Opinión Migración 020526
Cartas Políticas / Rochamoyazo
La acusación del gran jurado federal de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Enrique Inzunza, senador de Morena, y otros políticos sinaloenses, pone en una situación delicada al Gobierno federal y a Morena.
Si bien no es el primer caso de políticos involucrados con cárteles del narcotráfico y, lamentablemente, tampoco será el último, coloca a la Presidenta en una posición comprometedora entre la defensa de la soberanía, la presión de Washington y el costo interno de no defender a un gobernador de su movimiento.
Sinaloa llega a este momento con una historia reciente complicada. En 2019, el culiacanazo exhibió la fragilidad del Estado cuando Ovidio Guzmán fue detenido y luego liberado, después de que el cártel paralizó Culiacán, tomó las calles y puso al gobierno de AMLO en jaque. En 2024, la detención de Ismael El Mayo Zambada abrió otro capítulo. Según su versión, fue citado a una reunión, sometido por hombres armados, llevado contra su voluntad a una avioneta y entregado en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López. Ese episodio rompió equilibrios internos y dejó a Culiacán atrapado en un enfrentamiento entre facciones que continúa.
México, por su parte, llega a este punto en medio de otra polémica con Estados Unidos. Hace unos días murieron en Chihuahua dos agentes estadounidenses vinculados a la CIA y dos agentes mexicanos, después de un operativo contra laboratorios clandestinos. La discusión no fue sólo por el accidente, sino porque reveló la posible participación de agentes extranjeros en operativos dentro del país sin conocimiento del Gobierno federal. Sheinbaum pidió explicaciones, el Senado pidió a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que rindiera cuentas y Washington reprochó la falta de empatía por la muerte de sus agentes. Todo esto ocurre antes del inicio de las pláticas formales de revisión del T-MEC, previstas para la semana del 25 de mayo; a mes y medio del Mundial de futbol organizado por los tres países de Norteamérica; a pocos meses de que arranque la disputa electoral de 2027; y en medio de un cambio de piel del gobierno mexicano, con movimientos internos que todavía no terminan de acomodarse.
Sin duda la acusación contra Rocha Moya llega en mal momento para Morena, pero no es una sorpresa. Desde hace meses circulaban reportes sobre investigaciones mexicanas en torno a sus presuntos vínculos con Los Chapitos. El embajador Ronald Johnson lo anticipó en Sinaloa señalando que habría acciones importantes contra la corrupción. Los Angeles Times publicó que la administración de Donald Trump preparaba una ofensiva contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado y que la visa de Rocha Moya había sido revocada desde el año pasado.
No sabría decir si la respuesta del Gobierno y la de Morena están coordinadas. Morena se apresuró a cerrar filas. Unos hablaron de ataque contra el gobernador; otros, como Adán Augusto, sugirieron que se trataba de una reprimenda por la visita de Sheinbaum a Barcelona; otros más lo leyeron como una agresión a la soberanía. La respuesta del Gobierno federal ha sido más sobria. No rechaza de entrada la extradición, sino que cuestiona las pruebas, el debido proceso y la filtración de un caso que, en teoría, debía manejarse con confidencialidad. Hay un argumento de soberanía, pero sin la vehemencia nacionalista del partido.
