Al cierre del primer bimestre del año, el turismo internacional hacia México parece resistir los embates de un frenético entorno global, sin dejar de tener en cuenta que será hasta tener los resultados correspondientes al mes de marzo, cuando puedan elaborarse conclusiones sobre el impacto de los acontecimientos ocurridos en el país el 22 de febrero pasado.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, el número de residentes en el extranjero que ingresaron al país por vía aérea en los primeros dos meses del año, tuvo un crecimiento del 1.3%, modesto sí, pero crecimiento al fin. De esta forma, se reportó el ingreso de un poco más de 3.9 millones de viajeros aéreos. No sobra mencionar que estos viajeros aéreos contabilizan de manera regular, alrededor del 80% de las divisas turísticas del país.
Como de costumbre el mayor volumen de estas personas provino de Estados Unidos (58.6%) proporción que −importante mencionar− es menor a lo que en los últimos se venía registrando para estos primeros meses del año, en los que solía estar más en torno al 65%. Es relevante mencionar que en el total de estos viajeros hay una contracción interanual del 2.5%, es decir, unos 60 mil menos. ¿Entonces, cómo es qué si se obtuvo en el principal mercado un resultado malo, el conjunto es, por el contrario, moderadamente bueno?
Es posible identificar varios factores que explican este comportamiento, destacando, sin duda, un muy importante crecimiento del mercado canadiense del 9.2%; un buen inicio de año para el mercado argentino (4.8%), colocándose como el tercero más relevante en el periodo; el mercado colombiano deja de caer y crece un 18%; incluso el caso brasileño que todavía no se beneficiaba del nuevo procedimiento de visado digital retorna al top ten de mercados emisores con un aumento de 12.4%.
Cuando se revisa el mercado canadiense en este, necesariamente, surge el factor Trump, como parte fundamental de la explicación de su crecimiento hacia los destinos mexicanos, pues la combinación de los excesos en la política migratoria y, sobre todo, la ruda narrativa hacia el país de la hoja de maple y sus ciudadanos, han provocado que un muy importante número de canadienses desvié sus intereses de viaje. Tan solo en enero de este año, la caída en los viajes desde Canadá a Estados Unidos por vía aérea es de 12.2% y entre el mismo primer mes de este año y el primero de 2023 hubo 342 mil canadienses menos. No es ninguna casualidad que la ruta aérea con más tráfico internacional conectando algún punto del país en el primer bimestre del año −igual que en todo 2025− sea la de Cancún-Toronto.
En el caso del conjunto de la región sudamericana, los meses iniciales del año parecen prometedores con el aumento de 6.3% en comparación interanual; no obstante, al revisar su proporción en el conjunto, esta que es de 6.4% está lejos de los niveles de penetración que se alcanzaron la década pasada, pues, por ejemplo, en el año 2019 dicha proporción alcanzó cerca del 11%. El −por ahora− interrumpido descenso en el número de viajeros de esta región está relacionado con una política de visados restrictiva para Brasil, Ecuador y Perú, además de restricciones migratorias para los colombianos. Con independencia de la pandemia, de manera conservadora se estima que como resultado de estas medidas se han dejado de recibir más de 2 millones de turistas y más de 2,500 millones de dólares.
En todo caso, México tiene una gran oportunidad −pero también un gran reto−, en mantener y crecer su presencia en el mercado canadiense. Además de lograr que los viajeros incrementales que ahora se reciben, no se vuelvan turistas prestados, debería lograr construir −a partir de la diversidad de su oferta− la posibilidad de ser, también, un destino para el verano de los canadienses pues, por ahora, la penetración en este segmento es muy limitada. Ciertamente, una tarea de esta naturaleza debería asumirese desde una colaboración público-privada.
A propósito del efecto Trump para el turismo mexicano
El freno a los visitantes sudamericanos −entre otras cosas−, no parecería ajeno a las presiones del gobierno norteamericano sobre nuestro país en los últimos años, para evitar el uso de nuestro país como trampolín para una migración irregular. Aunque el caso peruano se cuece aparte.
