Símbolo para muchos del hembrismo triunfador en la política y el poder, cuya firmeza sólo podría hallar símil quizá con Golda Meier o Catalina “La grande” de todas las rusias, Margaret Tatcher fue una feminista peculiar: no puso una sola mujer en su gabinete, al cual manejaba con férrea disciplina. La eficacia de sus ministros resultaba, a fin de cuentas, la demostración de su propia capacidad para el gobierno.
“No parecía creer que ninguna mujer aparte de ella debiera ocupar un puesto de poder y responsabilidad”, dice Moshik Temkin. Aquí no pasa eso.
Y algo de razón debe haber tenido Maggie: no sólo abrió la posición de primera ministra para las mujeres: gobernó con mano de hierro, sin pudores pacatos, de 1979 a 1990, duración insólita en los 150 años anteriores.
Y cosa notable: su declive, después de tantos y tan exitosos años, comenzó con una rebelión furiosa de su canciller, Geoffrey Howe, quien dio el portazo furibundo y en ese mismo mes la Dama de Hierro dejó el cargo. Perdió el apoyo de su partido, cosa grave en el sistema político británico, tan distinto del nuestro.
Luego vinieron otras mujeres a ocupar su cargo: Theresa May y Liz Truss. Válgame Dios, ninguna dio el ancho. La pobre Liz duró quince días.
Pero independientemente de la señora Tatcher y sus gabinetes masculinos, la estabilidad, el orden, la disciplina y hasta la permanencia son elementos importantes en el desempeño de un gobierno.
La constancia en el desarrollo y aplicación de un programa de trabajo en un ambiente de responsabilidades bien definidas y mejor ejecutadas evita desviaciones administrativas y distorsiones, y equilibran responsabilidades públicas y ambiciones políticas o herencias indeseadas, sobre todo cuando los políticos actúan con la mirada puesta en el siguiente sexenio o el pasado.
Un presidente es capaz de descabezar una secretaría ya sea para promover o para eliminar en la carrera a quien antes había designado, a veces por compromisos inconfesables o inevitables, sin percatarse cómo actúan contra su propia eficacia.
Eso lo vimos claramente cuando José López Portillo, en un mismo día, degolló a Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación; Ricardo García Sáinz, de Programación y Presupuesto y Santiago Roel, de Relaciones Exteriores. El desorden del gabinete preludió al desastre por venir.
Un comentarista de aquellos años escribió: el presidente no puede ni con el gabinete; menos va a poder con el país.
Cuando los equipos de trabajo no logran la armonía, traslucen su debilidad; entorpecen las acciones públicas y por la sustitución de equipos en ministerios o secretarías, se produce sin remedio la pérdida de tiempo y la mala relación entre los salientes derrotados y los entrantes triunfadores. Los cambios de rumbo, de estilo y de sistemas de trabajo en una burocracia sin institucionalidad produce, a fin de cuentas, un fenómeno popularmente conocido como el desmadre absoluto.
Antes de culminar el primer tercio de esta administración ya hemos visto cambios casi en la tercera parte de los gabinetes (legal y ampliado); la fiscalía general de la República (imaginariamente autónoma) y en la principal empresa del Estado. No por ruinosa y endeudada Pemex deja de ser importante, sobre todo porque es un serio lastre para las arcas públicas. Pero ese es otro tema.
Los cambios —casi 15 hasta ahora— pueden obedecer al fenómeno de la carreta, descrito también por López Portillo (ya sabemos sus resultados): en el camino se acomodan las calabazas. O se caen.
Hasta ahora la presidenta Sheinbaum ha cambiado a los secretarios de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente por Roberto Velasco); de la Mujer (Citlali Hernández sin sucesora hasta hoy); Hacienda (Rogelio Ramírez de la O, por Edgar Amador); Agricultura y Alimentación (Julio Berdegué por Columba López) y Bienestar (Ariadna Montiel por Leticia Ramírez).
Pero en otras áreas sensibles los cambios no han obedecido a ciclos sexenales (ni bienales) sino también a incapacidad, como en el caso de Petróleos Mexicanos, empresa hundida en las deudas y la deficiente operación. La presidenta (con A) había puesto ahí a un amigo de la juventud quien aparentemente puso fecha de caducidad a su responsabilidad. Como sea, Juan Carlos Carpio sustituyó a Víctor Rodríguez. Ambos tienen en común, además de su “sheinbaunismo”, su ignorancia en cuestiones petroleras.
Y así, en la cambiadera originada por las necesidades del Partido y el Gobierno, como si fueran una misma cosa (y no lo son), se han visto todos estos cambios. Algunos comprensibles y hasta necesarios; otros no tanto. Pero a fin de cuentas todos muestran la inestabilidad de la administración pública.
