Washington sigue en lo suyo: trata de crear condiciones para meter la mano en México. (La Jornada, Contraportada)
PARA NADA parece una casualidad que los ex secretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaran casi al mismo tiempo a las autoridades de Estados Unidos para afrontar su proceso por ligas con el narcotráfico en Nueva York.
LA PREGUNTA que muchos se hacen es si los dos ex funcionarios del gabinete del gobernador con licencia, Rubén Rocha, tomaron ellos mismos la decisión de entregarse, o si recibieron la orden de hacerlo para apaciguar al gobierno de Donald Trump.
MÁS AÚN porque sus detenciones se dan a conocer justo el día en el que se dio una llamada telefónica entre el inquilino de la Casa Blanca y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y AHORA queda la duda: ¿será suficiente la estrategia de entregar a los dos alfiles del Caso Sinaloa para salvar al rey Rocha o la partida seguirá hasta el jaque mate? Es pregunta sin enroques.
POR CIERTO, en el caso concreto de Gerardo Mérida, quien fue el primero en entregarse a EU, resulta relevante el hecho de que no es un político, sino un militar de carrera retirado.
QUIENES conocen su trayectoria afirman que fue recomendado para el cargo en Sinaloa por el mismísimo ex general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
ASÍ ES QUE, con todo y que tenía un amparo vigente para evitar su detención y extradición, la obediencia militar lo habría obligado a consultar a sus superiores y seguir sus órdenes de manera estricta.
LLAMA la atención que, mientras el militar ya dio la cara, el gobernador con licencia, el morenista Rubén Rocha, y el senador por Morena Enrique Inzunza siguen atrincherados.
NO ES por intrigar, pero como que ya se tardó el beneplácito del gobierno de Donald Trump para el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.
OCURRE que el Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio aún no da señales sobre ese nombramiento, a pesar de que la Cancillería mexicana, que encabeza Roberto Velasco, envió la solicitud el 23 de abril; es decir, hace 23 días.
QUIENES saben cómo se maneja la diplomacia en Washington destacan que, en comparación, cuando el embajador saliente, Esteban Moctezuma, fue propuesto en 2021 por Andrés Manuel López Obrador, la respuesta positiva del gobierno estadounidense se dio en sólo cuatro días.
A VER SI no resulta que la demora termina por malograr el nombramiento como representante de México de quien, hasta hoy, sigue al frente de Bancomext y Nafin de manera oficial. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
¡Con las visas, no!
Nos cuentan que tras la entrega en Estados Unidos de los exfuncionarios de Sinaloa Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida, acusados en el caso de Rubén Rocha, hay preocupación en la bancada de Morena en el Senado, sobre todo entre varios que piensan acudir hoy a la marcha en Chihuahua convocada por su partido para exigir juicio político a la gobernadora panista Maru Campos. Nos dicen que hay temor real de que algunos de ellos estén en la mira de Washington y su presencia en la marcha enoje a los vecinos. No vaya a ser que empiecen por cancelar visas a los senadores morenistas, no pocos de ellos buenos viajeros. Al parecer, el llamado que hizo el jueves el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a todos los liderazgos del partido no está cobrando tanta fuerza: “Por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera”, dijo. La presunción de inocencia es una cosa, pero las visas son las visas.
Abogada del gobierno y Vilchis 2.0
Con el estallido de casos judiciales y la cascada de informaciones provenientes de Estados Unidos sobre los planes del gobierno de Donald Trump contra la narcopolítica en México, nos cuentan que el equipo de comunicación de Presidencia se vio abrumado hasta el punto de que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hacer un “programa especial” para tratar de desmentir a los medios de comunicación. La sorpresa fue que la encomienda recayó en la recién nombrada consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, quien encabezará una conferencia semanal al estilo de la sección que encabezó durante el sexenio pasado Elizabeth García Vilchis, que llevaba el nombre de “Quién es quién en las mentiras”. ¿Será que la presencia de la abogada del gobierno indica que el plan es acompañar los presuntos desmentidos de acciones legales contra periodistas y medios incómodos?
