Los ojos y oídos de EU en México.- El recién ratificado embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, no tiene experiencia diplomática ni gran conocimiento de México. Es un abogado especialista en apelaciones pero con la ventaja de tener relación directa con el círculo cercano del presidente Donald Trump. Qué tanto sabrá transmitir a su jefe dependerá de otro hombre: John Creamer, encargado de negocios de la embajada y quien estuvo al frente de la representación en el largo periodo desde que Roberta Jacobson dejó el cargo. Nos dicen que Creamer ha sido clave en las negociaciones entre ambos países y en últimos días se ha dedicado a reunirse con personajes claves de la vida pública nacional, con el objetivo de tantear el terreno al que llegará Landau. De la relación entre ambos diplomáticos resultará la calidad de cooperación entre ambos países. (El Universal, p. Nacional 2)
Una de las mayores obsesiones de la administración de Donald Trump es lograr que México u otra nación acepte la condición de tercer país seguro. En términos sencillos, esto significa que hay un primer país donde existen condiciones terribles, que afectan a sectores de la población y que tienen que salir para salvar sus vidas o preservar su integridad y quieren ir a un segundo país de destino. No obstante, para llegar a éste pasan o transitan por un tercer país que se considera seguro y es ahí donde deben pedir refugio.
El modelo, que ha funcionado para el caso europeo, es el de Turquía que se considera tercer país seguro y las migraciones que llegan, principalmente de Siria y otros lugares que huyen de guerras civiles, tienen que pedir refugio en esa nación y de ese modo no llegan a Europa. En Turquía hay cerca de 2 millones de refugiados, mientras que Alemania, que fue el país europeo que más refugiados recibió acogió a un millón. Todo esto a cambio de una buena cantidad de millones de euros, además del interés que tiene Turquía en convertirse en el líder de esa convulsionada región.
En las negociaciones de comienzos de junio entre México y Estados Unidos, después del famoso tuit de @realDonaldTrump, donde amenazaba a México porque no hacía nada por detener el flujo de migrantes centroamericanos y que impondría aranceles a todos los productos mexicanos, la propuesta final era la de firmar un acuerdo de tercer país seguro. México hizo concesiones importantes, prometió portarse bien y detener el flujo con 6 mil guardias nacionales y pidió un plazo de 45 días para demostrar, con los hechos y las estadísticas, que el flujo se podía reducir significativamente. Hace unos días se cumplió el plazo, se le dio a México un visto bueno y sigue pendiente una segunda evaluación. Todo esto para no aceptar formalmente que México es un tercer país seguro. En cierto modo lo es, hace el trabajo sucio de detener el flujo y recibe migrantes centroamericanos que esperan una segunda audiencia. (Jorge Durand, La Jornada, p.16)
En días pasados, Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, pasó por México a recibir el parte del dúo pro Trump, AMLO-Ebrard, sobre el complejo proceso de contención y expulsión de la indeseada migración centroamericana a Estados Unidos que pasa por México. Se habían cumplido los 45 días de prueba que Trump le impuso al gobierno federal, los cuales muy bien se pueden convertir en 17 meses.
En efecto, serán largos meses de campaña electoral en Estados Unidos. Serán, también, meses de certificación continua, en la medida en que a Trump se le antoje para apuntalar su campaña electoral. Al igual que en 2016, Enrique Peña Nieto le dio alas al trumpismo para llegar al poder, en esta ocasión, AMLO le podría facilitar la reelección a Trump, toda vez que la cuestión mexicana será reciclada por el magnate a conveniencia y México quedará así expuesto durante la contienda, como un factor detonante para ganar votos de los sectores que en Estados Unidos coinciden en que México y los mexicanos somos un peligro para la seguridad estadunidense.
