¿De verdad no entienden que la reforma no es un capricho, sino una demanda popular… una necesidad? (Rayuela, La Jornada, Contraportada)
EL FAMOSO “Plan B” que se está cocinando en la 4T apunta a vulnerar el federalismo, ir contra la autonomía de los estados y de paso dejar en letra muerta el concepto de municipio libre.
EN EL ESBOZO de las reformas que se pretenden hacer está modificar la composición de Congresos estatales y hasta la integración de los cabildos, asuntos que en una República como la mexicana son competencia de los gobiernos locales.
LO QUE NO SE ALCANZA a entender es el propósito de estos cambios y si con el pretexto del ahorro y la disminución de costos, lo que se busca es el fortalecimiento del poder político de los gobernadores. ¿Dónde entonces queda la división de poderes? Es pregunta muy republicana.
POR CIERTO, en la encerrona de Palacio Nacional la noche del miércoles se convocó a dirigentes del PT, del Partido Verde y de Morena, incluidos asesores, con la intención de arrastrar el lápiz y empezar a delinear las propuestas del “Plan B”.
Y LO QUE llamó la atención de varios asistentes es que en la mesa de funcionarios gubernamentales y de morenistas no apareció Pablo Gómez, quien fue el responsable de la malograda reforma constitucional que no tuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Tanto verdes como petistas comentaron que era una señal de que el tono de las negociaciones ahora sería más favorable.
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum abrió la reunión y subrayó que era necesario trabajar distintos cambios legislativos que “eliminaran los privilegios” en materia política y electoral. Y tras su mensaje se retiró para encargarles las nuevas redacciones.
EN MEDIO del barullo por la reforma electoral, la Presidencia envió al Senado otra iniciativa que está causando inquietud entre las empresas agropecuarias.
LO QUE esta reforma busca es enmarcar los permisos de exportación de los productores agrícolas en las condiciones laborales de sus empleados. La reforma modifica la Ley de Comercio Exterior, la de Administración Pública y, por supuesto, la laboral.
EL ARGUMENTO es que la gran mayoría de los jornaleros, por ejemplo, trabajan en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad social. Y como el sector agropecuario es de los pocos que sigue teniendo dinamismo, pues por ahí están buscando cargarle la mano.
EL PUNTO ES que hay grupos como los aguacateros o los limoneros que pagan altos costos por la inseguridad, extorsiones y cobro de piso y si eso no se resuelve, cualquier iniciativa de mejora laboral quedará corta ante los riesgos que corren jornaleros y agricultores.
EL OTRO aspecto tiene que ver con las exigencias laborales en acuerdos con Estados Unidos y Canadá que pueden volver a discutirse ahora que se revise el T-MEC, y los ajustes legales mexicanos deberían ir en concordancia con los pactos comerciales. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
“Papeles” de El Mencho y “papelón” de policía de Lemus
Ayer le dimos a conocer que en las narconóminas que estaban en la cabaña que habitaba con toda tranquilidad y protección en el estado de Jalisco, el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se daba cuenta de pagos a la Policía Estatal de Caminos, creada por el gobernador Pablo Lemus Navarro. Sobre el tema, el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, señaló que “no es que (las policías) estén involucradas necesariamente.
Aparecieron por ahí en algunos documentos, eso es todo… cualquiera puede dejar un papel tirado ahí afuera, poner los nombres de alguien”. El problema, don Roberto, es que esos papeles no fueron tirados por “cualquiera”, eran los papeles del capo más buscado que, por cierto, vivía en el estado y circulaba por los caminos sin ser molestado. Papel, mejor dicho, papelón, el que hacen al tratar de defender a los policías de Lemus.
Suspenden negocito a paleros
En la Presidencia de la República se tomó la decisión de sancionar a un medio de comunicación “alternativo”, de los que acuden a la mañanera. Se trata de Medios del Pacífico al que, nos cuentan, se le aplicó una suspensión temporal por realizar gestiones durante sus intervenciones en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos comentan que la instrucción ahora es revisar con lupa cada planteamiento que se haga en ese espacio cuando pueda interpretarse como gestión y no como una pregunta informativa. ¿Será que ya no les gustó en Palacio el negocito que hacen a diario los paleros que Jesús Ramírez llevó a las conferencias desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?
