Hubo un tiempo en que EU hablaba de México como un socio estratégico. La palabra favorita era integración. Las fábricas cruzaban fronteras, los tratados prometían prosperidad compartida y la globalización parecía una autopista sin retorno. México producía. EU consumía. Y el mundo, al menos en teoría, avanzaba hacia algo parecido a la estabilidad. Ese mundo ya no existe.
El lenguaje cambió. Washington ya no habla de comercio. Habla de fentanilo, crimen organizado, migración, cadenas críticas, seguridad nacional y China. El tono también cambió. La desconfianza reemplazó al entusiasmo. Y México comenzó a dejar de ser visto como aliado para convertirse también en una fuente de riesgo. La señal más clara está en el propio T-MEC. El tratado que nació como una herramienta comercial empieza a parecerse cada vez más a un acuerdo de seguridad regional. Las discusiones ya no giran sólo alrededor de reglas de origen o aranceles, sino a trazabilidad de productos, control fronterizo, vigilancia aduanera, seguridad energética, subsidios industriales, presión migratoria y revisión de inversiones vinculadas a China.
La presión política en EU aceleró todavía más esa transformación. El presidente Trump entendió algo: una economía ansiosa, México podía convertirse en un enemigo políticamente rentable. El discurso funcionó porque mezcló varios miedos: empleos perdidos, drogas, violencia, migración y dependencia industrial. Pero el fenómeno ya rebasó a Trump. Hoy, dentro de EU, empieza a consolidarse una idea mucho más profunda y peligrosa: el crimen organizado mexicano dejó de ser sólo un problema de seguridad pública y comenzó a ser visto como un riesgo estructural para la estabilidad regional.
Los casos de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa encendieron alertas en los mercados y mostraron hasta qué punto EU estaba dispuesto a utilizar herramientas financieras, regulatorias y diplomáticas para intervenir indirectamente en temas de seguridad. La relación bilateral ya no tendría compartimentos separados. Finanzas, comercio, seguridad y política empezarían a mezclarse.
Ahora la presión parece moverse hacia otro nivel: la clase política. Las recientes declaraciones y reportes alrededor de presuntos vínculos entre estructuras criminales y actores políticos mexicanos reflejan un cambio de tono cada vez más evidente en EU. El señalamiento sobre Rubén Rocha Moya y las referencias cada vez más frecuentes al concepto de narcopolítica muestran que la narrativa dejó de enfocarse sólo en los cárteles para observar también las condiciones institucionales que, desde la óptica de EU, les permiten operar.
Y cuando Washington empieza a hablar de narcopolítica, el impacto deja de ser solamente político. Se vuelve económico.
Recordemos que más de 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino EU. Gran parte de la industria nacional gira alrededor de cadenas de suministro de EU. México importa gas natural estadunidense para sostener buena parte de su sistema eléctrico. Millones de empleos dependen de esa relación. Pero mientras la integración económica aumenta, también crece la sospecha política. Es una paradoja incómoda: nunca habíamos estado tan unidos a EU y, quizá, nunca habíamos sido observados con tanta desconfianza.
China complica todavía más el escenario. Detrás de muchas tensiones aparece el mismo temor estadunidense: perder control sobre industrias estratégicas, cadenas críticas y puntos sensibles de la región. Autos eléctricos, acero, tecnología y semiconductores forman parte de una nueva disputa global donde México quedó atrapado en medio. EU teme que México se convierta en una plataforma industrial indispensable y en un espacio vulnerable a intereses rivales, corrupción sistémica o infiltración criminal. Esa combinación genera ansiedad política y ésta siempre termina en presión económica.
