Muy reveladora resultó la entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador con Bloomberg, pues dejó ver que ya está buscando a quién culpar de la recesión económica que viene: al Banco de México y las altas tasas de interés.
Es interesante ver cómo el mandatario en ningún momento reconoce -ni mucho menos menciona- los desaciertos gubernamentales en materia económica como la cancelación del aeropuerto, la cancelación de subastas para exploración de petróleo por particulares, la opacidad en sus compras o la incapacidad para ejercer el gasto público, cuyo subejercicio afecta a todos los sectores productivos.
Es decir, según AMLO, los inversionistas no eran ariscos, las tasas de interés los hicieron. Y nada tuvo que ver la desconfianza en su proyecto.
Otra perla de su visión económica es que el crecimiento de la economía es menor, pero está mejor distribuido y “hay más bienestar”. O lo que es lo mismo: no importa que la economía no crezca, con tal de que haya dinero para regalar, pues se trata de que la gente se la pase bien, ¡no de que salga de la pobreza! (F. Bartolomé, Reforma, p. Nacional 10)
El político que fue dueño de la casa de Ye Gon.- Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la residencia de Las Lomas de Chapultepec incautada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, en 2007, perteneció a un político, aunque no quiso revelar el nombre. ¡Ah, pero háganlo ustedes! Hay que cuidar la investidura presidencial, no les va a costar trabajo. Fue de un político antes de ser del chino mexicano, cómo vivían los políticos, dijo AMLO en conferencia de prensa.
Nos aseguran que la mansión, que se hizo famosa pues en su interior se realizó uno de los mayores aseguramientos de dinero en efectivo en la historia, 206 millones de dólares, y que pronto será subastada en un precio de salida de 95 millones de pesos, perteneció al exdiputado y exsenador priista Germán Corona del Rosal, hijo del político y militar Alfonso Corona del Rosal, funcionario de la época del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y quien se desempeñó de finales de los años 50 al inicio de la década de los 70 como gobernador de Hidalgo, presidente nacional del PRI, secretario de Estado y Jefe del Departamento del Distrito Federal. Corona del Rosal, entonces regente del DF, buscó suceder en el cargo a Díaz Ordaz, pero finalmente la candidatura presidencial recayó en Luis Echeverría Alvarez, luego de la matanza del 2 de octubre de 1968. El político hidalguense murió en el año 2000 a la edad de 94 años y su hijo Germán tiene hoy 87 años. (El Universal, p. Nacional 2)
Castillo de naipes. La Fiscalía General de la República busca vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de la Sedatu, por ejercicio indebido del servicio público. La noticia hizo temblar a varios, principalmente a Miguel Ángel Osorio Chong, quien defendió a la exfuncionaria y aseveró que Robles, “la secretaria, es inocente”. Y cómo no va a defenderla, además de ser cómplices y beneficiarios de las corruptelas en investigación, saben que si ella cae… Ahora que es un simple actor político de una muy pequeña minoría, su vulnerabilidad queda expuesta. Tener a Robles en la mira es la antesala de la caída de peces gordos de la anterior administración. No tardan en revelarse quiénes fueron los beneficiarios de la corrupción. Y Osorio Chong, el coordinador del minigrupo parlamentario del PRI, no saldrá bien librado. (Excélsior, p. Principal 11)
Que en Nuevo León las protestas contra el aumento a las tarifas del transporte público no solo están vivas, sino que amenazan con subir de tono. Un grupo de legisladores, encabezados por el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda exigió al gobierno de Jaime Rodríguez echar abajo la decisión de aplicar el tarifazo, ya que es un golpe traidor a los bolsillos de los ciudadanos, y de hecho amagó con que desde el Senado se impulsará toda clase de recursos legales para eliminar la medida, benéfica únicamente para los transportistas. Lo paradójico es que Movimiento Ciudadano nunca dijo esta boca es mía para evitar un tarifazo similar en Guadalajara, donde gobierna Enrique Alfaro, militante de la misma fuerza política. (Milenio Diario, p. nal2)
