La Policía Federal (PF) es la corporación de seguridad pública que más recomendaciones por violaciones a garantías ha recibido por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en años recientes.
De 2014 a la fecha suma 30 recomendaciones por agresiones como tortura, desaparición forzada, agresión sexual, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. En ese periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene 15 y la Secretaría de Marina 19.
De 2002 a la actualidad la PF ha recibido 80 recomendaciones de la CNDH, la mayoría fueron aceptadas, aunque con cumplimiento parcial; otras más totalmente, cinco con un proceso insatisfactorio y cuatro han sido rechazadas.
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.l5)
La empresa con la que la Policía Federal contrató en 2015 un sistema de explotación de la información de inteligencia se llama RAFAEL Advanced Defense Systems y es una de las tres grandes firmas del gobierno de Israel dedicadas a la defensa militar.
Tiene una oficina en México llamada Rafael Sistemas de Seguridad (Rafsec), la cual es una compañía subsidiaria que se dedica al mantenimiento, administración, capacitaciones y atención al cliente en territorio mexicano de todos los sistemas desarrollados por la matriz. RAFAEL fue fundada en 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Corporación de Ciencia Militar de las Fuerzas Israelíes de Defensa.
Se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y suministro de sistemas de defensa y seguridad y ciberseguridad de alta tecnología en aire, tierra, mar y espacio exterior. En 1958 fue nombrada como la Autoridad de Desarrollo de Armamento del gobierno israelí y ha desarrollado misiles, cohetes espaciales, tanques de guerra.
(Rafael Montes, Milenio, Política, p.8)
El asesor jurídico de policías federales que protestan en Ciudad de México, Ignacio Benavente Torres, El Cine o El Torres, tiene un largo historial delictivo en varias entidades del país y en una ocasión intentaron lincharlo. También es presidente de la Asociación Civil Pro Libertad y Derechos Humanos en América, cuya sede se encuentra en Tijuana, Baja California.
La Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad cuenta con un expediente en el que se detalla que la procuraduría estatal lo investiga por despojo y robo calificado a casa-habitación.
También por lesiones culposas, daño en propiedad ajena y omisión de auxilio a persona atropellada.
En 2014, se fugó tras arrollar a una mujer en Tijuana y al evadir su responsabilidad se justificó como presidente de la Asociación Pro Libertad. Testigos trataron de lincharlo. En Tijuana cuenta con oficinas y un presunto hotel ubicados en la colonia Libertad al que denomina oficina de acopio de víveres.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reveló que Benavente Torres fue sentenciado por el delito de secuestro, condena que purgó en una prisión federal en Tamaulipas. Además cuenta con siete investigaciones abiertas en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas.
(Said Betanzos, Milenio, Política, p.10)
Además de la presunta adquisición a sobreprecio de un equipo de análisis de información, denunciada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la Policía Federal (PF) ha recibido diversos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo por deficiencias en el ejercicio de sus recursos para hospedaje, alimentación y transporte.
Como dio a conocer Durazo este jueves, la ASF ya abrió una serie de estudios para revisar el cierre de la PF en la Cuenta Pública de 2018, en particular lo referente a la compra de un sistema de inteligencia conocido con el nombre de Rafael, encargado del análisis, diseño e implementación de información de inteligencia, por el cual se pagaron 2 mil 458 millones de pesos.
(Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.6)
Multas por 85.5 millones de pesos propuso la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para candidatos y partidos políticos que cometieron diversas irregularidades en los gastos e ingresos registrados durante las campañas electorales de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.
El partido que será más sancionado, si lo aprueba el Consejo General del INE en su sesión del próximo lunes, es Morena con 20.3 millones de pesos. Le sigue PRI con 12.6; PAN con 10.6 y PRD con 10.5 millones. PVEM tendría una penalización por 7.3 millones; MC, 5.1, y PT, 4.5 millones de pesos.
(Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.12)
La Secretaría de Gobernación (SG) prepara un proyecto de amnistía que incluirá la liberación de adolescentes acusados de delitos no graves.
Olga Sánchez Cordero, titular de la SG, señaló que en las anteriores administraciones no se atendió a los menores que eran utilizados por el crimen organizado como halcones o sicarios. Es terrible: el bono demográfico literalmente fue tirado a la basura, aseguró en el foro Justicia penal para adolescentes en México: a tres años de la entrada en vigor de la ley nacional.
Advirtió que hay niños y adolescentes que al resistirse a ser reclutados por la delincuencia son asesinados. Como lo escuché en alguna ocasión y se me quedó grabado, tenemos jóvenes desechables por el crimen, y esto no podemos permitirlo. Es una deuda histórica con los jóvenes, expresó.