Más de 10 mil migrantes de origen poblano visitarán la entidad durante la temporada de Semana Santa y recorrerán zonas como la Mixteca Poblana, la región de Cholula, la zona de Tepeaca, la Sierra Norte y la capital del estado.
La mayoría de los migrantes aprovecharán unos días de vacaciones para reencontrarse con sus seres queridos, visitar camposantos y participar en actividades religiosas como el Domingo de Ramos, la Visita a las Siete Casas y la Procesión de Viernes Santo.
Aunque en Estados Unidos no es un descanso obligatorio, poblanos, en su mayoría de la Sierra Mixteca, solicitan vacaciones para visitar sus comunidades de origen y la mayoría pasar unos días con sus familiares.
En la región de Izúcar de Matamoros, el Jueves Santo, marcado en el calendario para el 2 de abril, es una fecha especial porque en las casas y en las mayordomías, se ofrece un platillo que solo se sirve en la temporada: pescado seco capeado en salsa verde, se le conoce como “especie”. Los mayordomos, en muchas ocasiones apoyados por migrantes, regalan platillos de comida a todos los visitantes y familias. La tradición se cumple luego de mediodía, después de cumplir con el ayuno.
De acuerdo con Ricardo Andrade Cerezo, presidente de la Fundación Pies Secos, los poblanos que regresarán son aquellos que cuentan con papeles y aquellos que ya poseen la doble nacionalidad, porque no existe el riesgo de que no los dejen regresar a sus hogares y lugares de trabajo en ciudades norteamericanas.
El defensor de los derechos de las personas en movilidad resaltó que en tiempos complicados, el reencuentro con las tradiciones y, en particular, con la espiritualidad, así como con un ser superior, con Dios, se fortalece.
Sin duda, la fe se refuerza para los migrantes que se fueron en busca de mejores condiciones de vida y de trabajos para apoyar a sus familiares que se quedaron y que pasan por momentos complicados.
La Semana Santa se traduce en un momento de renovación y tras recargar fuerzas y visitar a familiares, los connacionales se reincorporarán a sus puestos de trabajo en diferentes ciudades de Estados Unidos, la mayoría en el sector agrícola y en el área de servicios como restaurantes y hoteles. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Imagina que en tu casa el agua llega una vez cada diez o quince días. No hay llave que abrir, no hay ducha, no hay forma de lavar los trastes o bañar a un niño cuando se necesita. El agua llega en pipa, en la cantidad que llegue, y hay que guardarla y racionarla hasta que vuelva a llegar. Esa es la realidad cotidiana de miles de familias que viven en la zona conocida como Los Kilómetros, un asentamiento irregular ubicado sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas de esas familias llegaron ahí como migrantes hace décadas, construyeron sus hogares con lo que tenían y echaron raíces. El Estado nunca terminó de llegar.
Cuando algunas de esas familias acudieron a los tribunales para reclamar su derecho al agua, el primer juzgado que conoció el caso les cerró la puerta antes de escucharlas. El argumento fue que no habían acreditado con documentos oficiales que vivían en esos inmuebles: no había escrituras, no había contratos, no había recibos de servicios. Y ahí estaba la paradoja: la prueba de que no tenían agua era, precisamente, que no tenían ningún documento que lo demostrara. El juzgado exigía papeles que la propia precariedad hacía imposible obtener. Fue esa contradicción la que la Suprema Corte resolvió al atraer el caso.
El Pleno de la Suprema Corte corrigió ese criterio con un razonamiento que me parece fundamental: en contextos de asentamientos de personas en situación de vulnerabilidad, basta la declaración bajo protesta de decir verdad sobre el lugar de residencia para acreditar el interés legítimo. No se puede exigir como prueba de residencia aquello que la irregularidad del asentamiento hace precisamente imposible de obtener. Las escrituras no existen porque nadie regularizó los terrenos. Los recibos de agua no existen porque el agua no llega. Pedir esos documentos para acceder a la justicia no es un requisito razonable: es un círculo que atrapa a las personas más vulnerables y les impide reclamar los derechos que la Constitución les reconoce.
Pero la Corte no se quedó en el umbral del proceso. Una vez abierta la puerta, entró al fondo del asunto y fue igualmente contundente. El derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° constitucional, incluye un mínimo vital indispensable que el Estado debe garantizar de forma inmediata, sin importar si el asentamiento donde vive una persona está regularizado o no. La condición de irregularidad urbanística no puede suspender la obligación estatal de proteger condiciones mínimas de vida. Dicho de otra manera: la burocracia del registro no puede pesar más que la dignidad de las personas.
