Ayer compareció ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos el ex fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la intromisión rusa en las elecciones estadunidenses y la presunta complicidad con Donald Trump.
El resultado será un escándalo político, pero no logrará hacer el caso, como algunos demócratas querrían, para hacer juicio político y remover a Trump de la Presidencia.
Todo indica que por ahí no será que Trump abandone la Casa Blanca. Su destino se decidirá en las urnas en 2020. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
QUE MILENIO pudo confirmar que Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, es uno de los involucrados en las seis denuncias penales que presentó la CNDH ante la Fiscalía General de la República contra 235 ex funcionarios federales y estatales por el caso Ayotzinapa.
Aunque el organismo no dio a conocer la identidad de los señalados, se perfila que también figuren Salvador Cano Muñoz, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, y Abraham Eslava Arvizu, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Seido.
Quien se retiró molesto fue Mario Delgado, quien dejó a la panista Kenia López con la palabra en la boca.
QUE en Bucareli dicen que la secretaria Olga Sánchez Cordero, comprometida 100 por ciento con la cuarta transformación, no piensa dejar Gobernación ni en septiembre ni en diciembre, pues los planes con el proyecto del Presidente van mucho más allá, pese al fuego amigo que la pone un día y otro fuera del gabinete. (Milenio, Opinión, p.2)
No soy constitucionalista, pero tengo la impresión de que en el escándalo de Baja California, cuyo Congreso amplió tres años el tiempo del gobierno electo, estamos acudiendo a un diferendo constitucional de soberanías políticas, un diferendo inédito en nuestro federalismo reciente.
El diferendo, según yo, consiste en que la soberanía estatal, encarnada en el Congreso local de Baja California, está desafiando a la soberanía federal, encarnada en un artículo transitorio constitucional según el cual el periodo de gobierno a disputarse en la elección pasada de Baja California sería de solo dos años.
Los diputados de Baja California, en ejercicio de su soberanía y en su calidad de constituyente permanente, como cualquier soberanía legislativa, decidió ampliar el plazo del gobierno electo a cinco años desafiando el precepto federal de la Constitución federal que lo había fijado, repito, en dos. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Falta poco más de un año para la elección presidencial de 2020, pero el ambiente político en Estados Unidos es de campaña. Una larga lista de aspirantes demócratas trabaja para obtener la nominación de su partido en los debates, foros comunitarios y las escalas electorales obligadas por estados como Iowa y New Hampshire, mientras el comité para la reelección de Donald Trump ya opera en todos sus cilindros.
En este intento para permanecer cuatro años más en el poder, Trump contará con más recursos y con mejores probabilidades que en 2016. Menos de 24 horas después de haber lanzado formalmente su proyecto de reelección, la campaña Trump recaudó casi 25 millones de dólares en fondos de batalla y, aunque su aprobación a escala nacional es históricamente baja, el apoyo de sus seguidores en los estados clave en el mapa electoral lo colocan como favorito en la contienda. Existe la posibilidad de que Trump pierda nuevamente el voto popular, incluso con un margen mayor al registrado hace cuatro años, pero la geografía política lo mantiene al frente en el Colegio Electoral. (Enrique Acevedo, Milenio, Opinión, p.3)
Cargado de adrenalina pero sin histeria, el reportero de MILENIO televisión César Velázquez realizó ayer en vivo una envidiable cobertura periodística de otra jornada de protesta de policías federales ofendidos, maltratados y desairados por el gobierno federal.
En condiciones explicablemente caóticas durante las horas que transcurrieron entre el arribo y el acceso a la Secretaría de Gobernación de un grupo nutrido de inconformes que pretendía ser atendido por la titular Olga Sánchez Cordero, que se retiró luego de entregar un documento que, como los anteriores confiados a otras autoridades quizá esta vez tenga respuesta, el periodista (vial, les decimos a quienes llegan en motocicleta al lugar de la noticia) mantuvo en todo momento la serenidad y nunca titubeó ante los gritos, empellones, confusiones, interrupciones y malos entendidos que suelen darse en ese tipo de acontecimientos para, con clara dicción, hacer las preguntas adecuadas y las descripciones precisas para informar a la audiencia.
Por César al aire me enteré de que, con pancartas en mano y coreando consigas, más de medio centenar de federales desatendidos arribó al edificio de Bucareli para ver si allí resuelven lo que la Secretaría federal de Seguridad, de la que dependen, no ha podido solucionar desde que comenzaron a conocerse las deficiencias y humillaciones de que han sido sujetos a partir de la perversa premisa de que su prestigiada institución era una porquería. (Carlos Marín, Milenio, P.p.)
Sin inteligencia, investigación e información no sólo es imposible desmantelar grupos del crimen organizado y detener a sus líderes, sino también armar expedientes contundentes con pruebas, para dictar sentencias.
Esa información se obtiene, en muchas ocasiones, por medio de testigos protegidos.
