La muerte de mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un patrón alarmante. A la fecha, suman al menos 15 connacionales fallecidos mientras se encontraban detenidos por Immigration and Customs Enforcement (ICE), en circunstancias que, en varios casos, siguen sin esclarecerse con total transparencia.
No es un tema menor. Es un asunto de derechos humanos, de responsabilidad internacional y, sobre todo, de dignidad nacional.
Cada uno de estos casos representa una falla grave en la protección de personas bajo custodia del Estado. Porque cuando un individuo —sin importar su estatus migratorio— es detenido por una autoridad, esa autoridad asume la obligación plena de garantizar su integridad física y su vida. No hay matices posibles en este principio.
Sin embargo, la realidad muestra una cara macabra de ICE.
Los reportes sobre condiciones de detención deficientes, atención médica tardía o inexistente y protocolos opacos en torno a las muertes dibujan un panorama preocupante. Más aún cuando las circunstancias de varios de estos decesos han sido calificadas como “extrañas” o insuficientemente documentadas.
La lectura es inevitable: la respuesta institucional de ambos lados de la frontera ha sido, hasta ahora, insuficiente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora de Roberto Velasco, ha emitido comunicados y ha solicitado información a su contraparte estadounidense. También ha activado los canales consulares y ha reiterado la necesidad de esclarecer los hechos. Pero frente a la gravedad de los casos, el tono diplomático parece quedarse corto.
Porque hay momentos en los que la diplomacia debe acompañarse de firmeza política.
La protección de los mexicanos en el exterior no puede limitarse a notas diplomáticas. Requiere una postura clara, directa y contundente desde el más alto nivel del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este tema una prueba de liderazgo en política exterior: exigir explicaciones puntuales, investigaciones independientes y garantías de no repetición.
No se trata de confrontación gratuita. Se trata de legítima defensa.
Más aún cuando el contexto político en Estados Unidos añade complejidad al tema migratorio. La retórica dura y las políticas restrictivas que han marcado la agenda de figuras como Donald Trump han contribuido a un ambiente donde la migración se aborda desde la óptica de seguridad, no de derechos.
Y en ese entorno, los migrantes —documentados o no— quedan en una zona de vulnerabilidad extrema.
Es importante subrayarlo: el respeto a los derechos humanos no depende del estatus migratorio. Es un principio universal. La legalidad de la estancia no determina la dignidad de la persona ni su derecho a la vida.
Por eso, lo ocurrido en centros de detención migratoria no puede normalizarse.
Las autoridades estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar a fondo cada uno de estos fallecimientos, establecer responsabilidades y, en su caso, sancionar a quienes hayan actuado con negligencia o abuso. La transparencia en estos procesos no es opcional; es indispensable para mantener la confianza entre ambos países.
Pero también México debe asumir su parte.
La política migratoria no puede limitarse a la contención en la frontera sur ni a la gestión de flujos hacia el norte. Debe incluir una estrategia integral de protección consular, seguimiento puntual de casos y presión diplomática efectiva cuando los derechos de los mexicanos sean vulnerados.
Porque, de lo contrario, el mensaje es equivocado: que la vida de los migrantes vale menos.
La exigencia es clara: no basta con solicitar información; es necesario exigir resultados. No basta con expresar preocupación; se requiere acción concreta.
La relación con Estados Unidos es, sin duda, estratégica. En lo económico, en lo comercial, en lo político. Pero precisamente por esa relevancia, México no puede permitirse una postura pasiva cuando están en juego los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La cooperación bilateral no debe implicar silencio ante hechos graves.
Cada uno de los 15 casos de connacionales fallecidos representa una historia truncada, una familia afectada y una responsabilidad pendiente. No son cifras; son vidas. Y su esclarecimiento no puede quedar sujeto a tiempos burocráticos ni a explicaciones ambiguas.
La exigencia de una investigación rápida, exhaustiva e independiente no es un gesto político; es una obligación moral y jurídica.
Porque cuando una persona muere bajo custodia del Estado, la pregunta no es si hubo responsabilidad, sino dónde y en qué nivel se encuentra.
Y esa respuesta, hasta ahora, sigue sin llegar.
La conclusión es contundente: la defensa de los migrantes mexicanos no puede ser reactiva ni limitada. Debe ser firme, constante y visible. Porque en política exterior, como en cualquier otra esfera del poder, la omisión también tiene consecuencias.