Sergio Mayer, nominado para salir de Morena
Después de ser eliminado del reality show por el que dejó la Cámara de Diputados, Sergio Mayer prepara su regreso a San Lázaro la próxima semana. Nos recuerdan que el legislador con licencia dijo haber aceptado participar en La casa de los famosos, que se transmite en Estados Unidos, para hacerle ver a Donald Trump la importancia de la cultura latina.
No sabemos si el presidente de Estados Unidos habrá tenido oportunidad de ver el programa, pero nos dicen que de lo que puede estar seguro don Sergio es que su bancada prefiere que se quede su suplente, Luis Morales, y como sus derechos en Morena fueron suspendidos, la pregunta es si podrá regresar a la bancada guinda. Como en los programas que le gustan, está nominado por sus correligionarios para eliminación.
Llamado de auxilio de dos exdiputadas
Nos cuentan que a la Cámara de Diputados llegó la petición de dos exdiputadas, una federal y una local de la Ciudad de México, quienes padecen cáncer de mama y no han podido recibir tratamiento en el sector público. Las exlegisladoras enviaron cartas a la Mesa Directiva para ver la posibilidad de recibir apoyo, ya sea monetario o para la gestión de sus tratamientos.
Una de las excongresistas, cuyos nombres no darán a conocer, es de Morena. ¿Les harán caso en San Lázaro o les dirán que no se preocupen porque tenemos un sistema público de salud mejor que el de Dinamarca? A lo mejor les dan el teléfono de Hugo López-Gatell en Ginebra para que les envíe desde allá unos detentes. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Que será la dirigencia nacional de Morena la que defina si sanciona a las tres diputadas de la bancada guinda que votaron contra la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió el coordinador de esa bancada en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, y puntualizó que él no lo hará ni se convertirá en “tribunal especial de conciencia” para revisar los casos de Giselle Arellano, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor, que acabaron de enterrar el proyecto junto con el vacío que hicieron otros cuatro, entre ellos Olga Sánchez Cordero.
Que una vez más la Presidenta debió salir al paso de las versiones de que se va a suspender la Copa del Mundo de futbol de la FIFA, cuya comisionada por el lado mexicano es Gabriela Cuevas, debido a la guerra en Medio Oriente y los efectos que tiene a escala global, sobre todo las repercusiones económicas por el lado energético. “Nada, al revés, sigue marchando todo normal, y el riesgo de un ataque por el contexto bélico es muy bajo”, expuso.
Que en la parte cómico-musical del circo político, el diputado federal con licencia Sergio Mayer platicó que no ha sido notificado sobre su suspensión de derechos en Morena, que tiene más problemas que andar fijándose en él, y aseguró que la próxima semana retomará su actividad legislativa, después de su paso por el reality show de La Casa de los Famosos, adonde entró para seguir pagando los estudios y sueños de sus hijas, porque es actor, así como otros de sus compañeros “tienen negocios, despachos, son abogados, licenciados, doctores…”. ¡Corte!
Que hablando de los guindas, en Chihuahua tienen identificados ya algunos “focos rojos” que están provocando fricciones internas y uno se llama Juan Carlos Loera de la Rosa, senador que de manera reiterada lanza fuego amigo y ha arreciado sus críticas a funcionarios de la administración local, como la delegada estatal de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, porque, dicen en aquel estado, algunos grupos buscan ya posicionarse rumbo a las candidaturas. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Rosa Icela coordina al equipo
Encargó la presidenta Sheinbaum a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la coordinación del equipo que redactará el borrador del Plan B electoral. En el grupo están la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, junto con los coordinadores parlamentarios del partido: Ricardo Monreal, del Senado; e Ignacio Mier, de San Lázaro. Por parte del PVEM participa Arturo Escobar; y del PT Reginaldo Sandoval. También están integrados la Consejera Jurídica, Esthela Damián; Jesús Ramírez, Pablo Gómez y Bernardo Valle.
Reproche a diputadas
La presidenta Sheinbaum se refirió a aquellos legisladores de la 4T que votaron en contra de la iniciativa de reforma electoral. “Se hacen las cosas por convicción, quien no votó, pues no tiene esa convicción”, dijo sin mencionar nombres. Pero en Morena pensaron en las diputadas Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor y Giselle Arellano Ávila.
Banqueros afinan cumbre
En la Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, andan muy entusiasmados porque la presidenta Claudia Sheinbaum inaugura la 89 Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo, el próximo 19 de marzo. Todos los detalles han sido cuidados de manera exhaustiva para que todo salga a la perfección ese día.