Por otro lado, en lo que parece un comportamiento contraintuitivo, llama la atención que el número de mexicanos viajando por vía aérea hacia Estados Unidos creció 7.1%, en estos primeros 2 meses de 2026. (Francisco Madrid, El Sol de México, Finanzas, p. 13)
No se puede olvidar el caso
Imposible no condolerse con la familia del joven Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien murió en Florida, Estados Unidos, cuando se encontraba bajo la custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE. El deceso ocurrió el pasado 16 de marzo en el Condado de Glades, en Florida y significó el fallecimiento del mexicano más joven en circunstancias que aún se tienen que aclarar. El chiapaneco ayer fue sepultado en su tierra natal, el municipio indígena de San Juan Chamula, luego de un proceso de repatriación que terminó resultando bastante complicado. Las imágenes del último adiós a Royer dan cuenta de las condiciones adversas en las que subsisten sus familiares, por lo cual, como una acción mínima de justicia, su caso no debería quedar impune. Es sabido que el Gobierno de México, a través de la Cancillería, ha exigido al de Estados Unidos el esclarecimiento de esa muerte y de 13 más ocurridas en centros de detención de migrantes. También ha anunciado que se sumará a una denuncia que ya hay por ese tema. Por lo pronto, que el caso no se olvide.
Las demandas de la Iglesia
Y es en la actual coyuntura de Pascua que la iglesia Católica aprovechó para llamar a la clase política mexicana a contribuir en la tarea de restaurar lo que “ha sido roto” en el país. “Éste es nuestro llamado en esta Pascua a los políticos, a los líderes sociales, a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido roto, de acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad”, refirió, a través de su semanario Desde la Fe, en el que, además, solicitó a la clase gobernante escuchar “sin filtros ideológicos” a aquellos que necesitan que su voz se oiga: las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes viven las heridas de una violencia “que no se agota”, los migrantes que “caminan sin certezas” o los jóvenes que “no encuentran un lugar dónde construir su futuro”, porque “no bastan los discursos o las promesas, lo que hace falta es escuchar”. Nos piden no perder de vista que en esa enumeración de situaciones asoman también causas que abraza la Iglesia en el debate político. Ahí el dato. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Garantizar el voto de las y los mexicanos en el exterior es una tarea primordial para el sistema electoral mexicano.
De acuerdo con estimaciones del propio Instituto Nacional Electoral (INE) más del 95 por ciento de las y los mexicanos residentes en el exterior se encuentran en Estados Unidos, por lo cual los esfuerzos para asegurar al voto migrante, tienen una dimensión especial en el vecino país del norte.
De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno de México, basadas en la Current Population Survey 2018, indicaban que poco más de 12 millones de mexicanos y mexicanas nacidas en nuestro país radicaban en Estados Unidos, es decir, eran migrantes de primera generación. Y otra cantidad superior a los 26 millones eran de segunda y tercera generación, lo cual haría que la población de origen mexicano ronde los 40 millones de personas.
A su vez, las y los migrantes indocumentados, de acuerdo también a estimaciones oficiales, serían superiores a los 4 millones. Estas cifras ilustran la necesidad de reforzar los derechos político-electorales de las y los mexicanos en el exterior, no sólo habilitando módulos del INE en los consulados mexicanos, sino también ampliando las elecciones en las cuales puedan participar, además de garantizarles el ser elegidos en cargos de representación popular.
De manera reciente, el INE estableció que las y los migrantes puedan participar en la elección de 10 gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes, como parte del ejercicio de sus derechos político-electorales.
El Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027 indica que la participación desde el exterior incluirá a los comicios locales de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se renovarán sus respectivas gubernaturas, además de la elección de cuatro diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
Las modalidades en las cuales podrán emitir su voto las y los migrantes será el sufragio postal, electrónico por internet, y la votación presencial en sedes habilitadas en el exterior.
A la fecha las y los migrantes también pueden votar en la elección de la Presidencia de la República y de Senadurías. Resalta que, en el Estado de México, y derivado de un litigio electoral iniciado por una ciudadana, en 2024 las y los mexiquenses en el exterior pudieron votar por diputaciones locales de representación proporcional.
Los avances en el voto migrante son un aliciente para una sociedad más igualitaria, donde prive el respeto a los derechos fundamentales, sin embargo, las demandas de las y los migrantes apuntan a una mayor participación, por ejemplo, el que puedan votar por presidencias municipales y aumentar el número de las diputaciones y senadurías migrantes, además de evitar simulaciones.
