El viernes se llevó a cabo la reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), nuevo mecanismo de diálogo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Tras el encuentro, que tuvo lugar en la embajada estadunidense en la capital mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que ambas delegaciones reafirmaron que la cooperación debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía de ambos países y con el principio de cooperación sin subordinación; mientras el embajador Ronald Johnson presentó el encuentro como el inicio de una nueva etapa de coordinación orientada a lograr “resultados inmediatos y de gran impacto” contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, y la migración irregular.
Pese al optimismo mostrado por la cancillería en cuanto a la disposición de Washington para acatar el marco constitucional de nuestro país, cabe preguntarse por la pertinencia de profundizar la colaboración con el trumpismo cuando éste no ha dado ningún paso para reparar los múltiples agravios a nuestro país perpetrados en nombre de la seguridad y el combate a la delincuencia. Hasta la fecha, la Casa Blanca no ha dado ninguna explicación por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, cabecilla del cártel de Sinaloa trasladado de forma ilegal a Estados Unidos en julio de 2024, durante la administración de Joe Biden. Tampoco se han dado, o no se han hecho públicas, las aclaraciones necesarias tras revelarse que Johnson urdió una operación criminal para infiltrar espías y agentes de inteligencia estadunidenses en México, con la complicidad de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Por supuesto, no se han producido las disculpas formales correspondientes por la filtración de acusaciones falsas con intenciones claramente políticas y de desestabilización, por los exabruptos del embajador y su apoyo descarado a personajes de la ultraderecha local o por las reiteradas amenazas de Donald Trump de lanzar operaciones militares en nuestro país con o sin el permiso de las autoridades. En este sentido, es inevitable relacionar esta nueva etapa de “cooperación” con la ejecución extrajudicial de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, presunto líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. El Pentágono advirtió que el asesinato, acordado con Caracas, “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del presidente Trump de “combatir el narcotráfico”; es decir, de usar el trasiego de estupefacientes como coartada para intervenir en los asuntos internos de todos los países del hemisferio.
Por otra parte, es cada vez más dudoso que las prioridades de las que habla la embajada estadunidense sean compartidas en los hechos. El caso más flagrante es el del tráfico de armas, que no sólo no es combatido, sino incluso se ve estimulado por las políticas de libertinaje armamentístico de Washington, lo que se refleja en un flujo ininterrumpido de dispositivos de alto poder sin los cuales serían imposibles las operaciones del crimen organizado. Asimismo, es engañoso presentar la migración irregular como un desafío común, pues el gobierno mexicano enfoca esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, no como una campaña racista enmascarada en la “seguridad nacional”.
Los 3 mil kilómetros de frontera compartida, el grado de integración económica, los 40 millones de mexicanos y sus descendientes que viven en territorio estadunidense, junto a otros factores históricos, obligan a México a entenderse con Washington en materia de seguridad, pero el trumpismo ha hecho más necesario que nunca poner el máximo cuidado al relacionarse y signar acuerdos con un vecino hostil y poco confiable. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Hace un par de décadas hice un ejercicio de regionalización de la migración mexicana en Estados Unidos y el resultado fue muy modesto, a diferencia de la regionalización que propuse para México en el libro Clandestinos (2002), que todavía resiste el paso del tiempo.
Hoy en día contamos con mucha más información disponible; sabemos que la presencia mexicana en Estados Unidos es generalizada, al mismo tiempo que concentrada, los patrones de concentración y dispersión siguen estando presentes. Del mismo modo, en México, todos los municipios del país (2 mil 478) reportan experiencia migratoria, pero la región histórica del occidente de México sigue siendo la más expulsora hasta el momento.
En Estados Unidos pasa lo mismo, todos los condados (3 mil 144) reportan la presencia de alguien de ascendencia mexicana. Y en cuanto a las regiones inmigratorias de Estados Unidos, puede haber sorpresas. Para este ejercicio, vamos a examinar tres regiones hipotéticas a donde se dirigen los indocumentados en general, y luego, los mexicanos en particular; éstas serían la Costa Oeste, la Costa Este y la región fronteriza.