Macron respalda iniciativa de la SEP
Vaya respaldo recibió el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por su iniciativa de limitar el acceso de menores a redes sociales para proteger su integridad y salud mental. Resulta que el presidente francés, Emmanuel Macron, le mandó un mensaje en español, en X: “¡Qué padre! Gracias por unirse al movimiento”. ¡Voilà!
Destituido por dobletear
Como anticipamos ayer, Alejandro Palacios Espinosa, fue destituido como consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California Sur. El Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Taddei, encontró elementos suficientes para separarlo del cargo. Y es que comprobó que recibía pagos por parte de un ente distinto al organismo.
DEA felicita a México
Celebró la DEA, encabezada por Terrance Cole, el decomiso de 270 kilos de fentanilo, en Colima, por parte del gabinete de Seguridad de México, al mando de Omar García Harfuch. La agencia estadounidense felicitó al gobierno mexicano, y no perdió la oportunidad de resaltar que dicha incautación se logró gracias al intercambio de información de inteligencia.
Sobre aviso…
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, advirtió cero tolerancia hacia al hostigamiento y acoso sexual. Al suscribir un acuerdo en la materia, la fiscal mencionó que tampoco tienen cabida otras formas de violencia de género, como condicionar beneficios laborales, castigos o sanciones, ni privilegios a cambio de favores. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Morenistas ‘rebeldes’, al ‘tribunal de conciencia’
A los diputados de Morena que votaron en contra de la reforma electoral y a los que se ausentaron de la sesión, les espera el “juicio de la militancia” y el “tribunal de la conciencia”, advirtió el jefe de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal. “Nuestra militancia es dura, es exigente, exige congruencia y consecuencia, porque se ha formado en territorio y exige que todo el mundo respete los principios y los ideales de nuestro movimiento”, advirtió a sus compañeras Yunueen Arellano, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor. Ni la ministra Olga Sánchez Cordero se salva, pues aunque estuvo en el salón de sesiones, no votó. ¿Seguirán la suerte de Sergio Mayer?
¿As bajo la manga de los Monreal?
Los Monreal ya tendrían armado su juego en Zacatecas para la próxima contienda electoral incluso sin impulsar a ninguno de los 14 hermanos, para evitar líos con el partido y con la presidenta Sheinbaum, por aquello del nepotismo. Es por ello que –nos cuentan– ya están perfilando a la senadora Verónica Díaz Robles, quien estuvo casada con el ingeniero Luis Monreal Ávila y tienen dos hijos; es decir, al final el estado nuevamente recaería en la línea familiar de los Monreal. Mientras, la legisladora ya se apuntó para el proceso interno de Morena y como en 16 años el cargo no ha sido ocupado por una mujer, los lineamientos de paridad podrían jugarle a favor. Vaya astucia.
En defensa del golfo de California
Varias organizaciones ambientalistas aprovecharon la visita a México del relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, para alertarle sobre los riesgos que conllevan los megaproyectos propuestos para la zona, concretamente la construcción y operación de gasoductos, terminales de licuefacción e instalaciones para el transporte y exportación de gas fósil. Le advirtieron sobre los potenciales efectos negativos en ecosistemas marinos y terrestres, así como afectaciones a los derechos humanos de comunidades costeras. Ojalá que el relator haya tomado nota, por el bien del denominado Acuario del Mundo.
Se empoderan mujeres, ‘toman’ Palacio Legislativo
Prolongaron el 8 de marzo y ayer “tomaron” la sede de la Cámara de Diputados presidentas de Congresos locales, diputadas federales y locales de todos los partidos, titulares de secretarías estatales de la Mujer, integrantes de colectivos y hasta la International Women’s Forum Capítulo México. “Las mujeres tomamos la Cámara de Diputados para defender nuestros derechos”, celebró la panista Kenia López. Que nadie se asuste, solo celebraron ayer en San Lázaro el Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria.
¿Años de cárcel por protestas del 8M en Campeche?
La góber de Campeche, Layda Sansores, advirtió que las dos manifestantes detenidas el 8 de marzo tras las protestas por el Día de la Mujer podrían enfrentar hasta 37 años de prisión por homicidio en grado de tentativa, luego de que agredieron a mujeres policías. Advirtió a las mujeres que pretendan manifestarse que “lo piensen”. Si bien es reprobable la agresión que cometieron contra las uniformadas, lo cierto es que el amago no puede desvincularse del clima de autoritarismo que priva en la entidad y de embates contra la libertad de expresión.
