Dice el artículo 4 del Código Penal Federal: “Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes: 1. Que el acusado se encuentre en la República; 2. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió y 3. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República”.
No hay duda: la intención del gobierno de México –anunciada por el canciller Marcelo Ebrard– de pedir la extradición de Patrick W. Crusius, el terrorista de El Paso, está fundamentada en la norma.
Lo que debemos preguntarnos es si eso queremos, que sea juzgado aquí. Aun si la Fiscalía General de la República aceptara procesar a Crusius y algún juez estadunidense concediera la extradición, ¿de verdad eso es lo que nos conviene como país, es lo que quieren las víctimas del ataque? (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
a primera víctima de cualquier crisis es la verdad. La cultura armamentística en Estados Unidos no debe analizarse con una perspectiva plana o parcial. La historia sustenta que ese país fundó su desarrollo e independencia sobre el cimiento de las armas y esa tendencia armamentista se erige en una de las industrias más lucrativas y, por tanto, la expansión de su influencia social y política es importante. Anualmente hay más de 6 mil ferias de armas en estados norteamericanos, de tal manera que la viabilidad de una reforma radical que prohíba la compra venta de armas implica la erradicación de una parte de su cultura e identidad.
Cada vez que ocurre un tiroteo masivo el debate arrecia sobre la urgencia de una legislación que endurezca los protocolos para la obtención de un arma. Estados Unidos encabeza la lista de países con tiroteos masivos y pocos son tratados como actos de terrorismo doméstico.
Sorprende entonces que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que se traduce más bien como una acción con innegables tintes mediáticos y de propaganda, pretenda entablar una demanda por terrorismo contra Estados Unidos por el monstruoso acto ocurrido en El Paso, Texas. (Marcela Gómez Zalce, Milenio Diario, p. 2)
La masacre en la tienda Walmart en El Paso, Texas, donde murieron 22 personas, entre ellas ocho mexicanos, es un acto terrorista.
Fue un acto terrorista: casi cualquier definición jurídica y académica confirmarían que Patrick Crusius, quien abrió fuego en el centro comercial sabiendo que estaría repleto de familias por ser fin de semana, es un terrorista. Según versiones periodísticas, Crusius confesó que quería ‘matar a tantos mexicanos como fuera posible’, y por eso viajó varias horas para llegar a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. En su “manifiesto”, que se publicó en una red social, expresaba su odio a los mexicanos, que según él invadían a Estados Unidos, haciendo referencia a comentarios hechos por el presidente Donald Trump. Crusius es un terrorista doméstico. No debería de haber dudas sobre esto. (Ana María Salazar, El Financiero, p.32)
Quisiéramos que fuera mentira, pero actualmente en nuestro vecino del norte, para un joven es más fácil adquirir un fusil de asalto AK-47 (Kalashnikov), que una cajetilla de cigarros o una botella de cerveza. Esto último es particularmente de llamar la atención, si consideramos que Patrick Crusius, el autor de la masacre en la ciudad de El Paso, Texas, perpetrada el pasado sábado, en la que han muerto hasta el momento 22 personas, de las que ocho habrían sido mexicanos. Cuando Patrick Crusius fue detenido por la policía local, fue de llamar la atención, primero la total tranquilidad que mostraba, algo característico de quien se conduce como un psicópata; pero lo más escalofriante fue que sin tapujo alguno le dijera a las autoridades: “Mi objetivo era matar al mayor número de mexicanos posible”.
Es en un contexto así que Estados Unidos vivió un fin de semana trágico, en el que se dieron tres tiroteos indiscriminados en menos de 24 horas, en los que el común denominador fue el odio, la muerte de gente inocente y algo que llamó poderosamente la atención, la patente ausencia del presidente Donald Trump, quien no dejó su campo de golf, sino hasta horas después del último ataque. (Yolanda de la Torre, El Sol de México, Análisis, p. 19)
El debate sobre la situación actual de la economía mexicana se ha empantanado en una nimiedad: si estamos o no en una recesión. Se trata de un distractor para entender lo que sí está pasando: que la economía lleva meses desacelerándose, al punto de un estancamiento. Raúl Feliz la define como una atonía, término que tomaron prestados los economistas de la biología. “Cuando un cuerpo viviente se encuentra en perfecto estado de salud, su metabolismo está en equilibrio, hay un estado de isotonía. Cuando, por alguna razón, está débil por un periodo prolongado, está en un estado de atonía”. La economía mexicana carece de fuerza y, por tanto, no crece.
