País tras país, los gobiernos de izquierda han perdido terreno en Latinoamérica. Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Argentina, Venezuela y, más recientemente, Colombia y Perú, forman parte de una creciente marcha regional de la derecha (en algunos casos de la extrema derecha) que contrasta con la llamada “marea rosa” que dominó buena parte de este siglo. Está por verse si este movimiento del péndulo ideológico se consolida y si eventualmente alcanza a México.
Sheinbaum ofreció la semana pasada una explicación para esta tendencia. Según dijo en la mañanera, las victorias de la derecha se deben, por un lado, a una campaña en redes sociales coordinada por poderosos grupos conservadores y, por el otro, a que algunos gobiernos de izquierda perdieron cercanía con “el pueblo”.
Llama la atención que, dentro de las explicaciones posibles no mencionara la más evidente: la falta de resultados. Es decir, que más allá del discurso y de las campañas en redes sociales, los gobiernos de la región no lograron mejorar lo suficiente las condiciones de vida de la gente. Puede que parezca lejana la posibilidad de que esto ocurra en México (la 4T sigue muy popular), pero Sheinbaum haría bien en reconocer esta dinámica si no quiere correr la misma suerte que sus pares.
Cada país tiene sus particularidades, pero existe un patrón común. En casi todos los casos en los que la izquierda perdió el poder pesaron dos factores: economías débiles y una creciente sensación de inseguridad. Los gobiernos de Venezuela y Argentina reforzaron, para muchos votantes, la percepción de que la izquierda es un pésimo administrador de la economía, mientras que la estrategia de seguridad de El Salvador proyectó la idea de que la derecha está más dispuesta a enfrentar al crimen. No por nada los nuevos liderazgos de derecha llegaron prometiendo crecimiento económico, libre mercado y mano dura contra la delincuencia.
Este reacomodo político también tiene implicaciones geopolíticas. Una Latinoamérica con más gobiernos de derecha le facilita a Trump construir alianzas para impulsar su agenda regional. Es probable que veamos una mayor coordinación en el combate al narcotráfico, políticas migratorias más restrictivas y un mayor esfuerzo por contener la influencia de China en el continente. Pese a la marcha de la derecha, los dos países más importantes de AL, Brasil y México, se han resistido.
México padece los dos principales factores de descontento que impulsaron los cambios políticos en otros países: crecimiento económico insuficiente y persistente crisis de seguridad. La economía sigue sin despegar y, aunque la estrategia de seguridad parece dar resultados, el problema dista mucho de estar resuelto. Si el gobierno logra mejorar en ambos frentes, tendrá mayores posibilidades de romper la tendencia regional. Si no, el péndulo latinoamericano puede llegar también a nuestro país. (Julio Serrano Espinosa, Milenio, Negocios, p.20)
Venezuela lleva décadas sumida en una crisis social y política. En enero de este año, —con la presidencia interina de Delcy Rodríguez— el país empezó una transición política que no ha estado libre de protestas sociales.
En este contexto de inestabilidad, Venezuela fue azotada por un doble sismo de magnitudes jamás experimentadas en esa región. Con más de 1,450 muertos, 3,150 heridos y estimaciones de hasta 50 mil personas desaparecidas, Venezuela entra en una crisis humanitaria que se agrava con el riesgo de epidemias sanitarias.
La naturaleza no distingue entre países, y este fenómeno geológico —no ocasionado por el cambio climático— se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria multiplicada por un Estado con instituciones debilitadas, infraestructura deteriorada y una sociedad exhausta.
Este terremoto vino a sacudir a Venezuela y al mundo en más de un sentido. Nos puso de relieve el impacto de la fragilidad de las instituciones de un país cooptado por la corrupción.
Si bien el sismo no es una consecuencia de acción humana alguna, lo cierto es que el daño se amplifica por años de desinversión en protección civil, códigos de construcción no aplicados y un colapso de servicios básicos.
La vulnerabilidad de Venezuela no es producto del desastre natural, pero el sismo sí amplificó su debilidad.
