Aunque parezca imposible, cada día que pasa se comete una villanía más contra Cuba. (La Jornada, Contraportada)
AL PARECER duró poco el orgullo al PVEM pues siempre sí irá en coalición con Morena y el PT en 16 de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Al menos eso es lo que dijo ayer la senadora verde Jasmine Bugarín, quien pidió licencia para ir a competir por la candidatura al gobierno de Nayarit por la alianza de la 4T, buscando ganar la encuesta que hará Morena para definir abanderados.
ESTA VERSIÓN contradice lo dicho por otros dirigentes del PVEM, como Arturo Escobar, en el sentido de que en 2027 su partido no necesitaba llantita para nadar y que iría solo en prácticamente todas las elecciones estatales. Lo curioso del asunto es que Bugarín dio a conocer la supuesta alianza tras reunirse con la dirigencia nacional del Verde, que por lo visto cambió de estrategia sin avisarle a nadie.
ALGO INTERESANTE se está cocinando en Aguascalientes. La veterana política priista Lorena Martínez busca una alianza con la virtual candidata morenista a la gubernatura de la entidad, Nora Ruvalcaba.
EL ACUERDO sería un toma y daca en el que Morena apoyaría a Lorena Martínez como candidata a la alcaldía de la capital aguascalentense, en tanto que ella rompería con el PRI y se sumaría a los guindas en la campaña estatal.
AL QUE pescaron en clarísimo fuera de lugar es al senador morenista Carlos Lomelí. Resulta que en Guadalajara anduvieron repartiendo volantes con el calendario de juego del Mundial, pero con la foto del legislador por Jalisco. Y eso no es lo grave, sino que utilizó las marcas registradas de FIFA como la propia Copa del Mundo y hasta el logotipo del Mundial. Y ya se sabe que Gianni Infantino, cuando se trata de pelear regalías, es más duro que el defensa central de la Selección, Johan Vázquez.
PARECE que esta vez sí se concretará el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, lo que se reflejó en la felicidad de los mercados bursátiles.
AUNQUE Donald Trump lo vende como uno más de sus grandes logros en la Casa Blanca, la realidad es que no hay quien crea que EU ganó la guerra. Al contrario: más bien todo indica que la derrota está del lado de las barras y las estrellas porque si bien Trump logró descabezar el régimen iraní, la realidad es que los ayatolas y su gobierno ahí siguen, firmes y contraatacando por todos los flacos posibles.
SIN VICTORIA MILITAR para presumir, Estados Unidos se retira sin haber demostrado su supuesta superioridad y sin imponer condiciones a los iraníes. Tan es así que el programa nuclear de Irán ahí sigue, intocado, y la seguridad en Medio Oriente igual de endeble que en febrero, cuando empezaron las hostilidades.
VAYA REGALO de cumpleaños tan amargo el que se dio Donald Trump por sus 80 primaveras. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Diputado de Morena se piratea logo de FIFA
Nos comentan que quien de plano metió un gol a la FIFA fue el diputado federal de Morena, Carlos Castillo, quien se pirateó el logo oficial del Mundial 2026 para promoverse entre la población capitalina. Nos detallan, con foto y videos, que este fin de semana personas estuvieron en la alcaldía Coyoacán regalando calendarios de los partidos del Mundial, claro, desde luego, con la imagen del legislador portando una playera de la Selección Mexicana y los logotipos registrados de la FIFA. ¿Será que el morenista no teme a las sanciones que pudiera haber por piratear los diseños de la Federación? ¿Será que la promoción, rumbo a la candidatura de la alcaldía, lo vale todo?
CNTE, el costo de quemar los puentes
Ya son varios los que observan señales de desesperación en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Pues después de semanas de plantones, bloqueos, y marchas, algunos de los dirigentes magisteriales parecen descubrir que los canales de diálogo no se rompen solos. Fueron ellos quienes rechazaron una y otra vez las propuestas presentadas por el gobierno federal, se levantaron de las mesas de negociación y apostaron todo a la presión callejera. Hoy, cuando los resultados no llegan y el desgaste empieza a hacerse evidente incluso entre sus propias bases, vuelven a pedir diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, un diálogo que, ha quedado claro, no sucederá. La estrategia de incendiar todos los puentes, y luego intentar cruzarlos, esta vez parece que no le funcionará a la Coordinadora.
