Se cumplen nueve meses de la actual administración federal y mientras la crisis migratoria continúa con las presiones de Estados Unidos para que México siga conteniendo a miles de centroamericanos que buscan alcanzar el “sueño americano”. En territorio mexicano se desconocen las cifras reales de cuántas personas sin papeles se encuentran en el país, y más aún, cuántos bebés de mujeres migrantes han nacido aquí y en qué condiciones se encuentran y si la asistencia en salud y derechos humanos es la que exige la ley, dijo en entrevista con Crónica Margarita Juárez, abogada en derecho migratorio mexicano del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
La defensora de los derechos humanos refirió que la información sin duda la deben tener autoridades de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Procuraduría Federal de Protección a los niños, niñas y adolescentes, que depende del DIF, ya que se supone existe un monitoreo riguroso de las mujeres que dieron a luz en hospitales o clínicas regionales en las fronteras sur y norte, pero hasta el momento no se ha consolidado esta información y menos se ha dado a conocer. (Mario D. Camarillo, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 4)
Por considerar que no está en el interés nacional y por tanto es inadmisible, todas las fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, cerraron filas y expresaron su rechazo a que México negocie con Estados Unidos un acuerdo para ser un tercer país seguro.
Los coordinadores parlamentarios establecieron tres ejes para fundamentar su decisión, y exhortaron a las autoridades de Estados Unidos a actuar en apego a sus propios procesos, normatividad y en congruencia con los tratados internacionales que ha suscrito.
Mediante un documento, los líderes de las bancadas consideraron imperativo que el Ejecutivo se abstenga de negociar un acuerdo de tercer país seguro, pues la mayoría de las experiencias internacionales, respecto de este tipo de convenios, no han demostrado tener éxito en la gestión eficaz de los procesos de asilo y acogida de migrantes. Destacaron la disposición que ha mostrado México para colaborar con el Gobierno estadounidense. (Jorge X, López, 24 Horas, p. 4)
A nueve años de que 72 migrantes fueran asesinados por el crimen organizado en San Fernando, Tamaulipas, tanto familiares de las víctimas como organizaciones sociales denunciaron que hasta el momento es limitado el acceso a la información del caso, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) detalló que sin los datos no es posible acceder al derecho de memoria ni garantizar justicia.
Durante el foro sobre la masacre de San Fernando, la organización Artículo 19 recordó que hasta el momento sigue impune el caso.
La directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, explicó que en el 2012, en conjunto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, solicitaron el acceso a la información de los expedientes a la entonces Procuraduría General de la República y al Instituto Federal de Acceso a la Información, misma que les fue negada. (Marisol Velázquez, El Economista, p. 41)
(Redacción, Reforma, p. 12)
En cuestión de días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría notificarle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que dicho organismo tiene capacidad para determinar si una investigación se refiere a violaciones graves de derechos humanos y, por lo tanto, ordenar que se haga pública.
Como se informó en este diario, el pleno de la SCJN determinó por unanimidad el pasado 4 de abril que las autoridades no podrán reservar ningún dato de las averiguaciones previas o las carpetas de investigación en casos donde se determine que se cometieron violaciones graves de derechos humanos o actos de lesa humanidad.
La Corte asumió la anterior decisión tras resolver un juicio de amparo en contra del desaparecido Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), el cual negó en septiembre de 2013 el acceso pleno al expediente del caso de la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, que había promovido una organización civil.
En ese contexto, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) también se negó a abrir el archivo respectivo. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 10)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) facilitó una reunión de trabajo de autoridades federales y estatales de Tamaulipas con familiares de las víctimas de los lamentables acontecimientos ocurridos hace nueve años en San Fernando, en dicha entidad, para realizar los trabajos de reconocimiento de los cuerpos de los 72 migrantes que fueron asesinados en ese municipio y reparar los daños.
Familiares de las víctimas pidieron obtener el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para que se utilice la vía diplomática y se pida a los gobiernos de Guatemala y Brasil autoricen la exhumación y reconocimiento de víctimas, porque la mayoría de los familiares no tiene la certeza de que el cuerpo que se les entregaron sea verdaderamente de su pariente.
También solicitaron la creación de la unidad mixta de investigación dentro de la Fiscalía General de la República de México, así como obtener copia de los expedientes en su calidad de víctimas y que la CEAV lleve a cabo las medidas de reparación integral de conformidad con la Ley, y que éstas sean efectivas en sus países de origen. (Manrique Gandaria, El Sol de México, Nacional, p. 8)
Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en conjunto para enfrentar las acciones del crimen organizado en ambas naciones y coincidieron en que ningún país puede por sí solo enfrentar el fenómeno delictivo.
La tarde de ayer, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvieron una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
En la reunión, Durazo Montaño expuso al embajador la política de seguridad del gobierno federal para enfrentar al crimen y también destacó los trabajos de la Guardia Nacional en las 150 regiones donde opera la primera etapa del acuerdo sobre migración que establecieron ambos países.