Esta fuente (Migration Policy Institute) considera que en total son 11.3 millones los indocumentados en Estados Unidos y que los mexicanos son 4.6 millones, por lo que en términos absolutos, es el grupo más numeroso, pero en términos relativos representa sólo 40 por ciento. Un cambio relevante si lo comparamos con la presencia mayoritaria de mexicanos indocumentados a comienzos de la década del ochenta.
La región Costa Oeste, compuesta por tres estados, California, Oregón y Wa-shington, alberga a 3.4 millones de indocumentados, de los cuales casi 2 millones son mexicanos, 58.3 por ciento. Obviamente, el estado de California acapara a la inmensa mayoría: 2.9 millones, de los cuales 1.7 millones, 59 por ciento, son mexicanos. También son mayoría en Oregón, donde los mexicanos son 65 por ciento, y en Washington, donde representan 51 por ciento.
Pero el panorama es distinto en la Costa Este, que alberga a 5 millones de indocumentados, de los cuales menos de un millón son mexicanos y representan tan sólo 21 por ciento. Florida es el estado con más indocumentados, con 1.2 millones, pero los mexicanos representan solamente 12 por ciento. Es un estado con políticas antinmigrantes muy severas, donde la presencia de sudamericanos es muy amplia y diversa y predominan los venezolanos indocumentados.
En esta región Costa Este, los mexicanos se concentran en Georgia (37 por ciento) y las Carolinas (35 por ciento la del Sur y 39 por ciento la del Norte). También es relevante la presencia de 135 mil indocumentados mexicanos en Nueva York (16 por ciento) y 130 mil en Massachusetts. En los otros estados de la Costa Este, la representación mexicana es mucho menor. La diversidad de orígenes migratorios y una menor presencia mexicana en la región contrasta significativamente con la región Costa Oeste.
Por su parte, la región fronteriza, compuesta por cuatro estados, California, Arizona, Nuevo México y Texas, concentra a 5.2 millones de indocumentados, de los cuales 3.1 millones son mexicanos, 59 por ciento. Hay que notar que en este ejercicio se sobrepone el estado de California, que también figura en la Costa Oeste. Como se dijo, California es un destino clave para la migración indocumentada, pero también Texas, con 1.9 millones de indocumentados, de los cuales 1.1 millón son mexicanos, 57 por ciento.
Si comparamos las regiones este y oeste, la del Pacífico concentra a una mayoría de mexicanos indocumentados, 2 millones, mientras que la del Atlántico no llega al millón. Por otra parte, y esto resulta novedoso, la región del Atlántico tiene en total 5 millones de indocumentados y con una gran diversidad de orígenes, mientras que la Costa Oeste alberga a 3.4 millones de indocumentados, de los cuales más de la mitad son mexicanos.
Por otra parte, en los estados del Atlán-tico se concentran cerca de 3 millones de portorriqueños, que son nacionales de Estados Unidos, pero se les considera como inmigrantes, concentrados principalmente en Florida y Nueva York, lo que contribuye a darle un toque latino a la Costa Este, donde se suman dominicanos y cubanos.
Las costas de Estados Unidos y la frontera constituyen un universo con una presencia muy alta de mexicanos y latinos en general, sean estos documentados o indocumentados. El centro del país sigue siendo predominantemente blanco y con poca población indocumentada. Salvo la excepción de Chicago, que confirma la regla.