No se enganchan en Palacio con la zar antidrogas de EU
Nos cuentan que en Palacio Nacional decidieron no engancharse con las declaraciones de Sara Carter, zar antidrogas, la funcionaria estadounidense que advirtió sobre acciones contra presuntos funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum cortó de tajo cualquier posibilidad de polémica al responder: “No quiero entrar en discusión con ella”. Nos dicen que la estrategia es mantener la relación con Washington bajo la fórmula de colaboración sin subordinación y evitar choques mediáticos que puedan tensar aún más la ya muy tensa agenda bilateral. Por lo pronto, la mandataria prefirió la prudencia antes que la confrontación.
Una buena, una mala y una peor
La buena: la senadora Laura Itzel Castillo, hija del luchador social Heberto Castillo, fue designada secretaria de las Mujeres. La mala: asumirá el cargo hasta septiembre. La peor: la Secretaría de las Mujeres sumará casi cinco meses acéfala. Nos hacen notar que es de llamar la atención que una dependencia creada en este sexenio para promover la defensa de las mujeres, la igualdad de género y las mejores causas feminista, se encuentre a la deriva y sin liderazgo desde abril, cuando Citlalli Hernández renunció para incorporarse a Morena. El mensaje que se manda es que el tema no tiene la prioridad que merece. (El Universal, Nación, p.2)
Que la presidenta Claudia Sheinbaum evitó entrar en polémica con la titular de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, Sara Carter, después de que la estadunidense afirmó que Washington ha puesto en la mira a funcionarios mexicanos que se vendieron a los cárteles. La mandataria dijo que es difícil contestar a cada funcionario de Estados Unidos que habla de nuestro país y no descartó tener una nueva llamada telefónica con Donald Trump, pero para charlar principalmente de la revisión del tratado comercial.
Que en pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan que los ministros ya no saben cómo convencer a quienes serán las próximas presidentas del tribunal de bajarle tres rayitas a la promoción de su imagen, cuando aún falta mucho para que Hugo Aguilar Ortiz deje de presidir. En lo que sí han coincidido los togados es en que cualquier escándalo que se genere alrededor de las futuras sucesoras, ellas mismas lo tendrán que solucionar. El protagonismo…
Que la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Vecinos del Centro Histórico ya hicieron contacto con la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, para tener una reunión urgente que les permita exponer daños y afectaciones que se han acumulado por el plantón de la CNTE en los días que esperaba que sus ventas se dispararan por el Mundial. Es decir, respuestas concretas más allá de la foto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pegándole a la trapeada.
Que la onda expansiva de la Copa Mundial de futbol alcanzó también los juzgados de Nueva York, donde el fiscal federal en jefe del Distrito Sur solicitó posponer para julio una audiencia de revisión del proceso penal abierto por narcoterrorismo contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro debido a complicaciones logísticas, pues el 30 de junio coincide con un encuentro de la fase de 32 finalistas en la región, para el cual la policía desplegará un dispositivo de seguridad en toda la ciudad. ¡Fuera de lugar! (Milenio, Al Frente, p.2)
Y nos cuentan que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también están haciendo eco a aquello de hacer política de territorio más que de escritorio. Al menos así se aprecia en la actividad extramuros que está emprendiendo el actual presidente de ese órgano electoral, muy a diferencia de varios de sus antecesores. Y es que nos cuentan que el magistrado Gilberto Bátiz estuvo recorriendo ya por tercera ocasión el territorio nacional. Ya lo había hecho antes, nos recuerdan, buscando el voto para llegar a su responsabilidad actual. Luego lo hizo en una segunda ocasión, ya como presidente electo, para escuchar demandas en la materia electoral para poderlas atender al arrancar su gestión. Nos cuentan que ahora anduvo por Tijuana, Campeche, Saltillo, Tlaxcala y Morelia y que concluyó ayer en la Ciudad de México. Ahora el propósito fue escuchar opiniones de la sociedad civil organizada y de sectores académicos sobre el ejercicio futuro del Tribunal. Se habló de Inteligencia Artificial aplicada a procesos electorales y mecanismos de justicia alternativa. ¿Qué tal?
