Opinión Migración 010426
Desde el Biopoder / Viacrucis migrante
Los migrantes originarios de Centroamérica, Sudamérica y Asia que pasan por territorio mexicano viven un verdadero viacrucis en su lucha por alcanzar mejores condiciones de vida.
A lo largo de su trayecto, las personas en movilidad son víctimas de diferentes “Judas” que los traicionan, entre ellos, integrantes de grupos delictivos que los tratan como mercancías y que solo buscan obtener beneficios personales.
El viacrucis es, en realidad, una vía dolorosa, un camino lleno de cruces y abusos, por la que pasan las personas que dejaron sus lugares de origen con el único objetivo de mejorar su realidad, su entorno y el de sus familias.
A pesar de las denuncias, la cadena de abusos y las violaciones a los derechos humanos de los migrantes son una constante en territorio mexicano. En medio del sufrimiento y el dolor, los llamados “sin papeles” mantienen la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida y una ocupación que les permita obtener recursos para apoyar a sus familias.
Ante las redes que violan los derechos de los migrantes y ponen en riesgo sus vidas, se presentan bálsamos de apoyo en la sociedad como las pastorales de la iglesia católica que ofrecen alimentos y hasta un techo para descansar.
La lucha entre los que abusan de las personas en situación de movilidad y los que los defienden por el hecho de ser seres humanos está presente en diferentes zonas del país, entre ellas, en la ruta que pasa por el estado de Puebla.
En el marco de la Semana Santa 2026, migrantes y activistas escenificaron un “viacrucis migrante” en Tapachula, Chiapas, como parte de una protesta por la situación que está viviendo.
Los migrantes esperan que su propuesta se replique en otros puntos del país para denunciar que están viviendo en una “cárcel” porque no pueden seguir avanzando hacia Estados Unidos y en el camino son víctimas de abusos.
Heyman Vázquez Medina, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana de la iglesia católica en Chiapas, aseguró que los migrantes padecen “un calvario” en su travesía. “El camino del migrante es un viacrucis, mucho sufrimiento. Queremos dar una palabra de aliento a los migrantes y una palabra a la sociedad para sensibilizarla”. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Desde Afuera / Mantener las tradiciones…
El asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, las muertes “inexplicables” de personas en los centros de detención y los abusos que cometieron y cometen los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) en el curso de sus acciones para ejecutar una campaña de detención y deportación masiva de inmigrantes indocumentados son, se puede decir, solo el debut nacional de una conducta que ha sido normal por décadas.
Porque buena parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, especialmente los destacados en la frontera con México, se han distinguido por conductas violentas, pero también por su impunidad. Y lo que EU vieron los últimos meses es lo que muchos mexicanos, y México-estadounidenses, han visto por décadas en la frontera. De acuerdo con varios historiadores, en la década de los 1910 y 1920, hubo cientos, “quizá millares” de mexicanos asesinados por los Texas Rangers, un cuerpo de Policía iniciado en 1820, que durante décadas se dedicó, no sólo a hacer la guerra sino al linchamiento, incluso, de indígenas, negros y mexicanos.
Muchos problemas y abusos, de acuerdo con historiadores, se dieron en la época en que las tensiones fronterizas fueron alimentadas por la Revolución Mexicana, rápidos cambios demográficos y la ocupación de tierras por colonos blancos, anglosajones.
Los Rangers parecen haber operado con impunidad en esa época, por lo menos algunas versiones. Los presuntos guardianes de la ley “no inventaron la brutalidad policíaca, la perfeccionaron”, dijo el periodista Doug Swanson: no diseñaron la tortura, el incendio de casas o las ejecuciones sumarias, pero no fueron tímidos para hacerlas, algo que los hizo tan temibles para los México- estadounidenses como el Ku Klux Klan para los afro-americanos. Cuando se fundó la patrulla fronteriza en 1924 muchos de sus miembros fueron reclutados de los Texas Rangers, y de entre los militantes del KKK.