Se podría decir que, en el imaginario popular y académico, los indocumentados se concentrarían en la frontera sur, lo que resulta ser cierto y normal (5.2 millones), no obstante, una cifra muy cercana (5 millones) de migrantes indocumentados está en la costa Atlántica, y allí, los mexicanos son minoría. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 10)
El entorno global contemporáneo se encuentra marcado por tensiones políticas, comerciales, militares y estratégicas entre las grandes potencias, particularmente entre Estados Unidos y China. En este contexto, el T-MEC ha cobrado relevancia no sólo como un acuerdo comercial, sino como un instrumento que se inscribe dentro de un conjunto de nuevas consideraciones geopolíticas. México, como integrante de América del Norte, se encuentra en el centro de este nuevo arreglo regional, donde la seguridad económica, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y la competencia tecnológica se han convertido en factores determinantes tanto de la cooperación como de la rivalidad internacional.
No obstante, este escenario también está caracterizado por tensiones políticas estructurales, particularmente en materia de migración y seguridad dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estos temas han sido incorporados como factores de presión en la agenda bilateral y actualmente representan un riesgo potencial para la estabilidad e incluso para la eventual renegociación del T-MEC. Este acuerdo forma parte de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de quinientos millones de personas y un Producto Interno Bruto conjunto cercano a los treinta y un billones de dólares. Además, a pesar de que Trump diga que no necesita a México y del ruido retórico que quiere imponer en las negociaciones (para no variar), existen una serie de datos reveladores publicados esta semana por el Buró de Análisis Económico (BEA) y por la Oficina del Censo de Estados Unidos, que le dan a México una base firme para poder negociar. Por ejemplo, sólo en abril, las exportaciones de México a EU alcanzaron una cifra récord de más de 50 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento en el año de más de 20 por ciento. Además, México se consolidó como el principal exportador a EU (16.9 por ciento), por encima de Canadá (11.7 por ciento), de Taiwán (8 por ciento) y de China (6.6 por ciento). En suma, el comercio bilateral acumulado en el primer cuatrimestre asciende a 317 mil 300 millones de dólares, equivalente a 16.4 por ciento de todo lo que EU comercia con el mundo. Todo esto nos habla de una integración productiva a nivel regional de muy alta importancia (ver Enrique Quintana, El Financiero, 12-06-26). En este contexto, México ha logrado posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando, como ya se mencionó, a Canadá y a China. Este resultado responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales, que Trump, en su eterna demagogia, ha decidido ignorar al denostar a sus socios en el T-MEC.
Frente a este panorama, México no sólo debe consolidar su integración con América del Norte, sino también fortalecer su estrategia de diversificación económica para disminuir la dependencia con Estados Unidos. En este sentido, la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea adquiere relevancia geopolítica, ya que podría ampliar el margen de maniobra internacional del país y reducir los riesgos derivados de una dependencia excesiva de un sólo mercado. La articulación entre el T-MEC y este acuerdo podría convertir a México en un puente estratégico entre América del Norte y Europa. El aprovechamiento del nuevo entorno regional dependerá de la capacidad interna del Estado mexicano: una política industrial coherente, fortalecimiento tecnológico, infraestructura competitiva, certeza jurídica y una diplomacia económica estratégica. El desafío no consiste únicamente en crecer dentro del T-MEC, sino en definir el papel que México desea desempeñar en el reordenamiento geoeconómico regional y global.
La revisión prevista del tratado en 2026 representará una oportunidad para evaluar no sólo los resultados económicos alcanzados desde su entrada en vigor, sino también la capacidad de América del Norte para adaptarse a un contexto internacional caracterizado por la competencia entre grandes potencias, la reorganización de las cadenas de suministro y la búsqueda de una mayor seguridad económica. En este escenario, México se encuentra ante la posibilidad de consolidarse como un actor estratégico dentro de la región o limitarse a desempeñar un papel subordinado dentro de las nuevas dinámicas productivas.