No hubo músculo marxiano
La primera marcha de Marx Arriaga en la Ciudad de México, nos cuentan, terminó exhibiendo el tamaño real de su músculo político. El exfuncionario de la SEP apenas logró reunir a unas decenas de maestros, con los que quiso mostrar el tamaño de la rebelión que encabeza contra la dependencia, a cuyo titular, Mario Delgado, acusa de ser representante de la “traición neoliberal al lopezobradorismo”. Para un personaje que busca convertirse en referente del magisterio disidente y que ya hasta levantó la mano para dirigir la secretaría, la convocatoria quedó muy lejos del ruido que suele hacer en redes y conferencias.
¿Denuncias fantasma en el INE?
Los nuevos consejeros electorales no tienen ni un mes en el cargo y ya están en medio de escándalos. Ahora fue el caso de la consejera Frida Gómez Puga, quien se deslindó de una denuncia en contra del todavía director ejecutivo de Administración del INE, Jesús Octavio García González, supuestamente interpuesta por ella ante la FGR por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión, relacionadas con contratos otorgados a empresas que no cumplieron y con las cuales presuntamente tenía conflicto de intereses. Doña Frida dijo que ni ella ni su oficina habían iniciado el proceso y que presentará una denuncia por usurpación de identidad y falsificación de documentos. Así el ambiente en el equipo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. (El Universal, p.2)
Que la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el anuncio del aumento salarial de 9 por ciento a los maestros, frente a autoridades en la materia y dirigentes sindicales, para comentar que el secretario de Educación, Mario Delgado, “está haciendo un gran trabajo”, a días de la polémica ya superada sobre el fin adelantado del ciclo escolar por la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA, con lo que dejó una sensación de espaldarazo en medio de los recientes relevos en otras áreas del gabinete, como Agricultura y Pemex.
Que no faltaron quienes esgrimieron el siguiente caso hipotético para ilustrar una realidad: imagine que a usted lo acusan, más desde allá que desde aquí, de robarse infinidad de productos y, en consecuencia, la autoridad local decide investigarlo, pero, eso sí, le avisa que en fecha próxima irá a revisar su casa para buscar la mercancía en cuestión. Pues justo eso hizo la UIF en el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, reclamado por EU, a quien hizo favor de alertarlo de que indaga sus cuentas bancarias y las de familiares cercanos, pero sin congelarlas. Para esta hora, obviamente, ya deben estar vacías.
Que este sábado la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, tendrá su primera actividad en territorio a dos semanas de tomar el cargo cuando dé inicio a la batalla electoral por Chihuahua, donde mostrará músculo con una “megamarcha” contra la gobernadora, Maru Campos, en la que planea que sus aspirantes guindas exhiban unidad, con el fin de retar de frente al PAN por la entidad.
Que en otra de dirigentes, el del PRI, Alejandro Moreno, presumió el uso de su visa para viajar a Washington, donde se encontró con la venezolana María Corina Machado, aquella que ganó el Premio Nobel de la Paz, pero se lo regaló a Donald Trump. En la próxima sesión de la Permanente, el campechano retará a los legisladores de Morena a “darse una vuelta por EU” y ver si salen del cuartito de interrogatorios de las agencias de seguridad o, como los dos alfiles de Rubén Rocha ayer, se quedan a cantar. (Milenio, Al Frente, p.2)
› Marx se cuelga de la CNTE
Y el que reapareció ayer en la Ciudad de México encabezando un pequeño contingente durante las movilizaciones del magisterio disidente en ocasión del Día del Maestro fue el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. Sí, el mismo que se atrincheró en las que fueran sus oficinas, tras conocer su cese por negarse a incluir a las heroínas de la patria en los libros de texto que le tocó elaborar y a corregir gazapos detectados en los mismos. En aquél sainete, nos recuerdan, algo que nada gustó entre quienes lo arropaban fue que el académico quiso presentarse a sí mismo como depositario único del obradorismo que inspiró la llamada Nueva Escuela Mexicana. Como sea, ayer Marx fue entrevistado por los rumbos de Buenavista y dijo que su intención no es “golpear al Gobierno, sino reflexionar sobre los principios de izquierda”. El caso es que ya salió a calles con la firme intención de “refundar la SEP”, aunque, nos comentan, a juzgar por la dimensión de su contingente y aunque buscó colgarse de la movilización de profes, aún no ha sumado a muchos interesados en su causa.