Revés del INE al PRI-NL
El INE ordenó al PRI sustituir un spot en Nuevo León por presunta calumnia, pues se asegura que el gobernador Samuel García extorsiona con “pagos fuertes” a empresarios, a través del presidente local de Movimiento Ciudadano, del cual se muestra un audio. “Lo nuevo son los pagos fuertes”, dice el mensaje, ironizando con la frase propagandística usada por el emecista (el “nuevo Nuevo León”). La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que el propio mensaje hace referencia a que es un audio filtrado, por lo que al tratarse de una grabación apócrifa, excede los límites de la libertad de expresión. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
› Abuso de Cometra en el Metro
Lamentable y hasta ahora impune, nos comentan, el caso de una joven que fue acosada por elementos de la empresa de seguridad Cometra en instalaciones del Metro. Resulta que a Noemí, quien ayer hizo pública su denuncia en redes sociales —y pidió apoyo al titular del SCT, Adrián Rubalcava— un custodio de esa empresa le tomó fotografías de varias partes de su cuerpo.
La joven entonces acudió con un policía de la estación, pero éste sólo le pidió al acosador que borrara las fotos de su celular y que se fuera, al igual que a otro custodio que se carcajeaba ante la víctima. El pretexto que dio el uniformado para no actuar fue que los elementos de Cometra, quienes por cierto iban armados, estaban en un servicio de traslado de valores. Habrá que ver si en el Metro se aplican para que los responsables sean sancionados, aunque se sabe que a Cometra la habrían contratado en la Secretaría de Movilidad, a cargo de Héctor Ulises García. Este último, por cierto, nada ha dicho del caso.
› Saludando a Mayer
“Malnacido”. Con esa palabra fue como un vecino increpó al diputado con licencia Sergio Mayer, quien ahora que dejó La casa de los famosos —porque lo expulsaron—. Circula un video en el que se ve al también actor responder: “malnacida tu mad.”… El caso es que la difusión de la imagen coincide con la reaparición pública del exgaribaldi para tratar de reivindicarse tras botar su curul para irse al reality show. “Me metí de diputado, como todos los diputados, por tener una representación, por hacer algo por nuestro país”, dijo, antes de reprochar que a él sí le digan de todo y a otros legisladores que “tienen otra vida”, no.
“Son abogados, son licenciados, doctores, tienen negocios, tienen sus despachos y los siguen atendiendo”, reclamó. Mayer consideró que es discriminatorio que se le juzgue por ser del medio artístico y adelantó que el próximo lunes ya lo veremos en San Lázaro porque, dijo, es cuestión nada más de “meter una carta”. Señaló, por cierto, que si los de Morena “consideran que mi trabajo y mi presencia dañan la imagen” del partido, él simplemente no dará batalla. Pendientes.
› Reginaldo desatado
El que, comentan, ya se consolidó como la figura política que menos pelos tiene en la lengua es el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, pues, nos recuerdan, él fue una de las voces más claramente contrarias a la iniciativa de reforma electoral que se impulsó desde el Gobierno.
Ahora, cuando muchos andan contando los platos rotos después de que el proyecto fuera desechado gracias a verdes y petistas, el legislador le echó en cara a algunos de Morena —que lo malmiran por votar como lo hizo— que sin su partido el líder moral y fundador del movimiento guinda, Andrés Manuel López Obrador, no se habría convertido en jefe de Gobierno de la Ciudad de México, allá por los años 2000 y tampoco presidente en 2018. “Nosotros fuimos con Andrés; sin el PT, sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de Gobierno”. Precisamente por eso reclamó que en la alianza de la 4T se les critique y se les llame traidores. “Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena y ahora se nos trata como si fuéramos extraños, como si no aportáramos nada”. Qué tal.
› Bajo la lupa
En total silencio, nos dicen, andan las tres diputadas de Morena que, advierten algunos, ahora son mucho más conocidas nada más por votar en contra de la reforma electoral. Se trata de Alejandra Chedraui, Santy Montemayor y Giselle Arellano. Ayer todo el mundo preguntaba si alguna consecuencia tendría su proceder, porque, aun cuando estaban en su derecho legítimo de decir no a la iniciativa, sí dejaron en mal el compromiso de que todas y todos los legisladores del guinda votarían a favor del dictamen.
