› Funcionarios extorsionadores
Lo que también dio materia de cuestionamientos ayer fue el anuncio del inicio de un proceso penal contra dos agentes migratorios, señalados por presuntamente extorsionar a extranjeros para permitirles el paso a nuestro país. De esto supimos hace tres meses, después de que alguien grabara a estos funcionarios en pleno acto criminal. Fue precisamente el material audiovisual que dio origen a esta investigación que ya llegó a las instancias de un juez, quien ya validó las pruebas expuestas. Nos dicen que aunque el propio Instituto Nacional de Migración, dirigido por Sergio Salomón Céspedes, fue el que denunció a estos personajes, el asunto no deja de ser una mancha en la gestión de las autoridades migratorias, pues se advierte que el caso reportado pudiera no ser aislado, por lo que habrá que poner más ojos sobre los oficiales que deberían guardar la seguridad de nuestras fronteras y no ser ellos de quienes las fronteras se deberían guardar, un campo más para la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha sido lanzada recientemente. (Redacción, La Razón, LADOS, p. 2)
Las muertes de personas migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más que ser casos aislados reflejan un patrón preocupante en el endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. En 2025 se registraron 31 fallecimientos —la cifra más alta en dos décadas— y en lo que va de 2026 ya suman al menos 14, en un sistema que mantiene cerca de 60 mil personas detenidas.
Con 14 connacionales fallecidos en centros de detención o en operativos vinculados al ICE, los mexicanos representan el 31% de las muertes registradas, en un contexto en el que más de 177 mil han sido detenidos. Al menos cuatro de estos casos —incluido el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años— han sido clasificados como “suicidios” en instalaciones donde existen denuncias por condiciones insalubres, negligencia médica, deficiencias en salud mental, aislamiento, abusos y falta de acceso a defensa legal, lo que obliga a mirar con enorme cautela las versiones oficiales y a buscar más información al respecto.
Casos recientes refuerzan las inconsistencias: José Guadalupe Ramos-Solano murió tras ser encontrado inconsciente en el centro de Adelanto, California, donde se han registrado al menos cuatro muertes de mexicanos desde 2025, como la de Alberto Gutiérrez Reyes quien falleció tras reportar dolor en el pecho sin recibir atención médica.
Como parte de su respuesta, el gobierno mexicano ha enviado notas diplomáticas por cada uno de los casos y anunció que se sumará como amicus curiae a la demanda colectiva contra el centro de detención de Adelanto, California, interpuesta por Public Counsel, en la que se documentan condiciones insalubres, aislamiento punitivo y graves deficiencias en la atención médica y de salud mental. En paralelo, México informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vía que permite documentar los abusos, darles visibilidad internacional y generar insumos para litigios en Estados Unidos; sin embargo, sus resoluciones no son vinculantes para ese país, ya que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana.
Frente a una administración como la de Donald Trump, que ha mostrado desdén por instancias internacionales y por la diplomacia, su impacto directo es limitado. Por ello, resulta fundamental, además de lo anunciado, impulsar litigios estratégicos en cortes federales estadounidenses, que han demostrado ser la vía más efectiva para frenar algunas medidas migratorias.
Un ejemplo claro fue el intento de eliminar el programa DACA, bloqueado en tribunales federales tras múltiples demandas; otro caso relevante fue la política de separación familiar en la frontera, que derivó en órdenes judiciales para detener estas prácticas y obligar al gobierno a reunificar a niñas y niños con sus familias; y más recientemente, el caso del centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en Florida, donde una jueza federal ordenó frenar su expansión y operación tras demandas que evidenciaron irregularidades legales. Asimismo, es necesario avanzar en una respuesta articulada en bloque con otros países cuyos ciudadanos también han sido afectados.
En este contexto, la reciente designación de Roberto Velasco al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ojalá sirva para fortalecer la respuesta de México frente a estos desafíos. Su paso por la Subsecretaría para América del Norte y su conocimiento de la relación con Estados Unidos podrían contribuir a mantener el tema en la agenda y a ampliar las vías de protección, defensa legal y acompañamiento a la comunidad mexicana en ese país, en un momento en el que los riesgos y desafíos son cada vez mayores. (Eunice Rendón, El Universal, Opinión, Online)
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó
En Viernes Santo es imperativo referirse a la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, un día de luto, reflexión y ayuno para quienes viven la fe cristiana y representan la tercera parte de la población mundial (incluye católica, protestante y ortodoxa); en tanto que 77 por ciento de la población mexicana se asume católica y 11.2, cristiana (protestantes, cristianos y evangélicos, Censo 2020).
La compasión y el acercamiento a las personas con discapacidad está en las raíces de la cultura occidental, entre otras razones por los milagros de Cristo hacia personas con discapacidad en los Evangelios: “Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó (Evangelio San Mateo 21: 14-16)”. Sin embargo, estudiar y atender las necesidades de las personas con discapacidad apenas en años recientes cobra importancia.
En este espacio presento un estudio sobre las condiciones de doble vulnerabilidad de las personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos que al menos tienen una condición de discapacidad, realizado por Marisol Luna y Valentina Rabasa, investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Falcso, México). Tal como las autoras refieren, el número de las deportaciones de nuestros paisanos ha venido en descenso. En comparación con sus antecesores y sucesores, el mayor número de deportaciones de personas de nacionalidad mexicana lo mantiene la administración de Barack Obama (2009-2016), durante sus dos periodos presidenciales, ascendieron a un millón 844 mil 573 y un millón 3 mil 364, respectivamente. En contraste, en la primera etapa presidencial de Donald Trump (2017-2020) se registraron 766 mil 376 deportaciones (con un promedio anual de 191 mil 594 eventos) y un total de 839 mil 760 en la de Joe Biden (2021-2024).