Horas más tarde de la reunión, el embajador Landau escribió en sus redes sociales que los criminales no reconocen fronteras nacionales, por eso, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es imprescindible. (Alejandra Canchola y Manuel Espino, El Universal, Nación, p. 9)
(César Martínez, Reforma, p.12)
La misión permanente del gobierno mexicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó una propuesta de declaración conjunta para condenar el ataque terrorista del pasado 3 de agosto en El Paso (Texas) en el que un supremacista blanco mató a 22 personas, entre ellas ocho mexicanos.
La propuesta, que tiene fecha del 20 de agosto, pide que el Consejo Permanente de la OEA declare “su más fuerte condena al ataque terrorista ocurrido en la ciudad de El Paso, Texas, el 3 de agosto de 2019”.
El proyecto, que hoy será analizado por el Consejo Permanente, incluye una “condena y rechazo a la discriminación racial y los crímenes motivados por el odio, el racismo, la xenofobia e intolerancia, incluyendo el discurso de superioridad racial, en donde quiera que éstos ocurran”, al aludir a los supuestos motivos que llevaron a Patrick Crusius, de 21 años, a entrar al Walmart cercano al centro comercial de Cielo Vista y disparar a discreción como “respuesta a la invasión hispana de Texas”, como expuso en un manifiesto en internet. (Víctor Sancho, El Universal, Nacional, Pp.18)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p.17)
(Roxana González, El Sol de México, Nacional, p. 6)
(Ana Langner, La Jornada, Política, p. 12)
En el Senado, PRI, PT y PVEM expresaron su pleno respaldo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la solicitud presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que el organismo hemisférico emita una resolución de condena a la masacre de El Paso, Texas, del 3 de agosto pasado.
Los legisladores coincidieron en que ese ataque, en el que perdieron la vida 22 personas, incluyendo ocho mexicanos, tuvo su origen en el discurso de odio y se conjugó con otros factores que vulneran a la población en general en la Unión Americana, como la venta de armas. Subrayaron que otras víctimas eran estadounidenses y personas de otras nacionalidades, por lo que condenar dicho crimen de terrorismo es un asunto que incumbe al concierto de las naciones.
El senador Manuel Añorve Baños (PRI) expresó su “apoyo total” a la declaración promovida por México en la OEA. “Debemos terminar con el discurso de odio que genera este tipo de acontecimientos fatales, asesinatos sin sentido, contra gente de bien, migrantes por trabajo y que los extremistas consideran invasores”. (Juan Arvizu y Suzzette Alcántara, El Universal, Mundo, 18)
Información de Estados
Chiapas
Un policía lesionado y un africano más herido, además de dos periodistas golpeados, fue el saldo de la trifulca registrada entre migrantes extracontinentales y elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI, luego de que se buscara impedir el ingreso de autobuses y del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) al inmueble.
Por noveno día consecutivo, los africanos y haitianos llevaron a cabo acciones de protesta en el exterior de la estación exigiendo libre tránsito por México para trasladarse a Estados Unidos y Canadá, situación que el INM les ha negado sin argumentos. Para evitar enfrentamientos, la Guardia Nacional y la Policía Federal montaron vallas metálicas para delimitar el perímetro donde podían estar los migrantes. Cuando éstos intentaron impedir el ingreso de personal y autobuses montaron una valla humana.
Las medidas de seguridad molestaron a los extracontinentales y las manifestaciones crecieron hasta que los migrantes trataron de romper las vallas de uniformados e inició el enfrentamiento. (Gaspar Romero, Excélsior, Nacional, p. 17)
(Redacción, Reforma, Pp. 12)
(A. Jiménez y V. Díaz, Milenio Diario, Política, p. 13)
(Redacción, El Financiero, Pp.38)
(Redacción, 24 Horas, Pp)
(Rubén Zúñiga, El Sol de México, Nacional, p. 32)
(Jeny Pascacio, El Heraldo de México, p. 15)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las agresiones físicas y amenazas de policías federales contra los reporteros José Torres, corresponsal del noticiario Así las Cosas, de W Radio, y del periodista freelance Damián Sánchez, mientras daban cobertura al enfrentamiento entre uniformados y migrantes en el exterior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.
Aunado a ello, reprobó que algunos elementos de la Policía Federal (PF) que participaron en el operativo en la estación migratoria portaran en sus uniformes un gafete con las siglas de la Comisión Nacional a manera de identificación, hecho que reportaron organizaciones civiles con la difusión de fotografías. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 11)
La Trasportapueblos, una coyote con su cría hecho de metal y mader, es un proyecto del arquitecto y artista plástico Alfredo LIBRE Gutiérrez con el que homenajea a los migrantes, yu además, les enseña con un mapa dónde están los 84 albergues y las estaciones migratorias, la escultura se colocó a un lado de las vías de La Bestia. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 17)
(Staff, Reforma, p. 12)
Migrantes cubanos que esperan en Ciudad Juárez, Chihuahua, para pedir asilo en EU acusaron a policías estatales de robarles más de 2 mil dólares. Óscar Aparicio, Comisionado de seguridad del Estado, condenó el actuar de los policías que hurtaron a 17 migrantes y al encargado del hotel donde se hospedaban. (EFE, Reforma, p. 12)
Nuevo León
Autoridades federales –pertenecientes a la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y de la División de Investigación de la Policía Federal– liberaron a 50 centroamericanos originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que se encontraban privados de su libertad en un domicilio en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Durante el operativo fue asegurada una persona de la que se busca definir su situación jurídica al desconocer si se trata de una víctima de secuestro o de un integrante de un grupo de traficantes de personas. Inicialmente, indicaron fuentes federales, la persona asegurada fue identificada como el ecuatoriano ex jugador profesional de futbol, Walter Ayoví, quien estuvo enrolado en el balompié nacional con los equipos de Monterrey, Pachuca y Dorados de Sinaloa, entre 2009 a 2016, y se investigaba si había sido víctima de plagio.