El caso marca una nueva etapa en la relación entre Sheinbaum y Trump. El Gobierno mexicano podía presumir el abatimiento de El Mencho, la detención de operadores y golpes recientes como el de El Jardinero como señales de compromiso contra los cárteles. Pero Washington sigue insatisfecho. Para Estados Unidos, queda mucha tela de donde cortar y después de los capos, siguen los políticos. No por una sed de justicia, sino por un mecanismo de presión en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Con la acusación al gobernador Rocha Moya, el Gobierno mexicano entra a una fase delicada. La hipótesis de una acción unilateral estadounidense en México, que antes sonaba a exageración, empieza a aumentar su probabilidad. Rocha Moya queda, salvando todas las proporciones, en una situación parecida a la de Maduro frente a Washington: un gobernante señalado por narcotráfico. Sería un precedente gravísimo para la soberanía nacional y para la relación bilateral que el Gobierno mexicano debe entender con visión de Estado. (Pedro Sánchez Rodríguez, La Razón, LA DOS, p. 2)
La Trumpina Monroe
Cuando Donald Trump renombró a los cárteles de la droga organizaciones terroristas, pasaron varias cosas. Una fue que las agencias como la CIA se dirigieron de Irak, Afganistán y Siria hacia lo que ahora se considera la franja de seguridad nacional para Estados Unidos: México, Centroamérica, Venezuela y Colombia. No en balde los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, habían sido reasignados desde esa zona. Tampoco es raro que empezaran a operar unidades híbridas llamadas K-P en Chihuahua con una oficina sede en Nuevo León, donde los agentes se disfrazan de policías estatales para realizar acciones encubiertas e ilegales que el gobierno de Estados Unidos puede negar si son descubiertas. En este contexto no es extraño tampoco que el embajador estadunidense, Ron Johnson, sea un ex boina verde experto en este tipo de actividades de desestabilización y que sea Centroamérica su terreno de operación.
En estos días han pasado más cosas. Unas acusaciones contra autoridades de Sinaloa, que incluyen al gobernador, un senador y un alcalde en funciones, dirigidas a poner en duda el proceso electoral en el que fueron votadas. Es el mismo esquema que han usado contra Venezuela y Colombia cuando se vincula el tema del tráfico de drogas al embate mediático, comercial, y militar contra sus gobiernos electos. Al grado de orquestar un secuestro al presidente de Venezuela, alegando la existencia de un cártel que no existió: el de Los Soles. Las unidades K-P que actuaron desde Monterrey hacia la sierra de Chihuahua son las mismas que ayudaron a debilitar la respuesta militar venezolana y las mismas que bombardearon la frontera entre Ecuador y Colombia.
Las grabaciones que se dieron a conocer en días pasados por Diario Red entre el líder del narcotráfico en Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado por el propio Donald Trump, y Nasry Tito Asfura, el actual presidente de ese país y quien llegó por un fraude electoral tecnológico que recordó al de Hildebrando en México en 2006, explicando una operación “de retorno”, no pueden ser más obvias: a cambio del compromiso de ambos para ceder territorio y recursos hondureños a las empresas estadunidenses, se pagó por parte de un lobby israelí el indulto de Hernández, de tal manera que pueda volver a ser presidente. En ellas se dice esta frase: “Hay que poner a México y Colombia en el punto de mira; hay que desgastar a Petro y a la Sheinbaum con el tema del narco, que la gente crea que ellos son los verdaderos capos.”
El indulto a Juan Orlando Hernández y la operación para que regrese a la presidencia de Honduras es clave para entender qué es la Trompina Monroe. Hay una operación de intervención en la política de los países que Trump decidió que eran su franja de seguridad nacional, negocios para empresas estadunidenses en zonas que están por fuera de las leyes laborales y ambientales, y mucho dinero para él mismo. En un reportaje de Ruth Marcus aparecido esta semana en The New Yorker, se detalla la “economía del indulto” en la que lobistas le pagan a Trump para acceder al perdón de sus clientes. Uno de ellos fue Hernández, cuya campaña electoral en 2013 fue financiada, entre otros, por Joaquín El Chapo Guzmán; introdujo medio millar de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, se religió en el cargo aunque la Constitución se lo prohibía, y fue elogiado por Obama, el primer Trump y Joe Biden como “aliado” contra las drogas, la migración sin papeles y las bases militares. Pero son, sobre todo, las zonas exclusivas en islas como Roatán las que benefician a lascriptomonedas, metales y textiles de las industrias en Estados Unidos. Las camisas de la marca Trump Signature Collection se hicieron en una maquiladora hondureña. Incluso la sede del programa gubernamental de zonas exclusivas, Honduras Prospera, está en Delaware. Es por eso que en los audios dados a conocer, tanto Hernández como el actual presidente hondureño, se retratan como emisarios de Trump en la región, como Milei, Noboa, y Bukele, protagonistas de aquella perpleja reunión en el spa de Trump en Miami el pasado 7 de marzo.