De temas locales a temas locales.- Muchas veces Andrés Manuel López Obrador dijo que no se metería en asuntos como el de Baja California y la extensión de mandato Pero en el caso de la llamada Ley Garrote en Tabasco, que impone cárcel a quien bloqueé obras o vías, el Presidente decidió sí salir en defensa del gobernador Adán Augusto López -autor de la iniciativa- y dijo que las cosas son sólo para evitar sabotajes. (El Financiero, p. 35)
Contra la Ley Bonilla.- Quien ayer reapareció y dijo: “esta boca es mía”, fue el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Habló de la Ley Bonilla y no dejó títere con cabeza. Acusó de omisos al actual mandatario estatal, Francisco Kiko Vega, y al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, además manifestó que es evidente el contubernio entre Morena y Acción Nacional. ¡Así o más claro! (El Heraldo de México, p. 2)
FGR va por Rosario Robles.- La Fiscalía General de la República pidió vincular a proceso a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Anoche en redes sociales circuló el documento en el que se realiza la petición a un juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Sur. La audiencia de la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será el próximo 8 de agosto. Robles es la segunda funcionaria de más alto nivel en el sexenio pasado que es llevada ante la justicia en los tiempos de la 4T. (La Razón, p. 2)
CNDH y la 4T.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas participarán este mediodía en la mesa redonda ‘La CNDH y la 4T’ organizada por El Colegio de México, un encuentro que promete ser muy interesante debido a las diferencias públicas que ha sostenido la actual administración federal con el órgano que encabeza González Pérez. Ambos funcionarios coincidieron ayer en la presentación del Diagnóstico de la Oficina en México de ONU-DH sobre la operación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. (Reporte Índigo Cinco Días, p. Principal 3)
Ya se supo la verdad: la iniciativa para extender el periodo de dos a cinco años el mandato al gobernador de Baja California partió de la Secretaría de Gobernación. Se confirma lo dicho: se trata de un experimento para ir midiendo al ánimo y perpetuar a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.
No estamos ante una idea aislada de un hombre ambicioso, el morenista Jaime Bonilla. La maniobra arrancó como una propuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, presentada al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
El presidente López Obrador dijo que él no tuvo nada que ver en lo sucedido y pidió a los reporteros que le pregunten a su secretaria de Gobernación si recibió la orden del Presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo.
Sería ingenuo esperar que Sánchez Cordero dijera que cumplía una instrucción de su jefe para violar la Constitución, puesto que en enero ya había arrancado el proceso electoral en Baja California (inició en septiembre de 2018) O tal vez sea cierto lo dicho por AMLO, que él no ordenó esa negociación a su secretaria de Gobernación. Pero, ¿y a la presidenta nacional de su partido? (Pablo Hiriart, El Financiero, p. 36)
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal. La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.
La “Estafa Maestra”, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de siete mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p. 38)
México, con el apoyo del Grulac, grupo que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, miembros de la ONU, será candidato a incorporarse al Consejo de Seguridad de dicha organización mundial a partir de 2021, por un periodo de dos años, en lo que será la quinta ocasión que ocupemos esa posición, siempre liderados en él por distinguidos representantes, como Francisco Castillo Nájera, Luis Padilla Nervo, Porfirio Muñoz Ledo, Claude Heller y Adolfo Aguilar Zínser; además de que hemos tenido otras oportunidades de entrar a ese órgano que hemos dejado pasar, a la luz de una vieja disputa doctrinaria entre algunos –repito– algunos destacados miembros de nuestro cuerpo diplomático de carrera que en una ocasión incluso tuvo que ser resuelto por el propio presidente de la República, en ese caso el doctor Ernesto Zedillo.