Sin embargo, hay un resquicio de esperanza: en desastres naturales vemos lo mejor de la solidaridad internacional y en esta crisis fuimos testigo de un despliegue inusualmente alto. Estados Unidos mandó más de 150 millones de dólares; la ONU mandó mil rescatistas en 25 equipos; y más de una decena de países mandaron ayuda humanitaria.
Parece que esta tragedia se ha vuelto una oportunidad diplomática para una Venezuela que busca reinsertarse internacionalmente tras la salida de Maduro.
En ese contexto destaca México, con un envío de 261 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 18 caninos y equipo y material humanitario.
México fue de los primeros países en mandar ayuda técnica: el mecanismo empleado por México es el Plan DN-III, que tiene 60 años de historia y se basa en la búsqueda y rescate, evacuación, albergues, recomendaciones y seguridad.
También es de llamar la atención la enorme labor de “Los Topos” y la sociedad civil mexicana, quienes complementaron el esfuerzo estatal de ayudar a las personas tras los sismos, aunado al canto empático de “No están solos”, que hizo vibrar al estadio CDMX minutos antes del partido contra Ecuador.
Así, México no sólo exporta ayuda material, sino un modelo institucional y comunitario de respuesta. De esto estamos hechos los mexicanos, que respondemos solidariamente sin dudarlo.
Venezuela lleva en sus hombros una profunda crisis social que ha derivado en una migración masiva con millones de venezolanos fuera del país. Aunado a eso, la situación de ostracismo internacional combinado con una mala planeación de las finanzas públicas los lleva a experimentar un colapso económico con grandes repercusiones a nivel social.
En este sentido, el doble sismo evidenció instituciones fracturadas: el colapso de los hospitales, la ausencia inicial de equipos de rescate gubernamentales y los saqueos en diversos establecimientos. Síntomas de un Estado que llegó a la emergencia completamente fragmentado.
Venezuela no estaba lista para unos sismos tan intensos, aceptable. Lo que no podemos dejar pasar es que las instituciones de protección civil y de salud estuvieran completamente colapsadas.
La solidaridad internacional como respuesta a desastres climáticos representa un halo de esperanza en la humanidad. Sin embargo, esta no sustituye la reconstrucción institucional de un país tan frágil.
Que la crisis en la que está inmersa ahora Venezuela nos sirva de recordatorio para entender que la tierra tiembla por su propia lógica, pero quién sobrevive y cómo se reconstruye, es un punto de encuentro de decisión humana e institucional.
“Venezuela lleva en sus hombros una profunda crisis social que ha derivado en una migración masiva…” (Alejandra Spitalier, El Financiero, Opinión, p. 30)
Contundente revés el que le acomodó la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, al presidente Donald Trump, al declarar inconstitucional su decreto para negar la ciudadanía por nacimiento.
La víspera, el máximo tribunal le había dado un triunfo al republicano, al permitirle cesar a una integrante de la Comisión Federal de Comercio, con lo que, en los hechos, le dio carta abierta para remover a su antojo a directivos de todas las agencias e instancias autónomas. Por ello, la discusión y votación de este martes sobre la ciudadanía por nacimiento parecía peligrosa. Sin embargo, con una mayoría de seis a tres, los magistrados resolvieron que negar la nacionalidad a los hijos de padres indocumentados o con visados temporales nacidos en su territorio, como pretendía Trump, es ilegal y no procede.
La sentencia respaldó una interpretación de más de 150 años de vigencia de la Decimocuarta Enmienda, en virtud de la cual “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: A participar libremente en nuestra comunidad política”. Así lo argumentó el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en nombre de la Corte, y añadió que “los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.
La resolución judicial, emitida en el marco del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, una nación fundada y consolidada por inmigrantes, representa un alivio para millones de personas de origen extranjero que residen en la Unión Americana, legales o indocumentados. Se estima que más de 250 mil niños nacen anualmente en Estados Unidos de padre o madre sin estatus legal, la mayoría de padres mexicanos. De los 13.7 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, al menos 5.5 son nacidos en México, según el Instituto de Política Migratoria.