Nueva narrativa ante la CNTE
Entre las cifras de la estadística publicada ayer por De las Heras, nos dicen, no sólo robó cámara el reflejo actualizado de los altos índices de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que la mandataria hizo la lectura de los resultados de la casa encuestadora en público, durante su Mañanera del Pueblo, y se dio cuenta que a casi dos años de su gestión, el porcentaje de personas que tiene una opinión favorable de ella supera el 70 por ciento, con lo que también rebasa al expresidente Andrés Manuel López Obrador, un hito que la propia Jefa del Ejecutivo no pudo dejar pasar: “¡Ah, eso está buenísimo!”, dijo al ver la comparativa entre sus números y los de su predecesor. “Le gané por un punto”, remarcó sobre la lámina que, por cierto, también le da un porcentaje mayor de negativos a AMLO que los que se reportan para Sheinbaum. En la exposición de estos datos, la Presidenta también aprovechó para destacar que estas altas calificaciones a su gestión se dan incluso cuando hay una tremenda campaña de desprestigio pagada por sectores que rechazan a la 4T.
Y quedó nuevamente en evidencia la magnitud de los delitos que le fincan al exjefe de la Policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Nos reportan que, de demostrarse su culpabilidad por dirigir La Barredora, el grupo criminal ligado al huachicol en esa entidad, tendrá que cumplir más de 150 años de prisión. Así es, le haría falta por lo menos volver a nacer para cumplir la eventual condena que propone la Fiscalía General tabasqueña. Y como todos sabemos que eso es imposible, nos dicen que de lo que se trata es de dimensionar que, en efecto, los años que le quedan por vivir —como dice la canción— no le alcanzarían para intentar resarcir el cúmulo de delitos que se le imputan: por secuestro agravado, un siglo completo, más 16 mil Unidades de Medida y Actualización por concepto de reparación del daño, más una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el servicio público; por asociación delictuosa, 24 años, y otros 30 por extorsión agravada y el pago de 30 mil UMA. Uf.
Nos piden no perder de vista la reiteración del mensaje de colaboración entre gobiernos, en este caso de los de Estados Unidos y México, que el embajador Ronald Johnson mantiene en las redes. Y es que, nos dicen, claramente tienen otro enfoque respecto de mensajes que se mandan desde la Unión Americana en materia de combate al crimen organizado. Apenas el fin de semana, Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, refirió que algunas acciones llevadas a cabo contra cárteles las “hemos podido hacer gracias a que el Gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”. La Presidenta Claudia Sheinbaum optó ayer en su mañanera por no entrar en controversias pese a la diferencia de opiniones. Por la tarde, Johnson escribió: “Durante la administración del presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos”. Este caso representa, agregó, un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan los presidentes Trump y Sheinbaum. Ahí el dato.
Con la novedad de que el Partido Verde ya confirmó que irá con Morena y el PT en coalición en 16 de 17 entidades que estarán en juego en 2027. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. La entidad ausente en la lista es, como se pensaba, San Luis Potosí, donde el PVEM ya compitió solo en la elección pasada que se llevó Ricardo Gallardo y donde hoy se perfila la senadora Ruth González, esposa del mandatario estatal. Ah, pero resulta que en varios procesos para ir a la encuesta que definirá a los candidatos a las distintas gubernaturas por parte de la 4T, el Verde jugará con varios aspirantes. Así quedó claro ayer cuando la senadora Jasmine Bugarín presentó licencia para “emprender una nueva etapa de trabajo político”, que no es otra cosa que apuntarse por Nayarit, donde harán lo propio los morenistas Geraldine Ponce, Héctor Santana, Pável Jarero y Elizabeth López Blanco.
Así que se siguen sumando solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, aunque hasta ahora la mayoría de ellas siguen congeladas, porque no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo, encargada de determinar su procedencia y de turnar los casos a la Comisión Jurisdiccional. Lo anterior se conoció a partir de una exigencia planteada ayer por la diputada emecista Laura Ballesteros, que busca dar seguimiento al caso que presentó contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, respaldada por familias de personas desaparecidas. No es el único caso que no ha sido tramitado, nos comentan, en la lista hay solicitudes también contra morenistas como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Apenas ayer se incorporó a esta lista un asunto más: el iniciado por el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, contra el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien acusa de haber intervenido en los comicios para elegir diputados locales el pasado 2 de junio. (La Razón, p.2)
Descarta reiniciar diálogo
La presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo bateó en la Mañanera la idea de retomar un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que realizan protestas desde hace más de dos semanas en distintos puntos de la capital. La mandataria planteó que a partir de ahora las reuniones con la Coordinadora sean tripartitas con los estados. Y reiteró que el gobierno ya dio sus propuestas, por lo que la resolución de los conflictos de la disidencia magisterial se canalizará a los estados correspondientes.
