Está claro: lo que elementos de la Policía Federal protagonizan desde el miércoles pasado no es un movimiento gremial de inconformidad por injusticias laborales imaginarias, sino una insubordinación con tufo a motín golpista como el tejerazo español de 1981 o la rebelión policial que tuvo lugar en 2010 en contra del entonces presidente Rafael Correa. La insólita petición de los uniformados rebeldes de que Felipe Calderón sea su “representante sindical” exhibe más allá de toda duda los intereses a los que respon-den los efectivos de ese cuerpo armado que de pronto llamaron a un paro nacional y salieron a las calles a montar una emulación grotesca de esos movimientos sociales en cuya represión ellos fueron instrumento principal.
El ensayo ha intentado ser, en primer lugar, una demostración de fuerza delictiva y un chantaje. Lo dijo el miércoles mismo el “acompañante” de los amotinados, un supuesto activista de derechos humanos de nombre Ignacio Benavente Torres que estuvo preso por secuestrador: al gobierno no le conviene dejar sin trabajo a todos estos elementos que fueron entrenados para matar porque si lo hace los obligará a pasarse al bando de los criminales.
Lo cierto es que nadie en el gobierno habló de mandar al desempleo a los policías federales que no quisieran sumarse a la Guardia Nacional o que no pudieran hacerlo por no reunir las condiciones físicas y psicológicas para ello: se les ofreció, en cambio, sumarse a las tareas del Instituto Nacional de Migración o a Aduanas, en donde no se requiere de destrezas y aptitudes que son obligatorias para los efectivos de la nueva corporación policial del Estado mexicano.
(Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p.17)
La rebelión de los miembros de la Policía Federal le echó a perder la fiesta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quienes apenas el domingo pasado calificaban de un hecho histórico el abanderamiento de la Guardia Nacional y presumían que marcará el inicio del fin de la violencia en nuestro país; prometían también mejores salarios y prestaciones para todos sus integrantes, entre ellos, los miembros de la Policía Federal que pasaron a formar parte de la nueva institución para combatir la delincuencia organizada y desorganizada.
¿Quién miente? El gobierno o los federales fifís, como los calificó el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, nada más porque se quejaron de que los quieren tratar como animales. (Luis Soto, El Heraldo de México, Opinión, p.11)
Después de que en la sede del Centro de Mando de la PF, el comisario de la División de Fuerzas Federales advirtió a los inconformes que la incorporación obligatoria de sus elementos a la Guardia Nacional “es una orden del Ejecutivo federal”, en el mismo lugar, durante la negociación con ellos, ayer, les dijo que “a nadie, por ningún concepto, se le obligará a incorporarse a la Guardia Nacional si no es su deseo”.
Tan no lo es que ése fue, precisamente, junto con las violaciones laborales y a sus derechos humanos, uno de los motivos principales de la rebelión policiaca, que continuó ayer entre reclamos y quejas de los policías federales “fifís”, así llamados despectivamente por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien parece seguir yéndose “por la libre” y decir y hacer lo que le plazca.
Este funcionario se rehusó después a acudir a la comparecencia a la que fue citado por los diputados que integran las Comisiones de las Fronteras sur y norte del país, con la justificación presidencial de que “está ocupadísimo” en el desempeño de su cargo. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, Opinión, p.6)
A la mesa de diálogo propuesta por el gobierno de la República acudieron mandos policiacos con asesores. Uno, en materia laboral, es el abogado Iván Chávez Espejel, presidente de la agrupación Ciudadanos Uniformados. El otro, también abogado, es el activista Ignacio Benavente Torres, dirigente de la ONG Pro Libertad y Derechos Humanos en América.
Para ser espontáneo, el movimiento de protesta contó rápidamente con una asesoría pendenciera. Los asesores de los policías federales cuentan con amplia experiencia en el ramo. Apenas hace ocho meses, Chávez Espejel encabezó las protestas de medio centenar de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) que habían sido encuartelados, para ser reubicados.