En el caso del voto migrante por las alcaldías resulta una demanda básica, pues la autoridad municipal es la más cercana a sus familias, incluso puede representar nuevas condiciones para su posible retorno al país.
Y respecto a las senadurías y diputaciones migrantes, la demanda va en distintos sentidos. Aumentar estos espacios es el inicio, pues los migrantes también consideran necesario que los partidos no sólo postulen a representantes migrantes, sino que les garanticen alcanzar un escaño, en el caso de ser postulados por la vía de la representación proporcional.
De igual forma, la comunidad migrante ha propuesto que sus representantes sean elegidos por ellos, y no propuestos por los partidos. A la fecha han existido postulaciones que sí responden a las necesidades de los migrantes, sin embargo, debe cerrarse cualquier espacio a la simulación.
El voto migrante no es una concesión, es una demanda de mexicanos y mexicanas, cuya única diferencia es su lugar de residencia. Migraron en busca de mejores condiciones económicas y sociales, pero sus derechos políticos siguen vigentes. Son un poder ciudadano que trasciende las fronteras. (Karina Ivonne Vaquera Montoya, La Crónica de Hoy, Metrópoli, p. 15)
Moverse en México tiene sus retos. Llegar a un destino puede ser una mezcla de persistencia, fuerza y algo de suerte. El transporte público no necesariamente cubre todas las necesidades y a lo largo de los años su mejora es lenta.
Según algunos estudios de organizaciones internacionales, los desafíos que enfrenta el transporte público hacia el 2030 son significativos porque la mayoría de las zonas rurales del país carecen de un servicio eficiente.
Según el INEGI, el 40 por ciento de la población considera que el transporte público es ineficiente. Y puede que tengan razón, la mayoría del transporte público tiene una vida por encima de los 20 años y casi el 40 por ciento ya debería ser renovado.
Con excepción de algunas ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, hay pocas renovaciones que buscan migrar a un sistema de transporte público que use energías renovables.
Con este panorama, no resulta extraño que buena parte de las personas busquen una forma de encontrar un transporte privado para moverse.
Las alternativas son varias, desde autos de una gama baja que han hecho que las ciudades se muevan a un ritmo cada vez más lento, al grado que Ciudad de México está catalogada como la ciudad más lenta del mundo, como este surgimiento de motocicletas que es cada vez más frecuente.
Hace poco viaje por trayectos de carretera en varios puntos de Yucatán. Una característica nueva fue encontrar muchas personas cuya movilidad es en motocicleta.
La explicación que hay para usar la motocicleta en parte viene de lo que contábamos en el párrafo anterior. Moverse en auto en algunas ciudades hace que los traslados sean muy lentos y estar sobre dos ruedas facilita y reduce algunos tiempos.
También, los grupos de usuarios de motocicletas defienden el uso de este tipo de vehículos porque resulta ser un medio de transporte mucho más económico y accesible para trasladarse que un automóvil.
Los servicios y el mantenimiento son visiblemente más baratos, su vida útil también es un poco más prolongada y en muchas ocasiones, terminan siendo una opción para las familias que buscan resolver trayectos más cortos en menos tiempo.
El problema es que la proliferación de este medio de transporte no necesariamente ha venido de la mano con una cultura vial que les dé seguridad a los conductores de las motos y el índice de accidentes mortales en ese medio de transporte ha aumentado 44 por ciento.
Y aquí viene la duda genuina: ¿en dónde está nuestra responsabilidad para garantizar seguridad en las vialidades y dónde está la de las autoridades?
¿Es una obligación de quienes patrullan las carreteras o vigilan las calles regular qué transportes pueden ocupar ciertos caminos? O más bien, ¿la idea debería ser hacer más amables las vías de comunicación a nuevos transportes como las motocicletas o incluso las bicicletas?
La pregunta viene porque no podemos pensar en un sistema de transporte en el que solo unos cuantos tengan el privilegio de viajar cómodos y seguros. (Miriam Castillo, 24 Horas, México, p. 6)
El nuevo canciller Roberto Velasco tiene muchos retos y una oportunidad. Hasta ahora, como en el resto del gobierno mexicano cuando se trata de la relación bilateral, la Cancillería en tiempos de Claudia Sheinbaum ha tenido un objetivo primordial: apaciguar a Donald Trump. El bajo perfil del canciller De la Fuente y, hasta hace muy poco tiempo, el silencio público del embajador Moctezuma no han sido casualidad. Los retos de seguridad y el espinoso proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han colocado a la diplomacia mexicana en una encrucijada que el gobierno actual resolvió apostando por el silencio y la anuencia frente a la Casa Blanca de Trump. Una gerencia cuidadosa, y poco más.