› Saludo en la Corte
Y fueron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza José Medina Mora, los que se reunieron ayer con la Comisión de Enlace con el sector empresarial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar. El propósito, se ha informado, fue el de establecer de manera institucionalizada un diálogo permanente para impulsar la certeza jurídica, la inversión y la confianza económica en el país. El encuentro es una buena noticia, nos comentan, sobre todo cuando de todos lados se señala un problema de poca inversión en el país y que una de sus causas es la falta de confianza. Abona además a colocar en su justa dimensión el mensaje que envía el proceder de algunos ministros —apenas ayer la ministra Yasmín Esquivel se refirió a la forma en la que está siendo tratado un caso por parte de Lenia Batres como “acoso”—. Reuniones como la de ayer disipan la idea de que toda la Corte es antiempresarial.
› El PRI en Washington
Y el que no se aguantó las ganas de presumir que anda en Washington, D.C. fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien ayer subió un video a las benditas redes en las inmediaciones del Capitolio. El dirigente priista, nos comentan, no ha evitado destacar que se está moviendo a contracorriente de los señalamientos que se hacen a la oposición desde el oficialismo, según los cuales hay desde afuera y desde adentro del país una generación de narrativas en contra del Gobierno. “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país y eso lo vamos a hacer todos y cada uno de los días”, dice Alito en uno de sus videos, mientras en otros da cuenta de encuentros que sostuvo con la opositora venezolana María Corina Machado, a la que le regala una imagen de la Virgen de Guadalupe y con la representante María Salazar, de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Qué tal.
› No gustó a Noroña
Al que nada gustó que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos fue al senador Gerardo Fernández Noroña, para quien esos exfuncionarios requeridos por el Departamento de Justicia —que los ha señalado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado—, deberían haber tenido por parte del gabinete de seguridad algún tipo de resguardo, vigilancia e incluso limitaciones de la movilidad. “No es que a toro pasado me ponga yo muy brillante, pero si tenemos una presión enorme del Gobierno de EU con este tema… cómo es posible que tengan hasta la hora que pasó, el lugar por donde cruzó… ¿cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema?”, refirió encendido. Entre quienes lo han visto argumentar lo anterior, no ha faltado quien le señale que una acción como la que ahora echa en falta implicaría no que se presumiera su inocencia, como oficialmente se ha hecho desde que se dieron a conocer las acusaciones, sino su posible culpabilidad. ¿Pues qué pasó? En fin.
› Denuncias en Chihuahua
Muchas miradas estarán puestas hoy en Chihuahua, a juzgar por la serie de noticias que ayer se daban sobre la movilización que realizará Morena contra la gobernadora panista Maru Campos. El partido guinda, se ha comentado, ha decidido apostar fuerte en la movilización que ha llamado “por la seguridad de Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”. Por lo pronto, el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, declaró que aparentemente quien la está impulsando le está metiendo mucho dinero. Además, acusó presión hacia personas que reciben algún programa social federal para que salgan a las calles y dio cuenta de que, desde otras entidades, habría traslado de personas al estado para tratar de causar destrozos y polarizar. Por lo pronto, también se están mandando avisos a los ciudadanos, sobre todo los que usan el transporte público: “Este sábado 16 de mayo la totalidad de las rutas urbanas sufrirá una desviación a partir de la 1:00 PM. Lo anterior, debido a la marcha política convocada por Morena, la cual bloqueará el paso de las rutas”. Ahí el dato.
› Godoy al banquillo
Con la novedad de que el diputado morenista Leonel Godoy sí tendrá que presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán a declarar por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. Ayer se conoció el citatorio que le fue girado al legislador. Es sabido que esa comparecencia ha sido exigida en múltiples ocasiones por Grecia Quiroz, viuda del exedil y fundador del Movimiento del Sombrero, quien ubica al morenista en un grupo de fuertes adversarios políticos que tenía su esposo antes de que le quitaran la vida. Por lo pronto, nos comentan, el requerimiento para que el exgobernador acuda ya fue enviado a sus oficinas en San Lázaro por parte de la Fiscalía de Homicidio Doloso, que encabeza Andrés Vieyra. El documento revela que el citatorio está hecho para hoy sábado 16 de mayo a las 12:00 horas y el diputado podrá declarar “de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo”. Nos cuentan que otro señalado por Quiroz —dentro de la vertiente de la línea política de la investigación— que ya compareció ayer fue el exalcalde Ignacio Campos, quien se ofreció a colaborar en el esclarecimiento del mismo. Pendientes. (La Razón, p.2)
La intención es humillar
Crecen los amagos de Estados Unidos hacia México. El Departamento de Justicia estadounidense, al mando de Todd Blanche, pidió ayer a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos supuestamente ligados al crimen organizado. Lo hizo a través del Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, quien además solicitó fincarles cargos por terrorismo. “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”, agregó a la petición.