Las presiones sobre México, hasta donde sabemos, han ido desde la operación de los grupos paramilitares encubiertos en Chihuahua hasta las acusaciones políticas contra autoridades electas de Sinaloa, pasando por una breve campaña de desprestigio contra el hijo del negociador, Marcelo Ebrard, y los recorridos de drones ilegales de Estados Unidos en la costa del Pacífico. Son parte de la implementación de la Trumpina Monroe, un sistema de control militar, mediático, y comercial para sellar el dominio de Estados Unidos contra China en la región. Hay una retórica antidrogas, antidictadura, antiterrorismo que enmascara la determinación de Estados Unidos de intervenir en las elecciones latinoamericanas, imponer a sus “escudos de las Américas” en el poder, y beneficiarse de la ausencia de antagonistas. Si no, vean a Honduras que establece una estrategia que lo mismo impulsaron republicanos que demócratas: golpe de Estado en 2009 para evitar que una nueva Constitución expulsara al centro del Comando Sur en la base de Palmerola; golpe electoral en 2025 para evitar que una presidencia como la de Xiomara Castro siguiera con Salvador Nasralla, y concretara el interocéanico construido por China. Los hondureños han ido a protestar a las calles desde 2009 con cinco mil detenidos y casi 200 activistas asesinados.
Por eso resulta ingenuo, cuando no sospechoso, el reiterativo comentario de que la presencia de la CIA en Chihuahua se trata de sólo de desmontar un laboratorio de drogas o que “no se sabe” si tienen mérito las acusaciones hechas públicas ilegalmente por Estados Unidos contra autoridades electas de Sinaloa. Es mirarse al ombligo de la oposición y de las buenas conciencias bien neutrales decir que, como dijo la ex candidata presidencial del prian: “Hasta me multaron por llamar narcopartido a Morena. El tiempo me dio la razón”. Pues no fue el tiempo, sino Trump. Porque, para que haya injerencia imperial, se necesita siempre que alguien le abra la puerta. (Fabrizio Mejía Madrid, La Jornada, Política, p. 9)
Discoduro / 8 problemas del campo
México importa ya cerca del 40 por ciento de los alimentos que consume. En granos básicos, la dependencia es aún mayor. La seguridad alimentaria —esa que rara vez ocupa titulares— está en juego.
Y eso que estamos bajo la administración de gobiernos que se dicen nacionalistas y celosos de la soberanía nacional, pero que no han logrado impedir que cuando menos ocho problemas hayan dejado de serlo. Revisemos.
El primer quiebre fue silencioso, pero profundo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desmontó buena parte de la arquitectura de apoyos productivos que durante décadas —con todos sus vicios— sostenía la inversión en el campo. Programas como Procampo o los esquemas de concurrencia desaparecieron o se redujeron drásticamente. En su lugar, se impulsaron transferencias directas como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar.
El presupuesto lo dice todo: mientras los apoyos productivos cayeron en términos reales más de 30 por ciento entre 2018 y 2024, los programas sociales crecieron a doble dígito. Según evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estos esquemas han tenido efectos en ingreso, pero resultados limitados en productividad. Dicho de otro modo: se reparte dinero, pero no necesariamente se produce más.
El segundo golpe vino por el lado de los precios. El programa de Precios de Garantía prometía certidumbre. En la práctica, su impacto ha sido acotado. El precio de garantía del maíz, por ejemplo, ha tenido incrementos nominales, pero al descontar inflación —que acumuló más de 30 por ciento entre 2019 y 2024 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— su poder real se ha erosionado.
Además, el programa cubre a una fracción de los productores: pequeños, principalmente. El resto —medianos y grandes— queda expuesto al mercado, con costos disparados y márgenes cada vez más estrechos.