Los demás cambios han sido estos: En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Carlos Alberto Ulloa sustituyó a Ivan Olmos. En el Instituto Nacional de Migración (INM): Sergio Salomón Céspedes ocupó el lugar de Francisco Garduño; Omar Vázquez Herrera reemplazó a Diego Prieto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia; Omar Reyes entró a la UIF por Pablo Gómez. Los desplazados tienen todos historias memorables. Algún día serán dignas de abordaje.
Ernestina Godoy (ex consejera Jurídica) se quedó en lugar de Alejandro Gertz Manero en la fiscalía general de la República. En este recuento —a pesar de los acordeones— no se incluyen los nuevos y nuevas en el Poder Judicial.
En la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) fue cesado Rafael Marín Mollinedo y entró Héctor Alonso Romero Gutiérrez.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha tenido tres titulares en 2 años. Luisa María Alcalde reemplazó a Estela Damián a partir del 22 de febrero de 2026. Esta había llegado en lugar de Ernestina.
Tatiana Clouthier dejó el cargo del fantasmal Instituto de los Mexicanos en el Extranjero y nadie la ha reemplazado hasta ahora. Ni falta hace. Finalmente, Vidal Llerenas ocupó la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en lugar de Santiago Nieto.
Muchos brincos en un suelo disparejo. (Rafael Cardona, La Crónica, Columnistas p.3)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos no ha satisfecho ninguna de las 269 solicitudes de extradición planteadas por México desde el 1° de enero de 2018 hasta el 13 de mayo pasado. De ese total, 36 requerimientos fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir; de estos últimos, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La mandataria destacó que las negativas y las inexplicables dilaciones tienen lugar pese a la gravedad de las acusaciones por las que se busca a los imputados, pues entre ellos hay personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude fiscal y una red contrabando de combustibles (entre los ilícitos atribuidos al exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca); el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Javier Valdéz, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, así como defraudadores de los fondos de vivienda de los trabajadores. Por su parte, el canciller Roberto Velasco señaló que las peticiones se han acompañado de todos los elementos necesarios para satisfacerlas, como claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión.
Este caso ilustra la abismal asimetría en la supuesta cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad, no sólo porque en menos de un año las autoridades mexicanas han cumplido casi un centenar de solicitudes de extradición de Washington, sino también porque en los últimos siete años aquí se ha detenido a cabecillas y operadores financieros, se han desmantelado laboratorios clandestinos, se han confiscado volúmenes récord de estupefacientes y se ha apuntado a las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado. Mientras tanto, al norte del río Bravo se permite y hasta se financia el flujo de armas para los criminales; se ha reforzado el sistema de secreto bancario y empresarial que hace de Estados Unidos el mayor centro de lavado de dinero del planeta, se desfinancian los de por sí nimios programas orientados a atajar el problema del consumo, se fortalece una industria farmacéutica que es la creadora de adictos a opioides como el fentanilo y se desvían los recursos del combate al narcotráfico a la cacería de trabajadores migrantes. Cuando los tribunales estadunidenses procesan a personas acusadas de trasiego de estupefacientes, muchas veces lo hacen sin intención de esclarecer, impartir justicia y frenar el tráfico de drogas.
En lugar de la aplicación de la ley, los guía la agenda intervencionista de su país, en la que los narcotraficantes —reales o presuntos— son usados como parte de operaciones de golpeteo político, en las que se crean narrativas que habilitan acciones desestabilizadoras.
La historia de Dámaso López Serrano, apodado El Mini Lic porque a su padre se le conoce como El Licenciado, ejemplifica las malas prácticas del sistema jurídico estadunidense.
En 2017, tras el fracaso de una intentona de su padre para hacerse con el control del cártel de Sinaloa, López Serrano se entregó al gobierno de Estados Unidos, el cual le dio el estatus de testigo protegido y lo recompensó por sus servicios, poniéndolo en libertad condicional en 2022. Esto, pese a que desde 2020 la Fiscalía General de la República solicitó su extradición a fin de que responda sobre su papel como autor intelectual del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán, cuyo trabajo es fundamental para entender el fenómeno delictivo en Sinaloa.
El 13 de diciembre de 2024, la FBI arrestó al Mini Lic en una trampa montada para probar que coordinaba la entrega de tres kilos de fentanilo a un socio en Los Ángeles. Washington mostró que lo sigue tratando como un aliado más que como un delincuente pues la pena que se le impuso es la mitad de la mínima establecida para quien trafica más de 400 gramos de fentanilo.
En suma, está a la vista la hipocresía de señalar que México “es gobernado por los cárteles y por nadie más”, cuando todos los indicios apuntan a que es Washington el que está en constante trato con ellos, les da protección y les ofrece un “ambiente de negocios” propicio para sus actividades.