En consecuencia, el Pleno concedió el amparo a las familias de Los Kilómetros y giró órdenes precisas. Como medida inmediata, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez debe garantizar el suministro del mínimo vital de agua potable. Como medida a mediano plazo, la autoridad deberá poner en marcha un programa de infraestructura intermedia que incluya depósitos de almacenamiento masivo para permitir la conservación y distribución adecuada del agua. Y la Secretaría de Hacienda del estado quedó obligada a asegurar la asignación prioritaria de los recursos presupuestales necesarios para cumplir con ello. No son buenas intenciones: son obligaciones jurídicas con destinatarios y plazos.
Esta sentencia sienta un precedente que va mucho más allá de Ciudad Juárez. En México hay miles de asentamientos irregulares donde la gente vive sin acceso regular a servicios básicos, no por elección sino por circunstancias históricas, económicas y estructurales que el Estado no ha resuelto. La doctrina que hoy establece la Corte dice algo claro a todas esas comunidades: los obstáculos administrativos y probatorios no pueden convertirse en barreras para acceder a la justicia. Y dice algo igualmente claro a las autoridades: la irregularidad de un asentamiento no las exime de sus obligaciones constitucionales frente a quienes viven en él.
El acceso al agua no es un privilegio que se gana cumpliendo trámites. Es un derecho humano que existe por el solo hecho de ser persona, reconocido en nuestra Constitución y en el derecho internacional. Que una familia tenga que esperar diez días para recibir agua en pipa, en el siglo XXI, en una ciudad fronteriza, no es una anomalía menor: es una falla estructural del Estado que los tribunales no pueden ignorar. La Suprema Corte no ignoró. Y en eso consiste, en última instancia, el sentido más profundo de su función: ser el último recurso de quienes el sistema ha dejado atrás.
El agua llega a Los Kilómetros cada diez o quince días. A partir de esta sentencia, eso tiene que cambiar. (Arístides Guerrero García, el Universal, Opinión, p. A15)
Cuando empezó el gobierno de López Obrador, el joven empresario de origen italiano Jorge Stephan Romita Iturbe era un sencillo proveedor de material de oficina para la Casa de Moneda. Hoy acumula contratos por 4 mil 500 millones de pesos. Le vende de todo al gobierno: desde cubrebocas y despensas hasta equipos de reconocimiento submarino para las Aduanas y filtros migratorios para el aeropuerto.
Pero nada tan delicado —y sospechoso— como lo que, según registros del sitio oficial de Compras MX consultado en diciembre, recién le otorgaron por adjudicación directa, sin licitación de por medio: Romita será el encargado de recolectar los datos biométricos de todos los mexicanos. Un negocio de mil 200 millones de pesos que lleva la firma del controversial “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Esta ruta meteórica para volverse uno de los contratistas consentidos del régimen tuvo sus costos: el empresario nacido en 1990 rompió con su papá, rompió con su hermano (ambos formaban parte de la empresa), y carga acusaciones de no haber cumplido a tiempo con la entrega de los equipos de seguridad para Aduanas que debió haber entregado desde el 2023, en un contrato de 3 mil millones, según reveló un reportaje de Nadia Sanders en Latinus.
Según me revelan fuentes cercanísimas a este controversial empresario, la carrera meteórica de Jorge Stephan Romita Iturbe con la 4T tiene su primer peldaño en la oficina de Julio Scherer, cuando era consejero jurídico del presidente López Obrador. Scherer lo canalizó al gobierno de la Ciudad de México, donde se relacionó con Luz Elena González y Carlos Ulloa, dos de las personas de mayor confianza de Sheinbaum; y a la vez lo puso en el radar del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo. Ese fue su primer gran trampolín.
Siguió a Durazo hacia el gobierno de Sonora y en Sonora fue que empezó a volverse del círculo de confianza del secretario de Marina de AMLO, el almirante Rafael Ojeda. La esposa de Ojeda y los sobrinos del huachicol fiscal —los hermanos Farías Laguna— son de Sonora. El hijo de Ojeda tiene también el pie en ese estado. Ese fue para Romita su segundo gran trampolín: crecieron los montos de sus contratos, se volvió proveedor de confianza de la Marina, entró al negocio de la seguridad y terminó siendo prácticamente el rey del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que controla la Marina.
