Mientras escribo. La llegada de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores ocurre en un momento de redefiniciones en el orden internacional. Su convicción, preparación y sentido de época serán fundamentales para conducir la política exterior de México. No tengo duda que, con su apoyo, en el Seguro Social, avanzaremos más rápido en la estrategia de aseguramiento de mexicanos migrantes en Estados Unidos. ¡Felicidades y mucho éxito en su encargo! (Zoé Robledo, Milenio, Política, p. 8)
El fin de semana nos enteramos de que entre los soldados heridos en la guerra contra Irán al menos cuatro serían de origen mexicano, de acuerdo con un informe del Pentágono. Pero esos elementos pertenecen únicamente al ejército, porque seguramente habrá otros, con el mismo origen, en la armada, en la infantería de marina y en la fuerza aérea.
Se estima que un 27 por ciento del total de las fuerzas armadas de Estados Unidos (EU), integradas por 2.8 millones de personas (incluyendo reservistas), es de origen hispano. Esta denominación incluye a todas y todos los integrantes de la milicia estadunidense de ascendencia latina, pero el segmento específico de origen mexicano es el dominante, con un 70 por ciento; es decir, aproximadamente 500 mil elementos, tanto activos como reservistas, que están listos y entrenados para defender a la Unión Americana en una conflagración.
Baste decir que esta fuerza es muy cercana a la de las fuerzas armadas de México (Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional), con cerca de 650 mil integrantes.
La presencia creciente de personas hispanas y, en especial mexicanas, en las fuerzas armadas de EU es reflejo a su vez del crecimiento hispano entre la población en general.
En la llamada Tormenta del Desierto, con la cual el presidente George Bush enfrentó a Irak en la década de 1990, el grupo de las y los hispanos (incluyendo compatriotas nuestros) salió al frente en la batalla de tierra, en la primera línea de ataque. Por ello, el número de elementos caídos en aquel conflicto fue en su mayoría de origen hispano-mexicano, según señalaron diversas asociaciones defensoras de la migración.
Si hubiese una incursión por tierra en la guerra en curso en Irán (algo no deseado), es altamente probable que el número de heridos y caídos de origen mexicano se incremente, ya que la presencia hispana se concentra más en las tropas de tierra que en las marinas o de la fuerza area.
Un estudio de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) y de United Firm (la firma de abogados más fuerte en la defensa de las personas migrantes) señala que la población hispana joven se siente fuertemente atraída por ingresar al ejército estadunidense por el estatus legal, económico y de identidad social que otorga la pertenencia a las fuerzas armadas, y aunque no suelan ocupar los cargos directivos medios ni altos de estas corporaciones, también les representa una opción de movilidad e integración social. En cambio, las y los jóvenes estadunidenses de origen anglosajón se sienten cada vez menos atraídos a ingresar a la milicia como opción de desarrollo profesional.
En este sentido, el “sentimiento nacionalista” y de defensa de EU es más fuerte y sostenido entre jóvenes de origen hispano que entre jóvenes anglosajones nativos. Este es un fenómeno que debería ser más difundido para reforzar la defensa, el respeto y aprecio hacia las personas migrantes hispanas, especialmente de nuestros connacionales, frente a la ola antimigrante y xenófoba que promueve actualmente la derecha en aquel país, que solo los ve como carne de cañón.
En otras palabras, el “Mexicanos, al grito de guerra” es tan válido y valioso para defender a México que para defender a nuestro vecino del norte —que les ha dado a ellos o a sus ascendentes la oportunidad de una segunda patria—, cuando se mete en problemas en Oriente Medio o en cualquier otra parte del planeta. (Ricardo Monreal, Milenio, Fronteras, p. 13)
En un capítulo anterior de la serie Trump 2.0, advertimos posibles escenarios que podrían llevar a una “sorpresa” en octubre, si el presidente Donald Trump optara por acciones unilaterales de intervención en nuestro país. Ahora volteamos al interior de EU para pensar las posibilidades que tiene el mandatario de enturbiar la propia elección estadounidense ante los riesgos de perderla y de sufrir un impeachment por parte de los demócratas.