Con esta evidencia, es claro que las relaciones bilaterales en materia de seguridad deben replantearse seriamente, pues resulta inaceptable que nuestro país haga todo el trabajo sin recibir a cambio más que recriminaciones, calumnias y hostigamiento. (Editorial, La Jornada, Editorial, p. 2)
Nuestros padres nos enseñaron que las únicas cosas por las que vale la pena pelear son la salud, la educación y la vivienda. Eso fue parte de la conversación entre Bono y The Edge de la banda irlandesa U2 con la presidenta Claudia Sheinbaum al encontrarse con ella en un camerino del Teatro Hidalgo del IMSS. ¿Qué hacían ahí?
Estaba a punto de iniciar la 5a Asamblea General de la Street Child World Cup y los 3 iban a participar. Este torneo se celebra desde 2010 previo al Mundial de Futbol. Así fue en Durban, Sudáfrica; en 2014 en Río de Janeiro, Moscú en 2018, Doha en 2022 y México 2026. Es el mundial que importa, como dice John Wroe, fundador y director ejecutivo de la ONG que lo organiza. Y cómo no va a importar, si reúne a niñas y niños en situaciones difíciles; menores que viven en la calle, refugiados, migrantes. Por primera vez se organizó en una instalación pública: el Centro Vacacional del IMSS en Oaxtepec.
Ahí recibimos desde el 6 de mayo a más de 550 personas de 20 países: jugadoras, jugadores, entrenadores, jóvenes líderes, promotores, voluntarios, directores de asociaciones y equipos de trabajo. Todas y todos con una misión: cambiar el ángulo desde donde se observa a niñas, niños y jóvenes en situaciones difíciles. No desde lo que les falta: hogar, recursos, oportunidades. Sino desde lo que demuestran en una cancha de futbol: talento, disciplina, creatividad, alegría y valentía. Ahí no fueron migrantes, ni refugiados, ni excluidos, ni olvidados. Fueron porteras, defensas, delanteros, goleadoras, capitanas. Hicieron equipo. Hicieron amigos. Hubo 96 partidos, 313 goles.
La presidenta Sheinbaum y U2 coincidieron en el lugar, el momento y la causa. La sorpresa fue para los músicos, que reconocieron y se conmovieron de verla ahí, con niñas y niños de todo el mundo, y regalar su boleto del partido inaugural a una niña mexicana talentosa.
Dicen que no debes conocer a tus ídolos porque corres el riesgo de desilusionarte. Estoy seguro que los integrantes de U2 no se decepcionaron. The Edge la saludó y de inmediato confesó: Encantado de conocerte, soy tu fan. Y Bono enumeró las razones: Atención médica universal, has aumentado el salario mínimo y vienes a la Street Child World Cup… no sé cómo tienes tiempo.
Y tuvo tiempo la Presidenta. Los 350 delegados a tan improbable asamblea, participantes de 19 países y la selección ACNUR de infancia refugiada, escucharon un mensaje sin adornos ni formalismos. Ahí dijo:
Luchamos para que el sueño de un niño o una niña tenga como límite su imaginación … que ruede la pelota no como símbolo de lujo, sino de paz… (Zoé Robledo, Milenio, Política, p. 10)
El pasado 19 de abril se presentó un suceso en la sierra de Chihuahua en el que se destruyó un laboratorio de los narcos que servía para producir drogas sintéticas. En esa operación presuntamente participaron dos ciudadanos estadounidenses: Richard Later III John Dudley Black, también presuntos miembros de la CIA.
La presencia de estos dos extranjeros ha provocado una discusión a nivel nacional. Morena opina que la Gobernadora de Chihuahua violó la soberania nacional.
Seguramente María Eugenia Campos Galván (Gobernadora de Chihuahua) no les dio la visa ni autorizó su internación en el país, porque eso facultad federal de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración.
Por lo tanto, la presencia de estos gringos en México es responsabilidad del Gobierno federal. (Víctor Mendoza, Reforma, Nacional, p. 4)
Las dudas sobre las extradiciones que reclama México
La presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco respondieron a Estados Unidos con una estadística cuestionable. Entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, según la lámina presentada este martes en la conferencia matutina, México formuló 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos y “no se ha entregado ninguno”.
Sin embargo, una revisión de expedientes judiciales federales estadounidenses realizada confirma que el sistema sí ha procesado solicitudes mexicanas y, en algunos casos, ha culminado con entregas efectivas. El caso más visible es el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida y extraditado a México en 2022. Y no es el único expediente relevante. En California aparece Prudencio Segura Castillo, reclamado por abuso sexual en Guerrero y declarado extraditable. También Bryant Rivera, acusado de feminicidio en Tijuana. Aaron Seth Juárez, procesado por homicidio. Alfredo Ramón Cerda, acusado de delitos sexuales contra una menor en Baja California. José Ismael Mojica Rodríguez, reclamado por homicidio calificado. En Arizona aparece Cruz García Mitchel, requerido por homicidio intencional. En California también figura José Trinidad Martínez Santoyo, cuya extradición fue certificada y cuyo intento de frenar su entrega vía habeas corpus fue rechazado. Es decir, el argumento de que Estados Unidos no procesa ni da curso a reclamaciones mexicanas no se sostiene.