El tercer gran trampolín está siendo “Pepe” Merino. El contrato por el Servicio Integral para la Identificación Biométrica le llegó unos días antes de la Navidad pasada. Es por un monto máximo de mil 200 millones de pesos, según registros del sitio oficial Compras MX consultado en diciembre.
Y sí: todos los caminos llevan a Romita. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A8)
Hasta hace menos de una década, Chiapas era un estado que, si bien tenía algunos problemas de seguridad, como los tienen todos los estados fronterizos, no estaba controlado por los cárteles de la droga. Hoy, sí lo está.
Llegó 2018 con Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas, cuñado de Adán Augusto López. Recordemos que Adán era hermano de la fallecida esposa de Rutilio, y todo cambió en el sureste mexicano.
A Tabasco entró, con el entonces secretario de Seguridad Pública de Adán, el grupo conocido como La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y comenzaron a apoderarse del territorio. Lo mismo ocurrió en Chiapas, donde el mismo CJNG se fortaleció de manera significativa.
Esta organización criminal creció al amparo del poder estatal de aquellos años y está más fuerte que nunca. Si bien ahora los gobiernos estatal y el federal han puesto especial atención en la seguridad de la zona, fueron demasiados años en los que se les permitió operar con total impunidad y, en muchos casos, con protección. Cuando se deja crecer tanto a una organización criminal, ésta se fortalece y resulta mucho más difícil desarticularla.
Desde 2020, Chiapas se encuentra en una espiral de violencia que parece no tener fin. Esto se debe, en gran medida, a la presencia del CJNG, que poco a poco ha ido desplazando a otros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, con el objetivo de obtener el control total del estado.
Esta organización criminal controla zonas como Frontera Comalapa. También tiene presencia en municipios como Acapetahua, Acacoyagua, Mapastepec, Escuintla y Tapachula. Toda esta zona fronteriza es utilizada para el tráfico de drogas, armas, migrantes y para la trata de personas.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está combatiendo a estos grupos criminales, en la entidad existen al menos seis rutas de trasiego de droga por vía marítima mediante lanchas o semisumergibles que llegan a las costas chiapanecas. Por vía aérea, la droga entra en avionetas que aterrizan en pistas clandestinas, incluso en territorio guatemalteco, para después ser trasladada por tierra hacia México.
Y las mismas fuerzas especiales de seguridad en Chiapas, que deberían combatir a los criminales, trabajan para ellos. Así lo evidenció una investigación del diario El Universal, que reveló que en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación figuraban elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una corporación de élite creada en 2024.
La Fuerza Pakal tenía como objetivo combatir la creciente violencia y las estructuras criminales en la entidad, particularmente en las zonas fronterizas. Sin embargo, diversos reportes indican que operaban al servicio del crimen organizado, con pagos que iban de los 50 mil a los 100 mil pesos mensuales, combatiendo a otros grupos criminales, pero no al CJNG.
Además, esta organización ha utilizado a otros grupos criminales para operar en Chiapas, como el Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), conocido por su extrema violencia, dedicado a la extorsión de comerciantes y transportistas, así como a la ejecución de integrantes de grupos rivales.
Los habitantes de Chiapas están sufriendo esta violencia. Muchos han tenido que abandonar sus tierras, como sucedió en Frontera Comalapa, donde cientos de indígenas tzotziles han sido desplazados de sus hogares con tal de salvar su vida.
Cientos de familias han sido desplazadas de sus comunidades. Muchas madres viven con el temor de que sus hijos sean reclutados por el crimen organizado. Los grupos criminales llegan por los jóvenes; quienes no se integran de manera voluntaria son asesinados.
Entre 2018 y 2019, con el equipo de Todo Personal, recorrí esa frontera con Guatemala, en el municipio de Hidalgo, donde llegó la primera gran caravana de migrantes provenientes de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ahí vimos cómo es el propio crimen organizado el que utiliza a los migrantes y los extorsiona.
Fue también la época en la que estos grupos criminales comenzaron a consolidarse. Las extorsiones a los pobladores se han vuelto una práctica cotidiana. Hoy se cobra derecho de piso a dueños de pequeñas tiendas, panaderías y negocios familiares.