Hay un vínculo directo entre esos Texas Rangers y la actual patrulla fronteriza, esa misma que en 2003, con la formación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se dividió con la agencia de inmigración y aduanas (ICE), y que se comporta todavía con la misma sensación de impunidad que le dan años de disparar a través de la frontera contra mexicanos, o de maltratar a inmigrantes documentados o indocumentados que caen en sus redadas, o que cruzan la frontera.
Medio centenar de inmigrantes, presuntamente indocumentados detenidos en centros de detención del ICE, habrían muerto bajo su custodia en los últimos tres meses. Hay casos escalofriantes, como el del hombre laosiano que fue arrestado y ahora languidece en un hospital luego de haber perdido tres citas de radiación para enfrentar un cáncer. O el del niño de 5 años detenido. En fin, todo para que la tradición no se pierda. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)
La Gran Carpa
Rehilete
La diputada Maribel Solache (Morena) denunció que el derecho a la identidad de los migrantes está en jaque. Entre trámites lentos y falta de digitalización, los “coyotes” hacen su agosto cobrando hasta 20,000 pesos por un acta. Aunque la Cancillería presume avances, la legisladora impulsa reformas para que los cónsules dejen de poner trabas y garanticen documentos gratuitos a nuestros paisanos. (La Gran Carpa, El Economista, El Foro, p. 39)
El derecho a comer, pendiente en México
Para millones de familias, no comer bien ya no es un estado habitual; es una incertidumbre diaria. Esa es la realidad para una de cada dos familias en México.
El derecho a la alimentación no es una aspiración; es una garantía constitucional. Está claramente escrito. Está reconocido en la ley. Y, sin embargo, para millones de personas no se cumple.
Y esa es la contradicción: un país con el derecho a comer en el papel, pero no siempre en la mesa.
Durante años, el Estado ha abordado este problema desde el punto de vista de la posibilidad. Podría implementar programas, podría establecer comedores, podría intervenir. Pero lo que la política pública quiere lograr no significa necesariamente hacer.
La diferencia entre “podría” y “debe” no es menor. Es la distancia entre la voluntad y la obligación.
Además, en 2018, la Federación también se retiró de la instalación y operación de comedores comunitarios, dejando en segundo plano una herramienta directa para atender a quienes más lo necesitan. Desde entonces, garantizar el acceso a la alimentación depende más de decisiones administrativas que del cumplimiento efectivo del derecho.
Por eso propongo reformar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para establecer la instalación y operación de comedores comunitarios en el país. Lo planteé en tribuna y lo repito ahora: la iniciativa no crea un derecho nuevo, busca hacerlo efectivo para que el derecho a la alimentación deje de ser letra muerta.
Este modelo no parte de cero. Hay evidencia de que puede funcionar. En el país, experiencias como la de Chihuahua con el programa “Nutri Chihuahua”, demuestran que los comedores comunitarios operan de manera efectiva, brindan alimentos nutritivos en condiciones dignas a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo que se ha logrado a nivel local confirma que es viable; el reto ahora es escalarlo al ámbito nacional y garantizar su continuidad como una política pública sostenida.
El desafío no es pequeño. El desarrollo de un sistema nacional como este exige coordinación, experiencia, disciplina y voluntad. Pero ese es precisamente el punto: cuando un derecho está en la Constitución, no puede depender de decisiones administrativas ni de la voluntad política del momento. Y eso es lo que ha ocurrido; el acceso a la alimentación ha estado más en el poder del gobierno para hacerlo que en su deber de garantizarlo.
En un país donde el derecho a la alimentación ya está reconocido, el problema no es la falta de nuevas políticas, sino la falta de cumplimiento de las que ya existen.
En resumen, es esta responsabilidad, sin matices, la que hoy deben asumir quienes gobiernan.
Datos que no pueden ignorarse:
* Uno de cada dos hogares en México enfrenta inseguridad alimentaria (ENSANUT 2022, INSP).
* Más de 46 millones de personas viven en pobreza.
* Millones de niñas y niños presentan problemas de nutrición que afectan su desarrollo.
* 7 de cada 10 migrantes en tránsito han reportado haber pasado hambre en el país. (Mario Vázquez, El Heraldo de México, Desde el Legislativo, p. 10)
¿Ciudadanía por nacimiento?