A esa evidencia documental se suma lo reportado esta semana por el periodista Juan Pablo Reyes, quien documentó, con base en información pública de la Fiscalía General de la República, que durante 2025 Estados Unidos realizó al menos nueve entregas de personas reclamadas por México. Algunos de esos casos corresponderían a procesos judiciales; otros habrían transitado por mecanismos distintos, incluidas rutas migratorias o administrativas. Lo relevante es que incluso la información oficial contradice la narrativa simplista del “cero”.
Sheinbaum y Velasco aseguraron que de los 269 requerimientos, 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes. De estos últimos, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. Pero el dato verdaderamente revelador es otro. En 47 de esas 50 solicitudes urgentes, Estados Unidos pidió a México información adicional. Es decir, en casi todos los casos Estados Unidos sí respondió, pero señalando deficiencias, insuficiencias o inconsistencias en los expedientes enviados por las autoridades mexicanas.
Al parecer las distintas fiscalías mexicanas no integraron expedientes capaces de sostenerse bajo los estándares jurídicos de Estados Unidos. Por eso el gobierno mexicano ha insistido con las “pruebas” contra Rubén Rocha Moya, su ahijado Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, dos de los cuales ya se entregaron a la justicia estadounidense a cambio de beneficios procesales.
El verdadero problema está en los expedientes políticamente explosivos, donde aparecen nombres como el de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas con doble nacionalidad reclamado por México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; Víctor Manuel Álvarez Puga, perseguido por presuntos delitos fiscales y lavado; Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, vinculados al multimillonario caso del Infonavit; Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex buscado por el caso Odebrecht; o José Ulises Bernabé, exfuncionario relacionado con el caso Ayotzinapa.
El problema es que mezclar deportaciones, expulsiones administrativas, entregas temporales, procesos migratorios y extradiciones formales termina contaminando cualquier estadística y permite construir versiones políticas convenientes, aunque poco precisas.
Estados Unidos ha elevado la presión sobre México y particularmente sobre objetivos considerados prioritarios en materia de narcotráfico y corrupción. Todo apunta a que el gobierno de Trump va por extradiciones de alto perfil, decomisos y destrucción de narcolaboratorios con o sin el permiso de México.
¿Hasta qué punto el gobierno mexicano estirará la liga antes de aprehender y enviar a alguno de los tres (o a todos) imputados por Estados Unidos que están escondidos en Sinaloa?
Posdata 1
Ahora fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien cargó contra México. Este martes, durante una conferencia sobre el combate al financiamiento al terrorismo, puso en el mismo nivel al Cártel de Sinaloa y a Hezbolá. Esto es reflejo de la nueva doctrina de Estados Unidos para tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones criminales y como amenazas equiparables a estructuras terroristas, con todo lo que eso implica en materia financiera, diplomática y operativa.
El Departamento del Tesoro ya ha activado herramientas extraordinarias contra redes financieras vinculadas al narcotráfico, mediante el FinCEN, uno de sus brazos más agresivos.
En México, esa presión ya produjo efectos visibles. La congelación preventiva de cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa confirmó que el sistema financiero mexicano entendió el riesgo reputacional y regulatorio de ignorar las alertas estadounidenses. La banca sabe lo que significa quedar bajo sospecha del Tesoro. El antecedente de señalamientos de FinCEN contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado para cárteles dejó claro que Washington está dispuesto a aislar del sistema financiero en dólares a quien considere facilitador.
No es coincidencia que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas y defiende la soberanía, los bancos hayan optado por blindarse primero.
Posdata 2
Tras años de cuestionamientos y en medio de vulnerabilidad del sistema eléctrico, salió silenciosamente el director del CENACE. El pasado 30 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía ejecutó la salida de Ricardo Mota Palomino de la dirección general y nombró a Mauricio Cuéllar Ahumada como encargado de despacho.
El relevo pasó prácticamente inadvertido pese a tratarse del organismo responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional, justo cuando se aproxima la temporada de mayor presión sobre la red por el incremento de las temperaturas y la demanda energética, con regiones como la península de Yucatán que siguen reportando episodios recurrentes de estrés operativo y cortes en el suministro.
La salida de Mota se da además después de años de cuestionamientos internos y externos sobre su gestión. En este espacio se documentaron desde 2022 privilegios, viajes y posibles conflictos de interés dentro del CENACE, incluido el involucramiento de funcionarios del organismo en actividades vinculadas con la IEEE, organización con la que el entonces director mantenía cercanía. Más allá de esas polémicas, el punto central es la conducción del operador técnico del sistema eléctrico quedó en manos de un encargado de despacho, sin mayor explicación pública de la Secretaría de Energía, en un momento particularmente delicado para la confiabilidad del sistema.
Mota Palomino fue identificado como un perfil cercano al grupo de Manuel Bartlett y sobrevivió buena parte de la transición energética del nuevo gobierno.