El problema es que ese acercamiento timorato se enfrenta, de manera irremediable, con la realidad de millones de mexicanos en Estados Unidos, a quienes el gobierno mexicano ha terminado por desproteger en su momento de mayor necesidad.
Parece que fue hace un siglo que Andrés Manuel López Obrador publicó un libro desafiando la xenofobia y el nativismo trumpista. De aquel augurio de valentía no queda nada. Si el abandono del presidente anterior ya era grave, el del gobierno mexicano actual es mucho peor. En la primera presidencia de Trump, la hostilidad contra la comunidad migrante mexicana existió y lastimó a mucha gente, pero lo que se ha visto en este segundo periodo es ignominioso: desde el comienzo de la campaña de terror contra los inmigrantes, millones de mexicanos en Estados Unidos se han visto hundidos en la zozobra. Al menos 14 han muerto bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses. Basta rascar un poco en los reportes periodísticos para encontrar incontables historias de sufrimiento.
¿El gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho lo suficiente para proteger a la comunidad mexicana? Después de hablar con expertos y líderes comunitarios a lo largo de los últimos meses, tengo claro que la respuesta es no.
El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, me dijo hace poco que, aunque el gobierno de México ha puesto en práctica algunas medidas de apoyo, estas han sido insuficientes dado el tamaño del reto. Sarukhán reconoce el trabajo esforzado de algunos cónsules, pero sugiere que se trata de batallas individuales, herederas del mejor legado del Servicio Exterior Mexicano, hoy prácticamente desmantelado. Muchas de los esfuerzos que el gobierno presume son parte de la labor que las representaciones diplomáticas “hacen de oficio” en Estados Unidos, dice Sarukhán. La realidad es que el gobierno de México ha desprotegido a los mexicanos en tiempos de persecución inédita.
Puede parecer obvio, pero no está de más recordar que la protección activa de los mexicanos en el exterior está consagrada como una misión central de la Cancillería. Ni la presidenta Sheinbaum ni el equipo diplomático que la ha acompañado hasta ahora han estado a la altura de esa encomienda básica. El canciller Velasco -que, a pesar de su juventud, lleva ya un tiempo en el centro de la relación bilateral- haría bien en demostrar imaginación moral y dedicar recursos (reales, no retóricos) y tiempo a revertir el sentimiento de abandono que uno escucha reiteradamente entre la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Como en tantas y tantas cosas, hay que subrayar: esta no era la promesa del proyecto de gobierno actual. En realidad, era la opuesta: una defensa robusta y activa como prioridad diplomática.
La presidenta Sheinbaum ha demostrado muchas veces que le sobra corazón y hasta voluntad de antagonizar a la Casa Blanca cuando se trata de Cuba. Millones de mexicanos en Estados Unidos no merecen menos. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A11)
Pronto vencerá el ultimátum que Donald Trump lanzó a Irán: o abren el estrecho de Ormuz o podría “desatarse el infierno”. La respuesta iraní si esa amenaza se concreta, será destruir la infraestructura estadounidense en la región. Ambos hablan de consecuencias devastadoras y el conflicto se intensifica. La incertidumbre se alimenta además con las versiones contradictorias. Trump dice una cosa, Teherán la desmiente, y nadie sabe a qué atenerse.
Mientras el mundo entero padece los altos precios del petróleo, en Estados Unidos las consecuencias van más allá de lo económico. La incursión militar ha dejado al menos 13 militares muertos y cientos de heridos. La opinión pública reprueba muchas de las decisiones presidenciales y el costo político crece todos los días.
Trump inició su segundo mandato con la promesa de arreglar la economía y evitar guerras. La realidad ha estado muy alejada de eso. Los 200 mil millones de dólares adicionales que ha tenido que solicitar para gasto militar, han llevado incluso a sus aliados a cuestionar la estrategia. Y eso es apenas el principio. El mandatario estadounidense propuso un aumento histórico de hasta 1.5 billones de dólares destinados a defensa. Para lograrlo tendrá que recortar el presupuesto de educación, programas sociales, agricultura, comercio y sobre todo medio ambiente. Tan solo la Agencia de Protección Ambiental perdería más del 50 por ciento de sus fondos.
