THE NEW YORK TIMES

TAPACHULA.- Llegaron al anochecer, vestidos para el combate, descendiendo de vehículos del Gobierno.

Una columna de personal militar y policiaco llegó como enjambre a un pequeño hotel del centro de esta ciudad de Chiapas cercana a la frontera de México con Guatemala. Su objetivo: los migrantes no autorizados.

Los agentes corrieron de puerta en puerta, llevándose a gente, mientras migrantes gritaban o salían corriendo por la parte de atrás, saltando por las azoteas de casas vecinas, dijeron testigos.

En las últimas semanas, las autoridades mexicanas han estado desintegrando caravanas de migrantes y estableciendo retenes carreteros las 24 horas del día a lo largo de las rutas comunes hacia el norte.

Las detenciones y deportaciones en México se multiplican con rapidez, lo que siembra temor entre los muchos miles de centroamericanos y otros extranjeros que atiborran los albergues y los hoteles económicos aquí en el sur de México, la mayoría de ellos con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense.

El Gobierno mexicano ha estado bajo una intensa presión del Presidente Donald Trump para bloquear a las decenas de miles de migrantes que avanzan al norte cada mes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que su país ya ha estado haciendo su parte, argumentando que la crisis se debe a una compleja serie de problemas sociales y políticos en toda la región, y cuya solución requeriría miles de millones de dólares en inversiones internacionales, no medidas punitivas.

En los primeros cuatro meses de su Gobierno, las deportaciones cayeron 38 por ciento, comparado con los últimos cuatro meses de la Presidencia de su antecesor.

A finales de marzo, Trump amenazó con cerrar la frontera con México para impedir la migración. México pareció responder rápidamente, con un aumento casi inmediato en las detenciones y deportaciones.

En los últimos dos meses, el Gobierno de López Obrador deportó a 67 por ciento más migrantes que los que repatrió su predecesor durante el mismo periodo en 2018.