La manera más eficaz que han utilizado las Fiscalías de Estados Unidos para armar los expedientes ha sido con información por medio del programa de testigos protegidos. A partir de esas declaraciones se han realizado investigaciones importantes que han llevado a la captura y, posteriormente, a la sentencia de los personajes más buscados.
Aquí, en México, hemos visto
reiteradamente que la mayor parte de los casos se hace con acusaciones muy fuertes, que luego no se pueden sustentar. Por ejemplo, muchos de los asuntos de lavado de dinero. Esas acusaciones se pueden sustentar con información de testigos protegidos y de ahí iniciar una investigación sólida. (Bibiana Belsasso, La Razón, Opinión, p.14)
La gran pregunta, luego de conformarse la noticia, es si el helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública y ex procurador de Michoacán, Martín Godoy Castro, se cayó por causas meteorológicas o fue derribado.
Según el gobernador, Silvano Aureoles, pudieron ser las condiciones del clima las que provocaron la caída de la aeronave.
Pero la verdad no se conocerá en unas semanas, si no hay atrasos injustificables en la investigación como en el caso del helicopterazo de Puebla, en donde murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador y ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El asunto de Michoacán tiene implicaciones muy importantes.
Primero, porque si se trató de un accidente, habría que verificar si fue el clima o alguna falla mecánica que pudo prevenirse. (Adrián Trejo, 24 Horas, Opinión, p. 3)
Salida de Sánchez Cordero, una fake news
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que parar en seco a quienes promueven la falsa versión de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, saldrá de la Segob. “Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya”, afirmó AMLO ayer por la mañana durante la conferencia de prensa. De esta manera el mandatario atajó las versiones sobre una renuncia de doña Olga y aprovechó para darle un apapacho pues, dijo, está muy contento con su trabajo y desempeño, además de considerarla una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Nos comentan que el Presidente atribuyó los rumores sobre la supuesta salida de Sánchez Cordero a que sus adversarios están desconcertados y molestos. El espaldarazo presidencial se suma a los que ha recibido por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres. Así, que queda desmentida, a nivel presidencial, la fake news de la salida de la secretaria de Gobernación. (El Universal, Opinión, p.2)
Será poco más o poco menos de un año cuando Francisco Garfias publicaba una declaración, casi al oído, que el ex Presidente Peña Nieto le reveló: “Ningún chile les embona”… Y vinieron sendas críticas, una cascada de improperios, y con razón, a la intolerancia de Peña Nieto a los señalamientos y a la opinión pública que ya lo medía como uno de los peores mandatarios de la historia contemporánea.
Hace unos días, el Presidente López hizo algo mucho peor: demandó a los periodistas que aspiren a ser “los buenos periodistas de la historia”, repetir los cánones del periodismo militante del siglo XIX.
Francamente, creo que el Presidente ha perdido la razón.
Su visión maniquea conduce al país a una división que trasciende su propio tiempo de vida, las referencias que datan más de un siglo deben de analizarse en el mejor contexto, con todos los grises, con todos los bemoles, jamás apelando al maniqueísmo ni, mucho menos, a la demagogia. (Luis Cárdenas, El Universal, Opinión, p.2)
En la Universidad Nacional hay en estos momentos un poder formal y un poder real. En la ruta por definir la próxima sucesión en la rectoría universitaria, el poder formal, en manos del rector Enrique Graue, está supeditado en los hechos al poder real, que detenta el ex rector José Narro, quien opera para tener un control de las distintas opciones de personajes y grupos que empiezan a moverse con miras a la elección de un nuevo rector en noviembre próximo.
Tras su efímero intento de buscar la dirigencia nacional del PRI, el ex rector se refugió en la UNAM con miras a apoyar la reelección de su sucesor Enrique Graue, y enfrentar un posible embate de Morena y de la Cuarta Transformación para hacerse del control de la rectoría universitaria. Graue le ha permitido seguir moviendo los hilos y el ex rector priista sigue controlando los destinos de la institución: desde la burocracia de alto nivel hasta la grilla de alcantarilla, por lo que si el rector se reelige con su apoyo, el margen y la influencia de Narro Robles crecerá aún más.
Pero la posibilidad de la reelección se empieza a complicar por la falta de resultados del médico Graue que, entre otras cosas, prometió al llegar a Rectoría la recuperación del Auditorio Justo Sierra de Filosofía y Letras. Hoy el espacio sigue en manos de una pandilla de delincuentes que comercian ilegalmente todo lo que pueden y cobran derecho de piso a los ambulantes. Durante su gestión ha habido un sinnúmero de crisis de seguridad, asesinatos no aclarados, disparos, venta de droga, inseguridad y violencia en las instalaciones universitarias, mientras los conflictos estudiantiles no han dejado de ocurrir. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.10)
Es una estupenda noticia que nuestro país decida ocupar de nuevo un asiento en el Consejo de Seguridad. Una vez obtenido el endoso del Grupo Latinoamericano y del Caribe no hay la menor duda de que México participará en el órgano más relevante del sistema de las Naciones Unidas. Es un mérito muy importante del Dr. Juan Ramón de la Fuente, nuestro Representante Permanente, que esta decisión haya prosperado y que ahora sea avalada por el pleno del Senado.
