La representación de los migrantes que viven en el extranjero en el poder legislativo federal y en el Congreso del Estado de Puebla se mantiene como un pendiente, a pesar de las reformas electorales.
La reforma electoral a nivel federal, que está en marcha, incorpora, por primera vez de manera explícita, diputaciones federales reservadas para migrantes residentes en el extranjero; sin embargo, falta camino por recorrer para que se alcance una verdadera representación de quienes son mexicanos, se fueron en busca de mejorar sus condiciones de vida y apoyan el desarrollo de sus comunidades con las remesas que envían.
La reforma electoral federal, a pesar de incluir la figura de ocho diputados migrantes, ahora elimina la representación proporcional en el Senado, lo que limita la posibilidad de que haya senadores migrantes. En otras palabras, Puebla no podrá contar en próximos procesos electorales con la posibilidad de que uno de sus migrantes ocupe un lugar en la cámara alta.
De alguna forma, la reforma electoral permite que haya representación de migrantes; sin embargo, faltarán medidas para garantizar que los mexicanos que vivan en el extranjero velen por los intereses de los paisanos y no solo por los propios.
Con la reforma electoral, el riesgo de que ocho supuestos líderes migrantes sin un peso específico lleguen al Congreso de la Unión está presente; además existen altas posibilidades de que, una vez en el cargo, se olviden de buscar beneficios para los compatriotas.
En Puebla, el Congreso local ya aprobó el nacimiento de la primera diputación migrante; sin embargo, en la realidad, existen más deseos que acciones concretas para tomar en cuenta las opiniones de las mujeres y hombres que dejaron su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida.
Las elecciones de 2027 en Puebla serán trascendentales porque, por primera vez, se podrá elegir al llamado diputado migrante. El problema es que todavía existen retos como fortalecer el padrón de mexicanos residentes en el extranjero, facilitar la credencialización, aumentar la participación ciudadana y, sobre todo, tomar en cuenta sus puntos de vista en acciones que beneficien a las llamadas zonas expulsoras. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Hace seis meses comentaba en esta misma columna que el regreso de Trump a la presidencia de EU traía muchas incertidumbres y la amenaza de deportaciones masivas era de las que más preocupaban a México. No era para menos: los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso entre la población indocumentada en aquel país (cerca de 4.3 millones).
El Gobierno mexicano, en una lógica de “por si las dudas”, decidió no solo preocuparse, sino ocuparse. Diseñó una estrategia integral que incluía fortalecer la asistencia consular y, ante una posible deportación, prometía acceso a programas de bienestar, empleo, transporte, afiliación al IMSS y un apoyo económico de dos mil pesos mediante la Tarjeta Bienestar Paisano. Como pieza clave se instalaron diez centros de atención para repatriados en puntos estratégicos de la frontera norte.
La lógica parecía buena: recibir con brazos abiertos a los connacionales expulsados. Sin embargo, el fenómeno tuvo una magnitud distinta a la esperada. Las cifras de personas devueltas por autoridades estadunidenses y recibidas por México durante 2025 fueron de las más bajas en décadas: cerca de 160 mil eventos, una reducción del 22.3% respecto a 2024, uno de los niveles más bajos en 30 años.
Esta realidad, sin duda una buena noticia para los migrantes y sus familias, nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión sobre la planeación de la respuesta gubernamental. ¿Por qué se dimensionó una estrategia para un escenario de cientos de miles de deportados? ¿Fue el uso de los recursos, como esos 10 centros de atención, el más adecuado para la realidad que finalmente se presentó?
Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, se puede afirmar que, probablemente, no. Se excedió la respuesta en algunos aspectos, mientras que quizás se quedó corta en otros, como en la atención a las comunidades mexicanas que viven con el miedo cotidiano dentro de EU. La aparente paradoja es evidente para muchos: las redadas del ICE y las historias de terror abundan en los noticieros, pero las cifras de arrestos, aunque han aumentado sustancialmente, no alcanzaron los escenarios de deportación masiva que se suponían, sobre todo en las dimensiones para las que en algunos aspectos se preparó el Gobierno mexicano.
Recientemente un periodista me consultó sobre esta contradicción. La explicación –y posible error de diagnóstico– es que la mayoría de las deportaciones históricas se explica por aprehensiones en la frontera, de personas que intentan ingresar sin documentos. Con el endurecimiento fronterizo, los cruces indocumentados se redujeron drásticamente. Por lo tanto, las devoluciones también cayeron. No hay paradoja, sino mala interpretación de estadísticas.
Quizá el Gobierno imaginó un escenario similar a 2008 (medio millón) o inicios de siglo (más de un millón). Pero esos escenarios ocurren cuando hay gran flujo de personas intentando cruzar, situación que, para migrantes mexicanos, hace años no sucede. La lección es valiosa. La política migratoria no puede construirse solo con amenazas discursivas. Requiere un diagnóstico fino, que mida flujos reales, cambios en el perfil del migrante y nuevas dinámicas en EU. Prepararse para lo peor es una máxima política, pero hacerlo sin una lectura adecuada del presente puede llevar a sobreactuaciones costosas y a descuidar los problemas reales que viven los mexicanos en el exterior. (Luis Enrique Calva Sánchez /Profesor-investigador de El Colef Monterrey. Coordinador de la Especialidad en Migración Internacional, Milenio Monterrey, Online)
Bajan las remesas pero siguen siendo benditas
Enero no fue un buen mes para las remesas que bajaron 1.4% vs. enero de 2025 totalizando en 4,594 mdd. Con excepción de diciembre en que subieron, en los últimos 10 meses, el envío de remesas ha disminuido.
