No hay manera de salir indemne del affair Rubén Rocha. Si el gobernador de Sinaloa resulta inocente según la fiscalía mexicana o es improcedente la petición de Estados Unidos para expatriarlo, Sheinbaum será criticada por “proteger a uno de los suyos”. Por el contrario, si Rocha termina en la cárcel o es enviado a Nueva York, se acusará a la Presidenta por su actitud “entreguista”. Por donde se vea es un caso sobrepolitizado, en el que la parte estrictamente jurídica queda subordinada, aun cuando sea lo que en verdad importa.
Por un lado, es obvio que el gobierno de Trump es intervencionista y utiliza el combate a las drogas como un pretexto para debilitar la posición de México y para obtener réditos electorales frente a su público. Como jefa de Estado, Sheinbaum está en su derecho (y obligación) de enarbolar la carta de la soberanía y no subordinarse a peticiones sesgadas por un interés político. Pero también es cierto que el gobierno de Morena ha sido omiso para afrontar la corrupción en las altas esferas de sus propias filas, incluyendo aquellas que podrían estar vinculadas con el crimen organizado. Es justamente esto último lo que dificulta, políticamente hablando, el legítimo discurso de la soberanía respecto a la acusación de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve mexicanos.
En ese sentido, el gobierno de la 4T es víctima de su propia negligencia. La Presidenta rechazó este lunes que su gobierno pueda ser acusado de corrupción, alegando las muchas acciones de justicia social, los logros en materia de inseguridad pública y la responsabilidad fiscal mostrada hasta ahora. Sin embargo, la percepción de la población se alimenta menos del análisis y más de vivencias directas, sea por “las mordidas” que sigue padeciendo en multas y gestiones o sea por enterarse de golpes mediáticos en temas de corrupción, lo cual no ha faltado. Allí está la lista de casos en los que las investigaciones, cuando las hubo, se quedaron en las segundas parrillas, ignorando la responsabilidad de los titulares: cártel La Barredora en Tabasco, Segalmex, Secretaría de Marina, gobiernos estatales, Pemex, Instituto de Migración, entre otros.
En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, atribuyo el desinterés en “limpiar las escaleras comenzando desde arriba” a una visión polarizada, según la cual resistir a los intereses que se oponían al cambio obligaba a cerrar filas y a no detenerse ante irregularidades entre los suyos. Las razones de Sheinbaum habrían sido distintas. Aunque ha estado más interesada que su predecesor en combatir la corrupción en la cúpula, me parece que no se decidió a actuar en contra de figuras prominentes, hasta no sentirse en condiciones de resistir el golpeteo interno que dejaría una investigación abierta en contra de personajes como Adán Augusto López o el ex secretario de Marina, por mencionar a algunos.
Para su desgracia, el destino la alcanzó. Todo habría sido distinto si hace meses se hubiera separado a Rocha de su cargo para emprender una investigación. Motivos había, desde el extraño proceder de la fiscalía estatal durante el secuestro de Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, enemigo político de Rocha, hasta las muchas evidencias del apoyo de los narcos durante su campaña electoral, pasando por críticas continuas respecto a los negocios de sus hijos. Hoy el gobierno mexicano, o su fiscalía, deben investigarlo no por iniciativa propia, sino por presión de la opinión pública generada por la acusación de Estados Unidos.
No habrá salidas fáciles, pero sin duda hay unas con más impacto político que otras. Un primer escenario es que prevalezca la actitud “soberanista”, la investigación sobre Rocha lo exonere de culpas y, en consecuencia, se niegue a Estados Unidos su aprehensión y eventual extradición. Esa sería políticamente la más costosa, desde luego. No sólo por las consecuencias internacionales, imposibles de predecir dado el carácter volátil de Trump, sino por la inevitable interpretación de que Morena prefirió proteger a uno de los suyos.