El fallo del Tribunal Supremo es como un bálsamo en medio del sofocante afán de coartar derechos a los migrantes y forzarlos a abandonar el país, al margen de la hostil política de persecución migratoria, que tiene en las redadas y las deportaciones masivas su cara más evidente.
Pero, más allá de eso, la sentencia constituye un respiro que permite creer que aún hay contrapesos al espíritu autoritario de la ‘filosofía’ MAGA (Make America Great Again), y que los desplantes megalómanos del magnate republicano pueden, eventualmente, toparse con una pared institucional.
Mas no hay que sobreestimar esta decisión de los magistrados del supremo, pues, si bien es un triunfo histórico en favor de los derechos adquiridos, el presidente no se quedará cruzado de brazos. De hecho, de inmediato reaccionó, calificando el fallo de “malo”, “costoso” e “injusto” para la nación, e instruyó a los republicanos en el Congreso a iniciar de inmediato el camino para ponerle fin, por la vía legislativa, a la nacionalidad por nacimiento.
Pero los pretendidos límites al derecho a la ciudadanía son solo una vertiente del acoso gubernamental contra los migrantes.
El pasado 9 de junio, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto republicano de 70 mil millones de dólares para financiar la agenda antiinmigrante de Trump, con lo cual quedarán garantizados 38 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y 26 mil millones de dólares para la Patrulla Fronteriza.
Así se rompió el bloqueo presupuestario que se impuso tras la muerte de Alex Pretti y Nicole Good, durante operativos contra migrantes en Mineápolis. Los demócratas fracasaron en su intento de condicionar esos recursos a cambio de imponer límites y restricciones a los agentes federales para evitar abusos que derivaran en más muertes durante las redadas y deportaciones masivas.
El ideólogo de toda la estrategia de asfixia contra migrantes sería el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el objetivo de su cruzada parece ser que la vida para los migrantes en Estados Unidos sea cada vez más intolerable.
Ejemplos hay varios más. En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento del Tesoro exija a los bancos obtener más información sobre la condición migratoria de cualquier residente que intente abrir una cuenta, adquirir una tarjeta de crédito o comprar un automóvil a plazos. El objetivo es limitar los servicios financieros de los migrantes, incluido el envío de remesas a sus paisanos en sus países de origen.
“Mi administración no (…) permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, expuso Trump.
Lo mismo ocurre con las restricciones a servicios de salud. El gobierno federal ha exigido que le sean restituidos más de dos mil millones de dólares por parte de gobiernos estatales que utilizaron algo de esos recursos para otorgar atención médica a migrantes indocumentados, en apego a su legislación local.
Y así con los rubros de educación, vivienda, empleo… y todos los servicios básicos que la administración Trump está bloqueando para los migrantes, a fin de forzarlos a claudicar y abandonar el país, de una u otra manera.
¿Cómo impedir que la agenda antiinmigrante de Trump siga avanzando en perjuicio de millones que contribuyen al crecimiento de esa nación? La alternativa más viable son las elecciones intermedias de noviembre próximo. Si la respuesta del presidente al freno que la Suprema Corte pone a sus medidas es ordenar a sus congresistas que saquen adelante su táctica asfixiante por la vía legislativa, es ahí donde los votantes deben poner un dique.
El populismo de la derecha y el de la izquierda radicales en el mundo lo que busca es eliminar los contrapesos y concentrar el poder para imponer sus medidas y gobernar sin límites. Las urnas son la vía para marcarles el alto, y en Estados Unidos noviembre es la fecha clave. (Mario Carbonell, El Economista, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.
El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen —que no van más allá de las sanciones económicas—, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Es importante observar que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.
Ni la OFAC ni el FinCEN abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.
La presidenta se quejó de que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda —controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch— trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a un boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento de que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar a funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.
Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo con la manera en que funcionan la OFAC y el FinCEN, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.
