El Poder Judicial de la Federación debe escuchar al pueblo y dejar dne estar al servicio de la oligarquía, expresó el sacerdote Alejandro Solalinde, luego de participar en una marcha para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que combata la corrupción en sus filas. El también director del albergue Hermanos en el Camino dijo que asistió a la movilización no como organizador, sino porque consideró que es un problema que debe atenderse. Expresó: El último poder que falta sintonizarse con nuestra Cuarta Transformación es el Judicial. Pero ha estado al servicio de la oligarquía; lo siguen manejando esas personas ricas que le tienen que pagar los amparos para que detengan la marcha del pueblo. Pero esto no va a suceder; debemos decirle a que el pueblo está por encima, y que hay mecanismos legales para ponerlo en su lugar. Desde el primero de julio del año pasado, agregó, se mostró que puede superar obstáculos para conseguir el cambio; el Poder Judicial, con honrosas excepciones, no se ha sumado a la lucha anticorrupción. (Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)
La disputa ya no es sólo por el control de los lugares de cultivo, distribución y rutas para el trasiego de drogas, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha emprendido una confrontación directa con algunas de sus células y con el cártel de Sinaloa por el control de las tomas clandestinas y el robo de combustible en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Nayarit, entidades en las que durante esta administración se han registrado 4 mil 438 homicidios dolosos y en los que 69 por ciento se cometieron con armas de fuego, pero no son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en Jalisco, así como Abasolo, San Francisco del Rincón, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Apaseo El Grande y Celaya, en Guanajuato, están considerados por autoridades federales como los principales centros de operación del CJNG, organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, y uno de sus rivales más violentos y poderosos es el grupo conocido como el cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, El Marro. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 8)
El delito de acoso sexual aumentó 98 por ciento en el lapso de siete meses respecto a igual periodo del año pasado, con un total de 468 casos, en el cual la demarcación Cuauhtémoc se ubicó en primer lugar, con 108, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México. De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por la dependencia, la comisión de este ilícito se concentró en las colonias Centro, Obrera, Juárez, Tabacalera, Atlampa, Doctores, Roma Norte, Buenavista e Hipódromo Condesa.
Las calles o avenidas con mayor riesgo fueron Paseo de la Reforma, de la estación Hidalgo del Metro al Bosque de Chapultepec; calzada de Tlalpan, de Izazaga a Xola; Fray Servando Teresa de Mier, Balderas, Insurgentes, Artículo 123, Niños Héroes y Cuauhtémoc; así como la estación Balderas del Metro. En Iztapalapa se reportaron 62 casos, principalmente en las colonias Lomas Estrella, Presidentes de México, Chinampac de Juárez, Las Peñas, El Manto, Santa Martha Acatitla, San Lorenzo Tezonco y Leyes de Reforma. (Laura Gómez Flores, La Jornada, Capital, p. 30)
Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional no buscan invalidar la reforma que creó esa instancia, si no fortalecerla. Así lo aseveró Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, quien subrayó que los artículos impugnados representan apenas cinco por ciento de toda la reglamentación de la Guardia Nacional.
Aclaró, que hay riesgos de violaciones a los derechos humanos por una inadecuada interpretación o porque la redacción de las leyes es omisa con lo establecido en la Constitución y se debe corregir. En entrevista, indicó que hay faltantes en esas normas, por lo que la intención es que la SCJN declare que existen esas omisiones y se legisle para completar las leyes. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 11)
Desde la entrada en vigor de las reformas a la Constitución que dieron origen a la Guardia Nacional, en marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido siete quejas por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de la ciudadanía por actuación de elementos de esta corporación. Información del organismo nacional señala que en estos escasos cinco meses de existencia de la instancia de seguridad, estas quejas se han presentado por presuntas agresiones, detenciones arbitrarias, abusos y otro tipo de violencia durante las labores de la Guardia Nacional. (Emir Olivares, La Jornada, Política, p. 11)
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que no se han registrado nuevos ataques a las redes sociales de dependencias oficiales en nuestro país, esto luego de que la semana pasada fueron hackeadas las cuentas de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y de la Fiscalía General de Jalisco.
Desde ambas cuentas fueron publicadas críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual sus administradores tuvieron que difundir mensajes aclaratorios. Ayer, la cuenta de la Fiscalía de Jalisco fue recuperada y se borraron todos los mensajes apócrifos. (Eduardo Murillo, La Jornada, P.p.)