Anuncia nombramiento
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, a dos meses de la salida de Citlalli Hernández, quien renunció a la dependencia para apoyar a Morena rumbo a 2027. La legisladora entrará en funciones cuando concluya su encargo legislativo, en septiembre. Castillo se dijo muy honrada por la confianza de la presidenta Sheinbaum.
Se enfila a la contienda
Con la mirada puesta en la contienda interna de Morena por la gubernatura de Guerrero, la senadora Beatriz Mojica formalizó su solicitud de licencia a la Cámara alta. La guerrerense informó que a partir de ahora se enfocará en recorrer las ocho regiones del estado para fortalecer la organización territorial morenista.
Nombra relevo de Andy
Morena, encabezado por Ariadna Montiel, oficializó la llegada de Manuel Zavala como relevo en la Secretaría de Organización, tras la salida de Andrés López Beltrán. Y se renovó la integración de la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández, y en el que estarán Montiel, Zavala y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García.
Definen alineación
Ya están listos los funcionarios que participarán en la segunda ronda de negociaciones del T-MEC, entre ellos el nuevo embajador en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; sin embargo, participará en carácter de asesor y no como diplomático. En el equipo también están el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y Altagracia Gómez, del consejo asesor de la Presidencia.
Reactivan petición
De nueva cuenta, la labor de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrenta cuestionamientos. La bancada de Movimiento Ciudadano exigió a la Cámara de Diputados reanudar el juicio político en su contra por ignorar a los familiares de personas desaparecidas.
Se dan su tiempo
Pese a que hay muchos temas pendientes, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se dio tiempo para compartir quiénes son sus equipos favoritos de la Copa del Mundo, y a quiénes en un ratito libre visualizará desde su oficina. Sigue de cerca a las selecciones de Portugal, Francia y Brasil, aunque esta última le dejó algunas dudas tras su empate reciente. Eso sí, no perdió la fe en el Tricolor: “va a llegar a los cuartos de final”. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
Historias de reportero / Cómo esconden el desabasto de gasolina
El gobierno federal está llevando a cabo una compleja operación secreta para esconder que en México hay desabasto de gasolina y diésel.
Para no tener que decirles a los gasolineros que no tienen suficiente producto para abastecerlos, han echado mano de una baraja de artimañas que fue rápidamente detectada por los empresarios.
De pronto, aparece la autoridad federal y clausura las estaciones con excusas absolutamente infantiles. Cosas que antes no pedían ni revisaban, ahora las piden y revisan. Se sacan de la manga nuevos requisitos y abultan su lista de exigencias. Que si la seguridad, que si el impacto ambiental, que si los precios, que si sospecha de huachicol, que si falta un papel, que si sólo tienen la copia digital pero no la copia física. Lo que sea es bueno porque el objetivo es uno: que la gasolinera cierre dos o tres días.
En realidad, las gasolineras no incumplían nada ni les faltaba nada: Pemex no tenía gasolina para surtirles y realizó toda esta maniobra, en contubernio con varias dependencias federales, para tapar el desabasto. Si la gasolinera está cerrada, pues no tiene la obligación de surtirle.
Al cabo de dos o tres días, las autoridades levantan la clausura y llega el combustible. Esos dos o tres días permitieron a Pemex tener el combustible para surtir… mientras clausura a otras en un perverso carrusel en el que ya los cacharon.
Al principio, los gasolineros pensaron genuinamente que había irregularidades. Al cabo de unas semanas -con los pretextos pueriles que soltaban las autoridades y la inusual multiplicación de las clausuras- comenzaron a sospechar y terminaron por descubrir la verdadera historia. No es difícil encontrar gasolineras cerradas/clausuradas en un recorrido en coche por los lugares que no son las grandes concentraciones poblacionales.
Esto, además, ha despertado el enojo de empresarios gasolineros por competencia desleal: a las gasolineras de la marca Pemex nunca les falta el combustible.