Estimamos que nuestra actuación en el Consejo de Seguridad en esta nueva oportunidad que se nos ofrece, deberá demostrar y reafirmar nuestra independencia política y capacidad para contribuir a la paz mundial, sin ceder a presiones de ninguna especie, lo cual requiere gran capacidad de negociación que estimo tenemos claramente ahora en nuestra representación en la ONU. (Sergio E. González Gálvez, La Jornada, p. 16)
¿Puede el discurso transformar la realidad? No. ¿La economía atiende los designios ideológicos de la 4T? Veremos. Sin que el Presidente López Obrador deje de repetir que vamos requetebién, ayer la Secretaría de Hacienda anunció un conjunto de acciones para destrabar la economía nacional. Vamos en busca del crecimiento perdido.
El PIB se contrajo en el primer trimestre del año y analistas prevén lo mismo para el segundo periodo. De confirmarse, significará recesión técnica en forma. La crítica ha señalado que hay poca dinámica mercantil, que el escepticismo de inversionistas y de la población en general, inhiben la inversión; incluso AMLO dijo en entrevista para Bloomberg que el Banco de México debería bajar el nivel de las tasas de interés, para acelerar la economía.
Los grandes capitales reclaman certidumbre, seriedad y sobre todo, que el gasto público se libere para activar al alicaído mercado interno. Justo lo que el Gobierno anunció ayer que hará. (Carlos Urdiales, La Razón, p. 00)
Alarmante, por decir lo menos, resulta la aprobación por parte de la 63 Legislatura de Tabasco (de abrumadora mayoría morenista) de una reforma al Código Penal local que según sus promotores está destinada a sancionar a quienes bloqueen el libre tránsito con fines de lucro, pero que en la práctica abre de par en par la puerta a una recurrente tentación de los estados autoritarios: la criminalización de la protesta social. Y resulta alarmante porque, pese al carácter estatal de la medida, sienta un pésimo precedente legal en el marco de un gobierno que tiene un largo camino por recorrer en materia de reformas legislativas, si pretende avanzar en su proclamada tarea de transformar el país para hacerlo más justo y democrático.
De inmediato, el mismo día en que fue promulgada la reforma –es decir, ayer mismo– numerosas voces se alzaron (hasta dentro de las filas del propio Morena) para alertar sobre los términos del nuevo instrumento legal, que sin muchas vueltas podría ser aplicado para castigar cualquier protesta, manifestación o marcha con el argumento de que impide el libre tránsito de terceros. De paso, aprovecharon para ponerle nombre a la controvertida modificación: ley garrote la llamaron, y con esa denominación parece destinada a pasar a la historia, en el indeseable caso de que no sea objeto de un nuevo cambio o directamente derogada. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Abigael González Valencia, alias El Cuini, líder de la organización del mismo nombre, ha estado en las noticias en los últimos días porque no quería moverse del Reclusorio Norte ni al Altiplano ni a Estados Unidos. González fue detenido en 2015 en Puerto Vallaría junto con otro mexicano, dos colombianos y un italo-venezolano: Miguel José Leone, fotógrafo de modas, según él.
Leone fue liberado un año después, pero las agencias internacionales de combate al narcotráfico le han seguido la pista. Hace poco más de un año fue colocado en la lista del Tesoro de Estados Unidos acusado de liderar una red de prostitución para el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados. Grabaciones telefónicas de Leone obtenidas por MILENIO cuentan lo que hace, pero sobre todo lo bien que lo pasan sus clientes en las prisiones mexicanas.
En una de ellas está convenciendo a una venezolana en el teléfono de venir a México a conocer a un cliente. Le ofrece entre tres mil y tres mil quinientos dólares por día. Eso está bien, le responde ella, porque dos era muy poquito, yo no sabía que esa mierda era una cárcel, y ahí te revisan hasta la cuca, y eso no. (Carlos Puig, Milenio Diario, p. nal2)
Al iniciar su gestión, hace casi ocho meses, el gobierno de López Obrador encontró que durante la administración Peña Nieto virtualmente fue desmantelada la estrategia para el decomiso de armas ilegales, al grado de representar menos del 30% de los arsenales incautados por su antecesor, Felipe Calderón.
