En las cuentas de cómo aumentaron en tres millones los turistas que arribaron a México en 2025, un lugar preponderante corresponde a los viajeros fronterizos; concretamente fueron 22.9 millones de turistas aéreos, -1.3% contra 2024 con 20.4 millones de turistas fronterizos, 13.6% más respecto al año previo.
Sobre este comportamiento Humberto Molina, economista que dirige el Reporte Gemes del despacho de Héctor Flores Santana, explicó que había un rezago respecto al periodo prepandémico, por lo que esto podría ser consecuencia de la recuperación paulatina del mercado.
Francisco Madrid, quien dirige el centro de investigación STARC Anáhuac Cancún, descartó que el aumento pudiera responder a un cambio de metodología, porque las autoridades del Inegi y Migración lo habrían externado.
También comentó que tenía una llamada pendiente para revisar ese tema y añadió que dudaba que esa tasa de dos dígitos se pudiera seguir manteniendo durante muchos años más.
Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, ya declaró que, para alcanzar la meta de que México sea el quinto receptor de turistas internacionales de aquí a 2030, se tendrían que sumar tres millones de turistas cada año.
Con todo y el Mundial, STARC y el Consejo Nacional Empresarial Turístico en su reporte Perspectiva Turística de arranque de año, pronosticaron que en 2026 la llegada de turistas internacionales a México crecerá 4% que, sobre una base de 47.8 millones, son 1.91 millones de turistas, para llegar a 49.7 millones.
Si esto se cumple, México ya estará rezagado en más de un millón respecto a los tres anuales que necesitaría en 2026 para alcanzar el quinto lugar en 2030.
Esto muestra el tamaño del reto, pero además, según la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi, por motivo de viaje, sólo 74.1% vienen de vacaciones, 21.8% por visitas a familiares y el restante 4.1% por otras razones.
Dado que la promoción sobre todo incide en el primer grupo, ni siquiera un aumento en la misma sería determinante para entrar al top 5 del turismo.
DIVISADERO
Tirándose al piso. A Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, de la Suburban blindada, no sólo le rayaron, sino que le aboyaron la camioneta con el capítulo del homicidio del capo Nemesio Oseguera en Tapalpa, Jalisco.
El mismo día en que ocurrió, el gobierno de Estados Unidos lanzó varias alertas de viaje sobre México y a Jalisco lo puso en el nivel máximo: “No viaje”.
Hoy ya está en naranja, que es “reconsidere su viaje”, y la alerta refiere lo sucedido el 22 de febrero.
Mientras varios destinos mexicanos enviaron a los profesionales del turismo y a los medios de Estados Unidos comunicados sobre su situación a partir de lo ocurrido en Jalisco.
Como Fridman no puede reclamarle a Migración de Estados Unidos, la Suburban no da para tanto, entonces descargó su ira contra estados y destinos que hicieron referencia a Jalisco y armó un escándalo con sus colegas, amenazándolos de que los acusaría con su gobernador Pablo Lemus para que les hablara a sus jefes por su falta de solidaridad.
Ninguno de los que se desmarcaron de Jalisco criticaron a esa entidad o hicieron “leña del árbol caído”, fue una simple referencia geográfica.
Fridman debería actuar menos visceral y más estratégicamente, como corresponde a una funcionaria de un estado como Jalisco, al que compara con un vehículo a prueba de balas.
STARC y el CNET pronostican que en 2026 la llegada de turistas internacionales a México crecerá 4 por ciento. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 5)
Las niñas y las mujeres que salieron de sus lugares de origen con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y que pasan por territorio mexicano, incluida la ruta que pasa por los estados de Puebla y Tlaxcala, están viviendo violencia en todas sus dimensiones.
Las mujeres transmigrantes, es decir, quienes buscan llegar a Estados Unidos en busca de reencontrarse con sus familiares y de cumplir el llamado sueño americano, son blanco de explotación, de redes que violan los derechos humanos, de grupos delictivos que trafican con personas y hasta de determinados sectores de la sociedad.