Por lo pronto, Ricardo Monreal, quien lamentó mucho el desprendimiento de sus compañeras, dijo que él no sería tribunal, pero que dejaba al partido y a sus mecanismos determinar lo que consideren. Por cierto, nos cuentan que, aunque intentó ausentarse, tampoco pasó desapercibida la falta de apoyo a la iniciativa presidencial de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, nos aseguran, sí andaba en San Lázaro, pero no se quiso sentar en su curul cuando tenía que votar. ¿Será?
› Sansores y el 8M
Mucha indignación ha desatado —una vez más— la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ahora salió con que dos de las mujeres que participaron en las movilizaciones del pasado 8 de marzo podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, ya que, dijo la mandataria estatal, fueron acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa. Pero todo se pone más feo: la gobernadora externó su sorpresa porque estas mujeres que —no sobra aclarar— fueron detenidas bajo criterios arbitrarios por parte de la Policía de Campeche, según denunciaron activistas, cometieron agresiones “de carácter criminal”.
Entonces, expresó Sansores: “¿Qué vivirán para que tengan ese dolor, esa rabia contra el mundo?”, una pregunta que, reprocharon varias colectivas defensoras de mujeres, resonó todavía con más violencia de la que ella denuncia. Nos dicen, además, que este anuncio lo hizo en un espacio televisivo —su aclamado Martes del jaguar—, donde difundió las detenciones como si hubiera sido la captura de alguno de los capos más buscados. Caray.
› ¿Simulación normativa?
Dicen que justo cuando el horno no está para bollos —cuando ya hemos cachado a varios candidatos, alcaldes u otro tipo de funcionarios metidos en malas mañas— a los legisladores locales de Michoacán les pareció oportuno eliminar la famosa carta de antecedentes penales de los requisitos legales para buscar la candidatura a algún cargo de elección popular en esa entidad. Pues bien, por estos días, el Congreso estatal aprobó —y por amplia mayoría— reformar el Código Electoral michoacano para dejar fuera este documento, al argumentar que con esta medida se elimina “una simulación normativa”.
En este apartado destacaron las justificaciones de la diputada Diana Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, quien subrayó que “derogar la carta de antecedentes penales no abre la puerta a la delincuencia” pues, según ella, lo que hace más bien “es eliminar un requisito que los máximos tribunales del país ya consideraron inconstitucional y, además, ineficaz para acreditar la elegibilidad”. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
La confrontación del Partido del Trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum es más profunda de lo que se vio el miércoles, cuando su bancada en la Cámara de Diputados votó en contra de su reforma electoral. Ese mismo día, Benjamín Robles, miembro de la Coordinación Nacional del PT, declaró a La Jornada que Morena los ha tratado como “perros de rancho”, al imponer sus decisiones sobre quiénes compiten en los procesos electorales del próximo año. Robles afirmó que el PT, de las 27 candidaturas que se pondrán en juego, son competitivos en Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas.
Zacatecas resalta porque uno de sus militantes de mayor rango, José Narro Céspedes, que quiere ser gobernador de su estado, es la figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Pero la atención en estos momentos debe estar más arriba y más al norte, en Baja California Sur. Específicamente en Los Cabos, donde el presidente municipal es Christian Agúndez, hijo del exgobernador, Narciso Agúndez, es la apuesta del PT para la gubernatura, y una de las razones de las presiones para que, a cambio de votos y apoyos, Morena le entregue la candidatura. Sería un terrible error.
Agúndez es la cabeza visible de una operación criminal que tiene dos caras: abrirle completamente la puerta a la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, que quiere ampliar su santuario en Baja California Sur desde Los Cabos que hoy controlan, y ser la cabeza de playa del PT para el espionaje a políticos de Morena, que ya se empezó a hacer contra el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.
El espionaje del PT, que se puede llamar así porque varios de sus líderes están involucrados, se está reforzando. La semana pasada, en una visita a la Cámara de Diputados, Agúndez se reunió con uno de sus líderes camarales, que le recomendó reunirse con un empresario que tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, para adquirir un programa de espionaje israelí para intervenir las comunicaciones. Este equipo de inteligencia es una tecnología que no puede ser adquirida por un gobierno estatal y menos aún municipal, y sus licencias de exportación tienen que ser sujetas a la aprobación de los departamentos de Estado y Guerra de Estados Unidos, y del Ministerio de Defensa de Israel.