Mientras en el pasado sexenio se alcanzó el máximo nivel histórico de muertes violentas, con más de 30 mil en 2017, las cifras de decomisos efectuados por operativos militares y civiles entre 2013 y 2018 apenas llegó a 35,371 armas, contra 126,847 aseguradas entre 2007 y 2012, de acuerdo con cifras dadas a conocer recientemente por la cancillería mexicana, que encabeza Marcelo Ebrard.
Estados Unidos es una gigantesca fábrica de armas, donde se estima hay 300 millones, de todo tipo. En México no existe una sola tienda legal de armas, mientras en la Unión Americana están registradas 6,700, en su mayoría en la frontera con nuestro país.
El gobierno AMLO está ejerciendo presión sobre el tráfico de armas, lo que está cambiando la configuración del negocio. Este usaba incluso canales formales y tenía aduanas “favoritas”, como las de Sonoyta y Nogales, Sonora, y en menor medida, Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde las armas llegaban en compartimentos de camiones de carga, pasajeros y vehículos particulares. (Roberto Rock L. El Universal, p. Nacional 7)
No todo es lo que parece, nuestros sentidos en ocasiones nos engañan y es un error precipitarse en concluir lo que antes debe ser verificado. La respuesta más simple no siempre es acertada y el apremio por responder favorece la equivocación. Las razones de los implicados tienen que ser consideradas, pero también corroboradas. Buscar racionalidad a las decisiones y explicaciones a los acontecimientos implica aproximarse con curiosidad y no pocas dudas; hacer gala de un inquieto escepticismo puntilloso, hurgando en lo que se oculta o no se dice.
El resbalón de las autoridades de la Ciudad de México al apresurarse a difundir la versión de que unos infernales celos fueron el móvil del doble asesinato en una exclusiva plaza en el Pedregal, cuyas víctimas eran criminales israelíes y los victimarios escaparon disparando armas de alto poder, porque eso les dijo la señuelo con peluca que atraparon y porque tenían la necesidad política de resolver el caso a la brevedad, que nos sirva de alerta para no irnos por la fácil, también en otros ámbitos menos sangrientos.
Explicar la inquina presidencial contra los órganos constitucionales autónomos choca con el estilo personal de gobernar que antepone la descalificación moral de personas, trayectorias e instituciones sobre los argumentos, desviando la discusión hacia adjetivos, pontificaciones, información sesgada y satanización prejuiciosa de todo lo anterior a la nueva administración. (Fernando Belauzarán, Excélsior, Editorial, p. 10)
Hace unos días, Marcelo Ebrard informó que después de la reunión que sostuvo con Mike Pompeo, se acordó realizar operativos conjuntos para combatir el tráfico de armas que ingresan a México. En la mañanera, el titular de la SRE anunció que los operativos serán organizados por la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General; y se llevarán a cabo en 5 puntos fronterizos: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Según la cancillería, más de 200 mil armas de fuego son traficadas al año a México desde EU. Esto ha implicado un incremento del 9% en los delitos cometidos con armas pequeñas; del 63% con rifles automáticos y del 122% con armas de asalto. El tráfico de armas tiene como principales causas la vecindad geográfica y la diferencia en las legislaciones de los países, ya que en EU cualquier distribuidor autorizado puede venderlas y los controles son más laxos, mientras que en México, la única institución que puede comercializarlas es la Sedena y para adquirir una es necesario contar con permisos.
Éste es un esfuerzo encaminado a reducir la tendencia homicida, pero requerirá del apoyo de otros programas y dependencias. No sólo los destinados a combatir las causas del problema o los que buscan ofertar trabajo a los jóvenes, sino de otros, como las campañas de canje de armas de fuego que ha realizado la Sedena, las cuales buscan coadyuvar al desarme civil mediante la entrega voluntaria de armas a cambio de un incentivo económico. Todas las medidas que logren reducir la actual violencia en el país son necesarias. (Arturo Ávila Anaya, Excélsior, p. 15)