Hoy, la Suprema Corte de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) llevará a cabo audiencias para el caso Trump v. Barbara. Este caso cuestiona si la Orden Ejecutiva 14160, que ordena a todos los departamentos del Poder Ejecutivo negarse a reconocer como ciudadanos a los niños nacidos en Estados Unidos, pero de padres inmigrantes indocumentados o sin residencia permanente, es compatible con la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda XIV (1868), que otorgó la ciudadanía a los ex esclavos tras la Guerra Civil en ese país.
Sin embargo, el Presidente no puede suspender los efectos de esta enmienda (o cualquier otra) mediante una orden ejecutiva porque ésta es una herramienta del Poder Ejecutivo, pero está por debajo de la Constitución y sólo aplica para dirigir a las oficinas que dependen del Ejecutivo en la ejecución de leyes existentes, no a las instituciones o instancias del Poder Legislativo o Judicial. No puede modificar ni interpretar la ley.
La SCOTUS no puede eliminar esta enmienda, ni reescribirla, pero sí interpretar la Constitución y sus leyes. La Constitución otorga al Congreso la facultad “para establecer una regla uniforme de naturalización”, esto es, pasar leyes relacionadas con la inmigración, y el Ejecutivo es quien las implementa mediante sus agencias.
La Enmienda XIV, Sección 1, dice: “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida”. Y por ello hoy se interpreta que quienes nacen en EU son ciudadanos de ese país y del estado en el que residen, excepto los hijos de diplomáticos y de las fuerzas enemigas en ocupación.
Con respecto a “estar sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y el estado en el que residen”, significa que el Gobierno puede hacer cumplir sus leyes sobre la persona en cuestión, arrestarla, juzgarla y sancionarla, sin importar su ciudadanía o estatus migratorio. De hecho, las personas inmigrantes están completamente sujetas a la jurisdicción de las leyes estadounidenses porque muchas de ellas son detenidas por la policía y procesadas penalmente todos los días, además de que siempre deben cumplir las leyes federales y estatales.
La única excepción con respecto a la jurisdicción habían sido los pueblos indígenas. Hasta antes de la Ley de Ciudadanía Indígena (1924), eran considerados como miembros de naciones soberanas separadas o sujetos a leyes discriminatorias, pero a partir de esta ley ya se les considera ciudadanos por nacimiento.
De hecho, el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898) interpretó que “sujetas a su jurisdicción” incluye a las personas que viven en ese país, por lo que están obligadas a cumplir las leyes y eso incluye a ciudadanos, residentes permanentes legales e inmigrantes indocumentados.
Por cierto, aunque algunos jueces de ese caso cuestionaron que los padres de Wong Kim Ark eran extranjeros, que pertenecían a un grupo discriminado por ley y que existía legislación que restringía su inmigración (Ley de Exclusión China, 1882), la mayoría de los jueces determinaron que Wong Kim era ciudadano estadounidense por nacimiento. Determinaron que la Constitución prevalece sobre leyes migratorias y ese caso ha sentado una jurisprudencia hasta nuestros días. El tema había quedado saldado en las cortes porque asentaba los criterios de la nacionalidad por nacimiento y la separaba de las restricciones migratorias.
La propuesta de la orden ejecutiva de Trump es inconstitucional, discriminatoria y de carácter indiscutiblemente político. Si la SCOTUS decidiera ir contra más de un siglo de práctica legal, arriesgando su legitimidad, la redefinición de quién es ciudadano por nacimiento podría ocasionar problema de identidad, derechos civiles, acceso a servicios y posible condición de apátrida a miles o millones de personas, ocasionando muchísimos problemas administrativos y legales al propio sistema estadounidense y provocando una gran crisis.
También habría impugnaciones inmediatas, resistencia política y social masiva y le podría otorgar la mayoría en el Congreso al Partido Demócrata en las elecciones legislativas de noviembre próximo, para que éste apruebe alguna ley que restaure la interpretación tradicional o inicie un proceso de enmienda constitucional. (Gabriela de la Paz, Reforma, Opinión, p. 8)
Cartones
Irresponsables
(Xolo, 24 Horas, Página 2, p.2)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 31/03/2026