Lo llaman a comparecer
Citó la Fiscalía de Michoacán, a cargo de Carlos Torres Piña, al diputado federal de Morena Leonel Godoy. El requerimiento es parte del proceso por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Para tales efectos, el legislador debe acudir voluntariamente este sábado a las 12:00 horas ante la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, en Morelia.
Tendrá su propio espacio
Estrenará el gobierno federal una nueva conferencia denominada “Derecho de Réplica”. Ahí refutarán información, chismes y versiones “falsas” difundidas por la oposición u otros actores políticos. Este espacio vespertino lo presentarán formalmente en los próximos días, y lo encabezará la consejera Jurídica de la Presidencia, Luis María Alcalde.
Espaldarazo para Mario
El anuncio del incremento salarial del 9% al magisterio, ayer en la mañanera, fue al mismo tiempo un espaldarazo de la presidenta Sheinbaum al titular de la SEP, Mario Delgado. El mensaje entre los círculos políticos fue que la mandataria apuesta a la estabilidad en el frente educativo y el actual secretario representa una interlocución sin estridencias.
Marx se junta con la CNTE
Reapareció el ex subsecretario de la SEP Marx Arriaga. Se apersonó en el contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la marcha por el Día del Maestro. Su exigencia: refundar la Secretaría de Educación y destituir al actual titular de la dependencia, Mario Delgado. Eso sí, dice no estar en contra de la presidenta Sheinbaum.
Sindicato cierra filas
Saludó el sindicato de Pemex al nuevo director de la paraestatal Juan Carlos Carpio. “A nombre de las y los trabajadores petroleros, le extendemos una sincera felicitación por su nombramiento como titular de Petróleos Mexicanos”, indicó el líder del gremio petrolero Ricardo Aldana, quien de paso reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Recibe a Bachelet
Recibió la presidenta Claudia Sheinbaum a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, candidata de México a la Secretaría General de la ONU. El encuentro fue en Palacio Nacional y la mandataria le reiteró su apoyo. Luego, la chilena se reunió con el canciller Roberto Velasco, con quien platicó sobre los retos multilaterales para las Naciones Unidas. (El Heraldo de México, p.2)
El discurso legaloide de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que lleva más de dos semanas negándose a cumplir la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos contra 10 políticos de Sinaloa porque según ella “no hay pruebas” sobre la culpabilidad de los funcionarios morenistas, se derrumbó este viernes por completo. Dos de los sinaloenses acusados de asociación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia se entregaron al gobierno estadounidense tras ser detenidos, uno en Arizona y otro en Europa.
Fue la administración de Donald Trump la que anunció ayer la entrega-detención del general Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó la frontera con Estados Unidos por la garita de Nogales desde el pasado 11 de mayo y se entregó voluntariamente a las autoridades de aquel país para responder a las acusaciones de vínculos con “Los Chapitos”, por lo que de inmediato fue detenido y enviado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde este viernes se realizaría su primera audiencia en el juicio por los delitos que le imputa la Corte federal del sur de Nueva York.
El general en retiro del Ejército mexicano, quien fungió como titular de la seguridad estatal con el gobernador Rubén Rocha Moya, es una pieza clave en el entramado de corrupción y protección a la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa. Su actuación servía para proteger a Ovidio, Ivan Archivaldo y Jeús Alfredo de los operativos y redadas federales del Ejército o la Guardia Nacional. Según la petición de extradición hecha en su contra, Mérida Sánchez recibía 100 mil dólares mensuales para dar aviso de cualquier movimiento u operativo federal en contra de Los Chapitos, a los que llegó a alertar hasta de 10 operativos militares en un año, además de controlar a la Policía Estatal y nombrar directores de seguridad afines a ese grupo del cártel sinaloense.
El segundo en entregarse fue el exsecretario de Finanzas y Administración de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien según el portal La Silla Rota había sido detenido en Europa este viernes y también se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses que lo acusan de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. Díaz Vega es considerado un “amigo cercano” del gobernador Rocha y conoce bien los manejos financieros de su gobierno. Durante los tres últimos años que estuvo en el gobierno del morenista su patrimonio creció significativamente y se le documentaron hasta 10 nuevas propiedades en ese lapso y un crecimiento patrimonial en bienes inmuebles de hasta 18 millones de pesos.
