Entre grupos ambientalistas y abogados especializados crece una corriente de sospechosismo alrededor del proyecto de la Refinería de Dos Bocas.
Y es que no les ha gustado nada la cercanía que notan entre la encargada de ese proyecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Luis Vera.
Al menos en el papel, esa agencia creada tras la reforma energética impulsada por la anterior administración debe garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente en todos los proyectos del sector hidrocarburos.
Y lo que perciben quienes saben de temas ambientales es que Vera actúa con Nahle como en aquella canción de Pablo Milanés cuya letra reza: “A todo dices que sí, a nada dices que no”.
¿A poco el titular de ese organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente le está haciendo el trabajo fácil a la titular de Energía en lugar de revisar rigurosamente su proyecto? Es pregunta refinada. (F. Bartolomé, Reforma, p. 10)
La cannabis avanzará en el Congreso.- Llegó la hora de doña Olga Sánchez Cordero, quien de manera simultánea es ministra en retiro, senadora (con licencia) y secretaria de Gobernación, para ver culminar su proyecto de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, con un sentido, ha dicho ella, de justicia social. Nos confirman que esta cuestión —a la que se sumará el estudio en comisiones de diversas iniciativas de reforma sobre la marihuana— será prioridad en la Cámara Alta en los primeros días de septiembre. Su propuesta lleva la firma también del coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien suele agilizar mucho las cosas en el Senado. (Bajo Reserva, El Universal, p.2)
Que en su visita al hospital de Santa Catarina en Axtla, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la corrupción en sexenios anteriores y hasta dijo que algunos políticos utilizaron recursos del Seguro Popular para hacerse cirugías plásticas. No hubo nombres, pero tampoco pasó por alto para los presentes que en 2016 ese inmueble fue inaugurado por Enrique Peña Nieto, aunque un día antes el propio titular del Ejecutivo señaló que no existen ni investigaciones contra el mexiquense por corrupción, ni en casos tan emblemáticos como Odebrecht ni en ningún otro. (Trascendió, Milenio Diario, p. 2)
Prioridades.- La situación va bien en Quintana Roo. Las decisiones del gobernador Carlos Joaquín González son correctas. Por ejemplo, la ayuda que llegó de la Marina Armada de México permitió limpiar 40 mil toneladas de sargazo en las playas, máxima entrada de recursos, con lo que se va solventando el problema y se reactivará el turismo. Además, el incendio “Muyil”, que se registra en la reserva de Sian Ka’an, está controlado en un 75% y fue sofocado en 50%, informó el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales. El mandatario inició además un programa social para disminuir la desigualdad y que todos los quintanarroenses tengan las mismas oportunidades. El Caribe mexicano en su mejor momento, no hay duda. (Frentes Políticos, Excélsior, p. 9)
“¿Me voy a encabronar al leerlo?”, preguntó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con tono seco y la mirada fija en la carpeta que le acercaba Tomás Zerón de Lucio, uno de sus hombres de confianza para temas de seguridad.
“Es sobre el programa Pegasus, el uso que se le dio y quién es el responsable”, le había confiado poco antes quien entonces se desempeñaba como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y había sido, hasta septiembre de 2016, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
“No quiero leerlo, entrégalo a la Procuraduría”, repuso Peña Nieto.
Hasta donde se conoce, ese fue el momento más cercano a que Peña Nieto se enterara de conductas ilegales en el uso del programa de espionaje móvil más eficaz de su época, creado en 2016 por la compañía israelí NSO Group Technologies, mismo que comprara una docena de países, entre ellos México. (Roberto Rock L., El Universal, p.15)
Una de las preguntas que con más frecuencia se hace la sociedad es la relativa al destino de la inmensa riqueza que se llega a incautar a quienes han procedido de manera ilegítima para obtenerlos. Objetos que en muchas de las ocasiones hablan de un lujo exagerado, ostentoso y no pocas veces cargado de mal gusto, pero que sin duda tienen un alto valor por el material con los que están hechos o por el trabajo con el que fueron confeccionados. El catálogo de artículos decomisados van desde los pequeños como joyas, hasta los de tamaño considerable como aeronaves y embarcaciones, sin contar inmuebles y terrenos de diversa extensión.
Lo que no se sabe es que poner a la venta un objeto decomisado a un integrante del crimen organizado requiere hasta diez años de espera, ya que primero debe concluirse la investigación que el Estado realiza a quien fue detenido por un ilícito, sin importar si el inculpado vive o murió al momento de que la justicia procedió a su captura. La acumulación de los casos que procesa la Fiscalía General de la República (FGR) deriva en una obvia lentitud en la ejecución de las investigaciones necesarias para poder cerrar una carpeta, lo que por ende retrasa la entrega de bienes incautados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es el siguiente paso en el mecanismo que se sigue para poder poner a la venta los objetos decomisados y así recaudar dinero que el gobierno federal pueda integrar a su presupuesto para obras, servicios y programas. (Editorial, El Universal, p.12)
En una gran cantidad de foros, mesas de debate, coloquios y otras modalidades de intercambio de opinión, he constatado, la percepción de que México en su lucha contra la criminalidad -común u organizada, recibe directrices, imposiciones, condicionamientos y estímulos de parte de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. Por supuesto que hay de parte de las estructuras gubernamentales de ese país, una evidente actitud de intromisión (lo cual no es una novedad o una sorpresa). En cambio, lo que sí es de llamar la atención, es la ausencia en los análisis desde México, a la condición inevitable que genera la geografía, en cuanto a dificultades compartidas y un destino convergente entre ambas naciones.
La actividad del crimen organizado, implica una serie de delitos adyacentes no menos peligrosos, lucrativos y destructivos. Desde el tráfico de armas, pasando por el blanqueo de dinero, así como el tráfico de personas, todo esto es posible por las inevitables colindancias terrestre, marítima y aérea. A lo que debemos sumar culturales, turísticos e incluso, gastronómicos (el tradicional guacamole el día del Súper Bowl). De allí debe partirse para contar con una plataforma de análisis que supere en lo posible, las apreciaciones subjetivas o prejuiciadas de ambos lados de la frontera. (Javier Oliva Posada, El Sol de México, p. Nacional 17)