En una tensa y desigual negociación con la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue forzado a endurecer su política migratoria en la frontera sur de México, desplegando a la Guardia Nacional para la detención de indocumentados y aceptando convertirse de facto en un “tercer país seguro” para recibir a quienes soliciten asilo humanitario en Estados Unidos.
Todo para evitar la arbitraria imposición de 5% de aranceles a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, una medida que fue criticada incluso por el Partido Republicano -el de Trump- y que según análisis económicos, de haberse llevado a cabo habría tenido un costo de hasta 41 mil 500 millones de dólares del PIB estadunidense.
Aunque el gobierno de México afirmó que la negociación giraría alrededor de la amenaza arancelaria, Trump demandó desde el principio de la crisis bilateral que el gobierno lopezobradorista redoblara sus esfuerzos para detener el flujo de la inmigración indocumentada procedente principalmente de Centroamérica. En respuesta, López Obrador hizo un llamado para no mezclar “lo migratorio con lo comercial” en esta disputa.
En los primeros días de negociación, fuentes de la agencia Reuter afirmaron que el gobierno de México había ofrecido de entrada el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Guatemala. El gobierno de AMLO intentó después enmarcar el acuerdo como un logro positivo para México. Ebrard se apresuró en dar un primer anuncio de la suspensión de la amenaza de los aranceles desde su cuenta de Twitter el viernes 7, agradeciendo a quienes contribuyeron en la negociación “dando cuenta de la grandeza de México”.
Según datos oficiales, la presidencia de AMLO deportó a más de 37 mil 450 migrantes centroamericanos en los primeros cinco meses de su gobierno. Solo entre marzo y abril, de acuerdo con una nota del New York Times, el gobierno mexicano repartió a 24 mil 100 migrantes, superando en hasta 67% las cifras de deportaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo.
Se ha dicho que la política exterior es como un tablero de ajedrez con varias dimensiones. La crisis bilateral actual presenta diversos escenarios: mediático, electoral, económico y comercial, migratorio y fronterizo. Y desde luego los egos de dos poderosos mandatarios, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este ensayo intenta resumir esa complejidad mediante cinco grandes nudos.
El presidente Donald Trump ya logró, y con creces, su objetivo inmediato al provocar una crisis bilateral con México: cambió radicalmente el ciclo noticioso en Estados Unidos.
Esta arrolladora victoria mediática debe ser tomada por los negociadores mexicanos como una ventaja. Las crisis que le han salido mejor a Trump son aquellas para las que él mismo provee la solución. En su primer año provocó una por la financiación de la OTAN. Se resolvió sin que ningún país miembro cambiara nada, pero todos le permitieron al mandatario que celebrara su gran victoria. Esa puede ser una salida para México. Siempre que AMLO pueda asumir un costo mediático de permitirle al estadunidense reclamar victoria.
Estados Unidos no puede sostener una guerra comercial con sus vecinos pues ya está en una con China. Tanto México como Canadá leyeron mal la decisión del 17 de mayo pasado de sacarlos de la lista de países con nuevos aranceles para acero y aluminio. Más aún, mayo parecía el mes de consolidación del TMEC.
La posición de AMLO -no pelearse a toda costa con Trump- es inmejorable. “Y con esta última amenaza de los aranceles, un capricho temporal, logró lo que quería y México no consiguió nada a cambio”.
AMLO es un político fajador, pero ha perfeccionado su estrategia de amor y paz, como bien demostró en la última campaña. Gracias a esto es una especie de guerrero de boligoma. Los golpes de Trump le rebotan. De pugilista rudo se ha venido convirtiendo, por necesidad, en técnico.
La demanda precisa y concreta de la Casa Blanca -detengan a los migrantes en tránsito- es un grave reto para AMLO, pues está cargada de racismo y xenofobia. Trascendió que Trump montó en cólera al ver el video de cómo mil 36 migrantes, la mayoría miembros de familias del Triángulo del Norte de Centroamérica, se introdujeron por un hoyo en el muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y se entregaron a las autoridades.
En sus primeros seis meses en la Presidencia, la propuesta de AMLO frente a los flujos de migración en tránsito ha sido contradictoria. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio un giro de 180 grados y pasó de halcón a paloma. El Instituto Nacional de Migración (INM) insistía en otorgar visas humanitarias a los transmigrantes. Esto pudo haber alentado los flujos, los cuales han crecido extraordinariamente en los últimos tres meses.
