Se llamaba Royer Pérez Jiménez. Tenía 19 años. Murió bajo custodia del Estado, en un centro de detención de ICE.
En los últimos meses, organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y la American Civil Liberties Union han alertado sobre abusos en centros de detención migratoria en Estados Unidos, incluyendo atención médica deficiente, uso de aislamiento y fallas en los mecanismos de supervisión.
En ese contexto ocurrió la muerte de Royer
Falleció el 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La agencia informó que se trató de un aparente suicidio, mientras que la familia ha cuestionado esa versión y solicitó una investigación independiente. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática, y el caso siguió su curso en medio de la rutina institucional.
Menos cruces, más preguntas
Royer no cruzó en medio de una ola migratoria. Lo hizo en un momento en que la frontera entre México y Estados Unidos registra sus niveles más bajos en más de cincuenta años: menos de 10,000 encuentros mensuales desde febrero de 2025, de acuerdo con el Pew Research Center, la cifra más baja desde 1970.
Washington presenta ese dato como un logro. Sin embargo, hay otro número que rara vez se incluye en ese balance.
Royer es la muerte número trece bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, y la número cuarenta y dos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Según la Secretaría de Gobernación, casi 190,000 mexicanos han sido deportados desde el 20 de enero de 2025, más de 150 mil por tierra y 35 mil por aire, lo que confirma que México sigue siendo la diáspora más grande del continente y, en muchos sentidos, la más expuesta.
Una crisis más amplia
A esto se suman quienes nunca llegan a un centro de detención. En 2025, la International Organization for Migration documentó al menos 409 migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias de América, incluyendo México, Centroamérica y la frontera con Estados Unidos, aunque advierte que la cifra real probablemente es mayor.
La crisis no empieza ni termina en la frontera norte. El UN Committee on Migrant Workers ha documentado prácticas en la frontera sur de México que incluyen devoluciones sin debido proceso, traslados aéreos sin información ni apoyo, y exposición de migrantes a redes de trata y crimen organizado.
Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad y directora de Agenda Migrante, ha señalado que la política migratoria de ambos países responde hoy a una lógica de contención más que de protección. Informes de Amnesty International y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, extorsión y abusos en estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
De derechos a control
Lo que enfrentan los migrantes centroamericanos en México y los migrantes mexicanos en Estados Unidos ocurre en contextos distintos, pero responde a una lógica común: la de tratar a las personas como un flujo que debe ser contenido, no como sujetos de derechos.
El ex titular del INM, Tonatiuh Guillén López, lo ha resumido en una frase que describe bien ese giro:
“Se pasó de una política de derechos a una política de control.”
El punto de fondo
No se trata sólo de un caso aislado, sino de una forma de operar. En ella, los resultados se miden en detenciones y deportaciones, mientras que la protección queda subordinada a la contención.
Royer tenía 19 años. No era una cifra ni un expediente, sino una persona cuya vida terminó bajo custodia del Estado. En ese punto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve esencial: cuando una vida se pierde en esas condiciones, la pregunta central ya no es qué ocurrió, sino quién asume la responsabilidad. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Hace algunas semanas se celebró en Cartagena, Colombia, la cumbre Celac-África, conducida por el presidente Gustavo Petro, que encabeza dicho foro latinoamericano y caribeño. La presidencia pro tempore de la organización pasa ahora a manos de Yamandú Orsi, el jefe de Estado uruguayo, quien tiene la encomienda de dar prioridad a la relación con África.
Fue muy revelador observar a los malencarados cancilleres de Cuba y Chile, sentados uno junto a otro, incapaces de ocultar la incomodidad. Y, sin embargo, ahí estaban el representante de José Antonio Kast, nuevo líder de las extremas derechas regionales, y el de Miguel Díaz-Canel, último adalid del socialismo real en el Caribe.
Los cancilleres de la Celac ni siquiera hicieron el intento de ponerse de acuerdo sobre la catástrofe del antiguo bloque bolivariano, hoy abducido por la Doctrina Donroe. Muy poco queda ya por argumentar cuando gobiernos como los de Cuba y Nicaragua muestran disposición a colaborar con la estrategia de seguridad hemisférica de Donald Trump.
El mayor atractivo de la cumbre no fue, desde luego, el diferendo caribeño en torno a Venezuela o a Cuba, sino la gran oportunidad que ofrece África para dilatar el comercio y las inversiones. Parte fundamental de ese interés por África en América Latina pasa por el firme posicionamiento de China en el gran continente africano.
China, principal socio comercial de la Suramérica continental, es también uno de los grandes inversionistas y proveedores de créditos de las naciones africanas. Así, la cumbre de la Celac-África busca refutar o contrarrestar, de manera triangular, el sentido antichino de la Doctrina Donroe. La multiplicación de intereses entre el Sudeste asiático y los BRICS es uno de los flancos de mayor potencialidad en la resistencia a la Doctrina Donroe.
Carlos Lopes, profesor de la Mandela School of Public Governance de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, sostiene que, en contra de una tendencia predominante desde fines del siglo XX, Europa comienza a perder fuerza como principal destino de las exportaciones africanas. También decrece la emigración ilegal africana a Europa: entre 2015 y 2018 el descenso fue de más de 2 millones de migrantes a menos 200, 000.
La Unión Europea está descendiendo a menos de un 65% en el intercambio comercial con África. Crecen, en cambio, los mercados interafricanos a más de 10%, y aumentan también las importaciones de China, América del Norte, pero también de Suramérica, fundamentalmente, a través de Brasil y los BRICS.
