A principios de esta semana, el presidente Donald Trump anunció una nueva norma migratoria que entrará en vigor a mediados de octubre, que establece que inmigrantes legales en búsqueda de la residencia permanente, conocida como green card, o la ciudadanía estadounidense, tendrán que comprobar que no serán una “carga pública” para el gobierno. Esta idea se basa en que los extranjeros que quieran residir en Estados Unidos deben de tener la habilidad y los recursos para ser autosuficientes y no requerir de las ayudas públicas federales -como cupones para alimentos, subsidios para el pago de alquiler, Medicaid, entre otras- que supuestamente deben reservarse a los nacionales del país.
Trump una vez más castiga la migración ilegal, y ahora hasta la legal, para hacer un cambio demográfico en contra de países del tercer mundo y a favor de razas que él considera superiores.
Esta nueva medida pone en riesgo a 2 millones 380 mil residentes legales mexicanos que ahora tendrán que elegir entre mantener su residencia o pedir asistencia pública.
Es decir, Trump quiere modificar el flujo de la migración para convertir a Estados Unidos en un país más blanco y adinerado. (Lila Abed, El Heraldo de México, p. 2)
El nuevo embajador de Estados Unidos ante México, Sr. Christopher Landau, expuso al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense cuáles serán sus prioridades al llegar a nuestro país: la migración, el narcotráfico y el “comercio justo”. Confirma así lo único que le interesa de nosotros a su jefe, el presidente Trump.
En este espacio he tratado de ejemplificar cómo Trump gobierna a base de amenazas y producir miedo. Tanto en el campo de su policía doméstica como en su política internacional ha roto múltiples protocolos, principios y límites. Envalentonado por la impresionante fortaleza de la economía, más la inalterable popularidad con su base electoral, busca ahora reelegirse en 2020 por cuatro años más con base en radicalizar sus decisiones en los temas que más le aportarán votos, destacadamente la migración.
En las últimas semanas, Trump ha tomado una serie de medidas adicionales contra migrantes, no sólo contra los indocumentados, sino también contra aquellos que ya viven legalmente en Estados Unidos. (Gustavo Mohar, Excélsior, Opinión, p. 10)
La semana que recién concluyó fue de definiciones en América Central. En Guatemala, la elección presidencial se resolvió a favor del ultraconservador Alejandro Giammattei, un médico con un oscuro pasado como carcelero y violador de derechos humanos, lo que le valió casi un año de cárcel a él mismo. Giammattei aprovechó el caos que ha sido el gobierno de Jimmy Morales, quien se despide con una aprobación menor al 25 por ciento, para alzarse con la victoria.
En El Salvador, Nayib Bukele, hijo de migrantes palestinos, se convirtió en el presidente mejor calificado a escala global, gracias a una agresiva política de austeridad, que cerró la llave del dinero público tanto a la Alianza Republicana Nacionalista, como al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ambas formaciones políticas hicieron de la democracia una farsa que permitía que unos y otros disfrutaran de los recursos públicos como un botín dividido a mitades entre ambos. Bukele es tan popular en América Central, que en varias casillas instaladas en Guatemala el domingo próximo pasado, se encontraron votos a favor de Bukele. (Manuel Gómez Granados, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 2)
Cuando empecé a estudiar la migración en la década de los 80, una pregunta que de manera recurrente les hacía a los migrantes mexicanos en Estados Unidos era si en algún momento se habían sentido discriminados. Irremediablemente la respuesta era negativa; nuestros connacionales no se sentían discriminados.
Años después, al hacer la misma pregunta, a un mexicano migrante que trabajaba allá en un supermercado me respondió que sí, en ese momento sí reconocía haber sido discriminado, pero anteriormente no. Y me explicó algo evidente, cuando llegó a Estados Unidos no entendía inglés y sólo notaba que el jefe estaba molesto si levantaba la voz.
Ahora entiende lo que le dicen y reconoce que la discriminación racial es un asunto esencialmente verbal. (Jorge Durand, La Jornada, p. 16)
Recientemente, los medios de comunicación dan cuenta de un caso que llama especialmente la atención en Holanda, dada su naturaleza y circunstancias. Una mujer menor de edad, con antecedente de haber sido víctima de abuso sexual y violación, solicitó la muerte asistida por el Estado en virtud del extremo sufrimiento ocasionado por haber sido víctima de tan terrible conducta. Los medios noticiosos dan cuenta, también, del fallecimiento de la niña, aparentemente con ayuda médica.
Las razones de la solicitud son difícilmente cuestionables en virtud de que es la persona sufriente la única que puede dar cuenta exacta de su magnitud, lo que se puso en evidencia desde el momento en el que los padres no se opusieron al extremo acto de buscar la muerte, sin embargo, en ambientes sociales carentes de elementos básicos de supervivencia, como nuestras sociedades latinoamericanas, nos cuesta más trabajo aceptar que dicha situación conforme o signifique una justificación suficiente para que una menor decida morir.
De ninguna manera quiero decir que aceptemos la violación como algo normal, pero basta recordar testimonios repetidos por mujeres jóvenes migrantes que cruzan nuestra frontera sur en la búsqueda del sueño americano, que solicitan la colocación de un dispositivo intrauterino previo al inicio del viaje porque todas tienen la certeza de que van a ser abusadas sexualmente en el camino. Propongo entonces que son condiciones de vida diametralmente diferentes las de una adolescente holandesa, respecto de las guatemaltecas, lo que las conduce a reaccionar de forma tan diversa frente a hechos que las victimizan casi de igual manera. (Raymundo Canales de la Fuente, Excélsior, Opinión, p. 19)
Cuándo voltearán los mandamases europeos a ver la tragedia de los migrantes, simbolizada en la odisea de Open Arms. (La Jornada, p. 32)