Posdata 3
La cancelación del proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual revela que, al menos en este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por contener un megaproyecto turístico antes que cargar con el costo político y ambiental de autorizarlo. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, confirmó que la Semarnat no aprobará el desarrollo, valuado en alrededor de mil millones de dólares y concebido para convertir una franja del Caribe mexicano en un destino masivo para cruceristas.
El caso es relevante porque el proyecto había sido presentado como una gran apuesta de inversión turística en Quintana Roo, con el respaldo de una narrativa de desarrollo económico y generación de empleos, pero terminó atrapado entre cuestionamientos ambientales y presiones sociales. En noviembre pasado, una investigación de EL CEO documentó que la viabilidad política del proyecto se desplomó tras la revisión ordenada desde el gobierno federal, cuando ya existía una fuerte oposición por el posible impacto sobre manglares, arrecifes y el ecosistema de Mahahual.
El mensaje para los grandes inversionistas es un tanto ambiguo. Por un lado, el gobierno insiste en que México necesita capital privado y certidumbre para nuevos proyectos; y por el otro, un desarrollo impulsado por una de las mayores navieras del mundo terminó frenado en la última milla regulatoria.
La administración de Mara Lezama apostó por un proyecto emblemático vinculado al turismo de cruceros, pero la última palabra la tuvo el gobierno federal. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, A7)
Hace unos días, John Ratcliffe, jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) visitó Cuba.
Según reportes de la prensa fue a entregar un mensaje directo del presidente Trump, presionar al gobierno cubano para que realice “cambios fundamentales” y discutir seguridad, inteligencia y crisis económica.
Ratcliffe se reunió con su contraparte del ministerio del Interior y los jefes de la inteligencia cubana. Algunas fuentes estadunidenses señalaron que también habría participado en el encuentro Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
En varias ocasiones, Trump ha dicho que su país está listo para intervenir directamente en Cuba. Hay que tomarlo en serio después de lo que hizo en Venezuela e Irán. El régimen comunista debe estar muy preocupado por esto, al punto que estuvieron dispuestos a recibir nada menos que al jefe de la CIA.
La reunión con Ratcliffe es un duro sapo de tragar. Y es que la historia de la CIA en ese país es de una feroz animadversión. Esta agencia trató varias veces de asesinar a Fidel Castro, amén de realizar muchas operaciones encubiertas.
No es cualquier cosa la visita pública del director de la CIA a La Habana. Se trata de un evento extraordinario. Adelanta que algo gordo ocurrirá en la isla. El gobierno de EU está presionando y negociando para que haya un cambio pronto en la isla. Trump quiere ser el Presidente que finalmente resuelva la afrenta histórica de tener a un país comunista a 145 kilómetros de su territorio.
“¿Alguien realmente cree que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?”, preguntó el entonces presidente Obama cuando visitó La Habana en 2016. El mandatario habría hecho esta pregunta en privado después de ver lo que era ese país desde el avión presidencial y, luego, transitando por las calles de la capital cubana en La Bestia. La Revolución había fracasado. La pobreza generalizada podía esconderse.
Aunque esta anécdota no está verificada, resulta verosímil por la decadencia económica que ha tenido Cuba desde que cayó la Unión Soviética, país que subvencionó durante años a la isla caribeña.
En su segundo periodo como Presidente, Trump ha sido aún más duro con el régimen castrista de lo que fue en su primera presidencia.
El 29 de enero de este año, la Casa Blanca publicó un documento que presenta la postura oficial de la administración hacia Cuba. Considera a ese país como una amenaza a la seguridad y a los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Trump sostiene que el gobierno cubano actúa de manera hostil hacia EU, apoya adversarios, desestabiliza la región y utiliza inteligencia, represión y alianzas estratégicas contra los intereses de su país.
Cuba aparece no sólo como un problema ideológico, sino como nodo estratégico de adversarios de EU. Acusa a ese país de mantener relaciones estrechas con Rusia, China, Irán y Venezuela.
El texto también vincula a Cuba con crisis migratorias que presionan a Estados Unidos.
El documento justifica mantener o endurecer sanciones, restricciones financieras, limitaciones comerciales y presión diplomática. La lógica es privar al gobierno cubano de recursos y capacidad operativa.
Esta visión es consistente con la Doctrina Donroe que propone la intervención estadunidense en los asuntos internos de los países latinoamericanos para garantizar la seguridad, frenar la influencia de potencias como China o Rusia y proteger sus intereses comerciales y estratégicos.
La realidad es que Cuba, desde 1959, ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos.
La realidad también es que Cuba ha sido un experimento social fracasado. Hoy, ese país está más cercano al siglo XIX que al XXI.
La isla enfrenta simultáneamente una recesión, crisis energética, inflación, escasez generalizada, caída del turismo y emigración masiva.
Estados Unidos, que mantenía un embargo económico, ahora sí implementó un bloqueo para evitar que lleguen buques con petróleo a la isla. Sin crudo, las plantas generadoras de electricidad no funcionan. Los apagones son de entre 20 y 22 horas diarias en algunas regiones.