La reunión que sostuvieron el viernes pasado en Los Cabos prendió las alertas en los servicios de inteligencia porque el empresario fue sujeto a proceso como parte de una conspiración para realizar contribuciones ilegales a dos candidatos para alcalde en San Diego, y le abrieron otra investigación en Estados Unidos y en Israel porque detectaron que adquirió en Chipre el equipo de inteligencia, con el propósito de evitar las autorizaciones militares y diplomáticas de esos dos países.
El empresario fue identificado por las fuentes únicamente por sus nombres código: “Hester”, para los estadounidenses, y “Susu” para los israelíes. El encuentro con Agúndez no fue el primero con un político del PT, que de acuerdo con las fuentes, ya ha vendido el sistema de intervención a otros políticos. Tampoco fue el único semáforo rojo que les llamó la atención. El empresario llegó a la cita con Agúndez acompañado por Carlos Beltrán, el oficial mayor de Los Cabos, a quien investigaciones en Estados Unidos señalan como piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente solo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos apunta abiertamente al PT como el vaso comunicante con el crimen organizado, por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral solo escalarían el conflicto con la administración Trump. Entre las imputaciones que contiene la investigación está la estructura criminal-política que han venido construyendo en Michoacán y Sinaloa, e incorpora fotografías de credenciales firmadas por Narro Céspedes y Gerardo Fernández Noroña, cuando aún no brincaba a Morena, para acreditar a personas relacionadas con Los Chapitos como asesores de la bancada en el Senado.
“La tecnología no sirve solo para el espionaje político, sino para intervenir las comunicaciones de cualquier objetivo de interés”, subrayó una de las fuentes, sugiriendo que esos objetivos son los de interés del crimen organizado en Baja California Sur, que Estados Unidos mantiene permanentemente en el radar por el número de celebridades de ese país que tienen casas o lo tienen como uno de sus principales destinos turísticos.
El PT, como se ha mencionado en este espacio, es el primer partido político en México al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. La vinculación que hizo uno de los líderes entre Agúndez y el empresario tiene una derivada que lleva a otros paralelos.
El empresario mexicano-estadounidense fue contratado hace tiempo por Mario Pacchiano, que es uno de los operadores financieros del senador Adán Augusto López, para identificar a la persona que filtró un audio revelado en 2024 entre Amílcar Olán, un joven amigo muy cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hablaba con un primo de ellos sobre la mala calidad del balastro del Tren Maya, a quien ubicó para que fuera detenido y torturado en Chiapas. Actualmente esta persona, que fue liberada tres meses después de su detención por falta de pruebas, se fue inmediatamente a Los Ángeles, donde presuntamente comenzó a hablar con las autoridades estadounidenses.
La mezcla de intereses políticos y criminales en torno al PT y al empresario que les está vendiendo equipos de espionaje es explosiva. “Se está juntando la ambición empresarial y la ambición político-criminal”, caracterizó una fuente estadounidense. Aquí, sin embargo, el PT va avanzando sin que tenga obstáculos serios enfrente hasta ahora. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
La memoria política suele ser corta, pero la biología no perdona.
En 1991, México alcanzó un hito sanitario que parecía definitivo: la erradicación del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax). Fue una victoria técnica y diplomática que blindó nuestra frontera norte y dio certeza a miles de familias ganaderas. Sin embargo, lo que costó décadas construir se desmoronó en apenas un par de años. Hoy, el regreso de esta plaga no es sólo una crisis agropecuaria; es una emergencia de salud pública que está devorando tejidos vivos, literalmente, tanto en animales como en seres humanos.
Las cifras son escalofriantes. Mientras en junio pasado apenas se contabilizaban 13 casos de miasis en humanos, la cifra ha explotado hasta alcanzar los 180 casos conocidos actuales, presentes principalmente en los estados del sureste. Lo más alarmante es la velocidad del contagio: tan sólo en la última semana se confirmaron 25 nuevos pacientes.
Como bien señala el infectólogo Alejandro Macías, estos casos representan un drama humano profundo. No se trata de una infección que se cure con una simple pastilla; la miasis humana es extremadamente dolorosa y suele requerir intervenciones quirúrgicas para extraer manualmente las larvas que se alimentan de la carne viva.
Además, Macías advierte una regla de oro en la epidemiología veterinaria: por cada caso detectado en un humano, existe quizás un centenar de animales infestados en el campo –tanto ganado en pie como mascotas y fauna silvestre–, lo que sugiere que la magnitud real del brote es incalculable.