La guerra con Irán, a más de un mes de iniciada, ha abierto tres frentes de erosión a su popularidad: el alza en gasolina y gas, el encarecimiento de fertilizantes y la presión inflacionaria sobre los alimentos; el incumplimiento de su promesa de no meter a Estados Unidos en nuevas guerras ni financiar conflictos; y la prolongación de una aventura militar que ya suma bajas y pérdidas materiales, sin la victoria rápida que la propaganda habría necesitado.
La economía castiga la popularidad presidencial y una guerra larga puede desplomarla. Ese deterioro amenaza a Trump y al Partido Republicano, que se juegan en noviembre el control del Congreso. El riesgo de perder una o ambas cámaras es alto y, cuando el poder percibe una derrota, empieza a mirar cómo torcer las condiciones de la competencia.
Conviene despejar una confusión útil para el trumpismo. El presidente de EU no tiene facultades legales para suspender o posponer por sí mismo una elección federal. La Constitución, la ley y la duración fija de los mandatos del Congreso no le dejan esa puerta abierta.
Ni la emergencia nacional ni la Ley de Insurrección le entregan esa palanca. Estados Unidos ha celebrado elecciones en guerra, en crisis y en medio de conmociones mucho peores. La cancelación lisa y llana no parece el escenario a menos que se dé un muy poco probable paso hacia un estado de excepción.
El problema es otro. Si no puede evitar la elección, puede intentar administrarle trampas.
La primera no está en las urnas, sino en los padrones. En la retórica trumpista, el fraude siempre aparece como una multitud de impostores votando varias veces. En la realidad moderna, el riesgo más serio es mucho menos cinematográfico y bastante más eficaz: depuraciones de último minuto, cruces defectuosos de bases de datos, cuestionamientos masivos a la ciudadanía de votantes legítimos y exclusiones administrativas disfrazadas de “limpieza” del registro.
No hace falta impedir que la gente quiera votar; basta con sembrar obstáculos para que llegue a la casilla y descubra que su nombre ya no está, que su estatus fue impugnado o que su sufragio irá a una boleta provisional más fácil de litigar después.
La segunda trampa está en la atmósfera informativa. La inteligencia artificial le ha dado a la desinformación una precisión inédita. Ya no se trata solo de videos falsos circulando en redes. Se trata de audios clonados para confundir a funcionarios electorales, mensajes segmentados para decirles a ciertos barrios que su centro de votación cambió, campañas diseñadas para intimidar a comunidades migrantes con rumores de vigilancia policial o de ICE, mentiras hechas a la medida de grupos vulnerables.
La trampa tecnológica no necesita convencer a todo el país; le basta con desorientar a los votantes correctos en los lugares correctos.
La tercera pasa por la infraestructura y la certificación. Si los sistemas de consulta de registro fallan el día de la elección, si los condados pequeños llegan debilitados por falta de apoyo técnico y ciberseguridad, si se multiplican las boletas provisionales y se ralentiza el conteo, el caos mismo se vuelve una herramienta política.
Y si después vienen las impugnaciones, el hostigamiento a funcionarios locales y la negativa a certificar resultados, la elección entra en una zona gris donde la legalidad se vuelve rehén de la sospecha.
Trump ya mostró ese libreto en 2020. Cuando perdió contra Joe Biden, no aceptó el resultado: intentó desconocerlo, presionó a autoridades, sembró la mentira del fraude y convirtió un procedimiento administrativo en una crisis política. Ese antecedente importa más que cualquier promesa de respeto institucional que hoy pueda pronunciar. Trump ya dejó claro que, si los números no lo favorecen, su primera reacción no es corregir el rumbo, sino desacreditar al árbitro.
En 2026, la amenaza para la democracia estadounidense no parece ser la ausencia de urnas, sino la manipulación de todo lo que las rodea: los padrones, la información, la operación logística, la certificación y, sobre todo, la confianza pública. Trump no necesita intervenir en la elección en todo el país; le basta con hacerlo en distritos claves donde la batalla política está más reñida.
Las democracias no siempre mueren con un portazo. A veces se degradan por trámite, por expediente, por algoritmo y por miedo. Y en esa clase de erosión, Trump ya demostró que no es un improvisado.
Lectura sugerida: “Vote for America. Cómo entender las elecciones en Estados Unidos” de Cristina Crespo Palomares (Catarata). (Luis Castro Obregón, El Financiero, Opinión, p. 27)