El nearshoring prometía transformar al país en una potencia manufacturera. Y durante un momento pareció posible. Las empresas buscaban salir de Asia. México ofrecía cercanía geográfica, mano de obra competitiva y acceso preferencial al mercado más grande del mundo, pero el entusiasmo empezó a chocar con la realidad: infraestructura energética insuficiente, escasez de agua en regiones industriales, incertidumbre regulatoria, saturación logística y, ahora, el deterioro gradual de la percepción de confianza frente a EU. Porque el verdadero riesgo quizá no sea una ruptura espectacular del T-MEC, sino auditorías más agresivas: revisiones interminables, controles financieros más estrictos, presión diplomática constante y empresas internacionales posponiendo decisiones mientras intentan entender hacia dónde se mueve la relación bilateral.
La nueva economía global ya no premia sólo al país más barato, premia al más confiable. Durante décadas, México apostó a que la cercanía con EU bastaba para garantizar estabilidad, pero el mundo cambió. Los tratados comerciales ahora funcionan también como instrumentos de seguridad. Las cadenas de suministro son asuntos geopolíticos. Y la sospecha pesa tanto como los aranceles. La globalización no desapareció. Se volvió desconfiada. Y México empieza a descubrir que estar tan cerca de EU puede ser una enorme ventaja económica, pero también una fuente permanente de presión, vigilancia y sospecha. (Ricardo Peraza, Excélsior, Nacional, 11)
La “revisión” iniciada por el Departamento de Estado sobre el funcionamiento de 53 consulados mexicanos que se ubican en el territorio de Estados Unidos ha comenzado y el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene puesta la lupa especialmente en 20 sedes de México donde se tienen identificados cónsules o vicecónsules que son militantes activos del partido Morena y que han utilizado el espacio diplomático para organizar y realizar actividades políticas y partidistas en la Unión Americana.
De acuerdo con fuentes estadounidenses se están documentando las violaciones a los tratados diplomáticos en las que habrían incurrido varios funcionarios del Servicio Exterior Mexicano desde el pasado sexenio y se presentará en fecha próxima un informe con el que la administración de Donald Trump podría ordenar el cierre de varios consulados mexicanos por dedicarse a hacer proselitismo político en su territorio. La mayoría de las violaciones tienen que ver con actos y reuniones partidistas de Morena Exterior, que a pesar de ser un organismo partidista, tenía acceso al uso de la red consular para hacer trabajo político con comunidades de migrantes mexicanos.
Entre los consulados que se revisan, de los primeros en la lista está el de Miami, donde la presencia del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es cuestionada desde el Departamento de Estado no sólo por el carácter político y militante del cónsul mexicano, sino por sus nexos familiares con Adán Augusto López, el senador morenista que está siendo investigado por el gobierno estadunidense por su participación en el fraude del llamado huachicol fiscal que operaba desde Estados Unidos.
De hecho, en la oficina del secretario Rubio hay una denuncia en contra del cónsul Rutilio, por presuntos vínculos con el narcotráfico, que fue presentada el año pasado por el exgobernador interino de Chiapas, el priista Willy Ochoa, en la que acusa directamente a Escandón de haber “pactado y entregado” el estado al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otras organizaciones criminales durante su administración que transcurrió de 2018 al 2024, apoyado fuertemente por su cuñado Adán Augusto y por el expresidente López Obrador.
Otro cónsul que está en la mira del Departamento de Estado es el McAllen, Froylán Yescas Navarrete, un antiguo militante de Morena, que antes de ser designado en 2019 por el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había sido secretario de Formación Política del CEN de Morena. También está el caso del cónsul mexicano en Sacramento, California, Christian Tonatiuh González, quien a pesar de no tener antecedentes militantes, el pasado 9 de mayo grabó un video en la sede del consulado con el secretario de Morena en el exterior, Alejandro Robles Gómez, en el que el dirigente partidista habla de la persecución de migrantes en el gobierno de Trump y suelta la frase proselitista: “Es un honor estar con Claudia Hoy”.
En varios consulados mexicanos no es solo el cónsul y su actuación la que se revisa desde el Departamento de Estado, sino también el papel de los viceconsules o funcionarios encargados de asuntos políticos que en muchos casos son los que se encargan y operan la labor proselitista a favor de Morena entre las comunidades de mexicanos a las que atienden.