La entrega de estos dos funcionarios sinaloenses rompe completamente con el discurso y los argumentos del gobierno mexicano, tanto de la presidenta Sheinbaum como de la Fiscalía General de la República y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no había pruebas contundentes de las acusaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos a ellos y a otros ocho acusados por vinculación con Los Chapitos.
El que los dos exsecretarios de Rocha Moya hayan preferido entregarse a continuar bajo la protección del gobierno de México confirma, primero, que ellos saben que sí hay pruebas e información que los involucra en los delitos mencionados y que no confiaron en la defensa que pretendía hacer de ellos la administración de la presidenta Sheinbaum. Porque al decidir entregarse a la justicia estadounidense, es claro que ambos buscarán algún tipo de beneficio o acuerdo para entregar información de sus superiores, a cambio de obtener algún trato con el Departamento de Justicia.
Y el jefe de ambos era el gobernador Rocha Moya a quien los testimonios del general Mérida y del administrador y financiero de su gobierno Enrique Díaz, terminarán por hundirlo en las imputaciones que le hace el gobierno norteamericano. Es muy probable que tanto el exsecretario de seguridad como el de finanzas desconfiaran del gobierno de Sheinbaum porque intuían que en algún momento, por la presión de Washington, la doctora iba a tener que entregar a algunos de los acusados y lo más probable es que fueran ellos dos, pues el interés político del gobierno es más bien proteger a Rocha Moya.
A diferencia de la presidenta, ninguno de estos dos acusados cuestionó la existencia de pruebas en la acusación estadounidense y con su decisión de entregarse, no sólo ponen en entredicho el discurso y la estrategia de Sheinbaum frente a estas acusaciones, sino que además confirman que confían más en la justicia de Estados Unidos que en la propia justicia de México, algo que también acaba de ocurrir hace unas semanas con el contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien prefirió entregarse al gobierno de Argentina y casi seguramente al de Estados Unidos en fecha próxima, antes que ser juzgado en su propio país.
La pregunta ahora es qué va a decir la presidenta después de estas entregas y cuánta información más podría obtener el gobierno de Trump a partir de lo que declaren y ofrezcan informar el general Mérida y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Difícilmente podrá justificar la retención de los otros ocho acusados y la negativa de entregarlos en extradición. Ayer la propia doctora informó que sostuvo otra llamada telefónica con el presidente Trump, la número 18, y es muy probable que el tema abordado en este diálogo haya sido justo el tema de los extraditables sinaloenses.
¿Cuánto tiempo más aguantará la presidenta sin entregar a Rocha Moya, al senador Inzunza y a los otros seis funcionarios solicitados en extradición? Porque si ella no se decide a entregarlos por motivos políticos y de protección a su partido y a su mentor López Obrador, el peligro, como ya se había advertido, es que los propios acusados decidan aceptar la colaboración con Estados Unidos y también se entreguen en busca de beneficios y a cambio de dar más información sobre la narcopolítica morenista. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué espera Sheinbaum para sentarse cara a cara con Trump y negociar lo que tenga que negociar para salvar al país de la intervención abierta de Estados Unidos?
NOTAS INDISCRETAS… Dicen que hay maderas que no agarran el barniz y lo mismo aplica para algunas ministras de la Corte en materia jurídica y de principios fundamentales del derecho. Porque el pasado miércoles la ministra Lenia Batres, por enésima ocasión y a pesar de que ya se lo han dicho en público, en privado y hasta se lo han explicado con palitos y bolitas sus propios compañeros ministros, volvió a plantear la reapertura de un caso juzgado relativo a una empresa privada mexicana que evidentemente se inconformó con la intención de que se vuelva a judicializar y a revisar una sentencia favorable que ya había obtenido hace algunos años tanto de un Tribunal Colegiado, como de la Segunda Sala de la antigua Corte que había revisado su caso y había validado el fallo judicial favorable que obtuvo dicha empresa.
En la sesión del jueves pasado, al discutir un proyecto en el que se analizaba la calidad de cosa juzgada de una determinación previa, la mayoría de ministros decidió dejar atrás lo resuelto por la integración anterior de la Corte, y lo hizo con base en una solicitud planteada por Lenia Batres Guadarrama a la anterior integración de la Suprema Corte para que ejerciera su facultad de atracción en un asunto en materia fiscal promovido en contra de una empresa. Dicha petición fue rechazada por la Corte anterior al estimarse que el Alto Tribunal carecía de competencia para conocer del caso.