Y en este caso, esas consecuencias se miden en vidas perdidas.
Desde luego, hay que reconocer que todos esos millones de expulsados a Estados Unidos en busca del sueño americano se van por la falta de oportunidades y condiciones de seguridad en territorio nacional. (El Financiero, Alejo Sánchez Cano, Opinión, p. 31)
Hay un error de lectura que México comete una y otra vez frente a Estados Unidos: creer que los agravios son episodios, cuando en realidad son estructura.
Nos indignamos por una redada, por una deportación masiva, por una declaración ofensiva, por una muerte bajo custodia, como si cada hecho llegara solo, como si cada uno mereciera su propia carpeta, su propio comunicado, su propia ronda de condenas.
Pero no, lo que estamos viendo no son hechos aislados. Estamos viendo el funcionamiento de un sistema.
Los mexicanos que han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos no son únicamente víctimas de negligencia, ni solo saldo de una política cruel, ni siquiera simples nombres atrapados en la brutalidad de ICE.
Son la prueba más incómoda de otra cosa: de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha llegado a un punto en el que la vida del migrante mexicano puede degradarse sin que se degrade, en la misma proporción, la relación entre ambos países. Esa es la verdadera obscenidad.
Porque cuando una relación soporta muertos sin alterar su centro de gravedad, lo que está roto ya no es solo el aparato que detiene, encierra o niega atención médica. Lo que está roto es la jerarquía moral del vínculo.
Estados Unidos eleva el tono, endurece la máquina, convierte la migración en castigo ejemplar, y México responde como casi siempre responde cuando el conflicto viene del norte: administra. Administra el daño, administra el lenguaje, administra el reclamo, administra la dignidad.
No rompe, no condiciona, no reordena la agenda; apenas intenta contener la humillación dentro de los márgenes de la prudencia diplomática. Y así, cada nuevo muerto se vuelve una tragedia, sí, pero también una costumbre. Y una tragedia que se vuelve costumbre deja de operar como alarma y empieza a operar como sistema.
Eso es lo que no se está diciendo con suficiente claridad: no estamos sólo frente a una crisis humanitaria, estamos frente a una relación bilateral diseñada para metabolizar el agravio mexicano sin modificar sus beneficios mayores.
El comercio sigue, la coordinación sigue, la frontera sigue, la retórica de la cooperación sigue. Los muertos no detienen la arquitectura, apenas la ensucian.
Por eso este tema no puede escribirse como si se tratara solamente de derechos humanos, aunque los implique por completo. Es, también, un asunto de teoría del poder.
¿Qué tipo de relación es aquella en la que una parte puede producir dolor sobre los cuerpos de la otra sin pagar un costo político equivalente? ¿Qué tipo de vecindad estratégica es esta, en la que el migrante muerto no alcanza a convertirse en variable central del vínculo?
Lo que se revela aquí no es solo la crueldad de una política migratoria; se revela la posición real que ocupa México en esa relación: útil para cooperar, útil para contener, útil para comerciar, pero todavía no lo suficientemente firme como para volver innegociable la dignidad de los suyos.
Y del lado mexicano también hay sistema, también hay ciclo. Cada sexenio cambia el tono, cambia el estilo, cambia el relato, pero no cambia la lógica profunda: frente a Washington, México sigue pensando que preservar la arquitectura bilateral vale más que alterar sus condiciones morales.
Se eleva la protesta, se endurece el discurso, se llama a consultas, se anuncian visitas consulares, se promete seguimiento. Todo eso sirve, pero no toca el núcleo, el núcleo sigue intacto: la idea de que primero va la estabilidad de la relación y luego, dentro de lo posible, la defensa de los nuestros.
Eso explica por qué este asunto no termina de sacudir la agenda nacional con la fuerza que debería. Porque los muertos migrantes siguen sin ser leídos como muertos políticos; siguen apareciendo como daño colateral de un tema incómodo, no como la evidencia más clara de una asimetría tolerada durante demasiado tiempo.
Antes del fin
¿En qué momento México va a dejar de tratar estas muertes como incidentes consulares y va a empezar a tratarlas como lo que son, una prueba brutal del lugar que ocupamos en el sistema bilateral?
