Hace unos días, colectivos de la sociedad civil (Red TDT) denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con fuerzas armadas y corporaciones policiales, realizó operativos contra personas migrantes en diversas colonias de la Ciudad de México. Al parecer, estas acciones se llevaron a cabo en zonas céntricas como Guerrero, Doctores, Polanco y San Rafael, e incluyeron detenciones y allanamientos en viviendas y espacios donde habitan personas en contexto de movilidad. Según la organización, entre los detenidos hay solicitantes de asilo, refugiados y personas con trámites de regularización en curso. Red TDT señaló que en los operativos participaron la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, y advirtió que se han desplegado como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 en la Capital.
EX SANTUARIO
En un breve comunicado, el INM aseguró no haber realizado “redadas” y afirmó que sus intervenciones se debieron a una colaboración solicitada por las autoridades de la CDMX “con la intención de prevenir algún acto delictivo”. En resumen, se trataron de operativos de apoyo o rescate. Sin embargo, a finales de abril y principios de mayo, se documentaron detenciones en lapsos breves y espacios públicos. En la zona de Polanco, por ejemplo, se reportó la detención de entre 10 y 15 personas en aproximadamente 20 minutos durante revisiones en vía pública. En otros puntos de la Ciudad, incluidos espacios comerciales, se registraron acciones similares en las que al menos 15 personas migrantes fueron detenidas. Asimismo, en otro operativo también en Polanco se contabilizó la detención de 29 personas extranjeras, mientras que días después, en una casa de huéspedes, se reportó la detención de otras 15.
Y todo esto es una señal de cambio. Mientras que tradicionalmente el control migratorio se concentraba en la frontera sur, carreteras y rutas de tránsito (con revisiones en transporte o puntos de cruce), estas intervenciones se dan en espacios urbanos específicos y de alta visibilidad, como colonias céntricas, centros comerciales y zonas residenciales. Son detenciones realizadas en lapsos breves y en puntos concretos lo que refleja un desplazamiento de operativos a gran escala hacia dinámicas de intervención más segmentadas. En lugar de concentrar la acción en un único evento masivo, los operativos se distribuyen en múltiples puntos, con grupos relativamente pequeños de personas detenidas en cada intervención. El control migratorio parece haberse desplazado desde las rutas de movilidad hacia espacios donde las personas viven o realizan actividades diarias (en la Ciudad).
Lo extraño es que este cambio se da en un contexto de reducción de los flujos migratorios (debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, cambios en los mecanismos de acceso al asilo y acuerdos de contención regional). De hecho, las detenciones del INM pasaron de alrededor de un millón 200 mil en 2024 a 145 mil en 2025. Es decir, no se trata de presión migratoria. Más bien, como sostiene la sociedad civil, tiene el aspecto de ser una “limpieza urbana” en preparativos para el Mundial de Futbol.
Y por supuesto, lo más triste es que la Ciudad que siempre funcionó como un punto de tránsito o estancia temporal para personas migrantes, se ha convertido en los últimos días, en un lugar de riesgo. El santuario se volvió peligroso. Los indocumentados en la CDMX van a conocer el mismo miedo del que se quejan nuestros compatriotas con el ICE en Estados Unidos. (Gustavo Fondevila, Reforma, Cuidad, p.4)
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha contado una historia clara y consistente: los cárteles son una amenaza terrorista; el fentanilo es una emergencia nacional; la frontera es el escenario de esa amenaza; y México debe probar, una y otra vez, que es socio y no parte del problema. La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 abrió el proceso para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados. Días después, otra orden vinculó aranceles con el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Ésa es la estrategia: convertir un problema binacional en una exigencia unilateral. Fentanilo, migración, cárteles, lavado de dinero, frontera, aranceles, inteligencia, T-MEC. Todo cabe en el mismo relato. Estados Unidos aparece como el país que protege a sus familias. Los cárteles aparecen como enemigo absoluto. México aparece como socio bajo sospecha, sometido a los cárteles y obligado a dar explicaciones.
México no puede responder a esa narrativa sólo con reflejos. Si la respuesta sólo es soberanía, Washington puede preguntar si se defiende al país o a los acusados. Si la respuesta sólo es cooperación, la presión puede leerse como permiso para exigir más. Si calla, pierde terreno. Si sobreactúa, le regala a Trump el pleito que busca. La respuesta más eficaz es mucho más sencilla: soberanía que se demuestra. Soberanía no como consigna, sino como capacidad del Estado. Soberanía para investigar, detener, decomisar, congelar cuentas, judicializar, extraditar cuando proceda, proteger el debido proceso y exigir pruebas cuando una acusación venga de otro país. Soberanía para cooperar sin aceptar imposiciones. Soberanía para dejar claro que ningún interés extranjero manda en México, pero tampoco ningún actor político se esconde detrás de la bandera.