Igualmente, en el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.
El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.
En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsable de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.
La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado. (Raymundo Riva Palacio, EL Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
El partido entre México y Ecuador en el Mundial comenzó como suelen empezar las grandes historias económicas: con dos selecciones que, más allá de la táctica y la presión del estadio, representan trayectorias nacionales distintas. En la cancha, México llegaba con un valor de mercado impulsado por figuras como Santiago Giménez y Edson Álvarez, cuyos fichajes en Europa reflejan una estructura de exportación de talento más consolidada. Ecuador exhibía joyas como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, jugadores cuyo ascenso meteórico simboliza un país que, pese a sus restricciones, ha aprendido a producir talento de élite con notable eficiencia. Ese contraste futbolístico es también un espejo económico.
México es un país de más de 130 millones de habitantes; Ecuador, con alrededor de 18 millones, opera en una escala distinta. La demografía mexicana genera un mercado interno amplio, capaz de sostener industrias diversas y atraer inversión extranjera con la promesa de consumidores numerosos. Ecuador, en cambio, depende más de nichos productivos y de la capacidad de insertarse estratégicamente en cadenas globales. La migración también marca diferencias: México vive el doble fenómeno de ser origen y destino, mientras Ecuador ha experimentado oleadas migratorias que han presionado su mercado laboral y sus sistemas sociales, pero también han dinamizado sectores productivos con nuevas habilidades y remesas.
En educación, México posee una infraestructura más extensa, aunque con brechas persistentes; Ecuador ha logrado avances notables en cobertura y calidad en las últimas décadas, pero enfrenta limitaciones presupuestales que restringen continuidad. En desarrollo económico, México se apoya en una economía diversificada, con manufactura, servicios y energía como pilares; Ecuador depende más de commodities, especialmente petróleo y plátano, lo que lo expone a ciclos internacionales más volátiles.
La moneda es otro punto de contraste: México opera con un peso flexible, sujeto a los vaivenes de los mercados financieros globales; Ecuador, dolarizado desde el año 2000, goza de estabilidad nominal pero sacrifica instrumentos de política monetaria. Esa diferencia se refleja en la inflación: México ha logrado mantenerla bajo control mediante una política monetaria activa, mientras Ecuador, al carecer de banco central con capacidad de emisión, depende de disciplina fiscal y de la dinámica del dólar. En la balanza de pagos, México se beneficia de exportaciones manufactureras y de remesas crecientes; Ecuador enfrenta mayor vulnerabilidad externa, aunque ha sabido aprovechar momentos de altos precios del petróleo para estabilizar cuentas.
El PIB per cápita mexicano supera al ecuatoriano, pero la brecha no es tan amplia como podría suponerse, y en algunos indicadores sociales Ecuador ha mostrado avances más rápidos. En comercio internacional, México es una potencia manufacturera integrada a Norteamérica; Ecuador, más pequeño, ha diversificado destinos y productos, pero sigue condicionado por su estructura primaria.
De esta comparación surgen aprendizajes mutuos. Ecuador podría mirar hacia México para comprender cómo la diversificación productiva reduce vulnerabilidad, cómo la integración comercial estratégica amplía oportunidades y cómo la formación de talento exportable —como en el fútbol— puede convertirse en política económica. México, por su parte, podría aprender de Ecuador la virtud de la estabilidad monetaria, la capacidad de ejecutar reformas profundas en momentos críticos y la importancia de construir cohesión social en torno a metas nacionales claras.
Al final usted ya conoce el marcador, pero el partido entre México y Ecuador no solo se juega en noventa minutos. Se juega en décadas de decisiones económicas, en la manera en que cada país forma a sus jóvenes, en cómo enfrenta la adversidad y en cómo convierte sus limitaciones en fortalezas. El futbol nos recuerda que la competencia no es guerra, sino oportunidad: dos naciones distintas que, al encontrarse en la cancha, muestran que el desarrollo también es un juego colectivo donde siempre se puede aprender del otro. (José Nery Pérez Trujillo, El economista, Empresas y Negocios, 20)
En la actualidad, en la que la migración es satanizada en todo el mundo y es utilizada principalmente con fines políticos y en numerosos discursos de odio, Julián Quiñones, un futbolista y, especialmente, un inmigrante, ha puesto la cereza que le faltaba al pastel de la Selección Mexicana, y ahora hace parte de la historia deportiva contada por el país azteca.