Las fuentes consultadas indican que desde la oficina del secretario Rubio se están documentando los casos en los que las oficinas consulares de México, desde el sexenio pasado, han operado políticamente en coyunturas como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, o también organizando marchas y protestas en algunas ciudades estadounidenses en contra de las políticas del presidente Trump, a través de redes que conectan la operación de Morena en el exterior con los recursos o instalaciones de las sedes consulares mexicanas.
La presidenta Sheinbaum se ha quejado públicamente de que el gobierno de Trump no les ha compartido información sobre su decisión de revisar el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos y ha negado las acusaciones de que se trate de bases políticas extranjeras. “Es completamente falso. Primero no tenemos información y segundo no tendría por qué ser porque son muy respetuosos de la política de los Estados Unidos”, declaró la mandataria mexicana el pasado 8 de mayo.
Sin embargo, la revisión es un hecho y ya está en marcha, y medios estadounidenses como la cadena Telemundo, han citado declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado que aseguran que “varios consulados de México podrían ser cerrados por órdenes del gobierno estadounidense” si documentan que fueron utilizados en algún momento para actividades políticas y partidistas, incluso para operar en contra de políticas y decisiones del gobierno de Trump.
En la historia de las relaciones México-Estados Unidos el cierre de consulados sólo se ha producido en momentos de crisis o tensión, pero usualmente es el país dueño de los consulados el que decide cerrarlos, como ocurrió en la época de la Revolución Mexicana o durante la pandemia de Covid cuando Estados Unidos ordenó el cierre de sus sedes diplomáticas en territorio mexicano. Pero, hasta ahora, que se cierren consulados del país vecino por una decisión unilateral y por acusaciones de violaciones a los tratados diplomáticos, es algo completamente inédito y, de ocurrir el cierre de sedes mexicanas en territorio estadounidense por órdenes del presidente Trump, la fractura en la relación bilateral, que hoy está en tensión, quedaría totalmente expuesta.
“Si México no puede nosotros lo haremos”, dijo la semana pasada el presidente Trump, y sin una estrategia clara e inteligente del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que se ha encerrado en la defensa de su movimiento político y de una soberanía que hoy está en manos del crimen organizado, parece que desde Washington ya empezaron a hacer el trabajo al que se niega la presidenta.
NOTAS INDISCRETAS… Hablando de la presidenta, en la reunión que sostuvo con los diputados y senadores de Morena y sus aliados el pasado 7 de mayo en el Palacio Nacional, la mandataria les pidió a los de la bancada oficialista que se mantengan unidos y les hizo una petición bastante singular: “Que no se burlen de los compañeros que han perdido la visa estadounidense. No debemos hacer burla de eso y hay que ser solidarios”, comentó la mandataria en su discurso de aquel día. Y es que cada vez son más los políticos y dirigentes de Morena que se suman a la lista de los “desvisados” por el país vecino y, aunque algunos lo ocultan y no lo hacen público, lo cierto es que hoy los morenistas no son bienvenidos en el territorio estadounidense y hasta la propia presidenta les ha recomendado a sus colaboradores en privado que “no se paren para nada ni pisen el territorio de los Estados Unidos”. El nerviosismo y la preocupación que invade a los morenistas, que como muchos mexicanos eran afectos a viajar al vecino país del norte, está más que fundado por aquello de que “el miedo no anda en burro” ni tampoco tiene visa gringa… A propósito del tema de las visas, el lunes pasado el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, volvió a negar que a él le hayan cancelado su visa estadounidense. “Sí, sí tengo visa, he asistido a varios actos en Estados Unidos, hemos ido a la sección nacional de la ONU, a estar hablando de la agenda 2023, hemos tenido giras por el estado de Texas, hemos tenido también relación y presencia en Laredo, Texas y participación en varios eventos”, aseguró el mandatario morenista. Por cierto que la hermana del gobernador tamaulipeco, la actual alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, no ha dicho si a ella le