Además de electricidad, combustible y transporte, hay faltantes de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. La moneda local no vale nada. Los salarios reales están muy deteriorados, se han expandido los mercados negros que operan en dólares y ha aumentado la desigualdad.
En suma, un desastre.
Y aunque Estados Unidos tiene mucha responsabilidad, la mayor culpa la tiene un gobierno que, a diferencia de otros, como los chinos, nunca quiso transformar su economía a un modelo de mercado.
La necedad de la dictadura castrista está terminando muy mal. Comenzando por tener que recibir al jefe de la CIA para exigirles su capitulación. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)
Once cubanos prominentes de la dictadura castrista y tres entidades del gobierno en La Habana fueron sancionados este lunes por Estados Unidos, que consideró que significaban una amenaza para su seguridad nacional. Las sanciones se extienden a personas extranjeras que los apoyen de alguna forma o sean beneficiarias de sus servicios. Si bien forman parte de las acciones de presión creciente que está ejerciendo la administración Trump sobre el régimen castrista, hay una ramificación directa a Palenque, porque su vecino más emblemático, Andrés Manuel López Obrador, puede ser un daño colateral.
Entre las instituciones sancionadas se encuentra el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad interna, los servicios de inteligencia y las prisiones, junto con la Dirección de Inteligencia, que popularmente se conoce como el G2, que depende del ministerio. Ambas, que tenían una fuerte presencia en Venezuela —controlando la seguridad interna y la inteligencia local—, fueron desmanteladas tras la extracción del expresidente Nicolás Maduro a principios de año, de quien esperan que, en las negociaciones o interrogatorios en Nueva York, donde está preso, les ayude a terminar de armar el rompecabezas de las acciones clandestinas cubanas en toda América Latina.
Maduro, como antes lo fue Hugo Chávez, era un asset (activo) de la inteligencia cubana. López Obrador, de acuerdo con una de las investigaciones en su contra que se están realizando en Estados Unidos, también. Un asset no es lo mismo que un agente de inteligencia (espía), quien, a diferencia del primero, es parte de una estructura que les da pertenencia, formalidad y, al mismo tiempo, control. Suelen operar bajo cobertura diplomática en los países donde son asignados, pero también utilizan regularmente credenciales de periodista para hacer su trabajo.
Un asset de inteligencia proporciona y da información que le solicita el agente de inteligencia designado para ser su enlace —que se llama case officer en el argot de inteligencia—, pero no pertenece formalmente a la institución. Hay assets que son reclutados mediante convencimiento, extorsión, favores, protección o dinero, pero hay otros que lo hacen por afinidad ideológica. El asset les da acceso, influencia, financiamiento y apoyo logístico.
López Obrador pertenece a la segunda categoría. No se convirtió en un activo del G2 por coerción, extorsión o dinero, sino por convicción ideológica, de acuerdo con la investigación estadounidense a la que se ha tenido parcialmente acceso. El expresidente no fue un tonto útil del G2, sino que compartía el objetivo estratégico cubano de hacerle daño a Estados Unidos. Durante varios años les fue funcional, pero una vez en la Presidencia se convirtió en una pieza estratégica.
Una de las acciones que emprendió por iniciativa cubana, que se montó en las simpatías de altos funcionarios mexicanos, provocó uno de los últimos conflictos con el gobierno de Estados Unidos: la presunta participación de militantes de Morena que utilizaron los consulados de México en ese país para hacer proselitismo político. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera tajante el señalamiento, pero está en marcha la investigación que se espera produzca un informe público del Departamento de Estado.
El intervencionismo de López Obrador en los procesos electorales, sin embargo, fue público. En varias ocasiones hizo un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para que votara contra los republicanos, incluido el entonces senador Marco Rubio, actual secretario de Estado.
Los primeros trascendidos de la investigación sobre los consulados señalan que la red consular mexicana está manipulada por los cubanos, y que buscaron incidir en el voto en Estados Unidos, haciendo campaña en contra de Donald Trump y a favor de los demócratas. De acuerdo con los datos de inteligencia que produjo el FBI y que deberá corroborar el Departamento de Estado, el gobierno de López Obrador dispuso de 160 millones de dólares durante dos años, enviados a un número no precisado de consulados bajo la cobertura de programas específicos, que se emplearon para el proselitismo de las células de Morena en ese país, las cuales nunca han sido discretas.
López Obrador también le dio cobertura a miles de cubanos. Una fuente estadounidense dijo que el entonces director de Migración, Francisco Garduño, naturalizó a poco más de 50 mil cubanos como mexicanos. También extrajeron de Bolivia y Ecuador, en ocasiones de manera clandestina porque estaban siendo perseguidos por la justicia de esos países, a bolivianos y ecuatorianos —cercanos al castrismo— durante la pandemia de la covid-19, quienes viajaban a Venezuela y de ahí a México, donde al llegar al aeropuerto en Toluca, durante la noche, les cambiaban sus documentos sudamericanos por mexicanos.