Este colombiano naturalizado en México ha podido demostrar de lo que está hecho en un país que históricamente ha reconocido el valor del talento, independientemente de que ese talento no haya visto la luz de la vida sobre su tierra. Decimos sabiamente que nuestra gente nace donde le da la gana. Y así ha sido por décadas. Este también es un país de migrantes, y eso lo ha hecho aún más rico y poderoso.
La historia de la migración en México es la historia de una nación que ha sido, al mismo tiempo, lugar de origen, tránsito y destino. Desde la Independencia llegaron a tierras aztecas comunidades de origen alemán, francés, italiano, español, libanés y chino. Durante la fuga de talento en el periodo entreguerras en Europa, el país fue capaz de leer su relevancia.
Muchos de esos exiliados fueron decisivos para la creación y el enriquecimiento de instituciones como El Colegio de México, la UNAM, el Politécnico y el Fondo de Cultura Económica, entre otros. El filósofo José Gaos, el cineasta Luis Buñuel, la pintora Remedios Varo o el historiador Wenceslao Roces dejaron una marca indeleble en la cultura, la filosofía, el cine y la academia en el país. El asilo político, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, es considerado uno de los ejemplos más exitosos de cómo una política de acogida de migrantes y refugiados puede convertirse en motor de desarrollo.
Los primeros seres humanos migraron de África hace decenas de miles de años y poblaron la Tierra. Más adelante, las formas de organización social, la agricultura, la metalurgia y las tecnologías llegaron a muchos rincones del mundo con la migración; ésta ha transformado economías, ha cubierto necesidades de mano de obra, ha abierto rutas comerciales y ha aumentado la productividad en los países de destino. Estados Unidos, que hoy rechaza la migración, en lugar de regularla estratégicamente, es un país construido por migrantes; todo él.
Los africanos fueron llevados encadenados y en carabelas hace más de 500 años, en uno de los episodios más siniestros de la humanidad: la esclavitud. Sin embargo, esa tragedia histórica es la que hoy enriquece la cultura y las tradiciones colombianas, y también la fuerza de su gente. Pero no todo el mundo es profeta en su tierra. Allí no lo vieron, por las razones que fueran, pero aquí en México sí que nos dimos cuenta del oro que jugaba a la pelota. Hay genialidad en saber reconocer que un país también se construye con los otros; en acoger la diferencia con sabiduría y darle aún más valor.
Hoy el oro dejó de ser promesa para convertirse en certeza, y es colombomexicano. Juega con la camiseta verde del país que quizás no pudo verlo nacer, pero que le abrió sus puertas y los brazos de par en par. Para este torneo la migración ha contribuido a la alegría mexicana de estar en octavos y, por qué no, cuartos de final de una Copa del Mundo, es resultado de saber reconocer el talento y acogerlo con amor. Y nadie mejor que los mexicanos para ello. (Claudia Echeverry, El Heraldo de México, Editorial, p. 15)
Despiden a trabajadores que apoyaban a grupos vulnerables
Vaya conmoción la que causó el despido de 43 trabajadores sociales adscritos al Instituto Federal de Defensoría Pública. En redes sociales se vio a trabajadores llorando por su despido después de muchos años de trabajo. El Instituto pertenece al Órgano de Administración Judicial, que encabeza Néstor Vargas. Nos comentan que el personal cesado desempeñaba funciones de asesoría jurídica, identificaba condiciones de vulnerabilidad y canalizaba a las personas en esta condición hacia programas y servicios públicos; su labor se dirigía a mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes, y personas en condición de pobreza. Al parecer, los grupos vulnerables, ahora serán aún más vulnerables. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Quien siga viendo al T-MEC únicamente como un tratado comercial está leyendo un mapa del siglo XX para entender una estrategia del siglo XXI. El tratado ya no es solamente una arquitectura para mover autos, aguacates, acero o autopartes entre México, Estados Unidos y Canadá. Es una pieza dentro de algo más grande: la construcción de la Gran Norteamérica.