En el análisis Niñas migrantes en México, un fenómeno invisibilizado, desarrollado por Leticia Hernández Vega, investigadora del Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), se resalta que las menores migrantes participan en los flujos migratorios, ya sea en compañía de familiares o solas, huyendo de la pobreza y la violencia generada en sus lugares de origen o con el objetivo de reunificación familiar; sin embargo, están expuestas a la violación de sus derechos.
A la par de que su vida está en riesgo, las menores en situación de movilidad que provienen de países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos viven el riesgo de padecer problemas de salud sexual debido a la falta de información y, en muchos casos, se enfrentan a embarazos no deseados.
El estudio expone una cruda realidad: las mujeres transmigrantes padecen un acceso limitado a toallas menstruales, agua y servicios sanitarios; además, en diferentes ocasiones, enfrentan violencia sexual y se encuentran en alto riesgo de infecciones de transmisión sexual.
La realidad es sumamente preocupante porque las mujeres que están en situación de movilidad se enfrentan a la imposibilidad de denunciar la violencia sexual y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es una realidad.
La situación actual que enfrentan las mujeres muestra la urgencia de que las autoridades mexicanas enfoquen sus esfuerzos garantizar la ayuda humanitaria, la protección en todos los sentidos, la salud, la higiene y el respeto a sus derechos humanos sin importar lugar de origen, situación migratoria ni condición social. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Opinión, Online)
Mitin por migrantes y la soberanía nacional
Comunicamos que mañana a las 12 del día se efectuará un mitin frente a la nueva embajada de Estados Unidos.
El acto es parte de una cadena de acciones que se están realizando a lo largo del continente: en Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá y Venezuela, y en el Caribe: Guyana, Martinica, Guadalupe Santa Lucía.
Migrar es un derecho, no un delito; no al ICE, no a las deportaciones; soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe; libertad para Cilia y Nicolás; alto al cerco contra Cuba; alto a la guerra.
Enrique González Ruiz, Humberto Martínez Brizuela y diversos sindicatos. (Correo Ilustrado, La Jornada, Editorial, p. 2)
Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) avanza en su modernización rumbo al Mundial de Futbol de 2026, el Grupo Aeroportuario Marina, que dirige Juan José Padilla Olmos, tomó una decisión que va en sentido contrario: volver a proteger el monopolio de los taxis del aeropuerto en detrimento de los usuarios y de la competencia que representan las plataformas de transporte como Uber y DiDi.
En febrero pasado, la Marina reportó un progreso de 40% en la remodelación integral del AICM y, para marzo, el aeropuerto ya presumía ampliación de filtros migratorios autónomos de 12 a 40, la instalación de 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial, un nuevo estacionamiento de seis niveles y la sustitución de bandas de equipaje, todo con la mira puesta en mejorar la operación de una terminal que mueve más de 46 millones de pasajeros al año. Ahora, ese esfuerzo de modernización quedará opacado por una decisión que revive al peor AICM.
Porque eso es exactamente lo que volvió a quedar al descubierto esta semana tras las reuniones que sostuvieron funcionarios del Grupo Aeroportuario Marina con las 11 agrupaciones de taxis que operan en el aeropuerto. Las medidas que se acordaron fueron iniciar operativos de la Guardia Nacional para inhibir los “servicios irregulares” de transporte por aplicación, es decir, Uber, DiDi y cualquier otro competidor que dispute el negocio dentro de la zona federal. Un día después, alrededor de 100 taxistas bloquearon accesos del AICM durante casi cuatro horas y obligaron al despliegue de unos 800 policías. El saldo fue caos, usuarios caminando con maletas, afectaciones a vuelos y una imagen demoledora para México.
En el portal oficial del AICM aparecen 11 marcas o agrupaciones autorizadas para prestar servicio de taxi: TaxiRide, Yellow Cab, Sitio 300, Nueva Imagen, Confort Unlimited, Casadey, Porto Taxi, Prho Taxi, T&M, PSTA y Aerotaxi. Detrás de ese aparente pluralismo hay en realidad un mercado cerrado. El informe de gestión gubernamental del AICM reportó que al 30 de junio de 2024 existían mil 550 convenios individuales de acceso a zona federal en modalidad de taxi. No se trata de un servicio abierto a competir, sino de una plaza controlada por un puñado de grupos con acceso exclusivo a uno de los puntos de mayor demanda cautiva del país.