Las encuestas señalan que 6 de cada 10 de sus gobernados opinan que la intervención en Irán ha sido excesiva y están en contra del envío de tropas. Con casi la misma proporción, solo 4 de cada 10 avalan su desempeño en la presidencia. Si esos números se sostienen, los republicanos podrían perder la Cámara de Representantes y no tendrían un panorama sencillo en el Senado.
Ese rechazo masivo se dejó ver como repudio hace unos días, en las calles de decenas de ciudades de la Unión Americana. Se estima que ocho millones de personas participaron en las protestas anti-Trump. Con la frase ‘No Kings’, se manifestaron en contra del autoritarismo en prácticamente todos los estados del país. Las más de tres mil movilizaciones no fueron solo en contra de la guerra en Irán, también reprobaron la política migratoria del gobierno.
La reacción desde la Casa Blanca fue la habitual. En tono de burla, el presidente las minimizó y las llamó “sesiones de terapia” derivadas del llamado “delirio anti-Trump”.
Ese mismo diagnóstico le aplicó el presidente a Bruce Springsteen, una de las voces más visibles e influyentes en contra de las políticas de su administración. Tanto en sus conciertos como en las protestas ciudadanas, Springsteen ha llamado a defender la democracia, las libertades y el estado de derecho. Incluso ha calificado al gobierno como “corrupto, incompetente y traidor”.
Trump le respondió con descalificaciones personales y, de paso, pidió a sus seguidores de MAGA boicotear los conciertos. El resultado han sido llenos totales y boletos agotados para las próximas presentaciones.
El tema es si quienes llenan los conciertos y las calles durante las protestas, serán suficientes en las urnas de las elecciones intermedias de este noviembre para cambiar el rumbo político de su país. Mientras tanto, todo el planeta vive las consecuencias de las decisiones de líderes beligerantes que no elegimos, pero sí padecemos. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p. A16)
Wong Kim Ark nació en San Francisco en 1873. Sus padres eran súbditos del emperador de China. Cuando el joven cocinero regresó de visitar a su familia en Cantón, China, las autoridades del puerto le negaron la entrada a su propio país. Lo detuvieron por meses. Wong decidió entonces demandar al gobierno federal y en 1898 la Corte Suprema le dio la razón. La Enmienda XIV de la Constitución era clara: quien nace en suelo estadounidense es ciudadano.
Ayer, 128 años después, la Corte Suprema de ese país volvió a escuchar argumentos sobre el mismo principio. El caso Trump v. Barbara revisó la orden ejecutiva que Donald Trump firmó en su primer día de regreso a la Casa Blanca para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento (el ius soli, o “derecho de tierra”) para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.
Trump asistió personalmente a los argumentos orales: fue el primer presidente en funciones en hacerlo. Estuvo noventa minutos. Después publicó en redes que Estados Unidos es “el único país lo suficientemente estúpido para permitir la ciudadanía por nacimiento”. Sin embargo, la realidad es que más de treinta naciones la reconocen, México entre ellas.
El escepticismo judicial fue contundente. El presidente de la Corte, John Roberts, respondió al argumento del gobierno de que “estamos en un mundo nuevo” con una frase lapidaria: “Es la misma Constitución”. Gorsuch, Barrett y Kavanaugh, los tres nombrados por Trump, cuestionaron duramente la posición del gobierno. Gorsuch, por ejemplo, presionó al procurador general sobre si los hijos de nativos americanos nacidos hoy serían ciudadanos bajo la interpretación propuesta. No obtuvo respuesta clara.
El núcleo del debate es la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda XIV, ratificada en 1868 para garantizar derechos a los esclavos liberados: son ciudadanos quienes nazcan en Estados Unidos “y sujetos a su jurisdicción”. La administración argumenta que jurisdicción requiere domicilio permanente de los padres. Pero esa lectura choca con el caso de Wong Kim Ark y con más de un siglo de práctica constitucional sostenida. Kavanaugh señaló que el Congreso repitió el mismo lenguaje en las leyes de 1940 y 1952 sin restringirlo. Kagan acusó al gobierno de recurrir a fuentes oscuras y esotéricas.