Porque si una relación puede seguir llamándose estratégica mientras los cuerpos mexicanos se apagan dentro de la maquinaria del otro, entonces quizá ha llegado el momento de admitir algo más incómodo: no estamos frente a una alianza entre iguales, sino frente a un orden en el que unos ponen las condiciones y otros administran las consecuencias. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 32)
Guiño portugués
El Senado recibió ayer a una delegación de embajadores europeos, y así, sin tanta diplomacia, Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, les invitó a invertir en México, al fin y al cabo “México no amenaza ni con aranceles, ni con otras cosas. México no amenaza con tomar Groenlandia”. El gesto fue muy bien recibido por el embajador de Portugal, Pedro Acosta Pereira, “pues la gestión del marco regulatorio y estable es algo que valoramos, sigan así y las empresas portuguesas llegarán”. Bueno, quizá como está recién llegado al país desconoce que aplicamos aranceles a China y que el nuevo Poder Judicial aún deja dudas sobre la certeza jurídica a inversionistas extranjeros. (Confidencial, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
En 2027 habrá elecciones para gobernador en once estados. Conforme avance 2026 se verán los movimientos para definir candidatos. Baja California es un estado de los once. Su importancia es crucial: nodo (cruce de intereses estratégicos) de la operación frontera norte, clave en la relación México-Estados Unidos. Si bien las relaciones internacionales corresponden constitucionalmente al gobierno federal, el día a día requiere que autoridades estatales y municipales estén en el terreno de juego, conociendo bien al vecino estadounidense. Migración y comercio en Tijuana revisten importancia internacional.
Alfredo Álvarez Cárdenas ha decidido buscar la gubernatura, paso que no me sorprende, pero me alegra profundamente. Lo conozco hace años, primero como discípulo (Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana); luego como colega (SSA, UNAM, Gobierno de Guerrero) siempre serio, comprometido, confiable. En tiempos donde la política suele confundirse con espectáculo, Alfredo representa algo cada vez más escaso: oficio.
He visto de cerca su formación y su trayectoria. No es producto de la improvisación ni de la coyuntura. Se ha hecho en el trabajo diario, en la responsabilidad concreta, en la resolución de problemas reales. Desde sus años de estudio entendió que el Derecho no es retórica, sino herramienta; no es discurso, sino instrumento para ordenar la vida pública. Esa convicción la ha mantenido a lo largo de su carrera.
Alfredo no es un improvisado. Ha pasado por distintas áreas del gobierno y las responsabilidades académicas, lo que le ha dado una visión integral de la vida pública. Sabe cómo funcionan las instituciones, pero más importante aún, sabe cómo hacerlas funcionar. En educación, en cultura, en migración, en justicia, en las relaciones internacionales, ha demostrado capacidad para coordinar equipos, tomar decisiones y sostener procesos complejos. Esa experiencia no se aprende en campaña: se construye durante años.
Si algo lo distingue es su capacidad para escuchar. Gobernar implica entender realidades distintas, procesar demandas diversas y encontrar puntos de equilibrio. Él no llega con recetas prefabricadas, ni con soluciones fáciles. Llega con método, con disciplina y con una profunda comprensión de la realidad fronteriza.
Y es precisamente ahí donde radica otra de sus fortalezas: conoce Baja California. No como una consigna, sino como experiencia vivida. Entiende su dinámica social, su complejidad económica, su condición fronteriza. Sabe que gobernar este estado exige sensibilidad, pero también firmeza; apertura, pero también orden y empatía con los desvalidos, esto último clave en el liderazgo.
Me consta, además, su integridad. En una vida pública larga, ha sabido conducirse con rectitud. No ha buscado reflectores innecesarios ni ha hecho de la política un espacio de protagonismo personal. Ha trabajado, que es lo que se espera de un servidor público. Y lo ha hecho bien.
Por eso celebro su decisión. Porque Baja California necesita perfiles como el suyo: preparado, serio, con experiencia y con sentido de responsabilidad. Alfredo no representa una aventura política, sino una opción sólida. No ofrece ocurrencias, ofrece resultados posibles.
Como amigo, como maestro, como compañero de muchos proyectos, no puedo sino sentirme orgulloso de verlo dar este paso. Sé de su capacidad y de su compromiso. Y sé, también, que, si algo ha demostrado, es que sabe cumplir.
Baja California merece un gobierno a la altura de sus desafíos. Alfredo Álvarez Cárdenas, estoy convencido, es la mejor opción. (Mario Melgar-Adalid, El Universal, Opinión, p. 15)