Huelga decir que no se le puede creer todo a Ken Salazar, el exembajador de México en Estados Unidos (no me equivoqué: representó más a López Obrador en Washington que a Joe Biden en México). Además de ser un patán con todos aquellos que no fueran de la 4T o empresarios, además de despreciar y combatir a organizaciones de la sociedad civil en México, emprendió gestiones a favor de empresas estadounidenses con su amigo en Palacio, que en ocasiones lindaban en el franco conflicto o confusión de intereses.
No obstante, revisten un cierto interés las revelaciones que aporta en su librito Borderlands, divulgadas por José Díaz Briseño en Reforma. Se ha comentado ampliamente la versión de Salazar sobre la reacción de López Obrador ante la extracción del Mayo Zambada: preocupación perturbadora de su estado de ánimo, por temor a la “sopa” que pudiera soltar el capo en Estados Unidos. En todo caso, eso fue lo que le confió un “whisperer” (la traducción correcta es alguien que le habla al oído) de López Obrador al propio Salazar. Dicho personaje es identificado únicamente como un gran empresario, que obviamente gozaba de la confianza tanto de AMLO como de Salazar. Algún día sabremos de quién se trata, pero tampoco importa mucho. Para entonces, el enviado de Biden había perdido su derecho de picaporte con Palacio, debido a sus críticas a la reforma judicial, pero también en parte por lo que se publicitó apenas ayer en Reforma, nuevamente. Estos extractos del libro resultan más interesantes, en mi opinión.
Como lo señale en un artículo de Project Syndicate de diciembre de 2024, en noviembre y diciembre de 2023 se produjo un incremento descomunal de los flujos migratorios de Centro y Sudamérica a México, y de México a Estados Unidos. En noviembre se llevaron a cabo más de doscientos mil “encuentros” con migrantes del lado norteamericano de nuestra frontera norte; en diciembre, el promedio diario alcanzó más de diez mil. Esto generó un verdadero pánico en Washington y en la Casa Blanca, al grado que Biden despachó a sus secretarios de Estado y de Homeland Security a México el 27 de diciembre, en plenas fiestas de fin de año, para conversar con López Obrador.
Desde noviembre, el Instituto Nacional de Migración (INAMI), dirigido por Francisco Garduño, el verdugo de la cárcel de Ciudad Juárez, recortó severamente sus actividades disuasivas en todo el país debido supuestamente al agotamiento de su presupuesto del año. Desaparecieron retenes, patrullajes, corridas de camiones, vuelos de la frontera norte a Villahermosa y Tapachula. En una palabra, en los hechos, se les abrió el paso a decenas de miles de migrantes centroamericanos, venezolanos, cubanos y haitianos para que arribaran a la frontera con Estados Unidos lo más rápidamente posible.
Nunca creí en la explicación de la falta de recursos. Especulé más bien que López Obrador chantajeó a Biden con esta medida para lograr algo que se desconoce, o la puso en práctica para apoyar a Trump en su intento reeleccionista, habiéndose entendido mejor con el republicano que con su sucesor.
Ahora Salazar ofrece su versión, interna e íntima, de los mismos acontecimientos. Revela que en noviembre de 2023 la Embajada de EU supo, por boca de Garduño, que el Gobierno mexicano había agotado los recursos destinados al control migratorio.
“La ironía era amarga. El proyecto del Istmo pretendía ser parte de la solución a la crisis migratoria. Si lográbamos crear un corredor de seguridad moderno en esa franja relativamente estrecha, podríamos interceptar a traficantes y migrantes mucho antes de que llegaran a la frontera de EU. Pero las prioridades de AMLO habían contribuido a la misma crisis que el proyecto del Istmo estaba parcialmente diseñado para prevenir. AMLO se estaba apresurando a completar todos sus proyectos emblemáticos… Estos eran los logros que definirían su presidencia para la posteridad. Pero el trabajo poco glamoroso de manejar la migración —pagar a los contratistas para que operaran los autobuses, financiar los vuelos de repatriación— se relegaba… Señor Secretario, le dije (a Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda), México necesita que se les pague a los contratistas. Necesitamos que los autobuses y los vuelos vuelvan a funcionar. La situación es crítica. Supongo que ha visto las cifras en la frontera. “Sí, Embajador (respondió Ramírez de la O), y estoy de acuerdo. Pero no tenemos el presupuesto. Las prioridades del Presidente son claras. El Tren Maya se inaugura el mes que viene. El ferrocarril del Istmo está casi terminado. AMLO cree que estos proyectos cambiarán México para siempre. Trabajaré para encontrar el dinero (para el INM). Pero AMLO debe aprobarlo”… ¡La migración podría destruir el legado de ambos presidentes! Por favor insista ante AMLO sobre la crisis de fondos”.