Y aquí un paréntesis sobre la culpabilidad o no de Rocha. Como se ha señalado arriba habría sospechas legítimas de que el comportamiento del gobernador ha sido cuestionable, pero hasta ahora las pruebas remitidas (servilletas borroneadas y declaraciones de capos desesperados por disminuir sus penas) distan de ser categóricas. Por improbable que parezca, existe la posibilidad de que Rocha no sea más culpable que cualquiera de los gobernadores del norte del país, obligados a hacer pactos de no agresión mutua con el cártel dominante: “no me meto con ustedes ni sus familias, ustedes tampoco lo hagan en contra de los ciudadanos”. ¿Complicidad? Sin duda, pero es también una actitud hasta cierto punto inevitable, habida cuenta la incapacidad real de los mandatarios estatales para enfrentar al crimen organizado. Rocha podría ser el primero que tuviera que pagar por ello. Para Claudia Sheinbaum será una decisión más sencilla si la investigación muestra, como parece probable, que el gobernador fue mucho más allá de eso.
Un segundo escenario sería ese justamente, incriminar al mandatario porque las pesquisas de la fiscalía mexicana o las pruebas ofrecidas por Estados Unidos así lo exijan. En tal caso se abrirían dos posibilidades: entregarlo a la unión americana o procesarlo en tribunales mexicanos. Supongo que Palacio Nacional optaría por esta última variante, enjuiciarlo en México, para no ser acusado de entreguista.
Los dos escenarios son costosos políticamente. La única respuesta consistente como jefa de Estado es atenerse a los elementos jurídicos y actuar en consecuencia, aun sabiendo que su gobierno será cuestionado por una u otra razón.
Siendo así, me parece que la mejor defensa, además de transparentar los hechos y la investigación misma, consistirá en una estrategia que ponga fin al “sospechosismo” que existe sobre la renuencia de la 4T a investigar a sus propias cabezas. Con Rocha o sin Rocha, ha llegado el momento de llevar a tribunales a figuras destacadas que así lo ameriten.
Irónicamente, todo este asunto podría haber pavimentado el camino para Sheinbaum. Lo de Rocha demuestra, a propios y a extraños, que la 4T ya no puede titubear frente a las malas prácticas de la cúpula. Si la Presidenta temía resistencias insoportables, esto las habrá disminuido. Además, sienta un precedente en contra de la usual e inadmisible relación entre gobernadores y crimen organizado. Para Claudia no es un mal resultado si lo utiliza como argumento para la purga ética que se necesita. (Jorge Zepeda Patterson, Milenio, Justicia p.1 y 8)
El juego del gato y el ratón
NO SE VE que las autoridades mexicanas tengan prisa por entregar a Rubén Rocha Moya al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicitó su extradición. Argumentan que porque se solicitó con carácter de urgente, lo que es improcedente, y sin pruebas; la investigación de la Fiscalía General de la República está en proceso; hasta ahora no ha encontrado indicios de los delitos que le atribuyen; cuando tenga resultados, los entregará a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que formule una respuesta al departamento que encabeza Marco Rubio. El gobernador con licencia no ha sido consignado a un juez. Todavía no se conoce la reacción de las autoridades del país vecino. En el otro platillo de la balanza están el T-MEC, 40 millones de migrantes, las remesas familiares y las relaciones diplomáticas que se encuentran en un momento crítico. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
El Instituto Nacional de Migración (INM) recortó el gasto para comida en centros de ayuda a migrantes: pasó de 540 millones de pesos en 2025 a un máximo de 236 millones para 2026. Qué humanistas (Juan Ortiz, Ovaciones, Opinión, p. 22)
Dos temas han sido centrales en la agenda del presidente Trump en relación con México: detener de tajo la migración indocumentada y mejorar el combate frontal al tráfico de enervantes por parte de su vecino del sur. El comercio, principal preocupación del gobierno mexicano es visto con displicencia por la Casa Blanca, quien estima que nuestro país ha “abusado” del acuerdo comercial.