Las implicaciones prácticas son enormes. Según el Migration Policy Institute y Penn State, de sostenerse la orden, 255 mil niños nacidos en suelo estadounidense cada año iniciarían su vida sin ciudadanía. Para 2050, habría 6.4 millones de personas nacidas en Estados Unidos sin estatus legal.
Para México, el debate tiene un espejo directo. El artículo 30 constitucional establece que son mexicanos por nacimiento quienes nazcan en territorio de la República, “sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”. Es ius soli puro, incorporado en 1917 y reformado en 1997 para hacerlo irrevocable: ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Canadá, Brasil y Argentina comparten la misma tradición hemisférica.
La Corte emitirá su sentencia antes del verano. Todo indica que la orden será rechazada. Pero después de 128 años del caso de Wong Kim Ark se sigue debatiendo quién debe ser ciudadano.Hay quienes creen que la nacionalidad es un privilegio que se otorga, no un derecho con el que se nace.
El Ministro Roberts lo resumió mejor que nadie: es la misma Constitución. Siempre lo ha sido. (Rodrigo Perezalonso, El Economista, El Foro, p. 55)
La llegada del maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller ocurre en un entorno de fragmentación regional y desgaste multilateral. Conoce bien la relación con EU, pero ahora deberá administrar un campo de poder diplomático más amplio. Su desafío será proteger intereses, ordenar prioridades y recuperar iniciativa.
EU, prioridad inmediata. El primer riesgo proviene del norte. La polarización social en EU ha alimentado una narrativa contra México que mezcla comercio, frontera y delincuencia organizada, golpea a nuestros paisanos. Por ello, la prioridad del canciller debe seguir siendo fortalecer la red de protección consular, blindar la defensa de la comunidad mexicana y mantener interlocución con la Casa Blanca y el Congreso.
Centroamérica, la raíz estructural. El segundo riesgo está al sur. La fórmula pobreza más desigualdad, más violencia, más desastres naturales, más delincuencia organizada sigue produciendo migración ilegal, mientras las redes criminales de trata y tráfico convierten la desesperación en negocio. México debe insistir en cooperación para el desarrollo e institucionalidad. Contener sin transformar solo administra el flujo.
Sudamérica, recuperar espacios. En América del Sur conviene consolidar la relación con Brasil, con ejemplos como la compra de aeronaves Embraer por Mexicana y convenios con Petrobras. Al mismo tiempo, México necesita recuperar presencia política en Perú y Ecuador y calibrar sus vínculos con gobiernos conservadores de derecha.
Europa, densidad estratégica. La relación con España debe pasar de la incomodidad política a la madurez estratégica. Madrid ha enviado señales de relanzamiento y la visita del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano a Veracruz fue un mensaje diplomático. El nuevo acuerdo con la Unión Europea abre una ventana para fortalecer comercio, diálogo político y coordinación multilateral.
Asia, diálogo fino. En Asia, la Cancillería tendrá que tejer fino con China y preparar el diálogo político de México rumbo a APEC 2028. La cumbre la llevará Marcelo Ebrard desde Economía, pero a la SRE le corresponderá construir interlocución político-diplomática.
Multilateralismo, sostener banderas. La ONU enfrenta una crisis de legitimidad y eficacia. Ahí México debe seguir apostando por construir acuerdos y respaldar, junto con Brasil, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General.
Fortalecer al SEM. Revalorar al Servicio Exterior Mexicano es indispensable. Sin diplomáticos de carrera, la política exterior pierde memoria institucional, capacidad de ejecución y presencia estratégica. También conviene reconocer el trabajo del doctor Juan Ramón de la Fuente y su equipo para profundizar la política exterior feminista e impulsar acciones afirmativas de género. En el concurso de ingreso 2025 al Servicio Exterior se fijó una cuota mínima de ingreso de 66 por ciento para mujeres.