El alineamiento de López Obrador con la dictadura castrista fue público, llegando al extremo de traer al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como invitado de honor y orador distinguido en el desfile militar del 16 de septiembre de 2021. El 14 de marzo pasado salió de su refugio en Palenque, cuando Estados Unidos inició un bloqueo económico contra Cuba, contra el “exterminio” de Cuba, citando al general Lázaro Cárdenas, que, en otro momento y contexto de la historia, declaró que “no es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es nuestra”.
A diferencia de otros presidentes, que no todos simpatizaban con lo que devino el régimen castrista, López Obrador no jugó al equilibrio entre Estados Unidos y Cuba, sino que tomó partido por La Habana. Aunque no hay precisión sobre el año en que se convirtió en asset del G2, según la información a la que se tuvo acceso, fue cuando menos en 2006.
Es altamente probable que Sheinbaum, que sabe de la afinidad ideológica de López Obrador con el castrismo —que, por sus declaraciones, comparte—, desconozca que el expresidente es mucho más que un mero simpatizante. Es un activo de la inteligencia cubana, como también lo son varios de quienes se encuentran en su entorno político, por lo que quizás las externalidades de la acción en Washington contra la inteligencia cubana no alcancen a calibrarse.
Una fuente estadounidense admitió que uno de los objetivos que tienen en México es desmantelar “el círculo ominoso entre los servicios de inteligencia extranjeros, el crimen organizado y autoridades corruptas”. Esta cara del conflicto que se vive entre México y Estados Unidos no se está viendo en Palacio Nacional, donde analizar, bajo nuevos supuestos, los diferentes pisos que están tensionando a los dos países podría tener mejores soluciones para salir de esta crisis. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 33)
El senador republicano Tom Cotton presentó el proyecto No Safe Haven for Terrorist Families Act, una iniciativa que busca declarar inadmisibles en Estados Unidos a familiares cercanos de actores extranjeros considerados amenaza: esposas o exesposas, padres, suegros, hijos, hijastros, hermanos, abuelos, nietos, sobrinos y hasta vínculos formados antes de la designación.
El texto, turnado al Comité Judicial del Senado el 14 de mayo, ordenaría revocar visas en un plazo máximo de 30 días, abrir procesos de deportación y cerrar la puerta a pleitos legales.
La lista no se limita a terroristas designados bajo la Orden Ejecutiva 13224: alcanza a altos mandos de organizaciones terroristas extranjeras, funcionarios de gobiernos patrocinadores del terrorismo, adversarios como Irán, China, Rusia, Corea del Norte y Cuba, además de sancionados por corrupción, cleptocracia o abusos a derechos humanos.
Es decir, si Washington considera que alguien representa un riesgo, también podrá revisar el apellido, la sangre, la red y la cercanía.
Estados Unidos quiere cerrar la puerta no sólo al personaje incómodo, sino a su familia completa.
El documento dice que Estados Unidos tiene el derecho soberano y el deber de proteger su seguridad nacional negando refugio seguro a personas cuyos vínculos familiares cercanos con enemigos de Estados Unidos generen riesgos inaceptables.
Considera que las disposiciones actuales relacionadas con terrorismo y admisibilidad son demasiado limitadas y discrecionales para evaluar sistemáticamente la inadmisibilidad de:
“Los familiares cercanos de amenazas activas suelen compartir acceso a redes, recursos e influencia que podrían perjudicar a Estados Unidos”, agrega el documento. “Otorgar visas, residencia permanente legal u otros beneficios migratorios a familiares cercanos de individuos señalados anteriormente debilita la seguridad nacional y fortalece a adversarios extranjeros”.
El texto establece que la ley “entrará en vigor en la fecha de su promulgación”, pero esa fecha aún no existe porque el proyecto no se ha convertido en ley. Una vez promulgado —si llegara a ocurrir— aplicaría de inmediato y además tendría efectos amplios: cubriría solicitudes de visa pendientes y personas que ya fueron admitidas o tienen estatus legal en Estados Unidos.
Hoy el proyecto no menciona a México, a los cárteles mexicanos ni a narcotraficantes mexicanos por nombre. Ni a políticos, por eso de la protección a terroristas.
Sin embargo, desde febrero de 2025, Estados Unidos designó formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y también como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) a varios grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además incluyó a otras organizaciones como Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Y ahí está el punto que conecta directamente con la iniciativa de Tom Cotton. El proyecto define como “actor extranjero considerado amenaza” a individuos vinculados con organizaciones terroristas o designados bajo esquemas antiterroristas.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG ya fueron colocados por Washington dentro de esa conversación de seguridad nacional. Eso no significa automáticamente que familiares de cualquier narcotraficante mexicano entrarían mañana en la ley; pero sí significa que la distancia entre “narco” y “terrorista” en la legislación estadounidense se redujo drásticamente. Entonces otra vez la pregunta. ¿Los familiares de los políticos señalados como narcos también entrarán? Ya se verá. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)
No obstante, debemos reconocer que la Casa Blanca ha logrado algunos de sus objetivos. Se han detenido los cruces por la frontera con México. Se ha provocado un gran terror entre migrantes en muchas ciudades y, así, alentado el regreso de miles de migrantes por cuenta propia a sus países de origen.