No obstante, una vez integrada la Nueva Corte, Batres volvió a solicitar la atracción del asunto y, en esta ocasión, Hugo Aguilar dio trámite a la petición para que el juicio fuera conocido por el Tribunal Constitucional. La parte afectada promovió un recurso al considerar que se vulneraba el principio de cosa juzgada, pues existía una determinación previa que impedía volver a plantear el mismo tema.
Del recurso correspondió conocer a Loretta Ortiz, quien sostuvo que no existía afectación alguna para la empresa y propuso desecharlo, lo que finalmente fue aprobado por la mayoría. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel argumentó en contra de la mayoría que la propia Nueva Corte ya había sostenido previamente que las cuestiones competenciales causan estado y adquieren la calidad de cosa juzgada. A pesar de ello, la mayoría de sus pares optó por dejar atrás dicho criterio y desconocer la decisión anterior, en perjuicio de la empresa privada involucrada. Esta discusión vuelve a abrir el debate sobre la manera en que la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación parece mostrarse cada vez menos dispuesta a respetar las determinaciones adoptadas por la integración anterior, particularmente cuando ello implica flexibilizar principios básicos de seguridad jurídica en perjuicio
de los gobernados. Más allá del caso concreto, la decisión genera inquietud respecto de los límites institucionales del propio Tribunal Constitucional. La cosa juzgada no constituye una formalidad menor, sino una garantía indispensable para asegurar estabilidad, certeza y confianza en las decisiones judiciales. Permitir que resoluciones previamente firmes puedan ser replanteadas por razones de coyuntura o de integración amenaza con debilitar la predictibilidad del sistema jurídico y erosionar la seguridad jurídica de los particulares.
Si así el país no tiene en este momento nuevas inversiones extranjeras por el temor e incertidumbre que genera el nuevo Poder Judicial federal electo por votos, y con este tipo de fallos, menos invertirán ni los extranjeros ni los mexicanos cuando saben que los ministros violentan de manera tan flagrante principios básicos como el de la cosa juzgada…
Con todo y aumento del 9% al magisterio, anunciado ayer en Palacio Nacional, la CNTE tomó ayer las calles de la Ciudad de México y, tras calificar el incremento salarial como “una burla”, reiteró su amenaza de venir a protestar y sabotear los eventos del Mundial de futbol que comienza el 11 de junio. Y eso que la presidenta Sheinbaum recibió a los principales líderes de la Coordinadora el pasado lunes en Palacio Nacional, con el objetivo de negociar con ellos que no haya sabotajes ni manifestaciones durante el Mundial.
La reunión ocurrió después de que los maestros de la CNTE amenazaran con boicotear el acto de la presidenta en Palenque, Chiapas, el pasado 30 de abril cuando la mandataria tenía un evento para anunciar la unión de los trenes Interoceánico y Maya. Para evitar el boicot de los maestros en Palenque, la presidenta les ofreció recibirlos después en Palacio, lo cual ocurrió el pasado lunes 11 de mayo. Pero al parecer ni hablando directamente con la presidenta los de la CNTE bajarán la guardia ni dejarán de mantener al vilo al gobierno y a los organizadores mundialistas… Giran los dados. Escalera Doble. Buen fin de semana a los amables lectores. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.8)
Bajo el paraguas de que se requerían pruebas, los hechos comenzaron a precipitarse tras el requerimiento de 10 funcionarios sinaloenses por parte de la autoridad de Estados Unidos.
Primero renunció el gobernador Rocha: 2 de mayo. Una caída que no le daba más alternativa —él y a los otros nueve— que la de esconderse: ya no se les volvió a ver. El día 6, la UIF notificó a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas de *Rocha, sus tres hijos y los nueve perseguidos por Washington. Quedaban condenados a vivir ocultos y sin recursos quizá durante un muy largo tiempo.
Ayer se conoció que las autoridades de aquel país mantienen preso desde el lunes 11 al exsecretario de Seguridad, el general Gerardo Mérida, acusado de recibir dinero a cambio de trabajar para criminales de la región. Y casi de inmediato se supo que tenían también al exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz.