cancelaron o no la visa, pero llamó mucho la atención que la presidenta tampiqueña no asistiera a los últimos festejos de la hermandad entre la ciudad de Houston y el Puerto de Tampico que se llevaron a cabo en la ciudad texana, y en su representación mandara a su directora de Turismo y a un director de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento ¿No habría tenido tiempo de acudir a Houston la alcaldesa de Tampico o no habría tenido visa?.. Y de las visas nos vamos a los frijoles. Pues resulta que en la protesta de productores de frijol de Zacatecas el pasado domingo, que terminó con detenciones y garrotazos de la policía estatal en contra de los manifestantes, entre los que protestaban, además de los legítimos agricultores, había muchos funcionarios del ayuntamiento de Zacatecas, que encabeza el alcalde panista, Miguel Ángel Varela. Y aunque se trataba de un día inhábil y los funcionarios municipales son libres de apoyar a quien quieren en sus legítimas demandas, lo curioso es que nos cuentan que un día antes de la protesta de los productores de frijol, al alcalde Varela lo vieron muy contento en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, muy pegado a la gobernadora panista de ese estado, Tere Jiménez. Y justo ese sábado 9 de mayo la gobernadora hidrocálida anunció que ella apoyaría a los productores zacatecanos que protestan contra el gobierno morenista de David Monreal y contra el gobierno federal por los bajos precios de su producto, y Tere Jiménez, que anda en plena campaña, anunció que su gobierno les compraría 1,500 toneladas de frijol a los agricultores de Zacatecas a un precio de 20 pesos el kilo. Es decir, que la gobernadora panista invertirá 30 millones de pesos para apoyar a los agricultores zacatecanos. Y al día siguiente el alcalde de la capital zacatecana mandó a sus funcionarios a apoyar la protesta de los campesinos que terminó siendo reprimida por el gobierno estatal. ¿Será que Tere Jiménez, que busca refrendar su estado para el PAN en los comicios de 2027 también se está metiendo a las elecciones y a la grilla zacatecana? A lo mejor la gobernadora hidrocálida quiere emular a aquella mujer aguascalentense, María Luisa Villa, que según la leyenda intercedió ante el presidente Santa Anna, en una visita que hizo al estado, para que autorizara la separación de Aguascalientes que en ese tiempo era territorio de Zacatecas y que, dice la tradición, selló su petición con un beso a Santa Anna que terminó autorizando la autonomía y creación del estado hidrocálido justamente en mayo de 1835. Nomás que ahora Tere parece querer sumar el territorio de Zacatecas al panismo, en su ya declarado afán de convertirse en dirigente nacional del PAN, una vez que termine su gubernatura el próximo año. ¿Lo logrará?… Capicúa de los dados. Se repite el tiro. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A5)
Las tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos están poniendo en riesgo el trabajo indispensable que realiza la red de 53 consulados encargados de proteger y defender a los connacionales que viven en ese país.
Se trata de una red única en el mundo por su tamaño y por la cantidad de servicios que brinda a casi 40 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes además envían miles de millones de dólares en remesas cada año. Pese a ello, la red consular opera bajo una austeridad absurda, aun cuando genera importantes ingresos mediante el cobro de servicios. Ese tema merece una columna aparte.
Como parte de la polarización política, se ha difundido la idea de que el activismo de Morena invadió los consulados. Revisé el perfil de los 53 titulares y encontré que actualmente el 66 por ciento son diplomáticos de carrera y el 34 por ciento corresponde a nombramientos políticos. Las cifras se mantienen dentro del rango observado en las cinco Presidencias anteriores. En ambos grupos hay funcionarios buenos, regulares, malos y pésimos.
Uno de los retos más delicados para este gremio -me comentan integrantes experimentados del servicio exterior- consiste en aplicar la instrucción recibida hace varios sexenios de ayudar a los connacionales a defender sus derechos. Eso incluye facilitar el acceso a la ciudadanía estadounidense y, por tanto, al voto. El mandato puede prestarse fácilmente a la politización. Para emitir un juicio más preciso habrá que esperar los resultados de la investigación estadounidense.