En circunstancias normales, México tiene almacenada gasolina para 3 días. Es un riesgo monumental: cualquier cosa que falle… duramos tres días. Eso es incluso violatorio de la regulación mexicana, que obliga al país a tener gasolina en la bodega para 18 días. La sana práctica internacional es tener 90 días de gasolina, por ejemplo, en países de la OCDE.
Esto es solamente una arista más del desastre de la política energética de la 4T. López Obrador prometió que, con él, México produciría 2.6 millones de barriles diarios. No sólo no subió, bajó: estamos en 1.3. Y el rollo ese de que dejaremos de ser dependientes de las importaciones de gasolina también resultó un fraude. De Dos Bocas mejor ni hablamos: ha tenido sensibles caídas mensuales en su producción. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p.9)
José Carreño Figueras / Desde Afuera / Opinión El Heraldo de México Foto: El Heraldo de México
Algunos creen que la posibilidad de qué el Partido Republicano de Donald Trump pierda las elecciones legislativas de noviembre, es la mejor oportunidad para limitar su poder, reducir la agresividad del gobierno estadounidense en lo doméstico y aflojar la presión sobre otros países, en particular sobre el gobierno mexicano.
Es una esperanza que puede chocar con la realidad.
De entrada, Trump se ha enfocado en concentrar funciones y poder, lo que le permite dar la vuelta al Congreso mientras ha sometido de hecho al poder judicial.
Es en cierta forma la culminación de una lucha por supremacía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tan vieja como la propia república estadounidense, que al menos por lo pronto va ganando la Presidencia.
Ciertamente, todas las encuestas ahora favorecen la idea de que los demócratas obtendrán la mayoría en las elecciones de noviembre, tal vez hasta en las dos cámaras del Congreso estadounidense. El único problema, sin embargo, es que al margen de cualesquiera otra consideración, las mayorías legislativas son actualmente raquíticas y no van a mejorar mucho en las elecciones de noviembre.
Se espera en todo caso que con mayorías demócratas Trump va a tener algunas dificultades más para obtener sus fines o por lo menos, a enfrentar una mayor oposición formal, verbal, y hasta la posibilidad de investigaciones sobre sus medidas y sus movimientos financieros.
Pero Trump ciertamente no es ni se ha distinguido por un acatamiento absoluto de las leyes y mucho menos las tradiciones políticas.
Los antecedentes lo ayudan. Los problemas del Ejecutivo con el Congreso son viejos, son parte de la tradición y desde los 90 se han hecho particularmente complicados, al grado que ante la creciente trabazón del Congreso los presidentes estadounidenses se han sentido obligados con cierto gusto a gobernar cada vez más a base de órdenes ejecutivas (decretos presidenciales) para lograr sus fines.
Cuando la Suprema Corte de Justicia estadounidense otorgó a Trump inmunidad judicial para sus actos como presidente, prácticamente le dio lo que la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) definió como un pase para hacer lo que quisiera. Y al parecer lo está haciendo.
Ya hace casi 200 años el entonces presidente Andrew Jackson –que el magnate Trump considera ejemplo a seguir– rehusó acatar una orden de la Suprema Corte contra la remoción de tribus indígenas de sus tierras ancestrales.
La decisión de Jackson llevó a lo que hoy se ve como un acto genocida contra los cherokees y una frase que refleja la situación legal: “John Marshall (presidente entonces de la Corte) ha hecho su decisión. ¡Ahora dejemos que la haga cumplir!”.
En cierta forma ahí está buena parte del problema: en lo que se refiere al congreso y las posibles mayorías demócratas, Trump seguirá al frente del Ejecutivo, y en Estados Unidos, como en México, el Presidente controla la agenda nacional. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.37)
Paola Gárate llegó ayer a la Ciudad de México con miedo, temiendo por su vida. La semana pasada le dejaron una corona fúnebre en la puerta de su casa, una amenaza que se codificó en la Colombia de Pablo Escobar como “te vamos a matar”. Gárate, diputada local por el PRI, llegó a ese punto por sus denuncias sobre la participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones en ese estado en 2021 que llevaron a Rubén Rocha Moya a la gubernatura, donde ella fue víctima de un secuestro para sacarla de la contienda, que se visibilizaron nacionalmente hace unas semanas por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 servidores públicos sinaloenses por esos hechos. Desde hace seis años el actuar de Gárate ha sido valiente y rayando en la temeridad. Hasta ayer.