Ése puede ser el alto costo de la concesión que AMLO le hizo al trumpismo. México se convierte de nuevo en sujeto de certificación migratoria sin recibir ningún tipo de incentivos a cambio. Nomás por el placer de ser, estimado lector, parecen así decirnos desde Palacio y Cancillería. Sorprende que el mal llamado gobierno de izquierda se incline de esta manera al Coloso del Norte y, de paso, someta a todos los mexicanos a las humillaciones de Trump. ¿Quién les pidió que realizaran tal atrocidad? ¿Y qué entienden por soberanía y decencia nacional el Presidente y su canciller? Sería bueno que nos lo informaran. (José Luis Valdés Ugalde, Excélsior, p. Principal 9)
Entre los muchos problemas que el gobierno de Donald Trump le ha generado al mundo, hay uno especialmente cercano a nosotros y profundamente problemático. Es la decisión de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, de aceptar que Guatemala se convierta en “tercer país seguro”. Eso no es sencillo ni es barato. Más bien al contrario, porque implica que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, que pensaba llegar a Estados Unidos para solicitar asilo ahí, tiene la obligación de solicitar asilo primero en Guatemala antes de hacerlo en EU.
Guatemala padece muchos de los mismos males que padece México como consecuencia de la migración y la vecindad con EU, entre los más notables, el que las dificultades para entrar a EU hacen que florezca una industria del tráfico de personas, además de que alienta a que grupos de delincuentes vean a los migrantes como blancos de sus actividades, sea para robar lo poco o mucho que llevan consigo o para secuestrarlos y exigir el pago de rescates a sus familiares.
¿Qué pudo llevar a Jimmy Morales, el excomediante y actual presidente de Guatemala a aceptar algo así? Hay que tomar en cuenta que en los últimos años Guatemala ha sido el escenario de un ambicioso proyecto para limpiar la política de los efectos de la corrupción. El experimento ha sido encabezado por la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo creado bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, que ha impulsado una serie de macroprocesos judiciales orientados a acabar con la corrupción y la impunidad.
Los familiares y socios de los miembros de la clase política guatemalteca lograron, en enero de este año, que Morales diera por terminada la relación con CICIG. El pretexto, nada difícil de imaginar, fue la defensa de la soberanía, aunque lo que en realidad estaba en juego era la preservación de un modelo de depredación de las finanzas públicas. (Manuel Gómez Granados, La Crónica de Hoy, p. opi2)
En la Unión Europea, en cambio, no hay ni unión real ni dirigentes reconocidos por todos los países ni una estrategia común y eso hace que sea un enano político tironeado por Xi, por Trump y hasta por Putin y nulo en el momento de las grandes decisiones.
Trump piensa antes que nada en tener mayoría electoral y es esencialmente un jugador. Sus amenazas y chantajes son bluff y buscan la aprobación de los racistas y nacionalistas xenófobos que lo votan y sabe que las grandes empresas estadunidenses no se dispararán en el pie tolerando enormes impuestos a los productos que fabrican en México y exportan a Estados Unidos, por ejemplo, o a los que fabrican en China.
Como buen negociante, Trump aprovecha la desunión de sus adversarios para amenazarlos y buscar así mejores ventajas bilaterales. Sabe, por ejemplo, que Italia o España, grandes productores de vino, no defenderán el vino francés y amenaza a Macron con impuestos o, tras la abierta capitulación de México en el problema de la migración, impone una nueva y más fácil sumisión a Guatemala. (Guillermo Almeyra, La Jornada, p. 16)
El asesinato de dos israelitas en un elegante centro comercial del sur de la Ciudad de México generó sorpresas, preocupación y muchas interrogantes.
Por un lado, se sumó a una preocupante tendencia alcista de homicidios violentos en la capital de la República que tienen lugar en zonas de ésta que se suponían seguras. El asesinato fue planeado con tiempo y cuidado. Por un lado, se distrae a los policías con armas de fuego de alto poder, la presunta homicida entra a un restaurante de lujo, se dirige a la mesa donde se encontraban los señores, Alon Azulay y Benjamín Yeshurun, los ejecuta a balazos. Esperanza Gutiérrez sale del lugar a reunirse con sus cómplices y escapar, algo sale mal, y es arrestada por un policía.