La revisión de los consulados ocurre en un contexto en el que cerca del 60% de la población estadounidense ve a México con desconfianza. Esa percepción atraviesa a funcionarios de ambos partidos. La comisionada de la DEA nombrada por Joe Biden, Anne Milgram, aseguró ante el Congreso que “los cárteles de Sinaloa y Jalisco representan la mayor amenaza criminal” en la historia de Estados Unidos. A ello se suma la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que refleja la narrativa impulsada por Donald Trump: México como un narcoestado.
En este contexto se inserta la acusación y la petición de extradición hecha por el Departamento de Justicia. Hasta ahora, la Presidenta los defiende con argumentos endebles que detallo con un análisis del contenido de las seis mañaneras posteriores a la difusión de la acusación. A Rocha Moya lo menciona lo menos posible (en ocho ocasiones) y pone el acento en la defensa de la “soberanía” (invocada en 42 ocasiones) y en la exigencia de “pruebas” (¡99 veces!).
Exigir pruebas se ha convertido en uno de los recursos más desgastados de los gobiernos mexicanos, sin importar el partido. A veces sirve para justificar ineficiencias y corrupciones; otras, para proteger a cómplices del crimen. Hemos llegado al absurdo de poner en riesgo una red consular estratégica para el país con tal de proteger a una decena de morenistas que, de acuerdo con la prensa confiable, acumulan señalamientos suficientes para ser considerados presuntos delincuentes.
La exigencia de pruebas raya además en el fariseísmo, como muestra el caso del más cuestionado de los 53 cónsules. Pável Meléndez Cruz, veterano del PRD y Morena, es conocido por su inclinación a la confrontación abierta. Desde que asumió el consulado en Denver en 2023, acumuló una denuncia ante la FGR presentada por el defensor de migrantes Javier Martínez Calzada y una decena de acusaciones ante el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El 29 de septiembre de 2025, Dolia Estévez publicó un artículo donde detallaba el fallo adoptado por el Comité antes mencionado. En esencia, validó las denuncias. Dolia me facilitó una copia del documento fechado el 12 del mismo mes. En cuatro cuartillas confirman que Meléndez Cruz practicó el favoritismo hacia sus incondicionales, utilizó “estereotipos de género” y se burló del “físico de las personas”, entre otras acusaciones. El Comité recomendó a la Cancillería dar “seguimiento a las constantes problemáticas”. Se desconocen -aunque se intuyen- las razones por las cuales el cónsul en Denver permanece en el cargo. Es parte de un añejo patrón de impunidad y complicidades.
¿Para qué piden pruebas si cuando las hay las ignoran? (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
El fiasco del cambio de calendario escolar seguramente no provino de un intento de distracción por parte de Mario Delgado o Claudia Sheinbaum. Fue simplemente una metida de pata del primero, y la consecuencia de una de las peores características de la administración de la segunda. Por micromanager y por desconfiada, no cuenta con un jefe de oficina o jefe de gabinete a quien delegue la marcha cotidiana del gobierno. Pero el desaguisado educativo sí distrajo la atención, y por eso conviene volver a lo importante: la crisis con Estados Unidos.
No para seguir especulando sobre la lista, la entrega, las pruebas, y el patrioterismo de la 4T. Aquí quisiera referirme a dos tesis falsas, pero ampliamente compartidas, dentro y fuera de México, sobre las condiciones y las posibles consecuencias de las elecciones de medio periodo para Trump y su gestión.
La primera consiste en pensar que México, o la piñata mexicana, es y será un tema significativo en la campaña electoral de aquí a noviembre, sobre todo para Trump y para los candidatos del Partido Republicano. La migración y la decreciente epidemia de fentanilo representan cuestiones pertinentes, pero México como origen de los mismos, no.