Por esas fechas, Benavente Torres aparecía en Veracruz, como gestor de las caravanas de migrantes centroamericanos en ruta hacia la frontera norte. Con una década de trabajo en Tijuana, el presidente de Pro Libertad había trazado una red de contactos con las autoridades panistas en aquella ciudad fronteriza, particularmente con funcionarios locales vinculados al finado secretario de Gobernación calderonista, José Francisco Blake Mora. (Alberto Aguirre, El Economista, Opinión, p.42)
Las protestas de integrantes de la Policía Federal cumplen hoy su tercer día. No hay aún viso alguno de solución ni mucha voluntad de las partes por llegar a un acuerdo. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asunto “ni le preocupa ni le ocupa”. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el movimiento no tenía razón de ser y sugirió que el movimiento pudiera ser controlado por intereses ajenos a la corporación.
Por su parte, los policías federales que mantienen tomado el Centro de Mando (Contel) en Iztalapapa tronaron contra sus propios representantes y rechazaron el ofrecimiento de las autoridades de irse a otras instituciones (Comar, INM, SPF, etc.). (Alejandro Hope, El Universal, Opinión, p.9)
El gobierno mexicano ha deportado a 33 por ciento más centroamericanos en junio que en mayo, que había sido el mes con mayores deportaciones en la historia, y como consecuencia, el número de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México también bajó en un 32 por ciento, según cifras preliminares. Echar mano de todos los recursos existentes —Guardia Nacional, Policía Federal y algunos elementos de la Marina y el Ejército, en apoyo del Instituto Nacional de Migración— logró el propósito buscado, de empezar a detener a un flujo inusitado de migrantes irregulares de Centroamérica y evitar mayor conflicto con el gobierno de Trump en este tema.
No es claro aún si estas cifras son suficientes para evitar nuevas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre un acuerdo de tercer país seguro, que haría a México responsable de procesar las aplicaciones de asilo de todos los migrantes centroamericanos y de otros países quienes quieren llegar a Estados Unidos, pero es posible que se postergue ese debate un poco por el éxito alcanzado. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.13)
Con elementos policiacos inconformes es complicado que las estrategias de seguridad en cualquier ciudad o país tengan éxito.
La protesta que iniciaron el miércoles integrantes de la Policía Federal fue solo el pico de un tortuoso camino en la creación de la Guardia Nacional. Mucho antes de lo acontecido esta semana se dio una enorme presión de organizaciones civiles para que el Congreso eliminara de la propuesta inicial el carácter militar de la Guardia Nacional. Un acuerdo legislativo dio un traje civil a la Guardia Nacional, aunque su perfil sea eminentemente militar.
A ello se añadieron declaraciones frecuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal es una corporación “muy echada a perder”.
Más recientemente, los policías federales hicieron reclamos por las condiciones en que desempeñaban su labor: dormían hacinados, sobre cartones o colchonetas, y las instalaciones sanitarias eran deplorables. Quienes fueron asignados a reforzar al Instituto Nacional de Migración recibieron uniformes que no correspondían a sus tallas. Por reclamar ese tipo de inconvenientes solo se escuchó una reprimenda de sus superiores. (El Universal, Editorial, p.12)
¿Cómo fue que en México pasamos de ser hospitalarios con la primera caravana migrante centroamericana —en octubre de 2018— a xenofóbicos con las ocurridas después? En un primer momento les recibimos y les dimos acogida.
El 18 de enero de 2019, México anuncia una nueva política migratoria, con base en los derechos humanos y con una orientación humanitaria. A los presidentes de Guatemala y de Honduras no les gustó nada la idea. Al primero, porque a algunos sectores de la extrema derecha guatemalteca cualquier cosa que venga de México les despierta suspicacia. Al segundo, porque el anuncio mexicano de emisión de tarjetas de visita, de permitir el tránsito ordenado hacia EU e incluso otorgar permisos de trabajo, llevó a algún funcionario hondureño a exclamar: ‘Se nos va a vaciar el país’.
Sin embargo, cuando Trump empezó a apretar al nuevo gobierno mexicano, se produjo un vuelco. Desde entonces, las personas migrantes y refugiadas, no solo quienes integraron las caravanas, han sido objeto de diversas manifestaciones de xenofobia mexicana, que se han incrementado, y que han llevado a la negación de derechos, estigmatización, criminalización, persecución e incluso agresión. (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p.12)