Es una tragedia la forma en que vive la población, que debería tener garantizada su seguridad. Pensar que estos grupos criminales están lejos de nosotros es un error: son los mismos que extorsionan, amenazan y roban a ciudadanos en distintas regiones del país.
Los comerciantes están obligados a pagar cuotas que van de los cinco mil a los 20 mil pesos, lo que ha provocado que muchos negocios cierren, al volverse insostenible operar bajo un doble esquema de cobro: el de las autoridades y el del crimen organizado. En el caso de los transportistas, las cuotas pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos mensuales para permitir el tránsito de mercancías.
Entre 2020 y los primeros meses de 2026, Chiapas ha sufrido un deterioro significativo en materia de seguridad. En ese periodo, más de tres mil 200 personas han perdido la vida a causa de homicidios dolosos, una cifra que refleja la gravedad de la situación.
Es momento de recuperar un estado tan hermoso como Chiapas. Su gente merece vivir en paz, sin ser extorsionada y sin que la ley la impongan los grupos criminales. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 12)
Llego a la cita en la colonia Álamos de la Ciudad de México. Subo una frágil escalera de madera; el trayecto es un reto, pero sospecho que me espera todo un mundo creativo de formas, materiales y distintas maneras de representar la movilidad humana en busca de mejores horizontes. Logro alcanzar el último escalón y entro al taller de Betsabée Romero. El espacio se ha convertido en homenaje al jugador número 12 del futbol soccer: la afición. La camiseta es aquí metáfora de resistencia cultural comunitaria y la portería, escenario que tejen los migrantes para meter golazos de cultura.
Me dice la artista: “El futbol es un deporte arrabalero. Lo jugadores más geniales del mundo son migrantes, vienen de las favelas en Brasil, las villas miseria de Argentina, o tienen raíces africanas.” México, recuerda, lleva 3 mil años practicando el juego de pelota. La primera pelota que se botó en el mundo es la prehispánica.
Su proyecto “Tejiendo redes” de arte, deporte y comunidad durante el Mundial de 2026 surge hace dos años de la certeza de que el futbol es el lenguaje migrante más expandido del mundo. “Tú puedes llegar a cualquier país sin conocer el idioma, pero si llevas la camiseta hablas futbol y vas a encontrar equipo”. Así se integran ligas, clubes y comunidades que devienen resistencia cultural y social. Para Betsabée, “quizá no tenemos el mejor equipo del planeta, pero sí la mejor afición del mundo, la que ha llevado música, gastronomía, bebidas y canciones al otro lado, la que lleva la camiseta y el balón bajo el brazo, la que llevó a Estados Unidos el futbol hispanizado. Y han hecho comunidad”.
Pambolera desde niña gracias a su madre, Betsabée Romero emprende este gran proyecto artístico en colaboración con comunidades migrantes fronterizas. Lo hace en gran parte por su cuenta, con apoyo de uno que otro consulado, centros culturales, museos o empresarios entusiastas. Más que una estrategia de primera división, dice con humor, “es una cascarita cultural”.
Si en el 68 México vivía un momento crítico, pero fue capaz de concretar una propuesta de paz como la Ruta de la Amistad, hoy esta artista visual instalará una veintena de porterías móviles a lo largo de una ruta que va desde México y las ciudades fronterizas, hasta las sedes del Mundial. Llegarán a museos, centros culturales y espacios públicos en Tijuana, Monterrey, San Diego, Brownsville, Kansas, Dallas, Los Ángeles… para culminar en Nueva York.