El futuro del T-MEC dependerá, en buena medida, de la capacidad de los tres socios para preservar los beneficios de la integración económica al tiempo que responden a los desafíos derivados de la competencia tecnológica, la transición energética y la creciente fragmentación de la economía internacional. Para México, ello implica asumir un papel más activo en la construcción de una estrategia de desarrollo que combine competitividad, innovación y autonomía relativa dentro de una región cada vez más relevante para la economía mundial. (José Luis Valdés Ugalde, Excélsior, Nacional, p. 9)
El Mundial 2026 se presenta como un cuadro extraño cuya imagen parece normal, pero, en realidad es un reflejo engañoso. El espíritu del torneo revela el alcance de la “Doctrina Trump” sobre el terreno de la diplomacia deportiva que ha servido históricamente para reducir tensiones y tender puentes en confrontaciones como vive Norteamérica.
Este Mundial es un hito histórico por ser el primero que une a tres países en su organización. Pero no junta, separa. México ha recibido amenazas de injerencismo. A Canadá trata de intimidarlo con su anexión como estado 51.
El balón rueda en las canchas con la fiesta en los estadios, el esfuerzo de jugadores y la pasión de aficionados que se juntan en calles y plazas. Pero en la política, el torneo ha sido marcado por férreas políticas de seguridad y migración, y el temor de que sea escenario de agresiones xenófobas.
El Mundial de Trump no proyecta una imagen de unión, integración y futuro compartido, sino restricciones para países considerados “indeseables”, temores por redadas y el riesgo de que la retórica antiinmigrante convierta al Mundial en plataforma de movilización política interna.
La diplomacia deportiva ha quedado subordinada a una dogmática que privilegia el músculo militar, coerción económica y alineamiento político por encima del entendimiento.
Este Mundial pudo haber servido para suavizar la imagen amenazante y temida de Trump en Latinoamérica, a excepción de los gobiernos aliados o amigos en la región. En cambio, refuerza la percepción de crear una especie de nueva cortina de hierro para expulsar a otras potencias de su zona de influencia en Latinoamérica.
La imagen engaña porque parece dominada por los jugadores en la cancha y los aficionados en la tribuna, pero, en realidad, es un reflejo del mundo trumpista y de una FIFA subordinada a sus designios. Bajo la superficie de la fiesta futbolística su mundo corre sin arbitraje que detenga el juego sucio de amenazas abiertas de cancelar el T-MEC para perforar la portería de la soberanía en su guerra contra las drogas, e imponer sus políticas de seguridad sobre los principios de inclusión y multiculturalidad que enarbola la FIFA.
El mundial es el de Trump por la aquiescencia de la FIFA a sus reglas de juego. Éste se ha plegado a sus exigencias y ha omitido abusos contra selecciones, árbitros y jugadores a los que se cierra la puerta en las narices. A cambio de convertir el futbol en una fiesta exclusiva y el desfile de élites económicas en los estadios, aunque profundice la exclusión. Tampoco parece extraño si la FIFA, en ese contexto, distinguió a Trump con el “Premio de Paz” para congraciarse con él.
Pero la diplomacia dogmática no se guía por intereses pragmáticos de Estado ni transcurre por los canales institucionales. No le importa conservar la popularidad del torneo, sino subordinar este deporte a intereses electorales y al objetivo de consolidar dominio ideológico y militar en Latinoamérica mediante líderes afines a la Casa Blanca, “intervenciones justificadas”, presión política o disuasión militar.
La pelota rueda en medio de denuncias de gobiernos de izquierda de México, Brasil y Colombia sobre una escalada injerencista de EU en elecciones en marcha o inminentes. La lógica amigo-enemigo de su política exterior se impone sobre el poder blando y desplaza la posibilidad de una distensión.
El Mundial termina reflejando menos el espíritu universal del deporte que las prioridades geopolíticas de EU. La paradoja es evidente: mientras Trump usa la vitrina mundialista para proyectar poder y celebrar los 250 años de la independencia de EU, México y Canadá observan con preocupación sus propios márgenes de autonomía frente al injerencismo de la Casa Blanca. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 10)
LIMITE DE POBLACIÓN
Acabo de leer que Suiza votará en un referéndum para limitar su población a 10 millones de habitantes. ¿Qué tiene que ver eso con México?
