La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillejo, informó que el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo canciller será uno de los temas de la agenda legislativa de abordarán en la semana que inicia.
A través de sus redes sociales, la senadora detalló que luego del receso vacacional de 12 días se discutirá en comisiones la iniciativa presidencial de reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidios. (Héctor Figueroa, Excélsior, Nacional, p. 4)
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que más de 18.2 millones de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad reciben una pensión y son beneficiarias de los programas de Bienestar.
Mediante un comunicado, la titular de Bienestar destacó que las Pensiones para el Bienestar han contribuido a la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos. (Ximena Mejía, Excélsior, Nacional, p. 4)
Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Baja California concentran alrededor de un tercio de los homicidios dolosos registrados en México. Los cuatro estados comparten otro rasgo: sus corporaciones policiales estatales están muy por debajo de la cifra mínima de efectivos que el propio gobierno federal considera necesario para garantizar la seguridad pública.
Según un informe del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), publicado en febrero por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, cada entidad debería contar con al menos 1.8 policías estatales por cada mil habitantes, según el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 7)
Desde este fin de semana, el Consejo General de INE quedó incompleto, sólo con ocho integrantes, al concluir su periodo de nueve años tres consejeros de un total de 11 que lo conforma.
El organismo operará incompleto hasta la última semana de abril cuando el pleno de la Cámara de Diputados elija a las personas que ocuparán las tres vacantes de un total de 410 candidatos inscritos. (Héctor Figueroa, Excélsior, Nacional, p. 4)
En su primer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, remitido al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la pacificación del país avanza con base en un nuevo esquema basado en la inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas que originan la violencia.
En ese sentido, en 2025 disminuyeron los delitos de alto impacto, se consolidó la Guardia Nacional (GN), se detuvo a 23 mil 924 delincuentes y se bloquearon 7 mil 337 cuentas bancarias de procedencia ilícita, pues la ofensiva no sólo se dirige contra operadores armados, sino también contra finanzas del crimen organizado. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.7)
El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, presentó ante la Cámara alta, la que denominó Ley Nicholas Douglas Quets de Respuesta Rápida Estados Unidos-México para Víctimas de Delitos, con la que pretende que las agencias de seguridad e investigación de ambos países puedan actuar para atender con urgencia a ciudadanos estadunidenses que sean víctimas de un crimen en territorio mexicano.
Mark Kelly justificó esta legislación con el crimen del veterano marine estadunidense Nicholas Douglas Quest, quien fue asesinado el 18 de octubre de 2024, en un aparente intento de asalto por sicarios de un grupo criminal en la carretera Altar-Caborca, en Sonora, cuando se dirigía con su novia y suegra a las playas de Puerto Peñasco. (Daniel Sánchez D. Excélsior, Nacional, p. 6)
A más de seis meses de haber sido sido detenido y extraditado de Paraguay, la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha cumplimentado la orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco –diciembre de 2019 a febrero de 2024–, e identificado como líder del grupo delictivo La Barredora.
El ex funcionario tabasqueño fue identificado por un testigo colaborador de la FGR “como líder y fundador de la organización delictiva” de acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, y se giró la orden el 17 de septiembre de 2025. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 7)
Más de 18.2 millones de personas en México reciben actualmente una pensión del Bienestar, en un esquema que el Gobierno federal define como derecho social permanente y sin intermediarios, con presencia en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Bienestar informó que el alcance incluye a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, en lo que calificó como una cobertura inédita en la historia del país, al consolidarse como uno de los programas sociales de mayor amplitud. (Frida Valencia, El Heraldo de México, País, p. 5)
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó el rol que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los últimos años, “que sólo confirma su pérdida de autonomía y la cooptación partidista”. Esto, luego de que el órgano cuestionara que la información que dicha organización envió al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada es sesgada.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se sumó a las organizaciones que respaldan la decisión del comité de solicitar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que presente el problema de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, ya que “avala lo que ha sido documentado por la sociedad civil durante décadas”. (Jessica Xantomila y Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 5)
Durante más de 20 años el ginecólogo Jesús Estuardo Luján Irastorza vendió su “parto humanizado”, prometiendo un trato digno a sus pacientes, pero con el tiempo surgieron decenas de víctimas de sus malas prácticas, negligencia y violencia ginecobstétrica.
Muchos bebés murieron antes de nacer, otros padecieron sufrimiento fetal, muerte cerebral o enfermedades no diagnosticadas y secuelas físicas. (Sanjuana Martínez, La Jornada, Política, p. 8)