Después de la visita de los dos altos funcionarios norteamericanos, López Obrador accedió a rellenar las arcas del INAMI (o a reanudar sus actividades). Junto con medidas restrictivas aprobadas poco después por Biden, los flujos se desplomaron. Hacia mediados de 2024, cayeron a menos de cincuenta mil al mes. Sin embargo, era demasiado tarde. Ya Trump disponía de una potente carta para atacar a Biden por ser “blando” o permisivo con la migración indocumentada. Lo demás es historia.
No me cuadran del todo las magnitudes. Los camiones y los vuelos, incluso los retenes y los despliegues de la Guardia Nacional cazamigrantes, no representan costos presupuestales comparables a los de los elefantes blancos de López Obrador: Tren Maya, AIFA, Tren Interoceánico, Dos Bocas. Pero en su delirio, AMLO quizás sí dispuso que todo el dinero se fuera para allá, y nada en otras direcciones. De ser el caso —no estoy del todo convencido— se trataría de otro crimen lopezobradorista contra el Estado, el país, y el mundo. Por su consecuencia, según Salazar, y concuerdo: la elección de Donald Trump en 2024. (Jorge G. Castañeda, El Universal, Opinión, p. 15)
Los coyotes, conocidos también como polleros, desempeñan una función clave en la migración y, en muchas ocasiones, son conocidos y cuentan con cierta fama en zonas expulsoras porque logran burlar a las autoridades para llevar a las personas hasta ciudades de Estados Unidos.
En la sociedad, se les llama coyotes porque se encargan de realizar actos fraudulentos y, también, se les conoce como polleros porque se encargar de trasladar a los pollos, es decir, a personas que no tienen conocimientos de los cruces fronterizos y requieren apoyo para llegar a una ciudad norteamericana.
Los coyotes son una punta de las redes delictivas que trafican con personas y son la parte visible; sin embargo, detrás de ellos existen diferentes actores que cumplen funciones específicas.
Dentro de los polleros, existen clasificaciones y funciones. Algunos se encargan de guiar a los migrantes, otros de transportar y unos más están asignados para sortear los controles de las autoridades.
Desde mediados del siglo pasado, las actividades de los polleros fueron notorias y, en muchos casos fueron detenidos por las autoridades norteamericanas; sin embargo, las ganancias que obtienen son motivo para arriesgar la vida.
Los coyotes cobran por adelantado más del 50 por ciento, en algunos casos, se pide el 100 por ciento del costo por el traslado. De manera adicional, al terminar el servicio, piden otra cantidad de hasta 30 por ciento.
A lo largo del tiempo, los coyotes evolucionaron y cada día solicitan mayores cantidades de recursos; además, ofrecen diferentes tipos de “cruce”. Los costos por los traslados varían desde los 150 mil pesos a más de 300 mil pesos; sin embargo, todo depende del lugar de partida de los migrantes, la ruta y el destino. Los traslados más costosos incluyen documentos; mientras que, en los cruces más económicos, es alta la probabilidad de ser descubiertos y hasta de perder la vida.
A pesar del dinero que solicitan, los coyotes advierten que no pueden asegurar el cruce y el intento ya tiene un costo. Por lo regular, dan entre dos y tres intentos por un mismo precio. Si en el camino se presenta algún problema, los polleros no dudan en abandonar a los migrantes. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
Marina queda descolocada
La difusión de los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, abrió más interrogantes de las que logró cerrar su posterior explicación pública. Si, como sostuvo, el acercamiento con intermediarios de las autoridades estadounidenses tuvo como único propósito conocer el estatus de su situación migratoria y atender un asunto personal, surge la pregunta de por qué esas gestiones se realizaron “por debajo del agua” y solo se conocieron a partir de una filtración. En política, la forma es fondo. ¿Intentaba únicamente anticiparse a posibles señalamientos o existían otras preocupaciones que justificaran recurrir a intermediarios? El problema para la mandataria es que, al no haber transparentado oportunamente esos contactos, dejó espacio para la especulación y seguramente mine la confianza y su capacidad de interlocución. (Redes de Poder, Reporte Índigo, Reporte, p. 3)
Que la gobernadora de Baja California Sur, Marina del Pilar Ávila, pretenda la reposición de la visa que Estados Unidos le canceló hace poco más de un año es por demás explicable, pero no que lo haga con el apoyo de un prominente y carísimo abogado experto en lavado de dinero y delincuencia organizada.