Porque los costos, ese es el tercer golpe, se salieron de control. El precio internacional de los fertilizantes se duplicó —e incluso triplicó en algunos momentos de 2022— tras el encarecimiento del gas natural y la disrupción global derivada de la guerra en Ucrania. El Banco Mundial registró aumentos de más del 80 por ciento en índices de fertilizantes entre 2021 y 2022.
México importa alrededor del 70 por ciento de los fertilizantes que consume. Esa dependencia se traduce en vulnerabilidad inmediata. Aunque el gobierno implementó programas de fertilizantes gratuitos, su cobertura ha sido limitada y con problemas logísticos documentados por la Auditoría Superior de la Federación. El resultado es brutal: productores pagando mucho más por insumos, sin poder trasladar ese costo al precio de venta.
El cuarto problema no se mide en pesos, sino en años. El campo mexicano envejece. La edad promedio del productor supera los 55 años, de acuerdo con datos del Inegi. Más del 60% de las unidades de producción están en manos de personas mayores de 50.
Los jóvenes no quieren quedarse. Y no es difícil entender por qué: ingresos inciertos, riesgos climáticos, inseguridad y falta de apoyos reales a la innovación. La migración —interna o hacia Estados Unidos— sigue siendo la válvula de escape. Cada parcela abandonada es también una historia de relevo generacional fallido.
A todo esto se suma el factor más corrosivo: la inseguridad. En estados como Michoacán, Guanajuato y Guerrero, productores enfrentan cobro de piso, robo de cosechas y control territorial por parte del crimen organizado. No es percepción: las denuncias por extorsión crecieron más de 40 por ciento entre 2019 y 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El efecto es devastador: aumento de costos, incertidumbre permanente y, en muchos casos, abandono de la actividad. El campo no sólo compite contra el mercado; compite contra la violencia.
Como si no bastara, la sanidad agroalimentaria empieza a mostrar grietas. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha visto presiones presupuestales en los últimos años. Su papel es estratégico: prevenir plagas y enfermedades que pueden cerrar mercados enteros.
México es potencia exportadora agroalimentaria —más de 50 mil millones de dólares anuales—, pero esa posición depende de estándares sanitarios estrictos. Cada recorte, cada debilitamiento institucional, es una apuesta de alto riesgo.
Y entonces está el clima, que ya no es una variable más, sino el telón de fondo de todo. El fenómeno de El Niño —en su versión más intensa— amenaza con agravar sequías en el norte y lluvias extremas en el sur. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre condiciones cada vez más erráticas.
En 2023 y 2024, más del 60 por ciento del territorio nacional registró algún grado de sequía. Las pérdidas agrícolas se cuentan en miles de millones de pesos. Y no hay sistema de seguros suficiente para absorber ese golpe
En medio de este panorama, la conducción del sector luce, por decir lo menos, reactiva. La crítica hacia figuras como Julio Berdegué apunta a una constante: respuestas tardías, falta de estrategia integral y ausencia de una visión de largo plazo que articule producción, mercado, seguridad y clima. El campo no necesita discursos. Se necesita política pública.
La suma de todos estos factores no es lineal: es explosiva. Menos apoyos productivos, precios insuficientes, costos disparados, envejecimiento, inseguridad, debilidad institucional y crisis climática. Cada uno, por separado, sería manejable. Juntos, configuran un escenario de riesgo estructural. (Alejandro Jiménez, El Sol de México, República, p. 2 y La Prensa, Editorial, p. 10)
Narcoestado
Sinaloa, otra vez. Por su clima, su posición estratégica entre el mar y la montaña, la inaccesibilidad de sus caminos serranos -e incluso su historia de inmigrantes chinos y la implantación del opio-, el estado norteño lleva un siglo vinculado a la producción y el tráfico de estupefacientes. No es casualidad que de allí haya sido Pedro Avilés y, a continuación, Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Félix Gallardo y, por supuesto, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, así, como en las generaciones más recientes, los descendientes de uno y otro, Los Mayitos y Los Chapitos, ahora las dos feroces corrientes rivales de lo que seguimos llamando, equívocamente, Cártel de Sinaloa. Porque, allí como en muchas otras partes del país, lo que ha existido siempre ha sido una indisoluble trama entre la industria del narcotráfico y el poder político que la cobija. Por largo tiempo con el PRI y hoy con Morena -en todos sentidos, su herencia inmediata-, Sinaloa es el mejor ejemplo de esta irremediable confluencia.