Durante décadas, el libre comercio fue presentado como el destino natural del continente. La promesa era simple: abrir mercados, reducir barreras, integrar cadenas productivas y dejar que la eficiencia hiciera el resto. Pero esa era terminó. La globalización ya no organiza al mundo. La seguridad lo está reorganizando.
A ese proyecto podemos llamarlo la Gran Norteamérica: la estrategia mediante la cual Estados Unidos busca reorganizar el continente americano como un espacio de seguridad, producción e influencia frente a la competencia con China. Su núcleo es Norteamérica, pero su radio de acción se extiende gradualmente hacia el resto del hemisferio, desde Groenlandia hasta Ecuador.
Eso significa asegurar cadenas de suministro, proteger industrias críticas, garantizar el acceso a minerales estratégicos, fortalecer la seguridad fronteriza y consolidar una base industrial capaz de competir con China. En esa lógica, el T-MEC deja de ser el proyecto y se convierte en la herramienta.
Las propias exigencias de Washington lo demuestran. Ya no se discuten únicamente aranceles. Se discute el contenido regional de la producción, el control de las cadenas de suministro y cómo impedir que China utilice a México como plataforma para entrar al mercado estadounidense. El verdadero destinatario de esta revisión ya no son México ni Canadá. Es China.
Por eso las conversaciones alrededor del tratado cada vez hablan menos de aranceles y cada vez más de migración, fentanilo, inversión china, energía, semiconductores, inteligencia artificial o seguridad fronteriza. A simple vista parecen temas ajenos al comercio. En realidad, forman parte de una misma estrategia.
Durante los años de la globalización, los tratados comerciales buscaban integrar mercados. Hoy buscan integrar capacidades estratégicas. La lógica ya no es producir donde sea más barato. Es producir donde sea más seguro. La globalización convirtió al comercio en el motor de la geopolítica. Pero la nueva geopolítica ha convertido al comercio en un instrumento de seguridad.
El mundo pasó del offshoring al nearshoring. Del just in time al just in case. Del libre comercio a la competencia entre bloques regionales. Por eso la revisión del T-MEC no debería entenderse como una negociación comercial más. Es una ventana para observar cómo Estados Unidos está redefiniendo su relación con sus vecinos más importantes.
México enfrenta un desafío adicional. Washington exige una mayor alineación en temas que trascienden el comercio: China, seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, política energética y cadenas de suministro. Por eso el verdadero futuro del T-MEC no dependerá de si se firma o no una extensión de su vigencia. El tratado seguirá existiendo, con una prórroga o dentro del mecanismo de revisión previsto en su propio texto.
El T-MEC ya no administra únicamente el comercio. Administra el espacio geopolítico de América del Norte. Durante treinta años pensamos que el comercio construiría la integración del continente. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Es la geopolítica la que está redefiniendo el comercio. Porque el T-MEC ya no es el proyecto. El proyecto es la Gran Norteamérica.
El último en salir, apague la luz.
Es la geopolítica la que está redefiniendo el comercio. Porque el T-MEC ya no es el proyecto. El proyecto es la Gran Norteamérica.
El futuro del T-MEC no se decidirá por la firma de una prórroga de 16 años ni por una revisión técnica entre los tres gobiernos. Su futuro dependerá de algo mucho más profundo: si sigue siendo un tratado comercial o termina consolidándose como el principal instrumento geopolítico con el que Estados Unidos reorganiza su espacio geopolítico inmediato para competir en el nuevo orden mundial. Esa es la verdadera discusión que comenzó hace tiempo y que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa. (Stephanie Henaro, El sol de México, Análisis, p. 17)