Con el freno a la emigración hacia el norte en el primer año del segundo periodo de Trump, el descenso superó todo pronóstico, los eventos de devolución de personas mexicanas desde Estados Unidos fue de 206 mil 232 en 2024 y durante 2025 descendió 22.3 por ciento, situándose en 160 mil 192 (la mayoría hombres mayores de 18 años); las personas mexicanas en situación migratoria irregular en la frontera suroeste de Estados Unidos pasó de 407 mil 932 en 2024 a 64 mil 795 durante 2025 (estimaciones del Consejo Nacional de Población, Conapo).
El estudio de Luna y Rabasa identifica en situación de discapacidad un volumen de 19 mil 926 personas mexicanas migrantes retornadas desde Estados Unidos (Censo 2020), además analizan la diversidad de sus perfiles, los tipos y causas de discapacidad, la afiliación a servicios de salud, el grado de dificultad para realizar actividades, padecimientos o algún problema mental, y la causa de origen de cada dificultad reportada. Clasifican el tipo de discapacidad en cinco categorías: 1) motriz: agrupa tanto a las personas que tienen mucha dificultad o no pueden caminar, subir o bajar, como a los que manifestaron esos grados de dificultad para bañarse, vestirse o comer; 2) auditiva: personas que aun usando algún aparato auditivo no podían oír o lo hacían con mucha dificultad; 3) visual: personas que aun usando lentes no podían ver o lo hacían con mucha dificultad; 4) del habla: personas que no pueden hablar o comunicarse o se les dificulta mucho, y 5) cognitiva: personas que no pueden recordar o concentrarse, o lo hacen con mucha dificultad.
Los hallazgos del estudio revelan una alta prevalencia de discapacidades visuales y motrices que se concentran en edades avanzadas, así como padecimientos relacionados con las actividades y condiciones laborales en Estados Unidos. Y se concluye que esta población vive una forma de exclusión estructural, se recomienda fortalecer su atención con mecanismos de evaluación participativa, enfoque interseccional y coordinación institucional, para garantizar una recepción digna y sin discriminación. Hay que reconocer que estas personas, aunque mexicanas, regresan a un país que muchas veces les resulta ajeno, y señalan que el programa gubernamental México te Abraza supo reaccionar al ofrecer apoyos sociales a personas retornadas, pero hace falta precisar una estrategia operativa clara y diferenciada.
La publicación se puede consultar en: https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/1050838/ MYS_2025__21012026_.pdf
Desde enero de 2025 el programa México te Abraza instaló un Centro de Mando en la Secretaría de Gobernación para monitorear módulos de atención situados en puntos fronterizos, se han brindado apoyos a más de 189 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos, con atención médica, sicológica, orientación jurídica, alojamiento, emisión de documentos, alimentos, tarjetas bienestar (de 2 mil pesos) y empleo para facilitar su reintegración digna y ordenada, quienes viven con alguna discapacidad podrán recibir la pensión especial que ya alcanza a un millón 600 mil compatriotas en tal condición.
Porque la compasión y la inclusión de personas con discapacidad es también una convicción del Estado Mexicano. (Gabriela Rodríguez, La Jornada, Opinión, p. 10)
Cuándo el presidente Donald Trump llegó por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, usó su primer día de su nuevo mandato para firmar una serie de decretos entre los que figuraba de manera prominente la intención de terminar con la ciudadanía por nacimiento, como parte de una política migratoria que busca detenciones y deportaciones masivas
Esa intención entró el miércoles a la atención de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a la audiencia, como muestra de la importancia que le asigna al tema.
Para muchos, esa presencia fue una forma de poner presión sobre magistrados que parecen escépticos respecto a los argumentos presentados, aunque no los desecharon de entrada: después de todo, seis de los nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos, y tres de ellos por el propio Trump durante su primer mandato.
Pero los jueces conservadores son renuentes a modificar la Constitución, aunque dos de ellos –Clarence Thomas y Samuel Alito- son considerados más políticamente sensibles a alegatos derechistas.
El impacto negativo de una reforma de ese tipo sería enorme, especialmente en detrimento de la minoría latina.
“Durante más de 150 años, la ciudadanía por derecho de nacimiento ha garantizado que el futuro de ningún niño esté determinado por el estatus migratorio de sus padres. Desmantelarla crearía una subclase permanente de personas nacidas en suelo estadounidense, profundizando el miedo, la división y la inestabilidad en las comunidades de todo el país”, señaló la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO).
La ciudadanía por nacimiento es parte de la jurisprudencia estadounidense desde 1866, en la 14 enmienda constitucional, que fue resultado de la guerra civil y la abolición de la esclavitud al garantizar igualdad y derechos a todos los nacidos en Estados Unidos.
Pero para muchos en los Estados Unidos, o al menos dentro de la coalición que apoyó la elección de Trump, la ciudadanía por nacimiento no sólo garantizó la igualdad racial, sino la posibilidad de qué esos niños nacidos en Estados Unidos sean usados por sus padres indocumentados para obtener la residencia legal o hasta como parte de lo que llaman la “invasión“ de migrantes del “tercer mundo” hacia su país.
Hablan también, por supuesto, de qué se trata de evitar que los indocumentados abusen del sistema y tengan acceso a los servicios y ayudas a costa del presupuesto estadounidense.
Pero para muchos, también, es parte de una definición mayor: ¿quién tiene derecho a ser estadounidense? ¿quién es un ser humano?
Esas son preguntas que de acuerdo con el periodista y politólogo Howard Fineman forman parte del debate estadounidense desde hace más de 200 años.
Los argumentos, y hasta los sujetos han cambiado y ahora tienen acentos raciales y hasta religiosos, pero en más de un sentido puede afirmarse que el debate sigue sin resolverse. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)