Con intereses encontrados y una relación cada vez más precaria, los dos socios comerciales han vivido varios días de tensión, cargados de desencuentros y especulaciones. Todo comenzó con la decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.
Tiempo atrás, el gobierno de Estados Unidos había declarado como terroristas a todos aquellos que participan en cárteles criminales. De ahí viene la gravedad de la situación. Como lo revela la acusación, “el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Con la pelota en la cancha mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) frenó la posible detención de los acusados al concluir que la solicitud enviada por Estados Unidos carece de pruebas, fundamentos y no acredita urgencia, requisitos indispensables para proceder al otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición.
La enmienda de la plana a las autoridades del vecino del norte fue severa: “Tras la revisión, no hay ninguna referencia, que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención”. Según la fiscalía, no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga viable el otorgamiento de la medida.
El revire estadunidense tendrá que venir a solicitud de parte. La FGR pedirá a la SRE que solicite a las autoridades estadunidenses remitir pruebas y argumentos “por las vías que garanticen la confidencialidad de la información”, a fin de estar en posibilidad de fijar una postura institucional.
Lo real es que el Estado vive arrodillado ante la violenta disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Por eso no resultó sorpresivo que el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán solicitaran licencia temporal a sus cargos. En consecuencia, el Congreso local nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
La flamante consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, ratificó que la petición no acredita los elementos para proceder bajo la figura de detención provisional. Políticamente, se dobla la apuesta: “La parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”. En tanto, el gobierno federal asignó protección al gobernador con licencia, tras una evaluación del Gabinete de Seguridad.
BALANCE
El desacuerdo es cada vez más grande. Las posiciones de cada parte no podrían estar más alejadas. Nuestros vecinos quieren celeridad y eficacia en el combate a los cárteles. Sin embargo, para el gobierno de México no existe urgencia en la solicitud de Estados Unidos para la detención de presuntos delincuentes.
Nada para nadie. Nos encontramos en el limbo. El limbo, derivado del latín limbus (“borde” o “límite”), es un concepto de la teología católica medieval que designa un estado o lugar temporal/permanente en el más allá, donde van las almas que no merecen el infierno, pero están excluidas del cielo, como niños no bautizados o patriarcas precristianos. Así se encuentra ahora la relación bilateral. Lo que sigue es de pronóstico reservado. (Francisco Guerrero Aguirre, Excélsior, Nacional, p. 14)
Mencionarlo resulta obvio: existen mil y un factores que unen a México y a España. Idioma, historia, religión, cultura y tradiciones conforman, en buena medida, un mismo tronco.
Una diferencia, sin embargo, salta a la vista: la percepción que cada una de nuestras dos naciones tiene de Hernán Cortés, villano y héroe a la vez, dependiendo del lado del océano desde el que se observe.
Dos afortunados viajes parecen empezar a desdibujar el innecesario distanciamiento que la administración de López Obrador, a través de distintos actos, impulsó en la relación hispano-mexicana: el viaje reciente de la presidenta Sheinbaum a Barcelona, y el que hoy realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Ciudad de México. Enhorabuena.
Por la dimensión e importancia de México y España, y por el intercambio social y económico que a lo largo de la historia ha existido entre ambas naciones, la idea de buscar y lograr un nuevo acercamiento entre ambos países debe ser siempre bien recibida, por distantes que puedan ser los pensamientos ideológicos de sus respectivas representaciones políticas.
Entre 1936 y 1939, México recibió a entre 20 y 25 mil españoles -refugiados de la Guerra Civil- que encontraron en nuestro país un suelo fértil en el cual emprender su carrera o desarrollar sus negocios.
Impulsores de la cultura, la educación y la actividad económica, encontramos nombres conocidos e importantes, como Juan Grijalbo, Rafael Giménez Siles o José Pagés Llergo, fundadores de Editorial Grijalbo, Librerías de Cristal y la revista Siempre, respectivamente, cuyo impacto sigue vigente hasta nuestros días.