En México siempre ha generado polémica la pertinencia de ocupar o no un asiento del Consejo de Seguridad. Durante la Guerra Fría predominó la corriente diplomática de abstenernos de participar en el CSONU, pues lo único que podía pasar es que votáramos con Estados Unidos y contra la Unión Soviética, lo cual era malo, o que votáramos contra la postura de nuestro vecino, que era peor. Prevalecía una posición maniquea que, de haberla asumido el resto de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad habría desaparecido por falta de voluntarios a contribuir a la toma de las grandes decisiones internacionales. (Enrique Berruga Filloy, El Universal, Opinión, p.13)
La historia del narcotráfico en nuestro país muestra con precisión los cambios que este fenómeno ha tenido a lo largo de su existencia. Uno de los más importantes, sin duda, es la modificación de un país de tránsito a un lugar de consumo. Hay cierta coincidencia con los historiadores y analistas que este cambio se produjo por un elemento externo que vino a transformar varios aspectos de la forma en que se ingresa y viaja hacia Estados Unidos. El atentado de Al-Qaeda, el 11 de septiembre de 2001, trajo severos cambios en la política migratoria de Estados Unidos, uno de ellos fue el cierre de fronteras, que dificultó enormemente la entrada de drogas hacia el país norteño.
Si las drogas ya no podían ingresar con la misma facilidad a Estados Unidos, los cárteles buscaron otros mercados y uno de los que descubrieron o empezaron a trabajar con mayor ahínco fue el mexicano. Una parte cada vez más grande de droga se empezó a comerciar en el territorio nacional. A partir de ese momento, se inició una lucha cruel y cada día más sangrienta, que no conocíamos ni sabíamos el alcance que iba a tener. Las disputas ya no estaban solamente en las fronteras ni en los territorios donde se cultivaba o producía la droga. El campo de batalla se extendió a las grandes ciudades y a los centros turísticos más importantes. Pero también a municipios de desarrollo medio, prácticamente a todo el territorio nacional. (Francisco Javier Martínez Galván, Excélsior, Opinión, p.7)
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México interpuso el lunes denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía para Servidores Públicos local contra quien resulte responsable por el maquillaje de cifras sobre índices delictivos durante la anterior administración capitalina.
Cabe recordar que la titular de la PGJ, Ernestina Godoy, ya había dado a conocer en febrero la existencia de un tope artificial en los delitos de alto impacto reportados, así como una clasificación inadecuada de hasta 68 por ciento de las carpetas de los mismos, ambas medidas con el propósito de mostrar que la incidencia estaba controlada. En días recientes, Claudia Sheinbaum Pardo se ha hecho eco de estas acusaciones, al señalar la especial gravedad de que la mala clasificación de los expedientes se presentara en crímenes como violación, homicidios dolosos en general y feminicidios en particular, que al registrarse como denuncias de hechos no sólo daban una idea falseada de la situación de la seguridad pública, sino que dejaban a las víctimas en un limbo jurídico. (La Jornada, Editorial, p.2)
Bonilla tonifica a antiobradoristas // Bandera política entregada // Se vertebra la Contra4T // Estancamiento, bajo crecimiento
El tema de Baja California está proveyendo de material político y propagandístico a una oposición al obradorismo que, hasta ahora, ha fracasado en sus diversos intentos de asir una bandera política redituable. Las marrullerías realizadas por Jaime Bonilla Valdez y su equipo (en el que destaca Amador Rodríguez Lozano, a quien se apunta como probable secretario de Gobierno) han permitido a esos adversarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) sembrar y alimentar especulaciones respecto a eventuales intenciones del obradorismo-morenismo en sostenerse en el poder más allá de los términos constitucionales y a través de cuanto recurso les sea posible.
Ese virus del miedo ha funcionado en otras ocasiones contra la figura de Andrés Manuel López Obrador y ahora se están conjuntando intereses y grupos, a los que une el rechazo ardiente contra la mencionada 4T, para fomentar la percepción de que hay pretensiones autoritarias que irían más allá del lapso sexenal entregado en urnas en 2018, ya fuera mediante la misma persona que hoy ocupa el máximo cargo público del país (por más que esta persona diga lo contrario y por más que se firmen y certifiquen firmas para garantizar que no habría relección, alegan esos opositores) o mediante otra figura política (¿Claudia, Marcelo o Ricardo, por ejemplo?) que se beneficiaría del asistencialismo electoral, la remodelación institucional y, en particular, el debilitamiento y cambio en materias comiciales. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)