La ausencia de política migratoria está en el centro de la crisis bilateral. AMLO tiene razón cuando señala que los gobiernos anteriores dejaron pasar el tema. Pero ya tiene seis meses en la Presidencia y no se necesita tener un sofisticado esquema de espionaje para darse cuenta de que el emperador está sin ropa.
Desde hace prácticamente dos décadas, cuando sobrevinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Washington ha presionado a México para poner orden en la frontera sur y en el flujo de migrantes en tránsito. No se ha hecho. Más aún, al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se les recortó el presupuesto.
AMLO requiere hacer de la migración una prioridad de su sexenio. Ello va más allá de contestarle a Trump. Una política migratoria de flujos seguros, ordenados y legales es esencial para un México cada vez más global y en el centro del corredor de intensa migración Centroamérica-México-Estados Unidos.
En la carretera Metapa de Domínguez-Tapachula sólo quedan algunas carriolas vacías, chanclas tiradas y bolsas de plástico con ropa. Metros más adelante, unos 300 agentes de la Policía Federal (PF) del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Militar (PM) terminan de subir en autobuses a los migrantes centroamericanos que venían en caravana desde que entraron a México por Ciudad Hidalgo, la madrugada del miércoles 5.
Exhaustos, confusos y deshidratados por la larga caminata, y cercados por militares, policías y agentes migratorios, prácticamente todos los integrantes de la caravana se resignaron: poco a poco hombres y mujeres, con sus bebés empapados de sudor en los brazos, montaron en los camiones bajo la custodia de los uniformados.
El operativo del miércoles 5 desmanteló la octava caravana que las autoridades registraron en Chiapas desde octubre pasado, y la Guardia Nacional se estrenó como fuerza migratoria; o al menos esto informó el INM en un boletín que emitió horas después, aunque la realidad resultó confusa: los efectivos desplegados en Metapa vestían uniformes de la Semar y de la PM, pero no portaban ningún distintivo que mostrara su pertenencia al nuevo cuerpo de seguridad.
En su comunicado, el INM aseveró que los migrantes accedieron a trasladarse a la Estación Siglo XXI, y que sus agentes revisaron la condición migratoria de las personas de manera pacífica y cuidando su integridad. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, por su parte, aseveró que la detención se llevó a cabo bajo engaño y desgaste, lejos de mostrar interés por los derechos de las personas.
La situación de los migrantes indocumentados ya es precaria en este estado. Y el panorama se oscureció el viernes 7, cuando el gobierno mexicano se comprometió ante la administración de Donald Trump a incrementar significativamente sus esfuerzos para reducir la migración irregular, los cuales incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en el país, pero con prioridad en los 11 municipios fronterizos con Guatemala y Belice.
Chiapas es la principal entrada de México para cientos de miles de personas de Centroamérica, Haití, Cuba y otros países que persiguen el sueño americano. Con el inicio de la temporada de lluvias subieron las aguas cafés del río Suchiate, que marca la porosa frontera México-Guatemala. Ahí, entre el poblado chiapaneco de Suchiate y el municipio guatemalteco en Tecún Umán, se observa el vaivén incesante de las balsas que pasan a México con familias migrantes y vuelven al lado guatemalteco cargadas con papel de baño, café, pañuelos, refrescos y otros productos básicos contrabandeados.
En sus primeros seis meses y bajo la presión de Trump, el gobierno de AMLO desmanteló -a menudo con el uso de la fuerza- a todas las caravanas que pretendieron repetir la epopeya del llamado éxodo centroamericano, que partió de Honduras en octubre pasado y pudo atravesar México en pleno periodo de transición.
El gobierno mexicano también multiplicó los controles y la presencia militar en el sureste del país, para detener y deportar a los centroamericanos que viajan solos o con redes de tráfico; el INM incluso envió una notificación a los transportistas privados de la región, en la que amenazó con procesarlos en caso de que dejen subir a personas indocumentadas a sus vehículos.
En noviembre pasado Proceso entrevistó a Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, quien dio su palabra de que, una vez en funciones, permitiría a la prensa ingresar a los centros de detención migratoria. Este semanario solicitó un permiso para ingresar al centro de detención; le fue negado.