Agenda estratégica: Cuarto de Guerra reconoce el trabajo del excanciller Juan Ramón de la Fuente y de su equipo por encauzar una política exterior sin agenda personal, guiada por el interés nacional. Al excanciller le deseamos buena mar en su operación y mejores vientos en su recuperación. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, País, p. 6)
Pobre Claudia Sheinbaum. Tan enferma y sin diagnóstico reconocido. Lo suyo no aparece en el catálogo de la OMS ni en los manuales médicos, pero sí en el archivo histórico del viejo PRI. Se llama “soberanitis”. Se manifiesta con brotes recurrentes de indignación patriótica, una necesidad compulsiva de repetir que “México no es colonia”, y una incapacidad persistente para tolerar cualquier mirada crítica desde el exterior. La enfermedad suele activarse cuando hay denuncias sobre violaciones graves a derechos humanos. Entonces, la soberanía deja de ser principio y se convierte en tapadera.
Basta observar la reacción del gobierno ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el caso mexicano a la Asamblea General. El Comité no improvisa: advierte índices de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y propone cooperación internacional ante una crisis que rebasa al Estado. La respuesta de la 4T es Totalmente Palacio: defensa cerrada, descalificación, acusaciones de “sesgo” e “injerencismo”, y negación categórica. Como en los años setenta, cuando el régimen se envolvía en la bandera para impedir que alguien mirara lo que ocurría debajo de ella.
La ONU plantea algo menos dramático -y más útil- que la supuesta injerencia: activar mecanismos que México necesita. Misiones técnicas, fortalecimiento forense, cruce de bases de datos, apoyo en identificación de restos, estándares internacionales de investigación y acompañamiento a las búsquedas. No sustituir al Estado, sino ayudarlo con una tarea que hace de mala manera.
Organizaciones como Tlachinollan, el Centro Prodh y colectivos de buscadoras han insistido en Ginebra: México vive una crisis que no admite maquillaje ni manipulación ni minimización. Más de 70,000 cuerpos sin identificar. Instituciones ineficaces. Investigaciones que no avanzan. Familias que cargan con el trabajo del Estado. Y una conclusión demoledora: la respuesta oficial; “ocultar en lugar de esclarecer”. No hablan de casos aislados, sino de patrones: omisión, negligencia y, a veces, complicidad.
El Comité ha sido igual de claro: el problema no se resuelve negando etiquetas. No basta con decir “no es el Estado” si el Estado no previene, no investiga y no sanciona. Por eso propone escalar el tema: no para exhibir a México, sino para obligar a que la debacle deje de administrarse como daño reputacional y se asuma como emergencia nacional.
Pero la “soberanitis” también produce episodios de doble personalidad. El gobierno mexicano exige -con razón- respeto a los derechos de los migrantes en Estados Unidos y denuncia abusos y muertes en centros de detención. Pero cuando un organismo internacional propone ayudar a esclarecer más de 130 mil desapariciones en México, la respuesta es acallar a los médicos para evitar el diagnóstico de un mal congénito. La “soberanitis” sirve para denunciar hacia afuera, pero también para adormecer hacia adentro.
Y sin embargo, esa misma soberanía que se defiende con discursos altisonantes se negocia cuando conviene. Se cede ante la presión de Trump en todo: seguridad, comercio y migración. Se acepta la militarización de la frontera. Se colocan aranceles a China antes de negociaciones formales del T-MEC. Se colabora en inteligencia. Se entregan capos sin procesos de extradición. Y frente a otras injerencias evidentes, la respuesta es tibia. La consigna parece ser: la soberanía es intocable, salvo cuando Trump la pisotea. Entonces, Sheinbaum calla.
Como toda enfermedad crónica, la “soberanitis” tiene una sintomatología predecible. Sheinbaum grita “la soberanía no se negocia” mientras la concesiona en los hechos. Rechaza la cooperación internacional en derechos humanos, pero acepta sin resistencia la presión externa del Donald demencial. No entiende que la verdadera soberanía no se declama: se demuestra garantizando derechos. Y hoy, en México, esos siguen siendo deuda.
La cura para la patología presidencial existe, pero incomoda: entrañaría reconocer que el acompañamiento internacional no es injerencia, sino herramienta. Implicaría aceptar que la asistencia no debilita al Estado; lo obliga a responder. Significaría proteger menos la imagen de la Presidenta, y reivindicar más la vida de las personas. Porque la soberanía que importa no es la que se invoca, sino la que se ejerce. Y en México, esa -como tantos- sigue desaparecida. (Denise Dresser, Reforma, Opinión, p. 9)