De seguir así, el crecimiento nulo pasará a ser negativo y, ahí sí, estaríamos en una recesión. Por eso es urgente atender la atonía. Hay que inyectarle energía a nuestro cuerpo económico, lo cual se resuelve con una medicina llamada “inversión”. Se requieren fuertes dosis de dinero público y privado para proyectos rentables generadores de empleos. El problema es que este gobierno no ha resultado ser bueno ni para lo uno ni para lo otro. (Leo Zuckerman, Excélsior, Nacional, p.11)
El gobierno va a tener que cuidarse un poco a la hora de culpar al pasado de los males el presente, porque se puede morder la lengua. Las cifras dadas a conocer en estos días nos dicen que ese pasado que con singular arrogancia desprecian, salvará al primer año de López Obrador.
Informó el gobierno federal que utilizará 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), para compensar la menor recaudación que habrá este año. Lo anterior significa que al gobierno del presidente López Obrador no le alcanza el dinero para terminar el año.
El crecimiento prometido no llegó, la economía se encuentra estancada, y por tanto no recaudan para completar 2019. Ahí está la razón de que echan mano de un fondo creado para emergencias, y que con esfuerzos los sucesivos gobiernos del “pasado”, desde 2000 a 2018, fueron llenando. (Pablo Hiriart, El Financiero, p.36)
Lo que hoy observamos a nivel mundial en las principales sociedades tiene mucho que ver con una realidad a la que no podemos sustraernos, por ser un factor que condiciona, inevitablemente, el comportamiento humano frente a los principales desafíos de la actualidad, como lo son: la preservación del medio ambiente y la ecología del planeta, la disminución de la pobreza mundial, así como la solución de los diferendos entre las naciones, como el que hoy enfrenta Estados Unidos con China en materia comercial y que comienza ya a inquietar al mundo financiero y económico.
Es de llamar la atención, por ejemplo, lo que ocurre en México con las políticas públicas implementadas en los últimos 10 años para disminuir la pobreza de millones de compatriotas. Casi a la par de los resultados dados a conocer el lunes pasado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la situación de la pobreza en el país, resurge el caso de la llamada Estafa Maestra, mecanismo nombrado así a través del cual se “diseñó” todo un esquema perverso de corrupción que le permitió a varios exfuncionarios desviar millones de pesos destinados, precisamente, a combatir la pobreza en el país y “redirigirlos” a destinos hoy insuficientemente aclarados y que muy probablemente sirvieron para enriquecer a unos cuantos “servidores públicos” del sexenio anterior. (Martín Espinosa, Excélsior, Editorial, p. 12)
Se cumplieron ayer cinco años del desastre ecológico provocado por una filial del consorcio minero Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora, en los que derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre a través del arroyo Tinajas. La contaminación se desplazó alrededor de 270 kilómetros hasta llegar a la presa El Molinito, principal fuente de agua de Hermosillo, y las sustancias tóxicas inundaron 322 pozos.
Un lustro más tarde, Grupo México continúa cumpliendo con retraso, de manera parcial y a regañadientes las acciones de remediación que le fueron dictadas por las autoridades; el fideicomiso que la empresa fue obligada a establecer, de 2 mil millones de pesos (suma que representa menos de uno por ciento del valor que tenía la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores el año del desastre), fue manejado con manifiesta opacidad, y tanto la Conagua como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis) y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) y Salud actuaron de manera omisa e irresponsable. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días. Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea con el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan, la inseguridad y el deterioro económico.
(Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p.38)
Aplícate. Mientras a Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, se le incendian las cárceles y ya no sabe qué hacer, por ejemplo, con Topo Chico, tres centros de reclusión de Chihuahua obtuvieron certificación internacional. La fiscal Nora Angélica Balderrama recibió los certificados. “Para el estado de Chihuahua es una gran satisfacción continuar ocupando los primeros lugares en certificaciones del Sistema Penitenciario. Somos una entidad reconocida por su trabajo”, destacó la funcionaria del gobierno de Javier Corral. La certificación, otorgada por la American Correctional Association, fue para los Centros de Reinserción Social de Parral, Nuevo Casas Grandes y el Femenil de Aquiles Serdán. ¿Estás oyendo, Bronco? (Excélsior, p. 13)
La oposición va a Palacio Nacional.- La tarde de ayer se registró una visita poco usual a Palacio Nacional. Se trató de los coordinadores de los partidos en San Lázaro, René Juárez (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y Verónica Juárez Piña (PRD). Nos comentan que los diputados federales se reunieron con el gabinete del presidente, pero queda la duda si el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibió. Otra duda es si sobre la mesa de Palacio estuvo el tema del cambio en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tema caliente tanto entre opositores, como en la propia bancada de Morena. (El Universal, p. 2)