Sin embargo, se mantienen como “benditas remesas” porque son la principal fuente de captación de divisas y de acuerdo con BBVA que realiza el mejor análisis sobre remesas en México, en 2025 representaron el 3.4% del PIB nacional con un total de 61,791 mdd. Se anticipa que a pesar de la tendencia a la baja, terminarán en 2026 arriba de 60,000 mdd.
Aunque el monto promedio por remesas, 404 dólares, subió en enero 3.9% a tasa anual, el número de operaciones descendió 5.2% a tasa anual.
Las remesas son además, un motor del consumo principalmente en las entidades que dependen más de las remesas que son las de menor crecimiento económico. BBVA resalta que en Guerrero y Chiapas representan el 13.9% del PIB estatal, seguido de Oaxaca con 10.7%; Michoacán con 10.5% y Zacatecas con 9.9% y son las entidades más afectadas por la baja en remesas. (Maricarmen Cortés, 24 Horas, Negocios, p. 15)
En política exterior, las decisiones de los líderes democráticos rara vez responden a una sola motivación. Cuando están en juego recursos públicos cuantiosos, la reputación internacional o la posibilidad de una escalada militar, los gobiernos suelen articular múltiples justificaciones para movilizar tropas, firmar acuerdos y asegurar respaldo interno. En el caso de la actual confrontación con Irán, Estados Unidos e Israel aprovecharon una coyuntura marcada por la vulnerabilidad interna del régimen iraní.
Años de mala gestión económica con altos niveles de inflación y desempleo habían generado un profundo malestar social, especialmente entre los jóvenes, cuya frustración y falta de oportunidades se tradujo en crecientes cuestionamientos al liderazgo de los ayatolas.
A esta fragilidad doméstica se sumó un deterioro en el frente externo. El ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, con un saldo de alrededor de mil 200 muertos y la toma de cientos de rehenes, marcó un punto de inflexión. Israel atribuyó responsabilidad indirecta a Irán por su financiamiento y respaldo a Hamas, Hezbolá y otras organizaciones armadas en la región. Para Israel, la respuesta no sólo era una cuestión de represalia, sino de disuasión estratégica frente a la proyección regional iraní.
En los meses posteriores, Israel emprendió operaciones selectivas contra la dirigencia de Hamas, incluyendo acciones de alto perfil que demostraron una capacidad significativa de penetración en estructuras de seguridad iraníes. Estas operaciones no sólo enviaron un mensaje a Teherán, sino que alteraron los cálculos estratégicos de la región.
Para Israel, el objetivo central ha sido impedir que Irán consolide capacidades nucleares militares y debilitar su red de aliados armados. Para Estados Unidos, además de contener la proliferación nuclear, se podría ver en la coyuntura una oportunidad para presionar por un cambio de régimen o para redefinir el equilibrio regional. No puede descartarse tampoco que, en un año electoral legislativo, un conflicto externo pueda funcionar como mecanismo de cohesión nacional en torno a Donald Trump.
Los republicanos enfrentan un escenario adverso por el alto costo de vida, la política migratoria y el desgaste asociado al caso Epstein. En este contexto, una postura firme frente a Irán puede resultar políticamente rentable para movilizar a su base electoral, aunque conlleve riesgos estratégicos significativos. Iniciar o escalar una guerra sin objetivos claros implica altos costos. Irán, si bien es un adversario declarado, no había lanzado un ataque directo contra territorio estadounidense y se encontraba en negociaciones para limitar su programa nuclear. Trump rompió su promesa de evitar nuevas guerras.
Hasta ahora, no se ha anunciado el despliegue de tropas estadounidenses en territorio iraní. La estrategia parece centrarse en operaciones aéreas y apoyo indirecto. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que las campañas aéreas, aunque tácticamente exitosas, rara vez son suficientes para alcanzar objetivos políticos duraderos.
Es irresponsable propiciar un cambio de régimen sin un plan integral para la fase posterior al conflicto. La experiencia de Libia y Siria ilustra los peligros de desmantelar estructuras estatales sin una estrategia clara de reconstrucción institucional, reconciliación política y estabilización económica. El vacío de poder puede derivar en fragmentación, violencia prolongada y expansión de actores no estatales armados.
Israel y Estados Unidos no enfrentan las mismas amenazas ni persiguen idénticos fines. Para Israel, la prioridad es la seguridad inmediata frente a un enemigo regional activo. Para Washington, la decisión involucra consideraciones globales, credibilidad estratégica y equilibrio de poder. Sin embargo, en ambos casos, el riesgo mayor es que, tras décadas de autoritarismo, la población iraní termine atrapada no en una transición democrática, sino en un escenario de caos y desintegración estatal.
La tentación de capitalizar la debilidad del adversario puede ser alta. Pero sin objetivos claros, legitimidad interna y una estrategia de salida coherente, la guerra deja de ser un instrumento racional de política y se convierte en una apuesta peligrosa, cuyas consecuencias pueden trascender generaciones. (Gabriela de la Paz, Reforma, Opinión, p. 8)