Claudia Sheinbaum ha reafirmado una línea importante: exigir pruebas a EU y defender el Estado de derecho. En el caso de las acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios mexicanos, la Presidenta insistió en que Washington debe presentar elementos, y sostuvo que la postura mexicana no es una defensa política, sino una defensa del debido proceso y de la soberanía. Esa línea puede convertirse en doctrina. Cooperación, toda. Imposición, ninguna. Impunidad, tampoco. El punto más delicado es la causalidad. El fentanilo no es una flecha que sale de México y mata en EU. Es una cadena binacional: precursores, laboratorios, armas, bancos, distribuidores, consumidores, plataformas de pago, lavado de dinero y corrupción de ambos lados de la frontera. México debe seguir asumiendo su responsabilidad con seriedad. Pero asumir su responsabilidad no significa aceptar una versión simplista que borra las responsabilidades de EU. Washington también ha llevado la disputa al terreno del dinero. El Departamento del Tesoro ha sancionado redes vinculadas con cárteles mexicanos, precursores químicos, tráfico de fentanilo y esquemas de combustible robado. Ese movimiento comunica que los cárteles no son sólo violencia: son logística, finanzas, empresas, intermediarios y protección política o institucional.
México debe responder en ese mismo nivel. No con enojo, sino con método. Un informe público y periódico en respuesta directa a Estados Unidos sobre decomisos, detenciones, extradiciones, armas aseguradas, cuentas bloqueadas, laboratorios destruidos, precursores interceptados y carpetas de investigación contra funcionarios sería más poderoso que cien adjetivos. La evidencia acumulada también es una forma de soberanía. También es importante ordenar las vocerías. Seguridad debe hablar de operaciones. Hacienda, de lavado de dinero. Fiscalía, de investigaciones. Cancillería, de límites diplomáticos. Morena, de ética pública. La Presidenta debe reservarse para la línea de Estado: México coopera porque le conviene a su pueblo; México exige respeto porque es un país soberano; México no protege a nadie porque la legalidad también es soberanía.
La estrategia óptima de México no es pelear todos los días con Washington. Tampoco sonreír mientras lo empujan. Es fijar una regla y repetirla con hechos: cooperación sin subordinación; soberanía sin impunidad; resultados sin espectáculo. Trump quiere imponer un guion de sospecha y presión. México puede escribir otro: entiende la ley, defiende su soberanía y combate al crimen con pruebas y responsabilidad compartida con EU. La diferencia entre una frase y la otra no está en el tono: está en los resultados. (Gustavo Rivera, Excélsior, Nacional, p. 12)
La semana pasada fue enviado a Estados Unidos Alex Saab, quien fuera ministro de Industria de Nicolás Maduro.
No se trata de un personaje menor. Para Washington, para la oposición venezolana y para buena parte de las investigaciones periodísticas sobre el chavismo, Saab era el prestanombres, operador financiero y hombre de confianza que sabía cómo se movía el dinero alrededor de Maduro.
Su caída tiene algo de ajuste de cuentas y algo de mensaje. Venezuela prohíbe en su Constitución la extradición de sus ciudadanos. Durante años, esa fue una muralla política y jurídica para protegerlo.
Pero Saab también nació en Colombia y el nuevo gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, decidió tratarlo como ciudadano colombiano y deportarlo a Estados Unidos. En su narrativa interna el hecho no fue presentado como una extradición, sino como una “medida migratoria contra alguien requerido por delitos en territorio estadounidense”, pero en los hechos es lo mismo.
Hace apenas dos años la historia era exactamente al revés. Saab había sido detenido en Cabo Verde cuando su avión hizo una escala no planeada en camino a Irán, fue enviado a Estados Unidos y encarcelado por el lavado de más de 350 millones de dólares en el sistema venezolano mediante contratos del gobierno y empresas fantasma. Maduro convirtió su rescate en una causa nacional.
En 2023 regresó a Caracas después de que Joe Biden lo liberó en un intercambio que incluyó a 10 estadounidenses presos en Venezuela. Al regreso fue recibido como héroe, nombrado responsable de la inversión productiva y después ministro. Hoy, el hombre al que el régimen había rescatado terminó entregado por el mismo gobierno que heredó sus ruinas.
Ahí está la lección política. Cuando cae un autócrata, no sólo se derrumba un jefe. Se reacomoda la cadena de lealtades, se revisan las cuentas pendientes y se descubren los expedientes que antes eran intocables. Delcy Rodríguez no gobierna como una opositora democrática salida de las urnas, sino como la sobreviviente de una estructura que entendió que la nueva condición para seguir respirando es obedecer a Washington. La defensa de la soberanía venezolana sigue en el discurso, pero la correlación de fuerzas manda en los hechos.
El sistema de justicia estadounidense se ha vuelto una herramienta central de esa presión. No necesita ocupar un país para cambiar sus incentivos. Le basta con acusaciones, órdenes de captura, sanciones, cooperación judicial y la promesa, siempre ambigua, de aliviar o endurecer el cerco. Saab puede fortalecer el caso contra Maduro porque conocía contratos, intermediarios, empresas fachada, rutas financieras y acuerdos que sostuvieron al chavismo mientras Venezuela se hundía en la miseria.