Con la pistola en la frente, porque eso es lo que significó la corona fúnebre, Gárate salió de Sinaloa por tiempo indefinido. Dice que no se sentía segura. Es peor lo que estaba viviendo. El Estado mexicano, como a Carlos Manzo, la abandonó a su suerte. A finales de mayo solicitó protección a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a los secretarios de la Defensa, Seguridad y Gobernación. Ni siquiera tuvo una respuesta institucional. Insistió ante el general secretario, Ricardo Trevilla, que realizaran un análisis de riesgo para determinar la protección.
La respuesta se la dio el general Julices Julián Tadeo González, coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, que la citó en su oficina y le pidió “estar en contacto con él”. De la protección 24/7 solicitada, ni una palabra. Si salía a carretera, agregó, le dijera para “ver” si había elementos que pudieran estar por la zona, porque lo único que tendría sería el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional para traslados oficiales o cuando existieran riesgos. ¿Cómo determinan el riesgo? Gárate está en riesgo permanente. González dijo que por instrucciones superiores no podía hacer nada más, y cuando le pidió que se lo diera por escrito, se negó.
Ninguna prueba de la omisión criminal del gobierno. El general se burló de una persona que se encuentra en el umbral de un asesinato. El miércoles pasado, cuando le dejaron la corona fúnebre le habló. Le envió una patrulla que llegó después de la policía local, llamada a través del 911. La patrulla la iba a proteger de manera parcial, pero dejó de hacerlo el sábado, luego de que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que contaba con protección estatal y federal. Falso.
No entiende nada el gobierno, o están dispuestos a pagar el costo de más asesinatos políticos por el simple hecho de que son oposición. Gárate ha sido muy cuidadosa en sus denuncias de no meterse con ninguna de las facciones del Cártel de Sinaloa en guerra. Se ha enfocado en los políticos corruptos vinculados al crimen organizado. ¿Quién podría tener más interés en asesinarla? Definitivamente, no el cártel. Su problema, se ha documentado durante seis años, no es el crimen organizado, sino los políticos de Morena vinculados a él, o que son parte estructural del cártel. En octubre del año pasado le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron su camioneta. Quien lo hizo iba vestido de traje –“parecía empresario”, recuerda–, y sus dos acompañantes iban en una Toyota RAV4, que apareció en una gasolinera. Quien le dijo dónde estaba no fue la policía, sino una diputada de Morena.
El gobierno no aprendió nada del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan ejecutado la noche del Día de Muertos en una festividad local el año pasado, a quien tampoco le quisieron dar protección federal, pese a pedirla insistentemente. Su asesinato provocó una crisis de credibilidad y legitimidad sobre la estrategia presidencial de seguridad, y puso la sospecha en figuras michoacanas de Morena sobre la autoría intelectual. Desde entonces, todo se ha profundizado, proporcionalmente a la insensibilidad del gobierno y a su cierre de filas para blindar a una decena de políticos sinaloenses acusados de vínculos con el crimen organizado.
La discrecionalidad del gobierno sobre a quiénes sí se protege y quiénes son desechables, es inaceptable. ¿Qué sucedería si Paola Gárate es asesinada? Su muerte llegaría a la presidenta, no por ser culpable, sino por ser responsable. Previamente a la ejecución de Manzo, tanto la presidenta como miembros del Gabinete de Seguridad llegaron a burlarse de sus insistentes llamados a que hicieran lo que fuera para frenar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras su muerte, pretendió politizar el crimen. Su asesinato, sin embargo, se les estrelló en la cara.
El asesinato le costó mucho a la presidenta. Javier Tejado escribió en su columna de El Universal días después que en solo 48 horas el volumen de mensajes sobre el asesinato de Manzo sumaba el 70% de los registrados en 21 días por el campo de exterminio en Teuchitlán: 16 millones, 65% de ellos negativos y solo 2% positivos. “Es la peor crisis mediática y digital” del gobierno federal, subrayó. No hay muerto que valga menos, pero el contexto en el que se realizó el de Manzo era muy distinto al que el gobierno de Sheinbaum enfrenta en la actualidad.