¿Cómo llegamos aquí? Aunque factores climáticos y migratorios han jugado un papel, la raíz del desastre se encuentra en las decisiones políticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La soberbia ideológica y la rentabilidad electoral se impusieron sobre el rigor técnico. El desmantelamiento de las inspecciones sanitarias fue una advertencia ignorada.
En el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, se documenta la resistencia del entonces Presidente ante las súplicas del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. El mandatario insistía en que la sanidad animal era un “gastadero de dinero” innecesario y sostenía que las patologías eran “inventos” para cerrar mercados, mientras Villalobos advertía, con una precisión profética, que sin esos controles nos bloquearían la frontera con Estados Unidos. Al final, la visión del ahorro malentendido terminó costando una fortuna.
A esta negligencia presupuestaria se sumó una decisión geopolítica temeraria: abrir las fronteras al ganado centroamericano sin los protocolos de seguridad nacional necesarios. Bajo la narrativa de la integración regional y el control de precios, se relajaron los filtros que impedían el paso de parásitos desde zonas donde el gusano barrenador nunca fue erradicado. El resultado es el cierre de la frontera estadunidense, que ha desplomado las exportaciones de ganado en 80%, generando pérdidas que ya superan los mil 400 millones de dólares. Hay que sumar los sobrecostos operativos para los productores, quienes ahora deben gastar millones en vigilancia y tratamientos preventivos para evitar que sus hatos sean devorados vivos.
El camino de regreso a la seguridad sanitaria será tortuoso. Erradicar de nuevo al gusano barrenador, como se logró en 1991, implica una inversión masiva que el gobierno actual hereda como una hipoteca de sangre. Se requiere reactivar y ampliar la producción de moscas estériles y financiar centenares de vuelos para su dispersión por todo el territorio nacional. Es una logística de guerra contra un enemigo pequeño, pero inmensamente peligroso, que vuela y pone huevos en cualquier herida abierta.
México está pagando el precio de haber confundido la austeridad con la ceguera técnica. Hoy, la miasis no es sólo una enfermedad de la piel; es el síntoma de una política pública infectada que, por ahorrarse unos pesos en inspección, terminó entregando la salud y la economía del país a las moscas. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Para algunos senadores republicanos, la definición de victoria en la actual guerra no declarada con Irán es la que decida el presidente Donald Trump. A ya casi dos semanas de iniciados los bombardeos contra territorio iraní, los republicanos parecen dispuestos a subrayar todos los logros militares, incluyendo la degradación de las capacidades bélicas iraníes, pero asi como estos parecen estar aferrados a vender cara su derrota, aquellos no tienen tan claro cómo proclamar victoria.
Así, el canal de televisión MS NOW, por ejemplo, al preguntar al senador Josh Hawley, “mostró tanta deferencia hacia Trump que el republicano de Missouri afirmó que no podría responder a esa pregunta hasta que Trump la declare”. Y para ser más precisos, añadió: “hasta que él lo diga”. No es el único que elude preguntas de ese tipo, en lo que bien podría ser tanto un acto de cautela política.
Después de todo, Trump es el líder principal del Partido Republicano y la relevancia y la carrera política de un legislador de ese partido dependen hoy por hoy de su relación con Trump. Pero el hecho es que parece una situación cada vez más difícil de sostener. Trump lanzó a EU a una guerra con Irán, pero sin tomar en cuenta las consecuencias, de acuerdo con lo que señalan un número creciente de legisladores y analistas políticos y económicos. Peor todavía, sin promover la imagen que deseaba presentar ni las metas de la” “Operación Furia Épica”.
A dos semanas de iniciados los bombardeos, Irán no parece más cerca de rendirse o de aceptar derrota y sí de cerrar el estrecho de Ormuz, y por lo tanto el paso de casi 20% del comercio mundial de petróleo, en lo que bien podría llevar a un desastre económico mundial o a una de esas guerras interminables que el propio Trump prometió que nunca pasarían durante su mandato.
Los primeros reportes señalan que la primera semana de operaciones militares, costó 11.3 mil millones de dólares y el gasto promete crecer exponencialmente. Paralelamente, las explicaciones sobre las razones y las metas del conflicto parecen contradecirse constantemente, mientras las encuestas comienzan a señalar una definida mayoría en oposición a la guerra (59% en la más reciente encuesta de la cadena CNN), aunque también un definido respaldo entre los partidarios de Trump.