A nadie ha sorprendido que el gobernador Rubén Rocha Moya haya sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado: no sería, en el fondo, sino el último entre los políticos del estado señalados por sus nexos con los delincuentes. Y más aún tras el extravagante episodio, que las autoridades aún no han conseguido explicarnos, en el cual estuvo en el centro de la trampa que culminó con la detención en el aeropuerto en Nuevo México de El Mayo Zambada, quien desde ese momento lo responsabilizó de la maniobra. Lo único novedoso, si acaso, ha sido que una corte de Estados Unidos se haya atrevido a exigir su detención estando en funciones: la prueba de que Trump está decidido a acorralar a la presidenta Sheinbaum de todas las maneras posibles justo antes de la renegociación del T-MEC.
Como ha contado con precisión Oswaldo Zavala en Los cárteles no existen (nueva edición, 2026), la narrativa que ha presentado a estas todopoderosas organizaciones criminales, controladas con mano de hierro por sus distintos capos -con El Chapo como emblema-, como fuerzas autónomas, no ha hecho sino emborronar una realidad mucho más compleja y viscosa: el tráfico de drogas como una eficiente y lucrativa empresa nacional sostenida sin ambages desde el poder político. Eso es justo lo que ha ocurrido desde hace décadas en Sinaloa, su primer laboratorio, y lo que sin duda ocurre desde que Rubén Rocha -quien no dudó en reconocer su permanente diálogo con los criminales- es el gobernador, o más bien el administrador, del estado.
Más allá de las evidentes intenciones políticas de Trump, decidido a mantener el relato de que México está gobernado por los narcos a fin de tener un margen de presión aún mayor sobre Sheinbaum -y hallar, de paso, una nueva salida a su impasse en Irán-, Rocha Moya se vuelve así el necesario chivo expiatorio de una política de drogas, impulsada desde Estados Unidos, que siempre ha estado destinada al fracaso. Imposible saber aún si las pruebas que presentará el juzgado del Distrito Sur de Manhattan son vagas o irrefutables, pero en cualquier caso ya resultan absolutamente creíbles. Y es aquí justo donde se halla el terreno más pantanoso para la Presidenta: arroparlo sin más significaría abandonar por completo la promesa de ser distintos, mientras que entregárselo a Trump sería su claudicación más sonora hasta el momento, cuando su imagen de aparente resistencia al demagogo se halla en la base de su popularidad, que justo por ello excede la de su partido.
Obligada por la dinámica de las conferencias mañaneras, por lo pronto la Presidenta ha intentado ganar tiempo sin tomar una postura clara: a la vez ha prometido defender la soberanía -esa palabreja que solo sirve como cortina de humo en cada uno de estos casos- y proceder contra los políticos corruptos si hay sustento para ello. Hacer las dos cosas es, sin embargo, imposible, y de seguro hoy no hace otra cosa que evaluar cuál de las dos opciones es la menos mala en medio de la crisis. Entretanto, con Rocha Moya o sin él, Sinaloa continuará, igual que en las épocas del PRI o del PAN, como el epicentro de esa maquinaria donde, a causa de la siniestra política de drogas de Estados Unidos, el Estado y la delincuencia organizada se hallan fundidos sin remedio. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p. 9)
CARTONES
Maru neta de la CIA
(El Fisgón, La Jornada, Política, p. 3)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 1/05/2026