Se puede argumentar que la ejecución de Gárate tendría un mayor impacto, por la trascendencia internacional en un momento donde la ejecución de Manzo puso los asesinatos de políticos opositores bajo la observancia y escrutinio de varios gobiernos. Pero también porque su caso es uno de los que utilizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve servidores públicos en Sinaloa. Uno de ellos, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, con quien se enfrentó Gárate, se entregó a los fiscales y está negociando ser testigo cooperante en Nueva York. El perfil de la diputada lo realza la columna vertebral de la acusación de la administración Trump. Que la asesinen, sería como un disparo directo a Palacio Nacional.
Si la amenaza se traduce en su asesinato, la presión sobre la presidenta y el gobierno será enorme, porque dado el antecedente de Manzo, ejecutado por la negligencia de las autoridades federales, una repetición de aquel episodio, con la alerta que hizo Gárate sobre el reciente mensaje de muerte y los antecedentes de las denuncias de vínculos criminales de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, cobraría una dimensión que no parece estar viendo la presidenta (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, pñ34)
Diputados, con todo pagado para ver el Mundial
Pagados con dinero público, los diputados gozan de los derechos para ver todos los partidos del Mundial. “Para estar aquí, sin irme, claro, el grupo parlamentario paga los derechos”, admitió el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Comentó, incluso, que “trato de ver al menos un juego al día”. Dichoso. Y hasta un análisis hizo: “Egipto me interesa verlo porque es de los países que pueden crecer”. Y anticipó que verá los de Portugal, Francia, Alemania y Brasil porque “son los que tienen posibilidades de alzarse con la copa, traen buen futbol”.
La ‘4T’ y las reformas de 2007
Bien y bonito se regodeó ayer el diputado federal panista Federico Döring. “Disfrutando, con mis palomitas, veo cómo, moralmente derrotados, los de Morena defienden las reformas de Calderón”. Esto, dijo, porque “López Obrador y luego Sheinbaum prometieron a los maestros que iban a echar atrás las reformas de pensiones de 2007”. Ahora, comentó, “los abandonan y les rompen el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Chulos se ven la presidenta, Martí Batres y Mario Delgado defendiendo las reformas de Felipe Calderón”, expresó con ironía. Una prueba de que prometer sí empobrece.
Analizan acciones vs. LA Times
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, analiza emprender acciones legales contra Los Angeles Times, luego de que el medio estadounidense afirmó que él y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, tienen investigaciones abiertas por narcotráfico y huachicol en Estados Unidos y que las visas de ambos fueron revocadas. El mandatario morenista exigiría una reparación del daño a través de una disculpa pública y advirtió que el reportaje es “propaganda disfrazada de noticia”. Como dicen, a ver si no sale el tiro por la culata.
Relevo de Andy, del círculo del sureste
La dirigencia nacional de Morena nombró ayer al relevo de Andy López Beltrán en la Secretaría de Organización del partido, y es nada menos que uno de sus vecinos y de su círculo del sureste. Se trata de Manuel Jesús Zavala Salazar, un abogado de Campeche, quien ha sido delegado en su estado de los programas del Bienestar, dirigente del partido en la entidad y quien ya ocupaba la Secretaría de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y para que no haya duda, ya hasta lo integraron en la Comisión Nacional de Elecciones, que preside Citlalli Hernández. (El Financiero, Nacional, p.31)
La mañana del sábado, mientras los ecos de la inauguración del Mundial de Futbol y las celebraciones del triunfo de la selección mexicana aún resonaban en el público, las balas del crimen organizado se encargaron de recordar la cruda realidad nacional. Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue ejecutado fuera de su domicilio.
El artero ataque, perpetrado por un comando armado, apagó la vida de quien gobernaba bajo las siglas de la coalición opositora y que, trágicamente, ya había advertido de manera clara y urgente el peligro inminente que corría.
Pareciera que en el tablero de la política nacional a nadie le importa la suerte de un alcalde. Apenas unas semanas antes, el pasado 22 de mayo, Bravo Martínez había sido víctima de un violento asalto y secuestro exprés, mientras transitaba por la carretera Huajuapan-Acatlán de Osorio, en los límites de Petlalcingo, Puebla. En esa ocasión, sujetos fuertemente armados emboscaron la camioneta en la que viajaba junto a tres colaboradores de su equipo, obligándolo a descender bajo amenazas de muerte para despojarlo de sus pertenencias antes de liberarlo con un mensaje de intimidación.