De igual manera el INM rechazó a este semanario una entrevista con Carmen Yadira de los Santos, su delegada en Chiapas. De acuerdo con el área de comunicación social, Guillén es el único personaje habilitado para ofrecer comentarios sobre la situación, pero éste no da entrevistas por el momento.
“Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgarse a todo”, explica María Carmen Flore cuando se le pregunta de dónde sacó el valor de arrojarse contra la barda fronteriza desde Tijuana para caer en territorio estadunidense. Lo hizo con su hijo de nueve años en brazos y otro, ya adolescente, de la mano.
Esa madre hondureña y sus dos vástagos ya se encuentran en Denver, Colorado, con un juicio en proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero, fecha a partir de la cual el presidente Donald Trump impuso el protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras se desahogan los juicios correspondientes, que pueden prolongarse varios años.
La mayoría de migrantes, 2 mil 159, se concentra en Tijuana; otros mil 54 están en Mexicali. Provienen sobre todo de Guatemala (mil 437), Honduras (mil 164) y El Salvador (524), según datos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el 12 de mayo pasado.
La mayoría de ellos (mil 851) vive en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas o activistas de derechos humanos.
Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, afirma que actualmente la migración tiene características inéditas.
Con más de 20 años como activista de organismos mexicanos -como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste- e internacionales defensores de los migrantes, agrega que ante éstos solían esconderse, mientras que hoy se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Emigrar se convirtió en un asunto de vida o muerte.
Al preguntarle a la abogada Soraya Vázquez cuántos migrantes “retornados” podrían conseguir asolo en un futuro cercano, no es optimista:
-El caso más cercano de éxito que conozco es el del hondureño que se entregó a la Migra (policía migratoria) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero, lleva dos audiencias en la Corte y en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo.
El proceso que enfrenta un solicitante de asilo exige infinita paciencia. Los migrantes elaboran listas de solicitantes en un cuaderno; cada quien recibe su nombre en un trozo de papel, como un boleto, con el número que le corresponde. El Grupo Beta, policía no armada que auxilia al INM, elabora esa lista en Mexicali; en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes.
El Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala- Honduras-México (PDI), la iniciativa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumió ante el mundo como uno de los ejes principales de su política migratoria, quedó marginado en el acuerdo al que llegó con la administración de Donald Trump el pasado viernes 7.
Tanto el presidente como su canciller Marcelo Ebrard Casaubón dieron una amplia proyección internacional al PDI. Ese documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal establece 30 recomendaciones para detonar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de México mediante planes de inversión masiva en proyectos, entre otras medidas para resolver las causas estructurales de la migración.
En el acuerdo, que se dio a conocer después de tres días de negociaciones en Washington, el gobierno mexicano se comprometió a incrementar significativamente sus esfuerzos para impedir el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos y aceptó ampliar el programa “Quédate en México”, todo ello a cambio de que Trump no impusiera un arancel inicial de 5% a los productos mexicanos importados a su país.
Respecto al PDI, en el acuerdo con México el gobierno Trump solamente refrendó una declaración del 18 de diciembre pasado, en la cual expresó su beneplácito ante la iniciativa.
El PDI fue el primer acto de política exterior de López Obrador: estableció sus bases el 1 de diciembre pasado, día de su toma de posesión, a través de un acuerdo que firmó con la Cepal y los jefes de Estado centroamericanos.
El mandatario mexicano invitó a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, para presentar el documento final durante su conferencia matutina del pasado 20 de mayo y, durante su viaje a Europa a finales de mayo pasado, Ebrard consiguió el respaldo de los gobiernos de Alemania y España.
Sin embargo, cuando Bárcena presentó el programa en México, la canciller guatemalteca Sandra Jovel aseveró que su país no aceptaría el plan, dado que no habían sido consultados por la Cepal durante su elaboración, recuerda el analista Édgar Celada Quezada, quien dirige el área de Justicia y Seguridad Ciudadana en el Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC) en la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con Celada Quezada, hay una contradicción muy grave de la política de Estados Unidos y de Trump en particular, porque para detener la migración están apoyando a gobiernos que están minados por la corrupción. Barack Obama apoyó a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Trump vio para otro lado cuando la desmantelaron e incluso revocaron su mandato.
En octubre pasado el vicepresidente estadunidense Mike Pence regañó abiertamente a los jefes de Estado durante la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica estos se comprometieron a frenar la salida de sus ciudadanos a cambio de que Washington les ayudara a obtener créditos internacionales.