Los medios cubren el incidente con profusión, en las redes sociales de dan todo tipo de especulaciones y rumores, las autoridades declaran que se trató de un “crimen pasional”, luego corrigen y reconocen que es un “ajuste de cuentas” entre grupos de la delincuencia organizada. Este tipo de ejecuciones no son tan infrecuentes en barrios marginales de esta ciudad y de otras ciudades en el interior del país, ¿pero en el Pedregal de San Ángel? ¿en un mall de alto consumo? ¿en un restaurante exclusivo? Mucha gente se pregunta ¿qué está pasando? Las dos personas asesinadas resultaron tener un serio antecedente delictivo, eran parte de una banda internacional criminal, probablemente relacionada con el tráfico de drogas, ¿cómo pudieron internarse en México ¿trabajan para un cártel mexicano? (Gustavo Mohar, Excélsior, p. Principal 8)
Gran parte del atractivo de un deporte como el futbol es el grado de subjetividad con el que se toman decisiones importantes, circunstancia que ha sido mermada con la inclusión de la tecnología y la posibilidad de rectificar al observar de nueva cuenta y bajo otro ángulo un hecho pasado. Un aparato como el VAR (video assistant referee) en otros contextos de la vida, reduciría la subjetividad. ¿Habría menos discusiones matrimoniales al ver la repetición de lo que sucedió en la cena? Un episodio de la serie Black Mirror (“La historia completa de ti”) es un asomo a un futuro que muchos no querrán que llegue, la posibilidad de recrear todos tus actos en una pantalla.
Y aunque aceptamos que siempre hay varias formas de ver lo sucedido, en ocasiones es preocupante enterarnos de eventos donde las versiones varían escandalosamente. Veamos un hecho lamentable y reciente: un migrante centroamericano fue abatido en Saltillo. La policía, a través de la Fiscalía, emite su versión: “…la noche del 31 de julio en la mencionada colonia, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas del sexo masculino agreden verbalmente a los policías. Uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre. Los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo, por lo que el agresor cae abatido”.
Ahora considérese un comunicado de la Casa del Migrante de Saltillo: “La noche de este 31 de julio, mientras esperaban el tren (…) fueron sorprendidos por un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y elementos de la Fiscalía del Estado de Coahuila quienes empezaron a perseguirles logrando detener a varios de ellos y ellas, entre estas a una niña con su madre a quien de manera por demás cruel separaron de su bebé de aproximadamente 2 años de edad, el cual fue escondido por las demás personas migrantes en una tienda para proteger su vida una vez que asumieron que, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila les estaban disparando a matar. Un padre salvadoreño (…) corrió al lado de su pequeña hija de 8 años, quien presenció cómo cayó asesinado por elementos de la Fiscalía de Coahuila”. (Eduardo Caccia, Reforma, p. Nacional 10)
El discurso que ha manejado el gobierno de Texas recientemente y la convicción que existe entre su población es que el dinero asignado a gran parte de los condados del Estado para construir más infraestructura, apoyar la seguridad social y el renacimiento de la actividad comercial se ha tenido que desviar por parte del gobierno federal a la construcción del muro, al establecimiento de medidas migratorias más severas, al entrenamiento de unidades especiales de la patrulla fronteriza e, incluso, en Texas se han creado grupos de donación y aportaciones económicas para detener al flujo migratorio.
Ésa es la narrativa que abunda desde hace varios meses en las ciudades fronterizas de Estados Unidos para explicar la falta de empleos, los recortes a servicios públicos y urbanos, incluso las huelgas de servicio de limpieza y que potencia el odio contra los inmigrantes que han llenado los centros de detención, las garitas migratorias y los espacios de espera para ser retornados mediante deportación.