Esto reduce el costo de detenerlos y expulsarlos. Se ha reducido a cero el flujo neto de inmigrantes. Pero antes que celebren estos resultados, los encargados de esta política de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deben analizar las consecuencias económicas y políticas del mediano plazo.
Empecemos por las consecuencias económicas. Las deportaciones se vendieron en la campaña presidencial de 2024 apoyándose en dos supuestos falsos. Un supuesto afirmaba que por cada migrante deportado habría un nuevo empleo para un norteamericano. El segundo, que los extranjeros expulsados de Estados Unidos serían aquellos que hubiesen cometido delitos mayores. La creación de nuevos empleos ocupados por norteamericanos ha sido casi cero. La gran mayoría de las expulsiones ha sido de personas no criminales que llevaban bastante tiempo residiendo en sus comunidades, con todo lo que eso implica en términos de relaciones familiares y amigos vecinos.
Como resultado de la expulsión, de la detención o del regreso por cuenta propia de un sinnúmero de migrantes, algunos sectores —la agricultura, ciertos servicios, la construcción— han enfrentado serios problemas por falta de mano de obra. Por ello, algunos agricultores buscan el aumento de visas para trabajadores temporales. Han clausurado negocios de servicios en ciudades donde predominan trabajadores inmigrantes: por ejemplo, la tiendita de la esquina y el restaurante local. Las demoras y los costos de construcción han aumentado.
En gran parte, Trump ganó su reelección por la mayor proporción de votantes latinos convencidos que un hombre de negocios en el poder mejoraría las condiciones económicas y que las prometidas deportaciones afectarían a criminales, no a sus parientes ni a sus amigos vecinos. Esos votantes han cambiado de opinión, tanto por las medidas arancelarias de Trump que han elevado el costo de mercancías importadas, como por las violentas operaciones de deportación de migrantes sin antecedentes criminales. Por ello, los candidatos del partido demócrata cobran nueva vida en el sur de Texas. La muerte a balazos de dos norteamericanos por agentes del ICE en Minnesota despertó una fuerte reacción de los norteamericanos. El resultado ha sido la jubilación del agente de la Border Patrol a cargo de la operación y el despido, el mes pasado, de la responsable del Departamento de Seguridad Nacional. El tema de la migración, que le favoreció electoralmente en 2024, se ha convertido en lastre político para el partido republicano en 2026.
Trump y sus asesores se han dado cuenta que se les pasó la mano. Siguen las campañas de deportación, ahora sin reporteros para celebrar la noticia.
Pero esto ha generado otro problema político inesperado. Los votantes republicanos MAGA (Make America Great Again), se acostumbraron a hacer la equivalencia entre deportaciones con mucha atención política en los medios de comunicación y el efectivo control de migración. Sospechosos de todo, algunos votantes MAGA protestan que Trump está dando marcha atrás. Presionan para regresar a la política migratoria anterior, y de no lograrse, señalan una menor participación en las elecciones de noviembre.
Profesor de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Miembro de la Unidad de Estudios y Reflexión de Mexicanos en el Exterior. COMEXI (Manuel García Y Griego, El Sol de México, Análisis, p. 21)
Le comentaba la semana pasada pormenores del sector de servicios de limpieza. Bueno, tras la revisión directa de las actas constitutivas correspondientes queda claro que el empresario José Juan Reyes Domínguez no guarda relación alguna con las firmas Jored, Armot, Líderes en los Cimientos Empresariales y Slycom señaladas en dicha entrega. Sin embargo, el verdadero trasfondo apunta a otra dirección: denuncias ciudadanas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro las cuales revelan que la campaña de ataques infundados contra procesos de contratación en diversas dependencias estaría operada a favor de los intereses de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana.
A pesar de los claroscuros de la economía en el estado de Puebla que gobierna Alejandro Armenta se anuncian nuevos proyectos de inversión. Tal es el caso de Tonalli, una empresa que primero en Cuautlancingo y luego en San José Chiapa fabrica paneles solares. Se trata de una iniciativa que ha tenido reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que además de la generación de mil 200 empleos de calidad significa un impulso a las energías limpias. La fábrica arrancó con una inversión de 325 millones de pesos y ahora se reubicará cerca de la planta de Audi con una inyección adicional de 100 millones de pesos que se financió con capital local y participación activa de migrantes poblanos radicados en Estados Unidos. (Rogelio Varela, El Sol de México, República, p. 6)