Por cada una de estas porterías, que llegarán a zonas visibles urbanas para dignificar la presencia migrante, habrá otra, en donde las comunidades están tejiendo cada pieza. Porterías de 2 por 3 metros de macramé, realizadas con rafia reciclada con diseños de la artista, a partir de una paleta base e incrustaciones de una celosía de metal con representaciones de jugadores, niñas y niños, mexicanos. Cada pieza llevará una ficha técnica con el crédito de quienes tejieron. Y tendrá usos múltiples: como escenario para teatro, poesía, música…
Ejemplos: hoy mismo se teje una red en Santa Úrsula (vecinos del estadio Azteca que no podrán pagar un boleto, pero si participar con arte) que llegará al Zócalo de Coyoacán. Otras cobran forma en el Museo del Niño de Chapultepec y en el de Cuernavaca, una más se teje en una Esfera de Monterrey…
El talento de Betsabeé atraviesa los muros de su taller con balones imaginarios que cruzarán las fronteras para meter goles de arte y cultura. En homenaje a la afición que ha hecho del deporte resistencia cultural desde hace más de un siglo en el país vecino. (Adriana Malvido, El Universal, Cultura, p. A25)
Jesús Cervantes es director de estadísticas económicas en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), y es referente obligado en el tema de remesas. Gentilmente, me envía cada mes la nota que prepara acerca de ese tema, y en la más reciente, elaborada en conjunto con Juan Antonio Ortega, economista senior en la misma institución, reportan que el número de trabajadores de origen mexicano e inmigrantes en Estados Unidos alcanza 19 millones de personas. Salta a la vista que es muy similar al número de trabajadores registrados en el IMSS.
Pensé entonces en aprovechar para comparar los ingresos entre los dos grupos, y también incluir la informalidad. Como suele ocurrir con la información laboral y salarial, ha resultado algo imposible, como verá. Para los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos, también utilizo como referencia el trabajo de Cervantes y Ortega en una nota anterior, donde reportan una masa salarial para nuestros compatriotas del orden de 376 mil millones de dólares durante 2025. El tipo de cambio promedio durante ese año fue de 19.24, de forma que esos 19 millones de mexicanos obtuvieron 7.2 billones de pesos durante el año. En México, los trabajadores registrados en el IMSS promediaron 22.4 millones, y la masa salarial total de 2025 fue de 5.1 billones de pesos. Si traducimos los ingresos de ambos grupos a pesos mensuales, los que viven allá obtienen 31,700 frente a 19 mil que ganan los mexicanos que están registrado en el IMSS.
Ahora viene lo difícil. La Encuesta de Ocupación y Empleo no reporta masa salarial, y los ingresos por niveles de salarios mínimos tienen una tasa de no respuesta altísima, que llegó a 15% en 2025. Aunque con esa información el Coneval antes, y ahora INEGI, calculan una masa salarial, el monto que reportan es ridículo. Haciendo algunos malabares (con datos del PIB), podríamos estimar la masa salarial informal en 5.5 billones, para 37 millones de personas, lo que nos daría un ingreso mensual promedio de 12,500 pesos.
Pero, y aquí viene algo que muchos colegas no quieren analizar, resulta que en México medimos, gracias a las Cuentas Nacionales Institucionales, algo que llamamos “Ingreso Mixto Bruto” (IMB). Se trata de los ingresos que obtienen los hogares, que podrían considerarse utilidades empresariales o ingreso salarial, si estuviesen constituidos como empresas. No lo están, porque son informales, precisamente. Con frecuencia ve usted que muchos colegas reclaman que los ingresos laborales en México son paupérrimos, porque representan apenas 30% del PIB, mientras que en países desarrollados suelen estar alrededor de 50%. La razón es precisamente el IMB, que alcanza 22% del PIB. Si lo consideramos como parte de los ingresos laborales (informales), entonces el total alcanza 52%, perfectamente comparable con cualquier país.
Pero si aplicamos esto a lo que estábamos analizando, nos encontramos con resultados extraños. Habría que dividir los 37 millones de informales en dos partes: los que son subordinados y los que no. Curiosamente, se dividen casi a la mitad: 18.6 contra 18.4 millones de personas. De los primeros ya teníamos el ingreso, los 5.5 billones mencionados, pero al repartirlos entre los 18.6 millones de “subordinados informales”, su ingreso promedio resulta de casi 25 mil pesos: ¡superior al de los formales! Por su parte, el IMB en 2025 fue de 7.7 billones de pesos, y al repartirlos entre los 18.4 millones de informales “no subordinados”, cada uno de ellos tendría un ingreso mensual de 35,100 pesos.
Hasta aquí el ejercicio, que seguramente podrá ser mejorado por expertos. Lo que conviene dejar claro es que la ENOE no puede reportar los ingresos de las personas, las mediciones de Pobreza Laboral subestiman la masa salarial y, como ya comentamos alguna vez, la ENIGH es incapaz de medir bien el ingreso por remesas. En suma: no tenemos idea de cuánto ganan, ni cómo lo hacen, los mexicanos. Así no hay política que pueda funcionar. (Macario Schettino, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)