Ese mercado cerrado ya fue sancionado por la autoridad de competencia. En 2016, la Cofece multó al AICM con 63.09 millones de pesos por cláusulas discriminatorias en contratos que impedían el acceso de nuevos participantes y favorecían a quienes ya operaban dentro del aeropuerto. Y en 2017 sancionó con 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas y a cuatro personas físicas por concertar tarifas. La Cofece estimó que esa colusión afectó al menos a 12 millones de personas y generó un daño de 772 millones de pesos por sobreprecios entre 2011 y 2015.
El mismo informe de gestión del aeropuerto reconoce que en 2024 se autorizó una estrategia para regularizar convenios de acceso, dar continuidad a procesos de recuperación de adeudos y analizar la vigencia de los convenios. También señala que, al 26 de agosto de 2024, de 607 contratos con adeudo, 367 se habían apegado a esquemas de pago para regularizarse.
Por su parte, la SICT, que encabeza Jesús Esteva, reiteró que Uber no cuenta con autorización para operar dentro del polígono del AICM ni en otros aeropuertos y sostuvo que eso no impide a la autoridad levantar infracciones. Uber, por su parte, respondió que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar sanciones y detenciones arbitrarias contra sus conductores mientras se resuelve el juicio de amparo.
El conflicto viene escalando desde 2022, cuando el gobierno federal endureció la prohibición a las apps para recoger pasajeros en zonas federales aeroportuarias. Y en lugar de abrir competencia con piso parejo, seguros, reglas fiscales y controles equivalentes para todos, el gobierno decidió conservar un mercado cautivo para los de siempre.
El costo de esa protección lo pagan los pasajeros. El servicio de un taxi concesionado cuesta entre 87% y 282% más que Uber, y entre 239% y 672% más que DiDi, dependiendo del destino y del sitio consultado.
Ese es el gran tropiezo de Padilla Olmos. Mientras presume, con razón, un aeropuerto más moderno, más vigilado y mejor equipado rumbo al Mundial de 2026, al mismo tiempo permite que la experiencia de llegada y salida siga siendo afectada por un modelo de transporte del siglo pasado.
Posdata 2
En medio del ruido que provocó la investigación comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió al paso. Aseguró que 85% del comercio entre México y Estados Unidos sigue libre de aranceles al estar protegido por el T-MEC, por lo que la indagatoria no tendría una repercusión relevante en el intercambio bilateral. Según explicó, el procedimiento busca básicamente restablecer el marco arancelario previo al fallo de la Suprema Corte estadounidense que invalidó la norma de emergencia con la que Washington había aplicado gravámenes a diversos países.
Ebrard también dejó claro que México ya estaba enterado del inicio de la investigación, lo que permitió al gobierno anticipar su lectura. Se trata de un proceso jurídico para justificar eventuales aranceles en el futuro, no de un cambio inmediato en las reglas del comercio regional. Por ahora, el mensaje del equipo económico es que el impacto para México sería limitado, al menos mientras el grueso del intercambio siga amparado por el tratado comercial.
Economía también prepara una misión empresarial a Canadá del 7 al 9 de mayo, que incluirá reuniones en Vancouver, Montreal y Toronto con autoridades y compañías de distintos sectores. La delegación mexicana —en la que participan funcionarios como Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Edgar Amador, Claudia Curiel y Altagracia Gómez— buscará ampliar comercio e inversión, pero también comenzar conversaciones sobre el futuro del T-MEC, cuyo proceso de revisión empezará a tomar forma en los próximos meses.
Mientras tanto, la próxima semana arrancará en Washington la primera ronda de conversaciones rumbo a la revisión del tratado, donde México y Estados Unidos abordarán tres temas centrales: la reducción de la dependencia de insumos provenientes de Asia, las reglas de origen y la seguridad de las cadenas de suministro. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. 9)
La visita de cuatro minutos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al restaurante venezolano El Arepazo en Miami fue un éxito televisivo, con muchas sonrisas y aplausos de entusiastas seguidores. Pero será recordada como un ejemplo de hipocresía política a menos que el republicano frene la deportación masiva de más de 717 mil venezolanos.
