
La reciente reunión encabezada por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, con líderes locales para discutir la posible instalación de centros de detención migratoria en los condados de Berks y Schuylkill refleja mucho más que un debate administrativo.
Para quienes observan el tema desde fuera de Estados Unidos, es importante entender que Pensilvania es uno de los estados más poblados e influyentes del país, y que las decisiones de su gobernador pueden marcar la pauta de cómo se implementan o se cuestionan ciertas políticas federales dentro de su territorio.
El tema en discusión gira en torno a la posibilidad de ampliar o establecer instalaciones utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener a migrantes. Aunque la política migratoria es una responsabilidad del gobierno federal, los estados y gobiernos locales pueden influir significativamente en si estas instalaciones se construyen o continúan operando. Por eso, la decisión de escuchar a autoridades locales y evaluar el impacto en las comunidades tiene implicaciones que van más allá de un solo proyecto.
Para muchas comunidades migrantes, la discusión no es abstracta. La presencia de centros de detención suele generar temor e incertidumbre en familias que viven, trabajan y han construido su vida en estas regiones. En lugares donde la población migrante es parte importante del tejido social, estas decisiones pueden afectar la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones y la estabilidad de comunidades enteras.
En este contexto, el papel de los gobiernos estatales adquiere una relevancia especial. Cuando un gobernador convoca a líderes locales para analizar el impacto de políticas federales, está ejerciendo una función clave dentro del sistema político estadounidense: actuar como puente entre decisiones tomadas en Washington y las realidades que viven las comunidades en cada estado.
Además, este episodio forma parte de una tendencia más amplia en varios estados del país. Gobernadores y autoridades estatales han comenzado a examinar con mayor detenimiento el impacto local de las políticas migratorias federales. Un ejemplo cercano es el del estado vecino de New Jersey, donde el gobernador Phil Murphy ha impulsado medidas que limitan la expansión de centros de detención migratoria dentro de su estado.
Estas decisiones reflejan el funcionamiento del sistema federal estadounidense. Aunque el gobierno federal tiene amplias facultades en materia migratoria, los estados conservan herramientas legales y administrativas que pueden influir en cómo se aplican esas políticas. Ese equilibrio entre niveles de gobierno forma parte del diseño institucional del país y actúa como un mecanismo de contrapeso frente a decisiones centralizadas.
Para la comunidad migrante, estos contrapesos pueden representar una forma indirecta de protección. No significan necesariamente la eliminación de las políticas migratorias federales, pero sí pueden crear espacios donde se evalúe su impacto y se busquen alternativas que reduzcan el daño social o la tensión en comunidades locales.
En una nación cada vez más polarizada, la existencia de gobernadores, legisladores y líderes locales dispuestos a cuestionar o revisar decisiones federales también cumple una función democrática fundamental. La fortaleza de un sistema político no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de sus instituciones para debatir, equilibrar el poder y proteger a las comunidades.
En ese sentido, discusiones como la que se vive hoy en Pensilvania muestran que, incluso en tiempos de profunda división política, los mecanismos de contrapeso siguen siendo una pieza esencial del sistema democrático estadounidense. (Azul Etcheverry, El Heraldo de México, Online)