El eco no debe exagerarse, pero tampoco ignorarse. La solicitud estadounidense para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, de los cuales dos ya se entregaron, muestra que la justicia de Estados Unidos también empuja sus fronteras hacia México.
No es lo mismo Venezuela después de Maduro que México con un gobierno electo y una relación bilateral mucho más compleja. Pero la asimetría existe. Cuando Washington decide convertir un expediente criminal en asunto de seguridad nacional, los márgenes políticos de sus vecinos se achican. Saab parecía intocable hace un año. Hoy vuelve a estar preso. Esa velocidad debería bastar para recordar que los pactos de poder duran menos cuando dependen de la protección de alguien más fuerte. (Leonardo Núñez González, La Razón, Mundo, p.35)
Nos comentan que en el gobierno federal ya no les preocupa el cuándo, sino quiénes serán los próximos mencionados por autoridades norteamericanas por posibles nexos con el crimen organizado y la corrupción. Nos mencionan que se desea que sea siempre en el marco de la discreción, por el respeto a los señalados y, claro, por ser una investigación abierta. De hecho, la detención de uno de los 10 implicados en el tema, que tanto estupor ha causado, abre la puerta a que otros puedan buscar la asistencia de las autoridades y trabajar con ellas en el caso que los señala o en algunos otros.
Ahora, lo que sabemos es que siguen los nombres de políticos mexicanos en las listas de Estados Unidos y hay que agregar dos nombres más. Uno de ellos es la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien se supone recibió el email de la embajada informando su nueva situación migratoria. De hecho, sus más cercanos están atentos a ser informados por la misma vía. Lo que se dice es que la campaña de la gobernadora habría sido financiada por supuestas organizaciones criminales que, además, habrían participado en la movilización de electores y amenazado a opositores: el paquete completo de Morena. Lo mismo pasó con el general Isaac Bravo López, quien era comandante de la zona militar de Guadalupe, Zacatecas, y en su lugar designaron a otro general, Armando Toscano Yáñez. Bravo López fue relacionado con una supuesta investigación oficial de Estados Unidos por una presunta colaboración con “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, de la facción “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa.
Se afina en el Congreso de la Ciudad de México un protocolo de seguridad ante incidentes especiales que permita garantizar la integridad física y psicológica de legisladores, personal, visitantes y proveedores; proteger las instalaciones y bienes del recinto; y asegurar la continuidad de las funciones legislativas mediante medidas de prevención, control, contención y recuperación, en cumplimiento con la normatividad aplicable y con mecanismos de coordinación con autoridades competentes. El presidente de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, diputado del PVEM Jesús Sesma Suárez, comprometió presentarlo formalmente el martes y agradeció que en ello participen tanto la Oficialía Mayor como la Dirección de Resguardo del Poder Legislativo local. Nos cuentan que el objetivo es establecer los procedimientos de actuación del personal de resguardo ante escenarios de cerco, irrupción de manifestantes y amenaza de bomba, para garantizar la protección de personas y patrimonio institucional, con estriceto apego al marco jurídico aplicable y en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; capacitar periódicamente al personal de resguardo y a los grupos de trabajo específicos designados; coordinar protocolos con las autoridades capitalinas cuyo involucramiento sea necesario para la atención oportuna de incidentes; y definir mecanismos de evaluación, auditoría y mejora continua de las acciones, con revisiones anuales y registro de incidentes.
El que también arremetió contra Delgado Carrillo fue el coordinador del grupo parlamentario de MC en Donceles y Allende, Royfid Torres González, al lamentar que el secretario afirmara que las familias ven a las escuelas como meras guarderías y, con base en ello, quisiera tomar determinaciones que no sólo invisibilizan y menosprecian la labor educativa —que buena falta le hace a México—, sino que mantienen la visión de que los trabajos de cuidados son invisibles y algo que sólo repercute en la esfera de lo privado. Para el legislador de la bancada naranja, es pésimo el mensaje del titular de la SEP para millones de personas que conforman el entorno de los cuidados, así como negar que el Estado, a través de la escuela, tiene un rol trascendental como corresponsable de los trabajos de cuidados y reducirlo a “una guardería” que funciona por “inercia”, lo que muestra su desconexión con la realidad que viven infinidad de ciudadanos.
PD: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que no le importa que la critiquen por hacer la mayoría de las obras de infraestructura hidráulica y drenaje en Iztapalapa, pues puede demostrar que en 2025 ocurrieron allí la mayoría de las afectaciones por las lluvias. Otras alcaldías donde también existe intervención son Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero. “Es decir, estamos invirtiendo en donde se sufrieron las inundaciones, y eso implica alrededor de 3 mil millones de pesos destinados sólo para atender problemas de drenaje, de drenaje”, dijo. (Red Compartida, La Prensa, p.2)