El 28 de mayo el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAleenan, viajó a Guatemala e hizo firmar a su gobierno un acuerdo de capacitación y colaboración para luchar contra redes de tráfico de personas. Un día después las autoridades guatemaltecas desarticularon una red de polleros que cobraba hasta 12 mil dólares por adulto, informó la fiscalía del país centroamericano.
Ahora sí, como muchos temían y algunos presagiaban. México convirtiéndose en el patio trasero de Estados Unidos. El lugar donde se lavará la ropa sucia, se tenderán los trapos, se tirará la basura, se colocará un alambre de púas para defender el vecindario norteamericano de la amenaza centroamericana.
Donald Trump ya no tendrá que preocuparse por construir y financiar su muro; México se ha erigido en él. Seremos la barrera entre los inmigrantes y un presidente que los presenta como una amenaza de seguridad nacional.
Seremos los encargados de cazar, detener, deportar y frenar a todos los que transitan por aquí, en búsqueda de la seguridad y las oportunidades que no encuentran en su propio país. Haremos con los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos lo que Estados Unidos hace con nuestros migrantes: criminalizarlos y perseguirlos. Y al aceptar este nuevo trato, quizás salvemos el libre comercio pero a costa de la congruencia y la dignidad. Porque México ya está muy lejos de las posturas defendidas en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y asumidas en sus primeros meses de gobierno.
Todavía en diciembre el titular del Instituto Nacional de Migración hablaba de una política migratoria centrada en los derechos humanos y en el desarrollo.
Todavía entonces el presidente hablaba de ofrecer empleo y asilo y visas humanitarias a los miembros de las caravanas que transitaban hacia la frontera norte. Y como resultado, la inmigración a México aumentó, el número de centroamericanos transitando por el país o pidiendo asilo en él subió. La oferta mexicana disparó la demanda centroamericana y con resultados que acabaron siendo contraproducentes.
Porque el incremento de los flujos migratorios desatados por la nueva postura mexicana y la reacción estadunidense llevaron a un cambio significativo: en los últimos meses el gobierno mexicano comenzó a deportar más y a acoger menos.
Ante la oleada creciente de migrantes y el surgimiento de crisis humanitarias y de hacinamiento en la frontera, la opinión pública ya no se volcó a favor de los migrantes sino en contra de ellos. Estados Unidos continuó exigiendo y México continuó cediendo.
Para Ahmed Cauf Roble el rescate de los guardacostas libios fue su mayor derrota. Estábamos en el mar, casi a salvo, lejos de Libia y en dirección de Europa. Entonces llegó la Guardia Costera libia y nos capturó. Saltaron dentro, nos pegaron y nos llevaron de nuevo a Libia. Nadie pudo hacer nada, cuenta este joven estudiante etiope de 21 años.
Unos días antes Ahmed estaba en uno de los centros ilegales de detención libios, en Bani Walid, en el distrito de Misrata. Nos pegaban todos los días para que les pagáramos los 14 mil dólares que querían a cambio de nuestra libertad, la de mi mujer y la mía, relata y se ahorra detalles de cómo fueron esas interminables horas de torturas. Como no teníamos esa cantidad, nuestras familias tuvieron que esperar a poder juntar el dinero también de la gente de nuestra comunidad, cuenta.
En la desdicha de Ahmed, que comenzó en Etiopía tras la represión contra las protestas estudiantiles de 2016, se mezclan kilómetros de camino en el desierto, milicias descontroladas, tres cárceles de horrores, subastas de personas como si fueran ganado, las balas y las bombas de una guerra civil que repentinamente se volvió a encender y el sueño de alcanzar, junto a su esposa de 19 años, un destino seguro en Europa. Anhelo que aún no ha logrado.
Después de ser violada y sujeta a vejaciones de todo tipo en las prisiones ilegales de las milicias libias y tras un intento de cruzar el Mediterráneo -también repelido por los guardacostas libios el destino de Jamila se entrelazó con el de Ahmed l y ella, y sus respectivas parejas, acabaron en un centro de identificación oficial en Libia y allí se cruzaron con los operadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Ellos fueron quienes, al oír sus historias, los incluyeron en el Emergency Evacuation Transit Mechanism (ETM) un programa de evacuación cofinanciado por la Unión Europea y en el que también colaboran la Organización Internacional de Migraciones y organizaciones humanitarias locales.