Es el cataclismo de Rocha y de su grupo, que todavía a finales de abril se movían como si la fortuna los fuera a acompañar por siempre.
Hoy en su horizonte sólo parece haber miedo y desesperación. Su derrota apunta a ser el final del modelo de gestión que, al amparo de una filosofía de no confrontación, optó por abrazar a los criminales, corromperse con ellos y dejar a su merced a los ciudadanos y el territorio que debían proteger.
Creo que así lo está encauzando el gobierno de la presidenta Sheinbaum: como el inexorable fin de una época. De ser así, estaríamos ante una extraordinaria noticia.
En medio de esto, la presidenta Sheinbaum informó que ayer sostuvo una conversación “excelente y cordial” con Trump sobre seguridad y comercio. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, Nacional, p.4)
Menuda bronca para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dos de los nueve colaboradores de Rubén Rocha Moya, cuya detención con fines de extradición reclama Estados Unidos, se entregaron ayer en Arizona y Nueva York.
Se trata del que fuera secretario de Seguridad del gobernador de Sinaloa con licencia, Gerardo Mérida Sánchez, y del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz.
¿Quiere pruebas? Aún faltan ocho presuntos narcofuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia y el senador Enrique Inzunza, quien no se ha presentado en la Cámara alta desde el 29 de abril pasado ni ha pedido licencia.
Hace 17 días se produjo la solicitud de EU y no hay señales de que el gobierno de México vaya a detenerlos y mucho menos extraditarlos. La sospecha de que los está cobijando crece.
* Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Arizona, el pasado 11 de mayo.
No se necesita un sesudo análisis para concluir que el exmilitar prefirió entregarse a los gringos que permanecer en México, a pesar del amparo que le concedió un juez de Michoacán. ¿Temía por su vida? ¿Negoció su entrega? Son preguntas.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ametralladoras.
De resultar culpable enfrenta una pena de entre 40 años de cárcel y cadena perpetua. Una buena razón para negociar ¿No?
Por lo pronto se declaró “no culpable” de los cargos que se le imputan ante la jueza Sarah Netburn, en Nueva York.
De Mérida hablamos con la diputada local del PRI Paola Gárate, una de las secuestradas durante las elecciones que ganó Rocha, hace cinco años, con el apoyo de Los Chapitos.
Narra: “Lo conocí como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Pedí su destitución por falta de resultados”. Cuando lo cuestionaron sobre lo que yo pedía respondió: “Que primero se vea la cola esa mujer”.
“Lo denuncié por violencia política en razón de género, pero los parientes de Inzunza en el área la desecharon”, puntualizó.
* Más tarde se supo que Enrique Díaz, secretario de Finanzas del gobierno de Rocha, se entregó en Nueva York a las autoridades de Estados Unidos.
La fiscalía neoyorkina lo acusa de actuar como enlace entre el gobernador Rocha y Los Chapitos, junto con el senador Insunza.
Asegura también, que en las elecciones de junio de 2021, entregó información al Cártel de Sinaloa sobre los oponentes de Rocha Moya.
Empresario multimillonario, Díaz es “el hombre del cash” detrás de Rocha Moya, según el diario El País.
* La Presidenta se rehúsa a salir del autoengaño. No cree que haya una caída en su popularidad. “Ayer saca una encuesta de que he caído, pero muchísimo”, dijo en la mañanera.
Se refería a la medición que publicó Lorena Becerra en Latinus: Cae Morena de 71% a 57% de aprobación, en mayo de 2026; y la gestión de Sheinbaum cayó 21 puntos.
Ya encarrerada, quiso desacreditar a Becerra. “Es la encuestadora que puso que Xóchitl Gálvez y yo estábamos empatadas y le gané por 30 puntos”, dijo.
Lorena Becerra reviró en su cuenta de X:
“Respecto a las declaraciones de la Presidenta esta mañana: no publiqué encuestas en 2024. Mis encuestas reflejan los datos como son: registraron 80% de aprobación, la amplia ventaja de López Obrador en 2018 y hoy una caída de 21 puntos, en medio de mala economía y escándalos graves”.
Sheinbaum agarró parejo contra periodistas e intelectuales críticos de la 4T, a los que califica de “comentócratas mentirosos”.
Empezó con el excanciller Jorge Castañeda. No le gustó que señalara que estamos en el momento de la peor crisis entre México y Estados Unidos.