La huella de España permanece impresa en el alma de los mexicanos con motivo de las aportaciones que la península ha legado a lo largo de más de cinco siglos de historia en común, que comenzaron con la llegada de los españoles a estas tierras, de la que dependió el nacimiento del pueblo que hoy se expresa a través de cada uno de nosotros.
El favor parece jugarse ahora en sentido inverso. Desde la pandemia, España ha registrado el ingreso de entre 35 y 45 mil mexicanos que buscan en Europa una oportunidad de desarrollo similar a la que encontraron quienes llegaron hace casi un siglo a América. Se trata de un flujo constante que confirma la vigencia de los vínculos entre ambas sociedades.
El fenómeno migratorio entre las dos naciones resulta enriquecedor desde cualquier perspectiva, pues los puntos de unión son numerosos y el éxito de la integración, en cualquiera que sea el sentido del flujo humano, encuentra condiciones particularmente favorables en la afinidad cultural.
Circunstancialmente, sin embargo, convergen en esta etapa de la historia intereses comunes para ambos países que deben atenderse con apremio.
Siendo destino o puente de flujos migratorios provenientes de regiones vecinas -África sahariana, en el caso de España, y Centroamérica y el Caribe en el de México-, su propia identidad cultural, así como su estabilidad social y económica, enfrentan presiones crecientes que no pueden soslayarse.
Los diarios que circulan en Europa informan con preocupación sobre los efectos de la política de apertura migratoria anunciada por el presidente Pedro Sánchez, que facilitaría la regularización de cientos de miles de personas provenientes del norte de África, cuyos contextos culturales, religiosos y lingüísticos difieren de manera significativa de los europeos, generando tensiones que deben ser atendidas con responsabilidad.
En México, por su parte, se ha anunciado el ingreso de alrededor de mil migrantes haitianos que se encontraban detenidos en Tapachula, cuya intención ya no es atravesar el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos, sino establecerse en la Ciudad de México, como lo han hecho previamente comunidades de diversa procedencia, integrándose gradualmente al tejido social.
No debe existir un sentimiento irracional de rechazo hacia el migrante; sin embargo, resulta indispensable impulsar políticas de integración que atiendan la dimensión cultural y social del fenómeno, dentro de los marcos de la hispanidad o de la mexicanidad, según corresponda, y que permitan preservar la cohesión interna de cada nación.
Ante todo, ha de reconocerse que el mundo ya no está por descubrirse, como lo estaba en los inicios del siglo XVI; por el contrario, se encuentra en un proceso acelerado de reconformación económica, social, demográfica y ambiental que exige respuestas coordinadas y de largo alcance.
Países desarrollados o en vías de desarrollo, como los nuestros, con la VOZ e importancia de la que gozan en el concierto internacional, tienen la responsabilidad de concebir e impulsar agendas que contribuyan a consolidar la democracia y el Estado de derecho como factores indispensables de convivencia, así como a canalizar recursos productivos para la generación de empleo regional.
Sólo así podrán atenderse las necesidades humanas en todas las latitudes, pues es precisamente la carencia de oportunidades la que alimenta el fenómeno migratorio que hoy tensiona a buena parte del mundo.
En ese contexto, el diálogo entre México y España no sólo adquiere relevancia bilateral, sino que puede proyectarse como un ejemplo de cooperación responsable entre naciones con historia común, capaces de construir soluciones compartidas frente a desafíos globales.
Que la reunión pacífica y diplomática de México y España sea fructífera y, sobre todo, reparadora. Que nuestros orígenes comunes y destinos convergentes sirvan para encontrar, en el entendimiento mutuo, una aportación valiosa para el resto del mundo. (Antonio Cuéllar Steffan, El Financiero, Opinión, p. 26)