Con este antecedente, el edil solicitó formalmente protección adicional a las autoridades estatales, manifestando un temor fundado por su integridad. La respuesta institucional fue la habitual e indolente burocracia; el reforzamiento efectivo de su seguridad nunca llegó a concretarse, dejándolo en total desamparo, a merced de sus verdugos.
Este trágico suceso expone una realidad incontrovertible que lacera la estructura del Estado mexicano: las instituciones municipales son las más amenazadas y vulnerables del país ante la implacable penetración y expansión del crimen organizado. El eslabón gubernamental más cercano a la ciudadanía es, paradójicamente, el más desprotegido frente a las estructuras criminales que buscan controlar territorios enteros –y, obviamente, a sus habitantes– mediante el terror y la extorsión.
Lo sucedido en San Miguel Amatitlán no representa un hecho aislado, sino parte de una sangrienta constante en la geografía nacional. Ahí están los estremecedores casos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ejecutado en plena celebración del Día de Muertos, y de Alejandro Arcos en Chilpancingo, Guerrero, asesinado de forma salvaje a escasos días de haber asumido el encargo. Sin embargo, ellos son apenas los nombres más visibles de una lista fúnebre mucho más extensa de alcaldes, regidores y síndicos que han sido sistemáticamente eliminados en años recientes por negarse a pactar con la delincuencia o por convertirse en estorbos para los intereses de las mafias locales.
La crisis institucional que padecen hoy los ayuntamientos amenaza con agudizarse de manera alarmante en el corto plazo. En los procesos electorales del año entrante se renovarán poco más de mil 800 ayuntamientos de los dos mil 478 que existen en la República. Esta enorme reconfiguración del poder local representa la coyuntura perfecta que los grupos delincuenciales aprovecharán para consolidar su hegemonía en diversas regiones del país. El crimen organizado no necesita competir de forma legítima en las urnas, le basta con imponer candidatos mediante el financiamiento ilícito, secuestrar estructuras partidistas completas y amenazar de muerte a aquellos aspirantes o gobernantes que no se plieguen dócilmente a sus exigencias económicas y territoriales.
Si el Estado mexicano continúa abandonando a las autoridades municipales a su propia suerte, la gobernabilidad desde la base estará completamente perdida.
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*¿Cuántos días durarían las secretarías de Relaciones Exteriores o Hacienda sin un titular? No es una pregunta hipotética. Entre la renuncia de Juan Ramón de la Fuente como canciller y la ratificación de Roberto Velasco como su sucesor pasó una semana. Entre la salida de Rogelio Ramírez de la O, como titular de la SHCP, y su sustitución formal por Edgar Amador sólo transcurrieron cinco días. ¿Por qué entonces puede estar la Secretaría de las Mujeres descabezada durante meses? Quizá porque no le interesa siquiera a quienes la crearon. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
La dirigencia nacional de Morena confirmó ayer que el lunes 22 iniciará el registro de aspirantes a candidatos a las 17 gubernaturas en disputa el próximo año. La fórmula será la conocida: los ganadores de una serie de encuestas se convertirán primero en coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y luego en candidatos. Morena aprovechó el vuelo para informar que ya tiene secretario de Organización: el experimentado Manuel Jesús Zavala tomará el cargo abandonado por Andrés Manuel López Beltrán. En cuatro de las 17 entidades, el candidato buscará relevar a gobernadores que se encuentran bajo la mira de Estados Unidos por sus supuestos nexos con grupos criminales: Rubén Rocha (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Marina del Pilar Álvarez (Baja California). La lista podría subir a nueve con los de Colima, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
También se sustituirá a una figura tan cuestionada como Layda Sansores (Campeche). Morena tiene ante sí una oportunidad extraordinaria para marcar un cambio profundo de personajes y símbolos. Para abrir paso a una nueva generación que, como establece la ley que impulsaron y votaron recientemente, asegure que quienes lleguen acrediten buena reputación, ausencia de escándalos de corrupción y de vínculos con el crimen organizado. La circunstancia le abre una inigualable oportunidad. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos. (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, Nacional, p.4)