En su libro La trampa del autoengaño. Un análisis crítico de las relaciones entre Europa y África (Catarata, 2025), Carlos Lopes argumenta que la visión de África como un continente expulsor de migrantes está anquilosada e invisibiliza un trasiego de bienes y servicios en pleno despegue mediterráneo. Frente a la “larga historia de asimetrías”, Lopes llama a desentrañar las dinámicas comerciales intrafricanas, donde observa el nacimiento de las nuevas lógicas de integración.
Otra limitante de aquella perspectiva, anclada sobre la vieja dialéctica de la colonización y la descolonización, es que descuida el crecimiento de las exportaciones e importaciones africanas por el Atlántico. El papel de América Latina y el Caribe en ese circuito podría potenciarse, especialmente, a través de los BRICS y el liderazgo que Brasil ejerce en ese foro.
Muy probablemente, Uruguay, país que sigue de cerca la perspectiva brasileña, dará continuidad al relanzamiento de los vínculos de América Latina y el Caribe con África. Tal y como se vio en la pasada cumbre de la Celac con China, celebrada en Beijing en 2025, esta nueva iniciativa con las naciones africanas hace evidente que algunos gobiernos de la región, como el colombiano y el brasileño, están dispuestos a enfrentar la crisis del multilateralismo por medio de una mayor conectividad entre estados y naciones del Sur global. (Rafael Rojas, La Razón, Informativa, p. 5)
En 2004, el venezolano Jorge Luis Brizuela se registró ante el SAT como pequeño comerciante. Su dirección fiscal era un cuarto de un edificio medio destartalado en Iguala, Guerrero. Unos años después, se incorporó como socio en tres empresas. Las empresas no parecían tener gran actividad; los montos de inversión eran menores y los socios eran personas sin registros públicos como empresarios. Sin embargo, apenas unos años después, Brizuela se convirtió en un hombre de negocios acaudalado, con escándalos de corrupción y nexos con el caso Koldo, el mayor caso de corrupción en España.
Brizuela nació en Caracas en 1974 y se naturalizó como ciudadano mexicano. Por eso le llamaban “El Venezolano”. Todas las fuentes con quienes hablé coincidieron en que, en algún momento, se volvió muy cercano a Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, ahora embajador de México en Canadá.
Esta semana, la policía en Cancún detuvo a Brizuela. Lo acusan de extorsión y de tentativa de feminicidio. El 10 de marzo, un juez en Quintana Roo ordenó su aprehensión. Tres días después, según revisé en documentos judiciales, unos policías fueron a buscarlo a su casa en Cancún. Su abogado presentó un amparo en la Ciudad de México para que no lo detuvieran, pero no llegaron a otorgárselo. Obtuve registros que muestran que Brizuela está acusado de otros casos y delitos, pero estos no fueron determinantes para su arresto.
Varias fuentes me contaron cómo Brizuela defraudó a socios y a personas con quienes hizo negocios. Varios empresarios me confirmaron que lo habían demandado por defraudarlos. “Las denuncias no han avanzado. Brizuela se compró a mucha gente”, me dijo uno de los empresarios que lo demandó.
Durante años, Brizuela parecía intocable. Se tomaba fotos en hangares presidenciales, con el fiscal de Quintana Roo, la nueva gobernadora del estado, otros políticos y militares, incluso con Ricardo Cardona, chef de los Yankees de NY. Viajaba con frecuencia en aviones privados y de gobierno. Mostraba su dinero y su fortuna. Varias fuentes me aseguraron que fue pareja de Candela Márquez, actriz española y exnovia de Alejandro Sanz. Pude confirmar que Márquez estuvo en algunos de estos viajes, incluido uno a Punta Cana.
Durante la pandemia, Brizuela obtuvo varios contratos multimillonarios relacionados con la emergencia del Covid-19. Los más importantes eran para pruebas médicas, cubrebocas y unas carpas que el gobierno de Quintana Roo instaló en varias ciudades. Dos empresarios me dijeron que Joaquín González avalaba personalmente a Brizuela cuando alguien le preguntaba por él. Ahora, algunos de esos contratos están bajo investigación porque varios proveedores aseguran que Brizuela cobró por ellos, pero nunca les pagó por sus servicios. Busqué al exgobernador, pero no obtuve respuesta.
En ese momento, la operadora principal de Brizuela era Vanessa Vargas, a quien él presentaba como su pareja. Encontré varias empresas que Brizuela operó y en las que aparece Vargas. La más importante es Pronalab, que conecta a Brizuela con el caso Koldo.
Pronalab México se constituyó en 2021, como publicó la revista Proceso. Obtuve los registros de comercio y confirmé que su socia principal es Global Stratos Investments, una compañía con sede en España. El año pasado, dos testigos reconocieron ante el Tribunal Supremo de España que habían pagado sobornos a Koldo García, asesor del ministro de Transportes español. Los pagos de los sobornos, según la investigación española, ocurrieron en República Dominicana. La conexión entre los políticos, los empresarios y los sobornos tenía como punto en común Pronalab, la empresa de servicios médicos. Global Stratos controlaba Pronalab tanto en México como en República Dominicana. Y Brizuela era el operador de ambas.
Allí, varios socios de la filial dominicana coinciden con los nombres que hallé en los documentos públicos de Pronalab en México. En 2022, un acta de asamblea de Pronalab muestra que varios de sus operadores también están involucrados en el caso Koldo.
Brizuela lleva varios días en prisión y no queda claro de qué crímenes específicos se le acusa. Mientras tanto, queda mucho por entender sobre cómo operó la conexión República Dominicana-España-México en el caso Koldo y, sobre todo, qué pasará con esos otros casos de fraude y extorsión en Quintana Roo, que parecen dormidos, aun después del arresto de “El Venezolano”. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p. 8)