El Mandatario visitó el restaurante el 9 de marzo, saludando a sus seguidores y a los funcionarios municipales que habían esperado horas para verlo. Muchos vestían uniformes del Partido Republicano y lo felicitaron por sus recientes intervenciones militares en Venezuela e Irán.
La ironía, sin embargo, fue que la mayoría de los presentes no eran venezolanos, sino cubanoamericanos. Tal como informó The Miami Herald, “los venezolanos eran una proporción notablemente menor de la multitud”.
No es de sorprender que no hubiera más venezolanos allí, a pesar de que la visita tuvo lugar en el corazón de la comunidad venezolana en la Florida: cientos de miles de inmigrantes venezolanos están viviendo con el temor constante de ser deportados por las políticas inmigratorias de Trump.
El Presidente les ha rescindido el Estatus de Protección Temporal (TPS), frenado sus solicitudes de asilo político y los ha despojado de permisos de trabajo, como lo ha hecho con inmigrantes de varios otros países que huyeron de dictaduras brutales o desastres naturales.
Según Human Rights First (HRF), un grupo de derechos humanos que rastrea diariamente los vuelos de deportación del ICE, al menos 717 mil inmigrantes venezolanos están amenazados con ser deportados bajo las nuevas normas de Trump. Esto incluye a 600 mil que tenían el estatus TPS, ahora revocado, y a 117 mil que llegaron bajo el programa de libertad condicional humanitaria de la Administración del ex Presidente Joe Biden.
Enrique Roig, ex funcionario del Departamento de Estado y actual vicepresidente de HRF, me dijo que ICE está enviando por lo menos ocho vuelos mensuales con deportados de regreso a Venezuela.
“Están siendo deportados a un país que no es una democracia”, me señaló Roig.
“Es el mismo régimen represivo que existía bajo Nicolás Maduro. No ha cambiado nada”.
Aunque Trump elogia constantemente a la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez -la ex Vicepresidenta de Maduro-, la nación sudamericana sigue siendo una dictadura. Es menos hostil a Washington y está más dispuesta a exportar su petróleo, pero no ha anunciado elecciones libres, ni libertad de expresión ni un cronograma para una apertura política.
El Gobierno interino de Rodríguez aprobó una ley de amnistía y liberó a 670 presos políticos, pero todavía siguen detrás de rejas más de 500 otros, según la agrupación de derechos humanos venezolana Foro Penal. Otros 11 mil venezolanos han sido sometidos a restricciones arbitrarias de sus libertades, señala el grupo.
El Gobierno de Trump ha afirmado que muchos de los venezolanos que pretende deportar son “extranjeros delincuentes” pertenecientes a la pandilla Tren de Aragua.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional había identificado en 2024 a solo 600 personas en Estados Unidos que podrían tener vínculos con el Tren de Aragua, de las cuales solo 100 eran miembros confirmados, según un informe de NBC News.
Esto significa que menos del 1 por ciento de los inmigrantes venezolanos amenazados con ser expulsados de Estados Unidos tienen vínculos con esa pandilla. La gran mayoría de los inmigrantes venezolanos son gente trabajadora y honesta.
Irónicamente, el dueño de El Arepazo, el inmigrante venezolano Alexis Mogollón, le comentó a mi colega Jorge Ramos a finales del año pasado que su restaurante estaba en dificultades por las redadas migratorias de Trump. Las ventas en Arepazo habían caído un 68.3 por ciento, señaló.
Activistas de derechos humanos me dicen que lo mínimo que podría hacer Trump para proteger a los inmigrantes venezolanos de la dictadura de Rodríguez es otorgarles la Salida Forzosa Diferida (DED), una suspensión temporal y discrecional de las deportaciones por dos años que el Presidente puede otorgar a migrantes de países en conflicto.
A menos que Trump dé un giro radical a sus actuales deportaciones masivas y otorgue esa protección -por lo menos hasta cuando haya una apertura política en Venezuela-, su visita a El Arepazo será recordada como puro teatro político en medio de una deportación masiva cruel y sin sentido. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 13)