REMATE EXTRAÑO
Hay quienes opinan que a la secretaria de Energía, Luz Elena González, la están atacando con fuego amigo dentro de la CFE, tratando de desprestigiar a sus cercanos. Sería bueno que Emilia Calleja, directora de la CFE, pusiera orden y/o se deslinde. El Cártel de la Limpieza de Juan José Reyes Domínguez está simulando competencia para quedarse con el contrato de limpieza del Instituto Nacional de Migración, que encabeza Sergio Salomón Céspedes. (David Páramo, Excélsior, Dinero, p. 3)
Hoy 27 de marzo de 2026 se cumplen 3 años del incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes. Este hecho, que dejó, además a 27 hombres lesionados y 15 mujeres migrantes con secuelas de por vida, marcó el sexenio pasado y se constituyó como una de las violaciones de derechos humanos más graves en la historia reciente del país.
Este hecho no fue aislado. El incendio puso en evidencia la maquinaria estatal de maltrato hacia las personas migrantes. Desde hace varios años, el Estado mexicano despliega a cientos de agentes migratorios junto con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, que conforman el llamado “muro vertical”, que restringe la movilidad de sur a norte, con la misión de impedir que las personas lleguen hacia los Estados Unidos. Además, con el incendio de la estancia provisional, se confirmó el fracaso de la política migratoria basada en la persecución y la contención. Ya que se ha privilegiado la restricción de la movilidad, en lugar de tener políticas integrales, de carácter regional, que se centren en las personas.
Desde que se conoció sobre la situación en la estancia provisional de Ciudad Juárez, la reacción del Estado fue fragmentada y sin responder a las necesidades de justicia que requería la magnitud del caso. Por ejemplo, la narrativa siempre ha sido la de culpar a las personas migrantes, sin considerar el contexto de hacinamiento, las condiciones de detención, o la persecución de las personas migrantes en condición irregular. Luego, pese a que se inició una investigación penal en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, pasó mucho tiempo en el ejercicio de su cargo.
Se requiere una agenda para la justicia, que incluya un cambio profundo en la comprensión de la política migratoria y las necesidades de protección internacional de las personas. Algunas ideas para este cambio incluyen: modificaciones legislativas, políticas públicas amplias, así como medidas de no repetición.
En el ámbito normativo, por ejemplo, no se han modificado los lineamientos sobre el funcionamiento de las estaciones migratorias. Esto hace que a la fecha las condiciones de detención sean establecidas unilateralmente por la autoridad migratoria; además de que las visitas están sujetas a horarios estrictos y existe en la legislación un régimen de castigos, como lo es con situaciones carcelarias. Tampoco existe un registro público de detención migratoria, y en la legislación la detención sigue siendo la regla y no la excepción.
Sobre las políticas públicas, el gobierno tiene una enorme deuda para permitir la regularización migratoria de miles de personas que están en tránsito por el país, o que se encuentran en México como destino forzado. Incluso, desde el año 2023, el Instituto Nacional de Migración se ha negado a emitir Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias de manera ilegal, por lo que miles de personas que tienen derecho a regularizarse, hoy permanecen sin documentación, y con el riesgo de ser detenidas.
Unas medidas de no repetición, que aseguren que nunca habrá una tragedia como la de Ciudad Juárez, vendrían con la reingeniería de las instituciones estatales. Eliminar a las estaciones migratorias, fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y abrir las vías de regularización migratoria. La solución a la detención migratoria no es quitar candados o hacer pinturas en las estaciones migratorias. Es dejar de usar la fuerza del Estado para la contención migratoria.
Junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración, y Derechos Humanos Integrales en Acción, desde la Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana hemos acompañado la defensa de este caso en varias instancias judiciales. A tres años de este hecho, seguimos reclamando justicia para las víctimas y un profundo cambio en el trato que se le brinda a las personas migrantes en México. (Salvador Guerrero Navarro, El Universal, Opinión, Online)
Una cadena de abusos se presenta contra los migrantes que viajan por territorio mexicano. Autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros de grupos delictivos cometen violaciones a los derechos humanos.
El pasado lunes 23 de marzo de este año, un tractocamión con doble remolque, que viajaba sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, fue detenido por policías estatales de aquella entidad.
Los elementos de seguridad detectaron que la unidad pesada contaba con reporte de robo. El vehículo fue trasladado a un corralón ubicado en la colonia Revolución de la capital veracruzana, a unos 50 kilómetros del llamado Puente Nacional.
Durante el aseguramiento de la unidad, los agentes no se percataron de la presencia de migrantes en los contenedores. Fue en el corralón, cuando se descubrió que en el tractocamión viajaban personas de diferentes nacionalidades.
Al interior del vehículo pesado se descubrieron un total de 239 personas que ingresaron a territorio nacional de manera ilegal, entre ellos, 17 menores de edad. La mayoría de los llamados “sin papeles” provenían de países centroamericanos.
De acuerdo con Adolfo Toss Capistrán, director de la Política Regional del Gobierno de Veracruz, al momento del aseguramiento de la unidad pesada, los uniformados no se pudieron percatar de la presencia de los migrantes.
En el corralón, se descubrió la presencia de las personas en situación de movilidad y, tras las revisiones para conocer su estado de salud, se detectó que los migrantes eran inyectados para evitar que orinaran durante el trayecto.
Los migrantes fueron trasladados a Acayucan, en el sur del estado de Veracruz, y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) que analizará la situación migratoria. Al final, los migrantes, serán deportados a sus lugares de origen y, por esta ocasión, el sueño de llegar a Estados Unidos quedó detenido.
El caso de los 239 migrantes detenidos en Veracruz es la punta del iceberg de un problema mayor. Las personas en situación de movilidad son víctimas de violaciones a sus derechos. La situación es crítica y urgen acciones para garantizar el respeto a cada ser humano sin importar su lugar de nacimiento. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Opinión, Online)
Invitación
Jornada de protestas en México y EU No Reyes
Millones de estadunidenses y residentes del vecino país del norte saldrán mañana a las calles para repudiar al gobierno de Donald Trump, su política imperialista e intervencionista a escala internacional y en México, su cacería racista contra los inmigrantes y su marcha hacia un régimen autoritario.
En ocho ciudades mexicanas habrá manifestaciones en apoyo a esas protestas No Reyes.
Únanse con nosotros a esta manifestación para repudiar la deriva fascista en Estados Unidos y exigir trato justo y sin crueldad para los migrantes.
En la Ciudad de México la cita es a las 11 horas en el Ángel de Independencia para marchar hacia el Palacio de Bellas Artes.
Convocan: Indivisible-CDMX, Democrats Abroad (Demócratas en el Extranjero)-Mexico, Socialistas Democráticos de América-CDMX; Red Nacional de Organización de Jornaleros y Colectivo Fuerza Comunitaria. (Correo Ilustrado, La Jornada, Editorial, p. 2)