“¿De veras? ¿Desde cuándo?”, ironizó
Y más adelante: “¿Quién lee a Jorge Castañeda? ¿Quién lee a Krauze? ¿A Aguilar Camín? Los grandes intelectuales… ¿Quién lee a un Riva Palacio? ¿Cuántos ven Tercer Grado? ¿Cuántos ven La Hora de Opinar?
Y anunció una novedad: Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, conducirá el nuevo programa semanal Detector de Mentiras Extendido.
Este nuevo espacio televisivo vespertino busca desmentir noticias negativas sobre el gobierno de Sheinbaum, ampliando la sección de la mañanera © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.6)
Hace casi dos años, después de que “El Mayo” Zambada llegó en avión a EU, en México se alistaba una investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese momento, me dijeron fuentes federales, ya había en la Fiscalía federal un expediente sobre Rocha, varios de sus funcionarios, sus hijos y los nexos de estos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En Palacio conocían la existencia de ese expediente, pero se consideró que “no era el momento” para actuar. Ahora, tras la investigación en Nueva York contra la red Rocha, algunas fichas han comenzado a moverse en México.
Hace dos semanas, Rocha pidió licencia de su cargo de gobernador. Fue una petición directa de Palacio Nacional, me confirmaron fuentes federales. Mientras tanto, algo más se movía en la indagatoria mexicana.
El 6 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a todas las instituciones de crédito y los bancos oficios relacionados con Rocha y con varias personas y empresas. Tuve acceso a ellos. Allí se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operación o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las cuentas que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. Es decir, los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esto sucedió apenas unos días después de que se publicó la acusación ampliada contra el gobernador, ahora con licencia, de Sinaloa y nueve personas de su gobierno y del gobierno de Culiacán. Pero esta acción de la UIF en México tiene elementos importantes que no figuran en la acusación de NY: presume lavado de dinero e incluye a los hijos de Rocha y a empresas que han tenido contratos con el gobierno.
En los últimos días, el gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes en el caso de NY. Mientras, estos bloqueos de la UIF constituyen las primeras acciones legales en torno a la red Rocha en México.
En 2003, Rubén Rocha, hijo del gobernador con licencia, fundó Construcciones Suaqui. Según el registro público de comercio, su único socio desde entonces ha sido Luis Manuel Mercado, quien luego fue gerente de construcciones del municipio de Mazatlán.
Seis años después, Rubén creó otra empresa con su hermano Ricardo y la nombró Constructora Chocosa. En 2014, Ricardo y Rubén fundaron A&R Inyecta Soluciones, una Sofom. Allí tienen otro socio: Eduardo Aguirre Medina. Un año más tarde, Ricardo y Eduardo fundaron otra compañía dedicada a realizar estudios de mercado y a medir campañas políticas. La nombraron A&R Soluciones Estadísticas.
Una década después, José Jesús Rocha, otro hijo de Rocha, constituyó Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria. Su socio fue Moisés Aguilar Medina.
Ahora, estas empresas fueron incluidas en los oficios de la UIF del 6 de mayo para bloquear sus cuentas. Allí figuran otros imputados del caso Rocha, como Gerardo Mérida, exsecretario estatal de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quienes ya se entregaron a las autoridades de EU, según se conoció este viernes.
Algunos de estos nombres ya habían sido publicados por el reportero Jorge García Orozco y el abogado Salvador Mejía, así como en otras investigaciones periodísticas sobre las empresas de la red Rocha, que mostraron cómo estas recibieron contratos millonarios del gobierno y realizaron negocios con factureras. “Varios directivos antilavado de bancos me confirmaron que están listos para bloquear más cuentas y que han recibido solicitudes de información del SAT”, me dijo Mejía.
Además, en los oficios figuran el senador de Morena y exsecretario general de Rocha, Enrique Inzunza; Juan de Dios Gámez, expresidente municipal de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la policía estatal de investigación; Alberto Jorge Contreras, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía; José Antonio Dionisio, exsubdirector de la policía estatal, y Juan Valenzuela, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
Nos falta mucho por conocer del caso Rocha y sus ramificaciones, más allá de Sinaloa. Por ahora, el gobierno federal parece estar explorando una salida política a este embrollo: seguir sus propias investigaciones y procesar a sus propios militantes en México, más por la vía de la corrupción y el lavado que por la del narcotráfico. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)