Lo sabemos desde antier por la envidiable revelación periodística de Héctor de Mauleón, quien dio cuenta de una grabación telefónica ––reconocida el mismo día como auténtica por la servidora––, en que se detalla lo que, sin éxito, no quería que se supiera.
El audio retrata, por decir lo menos, un comportamiento incompatible con la versión oficialista de que el tema sólo es “administrativo”.
Las causas del Departamento de Estado para cancelar una visa son: que la persona fue arrestada y/o condenada en EU, que la vigencia del permiso haya caducado, o que se le considere una amenaza contra la seguridad nacional y pública.
María del Pilar, escribió De Mauleón, “goza del respaldo de la Presidenta y se empeña en transmitir, a toda costa, confianza y tranquilidad”, pero “en lo oscurito ha buscado acercarse a agencias de inteligencia de EU a través de un grupo de contactos que le han ofrecido reunirse con ella y sus abogados ‘en el consulado americano, en una oficina en Tijuana’, para ayudarla con las sanciones y cargos que el gobierno estadunidense podría presentar en breve en su contra…”.
En la grabación, la gobernadora dice que su abogado es Michael Nadler, exfiscal federal del Distrito Sur de Florida que llevó el caso contra un empresario ligado a Nicolás Maduro acusado de lavar al menos 350 millones de dólares defraudados a Venezuela.
De Mauleón contextualiza:
“Nadler logró vencer las trabas impuestas por el chavismo y extraditar a Alex Saab a Estados Unidos. Hace seis años causó revuelo en los medios al anunciar que, luego de encarcelar a los principales delincuentes de Venezuela, renunciaría a su puesto para comenzar a ejercer en privado”.
El exmarido de la gobernadora, Carlos Torres, era coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno de su pareja cuando a los dos les fueron canceladas sus visas.
“Para las agencias de seguridad estadunidenses, Torres era el engranaje que permitía a Los Rusos, facción del cártel de Sinaloa, operar abiertamente en Baja California”, escribió De Mauleón.
En teoría, lo referente a visados puede desahogarse por vías ordinarias y electrónicas. ¿Por qué desplegar una estrategia legal tan sofisticada, costosa y reservada si el problema de ella carece de gravedad?
En la charla se alude al FBI, formalmente ajeno a renovaciones de visas y aclaraciones administrativas con el Departamento de Estado.
Pero lo más llamativo es el perfil del abogado de la gobernadora, porque Nadler no es gestor migratorio ni un especialista en trámites consulares.
Es demasiado lo que hace la gobernadora para resolver el embrollo en que se encuentra, por más que insista en tener su conciencia “tranquila…” (Carlos Marín, Milenio, Política, p. 7)
Ayer me preguntaba en esta columna dónde estaba Roberto Lazzeri Montaño, hace ya varias semanas elegido para ser el embajador de México en Estados Unidos.
Pues ya llegó.
Lazzeri tiene poca —soy generoso— experiencia en el puesto que ahora tiene. Sí, ha lidiado con estadunidenses, uno supone, en asuntos financieros y es muy cercano hace un tiempo a los más cercanos a la presidenta Sheinbaum, lo que no está mal. La falta de experiencia diplomática puede no ser un problema. Hemos tenido otros embajadores con poca experiencia diplomática, pero eso sí, con habilidad política y ganas de entender cómo funciona el país del norte.
El anuncio oficial fue, para variar, un poco de bla, bla, bla: Llega, dicen, para “Proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”. Normal.
Ahora toca ponerse a trabajar en lo que —perdón, Esteban— no se ha hecho hace un rato.
Era corresponsal en Washington durante la negociación del primer TLC; en tiempos donde el caso Camarena lo inundaba todo. Tengo muchos libros y memorias de lo que significa para gobiernos extranjeros, sobre todo México, lidiar con la nunca sencilla política en aquel país.