En encuestas de Pew y de Gallup, por ejemplo, los únicos temas posiblemente relacionados con México en el imaginario de los votantes, a saber, la migración y el consumo de drogas, se colocan en los sitios 12 y 15 entre las principales preocupaciones de los encuestados. Los temas internacionales figuran poco, incluyendo la guerra de Irán y la intervención en Venezuela. En una encuesta del martes en CNN, el tema más importante fue la economía y el costo de la vida, con 55%; seguido por el estado de la democracia en Estados Unidos (19%), la migración (9%), la política de salud (4%) y la política exterior (3%). Discrepo de mi amigo Andrés Oppenheimer cuando dice que Trump podría ordenar algún tipo de bombardeo a México si le va mal en las encuestas. Trump sabe leer encuestas, y sabe que algo así no movería la aguja.
Ni Trump ni la inmensa mayoría de los aspirantes de su partido -con la posible excepción de Paxton en Texas, suponiendo que logre la candidatura republicana- ven la relación con México o su política hacia México como temas ganadores en la contienda. Creer que en esta campaña las decisiones en Washington relativas a México descansan en un cálculo electoral constituye un error. La postura de Trump sobre el T-MEC sí puede verse desde este ángulo, pero más como parte del proteccionismo secular del propio Trump y de su ambición reindustrializadora para Estados Unidos.
La idea de que exigir la extradición de Rocha Moya y otros narcopolíticos en México, o de revisar la situación de los consulados mexicanos en Estados Unidos, o prohibir la presencia de armadoras chinas en México, junto con la imposición de aranceles a productos chinos, o de realizar algún tipo de intervención militar a cielo abierto se originaría en consideraciones electorales no es correcta. El electorado estadounidense se orientará en noviembre a partir del costo de la vida (“affordability”), los ataques de Trump a las instituciones de su país, el sistema de salud, la corrupción, y para la base conservadora de Trump (MAGA), en el aborto, los temas LGBT, la presencia de migrantes no autorizados y las consecuencias del “wokismo”. México no pinta.
La segunda tesis errónea radica en los márgenes de maniobra de Trump después de una hipotética debacle electoral en noviembre. Sheinbaum y Díaz-Canel en Cuba parecen pensar que la posible pérdida de la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso limitará a Trump en sus aventuras internacionales. Tampoco es cierto. Más que otros presidentes en su segundo periodo, Trump es ya un “lame duck”, o mandatario saliente. Y si carece de mayorías legislativas, lo será con más razón. Pero lo que suelen hacer presidentes de esa índole consiste en abocarse a la política exterior, aun cuando se encuentran bajo amenaza de impeachment o juicio político. Así procedieron Nixon en pleno Watergate, Clinton en Monicagate, y hasta Obama a través de la normalización con Cuba en 2015-2016.
Trump hará lo mismo. Ya ha demostrado que desprecia las reglas escritas y no escritas que limitan el alcance presidencial en la conducción de la diplomacia. Se refugiará en las relaciones internacionales –China, comercio, Ucrania, lo que quede de Irán, Gaza, Cuba y probablemente México- porque dispondrá del poder -ciertamente menguante- para hacerlo. El sistema norteamericano les confiere grandes poderes a los jefes del ejecutivo en política exterior, y Trump los utilizará para proteger su legado, para no aburrirse, para buscar su Premio Nobel, y para agrandar su fortuna y la de sus hijos. La suya no será una presidencia acotada en materia internacional, ni debilitada por los demócratas en el Congreso.
Para México esto solo significa que las pesadillas de las últimas semanas no cesarán a partir de noviembre. Si acaso se volverán más traumáticas. Cuba, en cambio, puede sentirse segura que si de aquí a entonces no ha sucedido nada -y tengo la impresión que veremos acontecimientos importantes a finales de este mes- Trump apretará más las tuercas el año entrante. Ni modo. (Jorge G. Castañeda, El Universal, Opinión, A15)