La matanza de El Paso llega justo unos días después de que un juez federal ordenó al gobierno estadunidense que continúe aceptando solicitudes de asilo de todos los migrantes que llegan a los Estados Unidos y cumplen con los requisitos para solicitar esa medida de protección. Una decisión que frena el último intento del presidente Donald Trump para detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur, pero que no frena la propagación de odio contra esas comunidades. (Ethel Riquelme, La Crónica de Hoy, pág. opi4)
En estos días, México está buscando ser electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU. Esta es una posición de “prestigio” pero que conlleva peligros innecesarios y la prudencia demanda evaluarlos con referencia a los antecedentes. En 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, y en el ambiente de crisis internacional provocado por el atentado de Al Qaeda en Nueva York en 2001, Estados Unidos se propuso invadir Irak pese a que el gobierno de ese país nada había tenido que ver con dicho atentado. En esa ocasión, y en la ONU, el secretario de Estado, Colin Powell, acusó al gobierno de Sadam Hussein de algo falso: de poseer “armas de destrucción masiva” y estar dispuesto a usarlas y pidió el aval de la ONU para actuar militarmente contra ese país. México, entonces miembro del CS, se resistió lo mejor que pudo a la demanda de Powell para legitimar su futura y desastrosa invasión en el Medio Oriente, pero el gobierno de Fox pagó cara esta “deslealtad”: Washington simplemente lo borró de su radar político.
Actuar a la defensiva no significa pasividad. Demandar cooperación de Estados Unidos, como lo acaba de hacer México para detener el flujo de armas que entran a nuestro país ilegalmente, es lo mínimo que se puede pedir a quien nos exige detener el flujo de migrantes sur-norte. El gobierno de México también está procediendo de manera activa dando ayuda y exigiendo y alentando a otros países a hacer lo mismo, en los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras, para atacar algunas de las causas económicas del éxodo masivo de ciudadanos de ese triángulo a Estados Unidos vía México. Esto ha llevado a sus críticos a acusar al actual gobierno de ser “candil de la calle y obscuridad de su casa” sin aceptar lo obvio: que esa política es un activismo defensivo y muy legítimo.
La asimetría histórica de poder entre México y Estados Unidos debiera llevarnos a buscar, como gran meta defensiva, disminuir una de nuestras vulnerabilidades externas más patentes: la dependencia económica hacia ese país. Hoy el 81.8% de nuestras exportaciones tienen como destino al vecino del norte, (El Financiero, 31/07/19), de ahí lo fácil, para Trump, de amenazarnos con tarifas. (Lorenzo Meyer, El Universal, p. Nacional 7)
En los últimos años, México dejó de ser únicamente un país expulsor y de tránsito de migrantes para convertirse en un territorio de origen, destino y refugio de personas que buscan llegar a Estados Unidos.
Esta realidad representa nuevos retos para el Estado mexicano, pues se requiere —además de una política exterior eficaz, que permita acuerdos con Estados Unidos y países expulsores—, la creación e instrumentación de un modelo de atención a migrantes que garantice el respeto de sus derechos humanos y el acceso a una política social de calidad mientras están aquí y, al mismo tiempo, permita la inclusión y la convivencia pacífica entre los ciudadanos del mundo, un fenómeno que pensábamos exclusivo de Europa, pero que ya está aquí plantado en México.
La migración es un fenómeno complejo y sus consecuencias pueden verse desde diversas ópticas: inseguridad, desempleo, hacinamiento, pobreza, reproducción, pero una de ellas, la más vulnerable, son los menores de edad, los que viajan con sus padres y los que están solos a merced de peligros y de la delincuencia organizada enquistada en nuestro territorio.
Datos de Unicef indican que en 2017, más de 18 mil niñas, niños y adolescentes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas, de éstos más de 7 mil viajaban solos o no estaban acompañados. En el mismo año, un total de 8,912 menores mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, de los cuales 1,539 eran acompañados y 7,373 no. (Fabiola Guarneros Saavedra, Excélsior, p. Principal 4)