La situación de la relación bilateral hoy en día no está bien. Sobra decirlo. En medio de la revisión del tratado comercial que por alguna ocurrencia el presidente Trump dice que podría no autorizar; la petición de extradición de un gobernador en funciones y aliados, el retiro de visas a políticos en funciones, las amenazas del círculo cercano (y lejano) del presidente estadunidense contra México y la obsesión con los asuntos migratorios que, más allá de lo hecho por México, sigue siendo tema.
No todo se podrá arreglar —Trump y el trumpismo son lo que son— pero mucho se puede hacer que no se ha hecho.
Washington es una ciudad, “la” ciudad del cabildeo. Entiendo que en esos tiempos de austeridad dizque republicana no se gastará en cabilderos locales, pero entonces el embajador y su equipo deben hacer ese trabajo. Visitas y visitas y visitas y más visitas con funcionarios de varios niveles, congresistas y consultores. Cafés, comidas y cenas. Con los que importan aunque nos parezcan insoportables o en contra de la soberanía. Esos importan más que los amigos a la hora de entregar resultados.
Y segundo, como lo decía Tip O’Neill, legendario político y congresista estadunidense. “Toda política es local”. Se termina el espacio. Seguiremos con esto. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Hace una década, los promotores del Brexit buscaban hacer propaganda partidista, no tanto provocar que el ánimo británico realmente se alineara con la idea de abandonar el pacto con el resto de Europa, que, si bien les había dejado problemas, también les otorgó múltiples beneficios.
Sin embargo, la apatía de muchos ciudadanos que no salieron a votar en ese referendo, más la combinación de los antisistema que sí se tomaron la molestia de sufragar aquel 23 de junio del 2016, resultaron en la dinamita que voló el puente de Reino Unido con su principal socio comercial.
Ganaron aquellos que querían detener la inmigración y que pensaron que tendrían la capacidad para negociar acuerdos bilaterales con toda la fuerza de su reino. Diez años después, la fantasía ideológica de los rupturistas se esfumó para dejar en el aislamiento a una maquinaria que pierde impulso industrial y político.
Reino Unido no se volvió más libre, sino más irrelevante con esa ruptura de las cadenas de suministro que estaban bien integradas con la Europa continental; ahora tienen de regreso una burocracia aduanera que complementa el desplome de la inversión y del crecimiento económico.
La ironía es que los rupturistas prometieron un freno a la inmigración europea, pero el resultado fue un incremento histórico del flujo migratorio tras el rompimiento con la Unión Europea. Solo que, a la vuelta de una década, los que han llegado a Reino Unido ya no son ciudadanos de la Unión, sino de otras naciones. Los británicos no querían inmigrantes, pero tampoco querían hacer sus trabajos.
Reino Unido perdió su lugar en la mesa de las decisiones europeas, pero tuvo que seguir acatando esas reglas del juego como un mecanismo de supervivencia comercial.
Si alguien hoy debiera verse en ese espejo británico, sin duda tendría que ser Estados Unidos, que actualmente está dominado por una retórica proteccionista y por la amenaza de romper ese lazo fundamental que tanto subestima del T-MEC y sus vínculos regionales. Hoy Washington usa un guion populista muy parecido al de los Brexiteers, en el cual culpan al libre comercio de sus propios desajustes estructurales internos, satanizan la inmigración y prometen la reinstalación de un pasado manufacturero.
El ejemplo británico debería enseñarle a Donald Trump que los empleos industriales no regresan con muros arancelarios o metálicos, ya que éstos constituyen también la forma de provocar una escasez de insumos y de mano de obra.
El Brexit estadounidense está en sus aranceles, y la puntilla sería terminar con la relación comercial abierta con América del Norte. Estrangular al T-MEC implicaría un suicidio logístico para su industria automotriz, pero también para las cadenas de suministro agroalimentarias.
Es verdad que hoy la Casa Blanca no ve al actual régimen mexicano como el perfil del socio ideal, ni como aquel que los mercados preferirían. Sin embargo, más allá de los desencuentros políticos, la realidad económica ha demostrado durante más de 30 años que México se ha consolidado como un confiable socio emergente de la economía más poderosa del mundo.
Así como los británicos descubrieron tarde que no querían inmigrantes, pero tampoco querían cosechar sus campos, Washington tendría que entender que la soberbia populista de cerrar sus fronteras, lejos de regresar el esplendor industrial, acabará por llevarlo por un camino similar al del Brexit. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p. 9)