R: Más de lo que parece. Suiza tiene hoy 9.1 millones de habitantes, 23% más que en 2002, cuando abrió sus fronteras a trabajadores europeos. Si el referéndum prospera, sería el primer país del mundo en fijar por ley un tope poblacional. El debate refleja una tensión que sacude a toda Europa: poblaciones que envejecen, menos trabajadores activos y más jubilados que sostener. México vive el lado opuesto de esa ecuación. Somos el segundo mayor exportador de migrantes del mundo, con tasa migratoria negativa de 0.7 por cada mil habitantes. Más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, y en 2023 enviaron a casa más de 66 mil millones de dólares en remesas. Pero cuidado: nuestra tasa de fecundidad cayó a 1.6 hijos por mujer, y para 2050 tendremos casi tres veces más adultos mayores dependientes que hoy. Hoy le resolvemos el problema demográfico a otros. Pronto tendremos el nuestro. (Alfredo La Mont III, Excélsior, Comunidad, p. 15)
Y no lo hice sola: la empresa que me patrocinó tuvo que desnudar su nómina, sus políticas y sus finanzas, y convencer al gobierno de que valía la pena traerme y mantenerme aquí. Lo logramos… pero ese “lo logramos” trae letra pequeña, muy fina.
Una H-1B no es un boleto directo a la residencia permanente. Es, en el papel, una visa de no inmigrante, pero con una rareza importante: el famoso “dual intent”, que permite estar aquí temporalmente y, al mismo tiempo, anhelar legalmente una green card. En la práctica, ese sueño tiene fecha de caducidad: la visa tiene un límite de tiempo y solo se puede extender hasta cierto punto, seis años. Tarde o temprano dependes de que tu empleador quiera y pueda patrocinarte para la residencia. Si no, llega el día en que empacas tu vida en cajas y el país que te necesita, pero no te abraza, te acompaña amablemente a la puerta de salida.
Pero incluso antes de esa encrucijada está el primer filtro: entrar al cupo. Cada año, el gobierno abre una ventanita para que las solicitudes de H-1B entren a tiempo, con la meta de llenar 65 mil lugares, más 20 mil para quienes tienen una maestría o posgrado. Los formularios tienen que estar listos, afilados, casi sincronizados con el calendario fiscal para que, si tienes suerte, el trabajo pueda comenzar el 1 de octubre.
La demanda es tan alta, principalmente en sectores de tecnología, ciencia, ingeniería, educación o periodismo especializado, que muchísima gente aplica durante años seguidos sin lograr que su número salga sorteado. El sistema se vende como un mercado de “talento altamente calificado”, pero se siente más como una tómbola en una feria de pueblo.
Por eso la H-1B se ha convertido en un puente crucial para miles de profesionistas que han pasado toda su vida coleccionando títulos, certificaciones, premios y horas extra, con la esperanza de echar raíces legales en la famosa “tierra de las oportunidades”. De este lado del puente están las empresas estadounidenses que presumen innovación y competitividad global, pero que dependen del ingenio de ingenieras indias, la disciplina de programadores chinos y la creatividad de latinos que llevan años imaginando soluciones en dos o tres idiomas. Del otro lado, millones que solo quieren trabajar sin esconderse, contribuir y quedarse; como yo.
Cuando la administración actual decidió que las solicitudes nuevas tendrían que cargar con una cuota extra de 100 mil dólares por cada H-1B, ese puente se sacudió. No estoy hablando del costo normal del proceso, que de por sí implica miles de dólares, sino de un muro de dinero levantado de golpe entre empleadores y personas calificadas. Esta semana, un juez federal puso freno a esa embestida.
Conseguir una visa H-1B se sintió como llegar al podio después de un maratón imposible. Llegué destrozada, temblando, agotada. Había sobrevivido a un proceso en el que, básicamente, tenía que demostrar que nadie más en este país merecía ese puesto de periodista en esa redacción. (Maritza L. Félix, El Sol de México, Análisis, p. 23)