Qué tan firme o tan profunda sea esa oposición o ese respaldo depende en alguna medida del éxito que Trump tenga en contener el aumento de precios del petróleo y su impacto en el costo de vida. Pero también es cierto que hasta ahora los estadounidenses no han resentido un impacto más allá que en términos de preocupación, ante las siete –pocas, pero dolorosas bajas– sufridas por sus fuerzas armadas hasta ahora.
Muchos dentro de EU dudan de que la guerra haya sido necesaria y otros tantos creen que Trump no hizo los debidos cálculos, sea por ignorancia o por la ilusión de que podría hacer lo que quisiera. Y esa no es una buena receta política. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)
Ayer fui invitada a presentar en la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con Arturo L. Cossío, el libro Feminicidio en México: un asunto de agenda pública y perspectiva de género, de Blanca Ivonne Olvera. La obra, que realiza un recorrido por la evolución jurídica, institucional y conceptual del feminicidio en nuestro país, abre una discusión urgente sobre cómo investigamos, registramos y enfrentamos la violencia más extrema contra las mujeres.
Pese a la resistencia política e institucional de diversos sectores, el feminicidio fue incorporado al Código Penal Federal en 2012. Algunos legisladores y juristas consideraban que no era necesario crear un delito nuevo, pues veían a esta conducta como simples casos aislados del homicidio. Tras una larga lucha se reconoció que existía una violencia sistémica contra mujeres; su tipificación permitió visibilizar patrones de violencia de género que por mucho tiempo quedaron ocultos bajo otras clasificaciones.
Durante décadas —y, lamentablemente todavía hoy— muertes violentas de mujeres son clasificadas como suicidios, accidentes u homicidios, sin considerar el contexto de violencia de género que las rodea. La obra tiene el acierto de poner rostro y nombre al feminicidio y recordar casos emblemáticos que han marcado la discusión pública en México como el de Mariana Lima y Lesvy Berlín: en ambos casos, las autoridades sostuvieron inicialmente que se trataba de suicidios. Solo la persistente lucha de la madre de Mariana y la movilización de la familia, estudiantes y colectivos en el caso de Lesvy lograron esclarecer que se trató de feminicidios. Estos precedentes evidencian cómo los prejuicios institucionales y las deficiencias investigativas pueden distorsionar la verdad y comprometer la justicia para las víctimas.
La doctora Olvera plantea dos propuestas principales para mejorar la investigación de los feminicidios. La primera —que también ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum— es que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen inicialmente como feminicidio, activando desde el primer momento los protocolos específicos, incluyendo necropsias con perspectiva de género y análisis pericial de contexto.
Estos estudios permiten examinar signos de violencia sexual, lesiones previas, antecedentes de violencia familiar o de pareja y las condiciones del entorno, reconstruyendo la relación de la víctima con su contexto. Al documentar patrones de violencia que suelen permanecer invisibles cuando la muerte se investiga solo como homicidio, este enfoque fortalece la investigación y contribuye a esclarecer los hechos. La propuesta va más allá del criterio de la Suprema Corte, que estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género.
La segunda consiste en hacer obligatorio el análisis pericial de contexto de violencia de género, en lugar de dejarlo a la discreción de las autoridades. Un dictamen especializado permitiría reconstruir antecedentes de violencia, identificar focos rojos, generar líneas de investigación y aportar indicios clave para determinar responsabilidades penales. Este enfoque reconoce que el feminicidio rara vez ocurre de manera aislada y suele estar precedido por múltiples formas de violencia —física, sexual, psicológica o económica— que, al identificarse a tiempo, podrían prevenir el delito y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.
Los recientes asesinatos de Karol Toledo y Kimberly J., en Morelos, recuerdan que la violencia feminicida también alcanza a los entornos universitarios. A pesar de que las cifras de feminicidio se han reducido en los últimos dos años, el desafío sigue siendo enorme.
Nombrar el feminicidio, investigarlo con rigor y prevenir las violencias que lo anteceden es una tarea urgente. Detrás de cada cifra hay vidas truncadas, familias que buscan respuestas y comunidades que exigen justicia. Mientras continúe la violencia contra las mujeres y sigamos llegando a su forma más extrema —el feminicidio—, la responsabilidad del Estado y de la sociedad es actuar con decisión para romper esa cadena de violencias. “Ni una más” no es solo una consigna: es un imperativo ético y una obligación colectiva de garantizar verdad, justicia y no repetición. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. 5)