Durante la noche surgieron versiones que señalan que se trata de una persona con apellido Ayoví y que estaría relacionado con una banda de traficantes de personas, sin que la Fiscalía General de la República haya confirmado si se trata de un pariente del ex futbolista. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 12)
(Aracely Garza, Excélsior, Nacional, p.19)
(Redacción, Mileno Diario, p.13)
Información Internacional
Bélgica
Las aguas belgas ya no son ajenas a la tragedia migratoria que causa gran consternación en regiones como el Mediterráneo y el río Bravo. Entre las torres del parque eólico del puerto de Zeebrugge, en Bélgica, fue encontrado el pasado fin de semana el cuerpo de un iraquí de 48 años.
El migrante llevaba un “chaleco salvavidas casero”, hecho a base de una red de tela y botellas de plástico. El gobernador de la provincia de Flandes Occidental, Carl Decaluwé, sospecha que probablemente trató de llegar de Francia a Reino Unido.
La corriente habría llevado el cadáver hasta la costa de Bélgica, en donde por vez primera fue encontrado sin vida el cuerpo de una persona en busca de refugio. La tragedia responde a un fenómeno anticipado por organizaciones humanitarias en 2016 como resultado del desmantela miento de la Jungla, un campamento improvisado localizado en la comunidad francesa de Calais, y el endurecimiento de la política migratoria británica como consecuencia del voto a favor del Brexit. (Inder Bugarin, El Universal, Mundo, p 19)
EUA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó al máximo tribunal de su país para reanudar legislaciones contra migrantes. Funcionarios federales acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para desbloquear una ley que restringe el derecho de asilo en la frontera con México que había sido suspendida.
A través de una carta, el representante legal del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó que la suspensión interfiere de forma indebida con la autoridad del poder ejecutivo para establecer una política migratoria. Con la norma impugnada, Trump buscaba procesar a extranjeros que demostraran que habían solicitado asilo en al menos un país antes de Estados Unidos.
Sin embargo, en julio pasado, un juez suspendió la entrada en vigor del reglamento que hacía que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México fueran inelegibles para solicitar refugio. (AFP, Excélsior, Global, p. 28)
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) transferirá 271 millones de dólares de diversas agencias para aumentar el número de camas en los centros de detención para migrantes y apoyar su política de forzar a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Entre las agencias que perderán recursos se cuentan la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Las noticias se produjeron en momentos en que la temporada de huracanes se intensifica. En concreto, 116 millones irán destinados a aumentar el número de camas en centros de detención para inmigrantes gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE según un comunicado el DHS. (Agencias, Reforma, Internacional, p. 14)
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dejará de tramitar exenciones de deportación para inmigrantes por motivos de salud. La medida fue criticada por un senador demócrata como una sentencia de muerte para muchos enfermos.
El cambio de política entró en vigor el 7 de agosto, confirmó una portavoz del USCIS a la AFP, y dijo que la agencia recibía alrededor de 1,000 solicitudes al año, pero que la mayoría eran rechazadas.
Este programa de protección específico para migrantes en tratamiento médico o que tenían un familiar enfermo en Estados Unidos es similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA creado por el expresidente Barack Obama para evitar la deportación de inmigrantes irregulares llegados al país siendo niños. (AFP, El Economista, p. 44)
Italia
El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, prohibió ayer el ingreso a aguas territoriales al barco alemán Eleonore, que es apoyado por la organización humanitaria alemana Mission Lifeline, y lleva a bordo a 100 migrantes rescatados en Libia. De acuerdo con la agencia de noticias AdnKronos, Salvini prohibió el ingreso, el tránsito y el abastecimiento del barco humanitario en aguas italianas y trasladó su decisión a los ministerios de Defensa y de Infraestructura y Transporte. Claus-Peter Reisch, capitán y propietario del Eleonore, aseguró el lunes que el rescate de migrantes ocurrió justo cuando la lancha inflable en la que navegaban estaba hundiéndose. (Europa Press, La Jornada, Mundo, p. 27)
Unas 40 personas habrían muerto, entre ellas varios niños, y 60 más fueron rescatadas en un naufragio frente a las costas de Libia, luego que unos 100 migrantes zarparon en una embarcación precaria, reportaron las organizaciones Internacional para las Migraciones (OIM) y Alarm Phone.
“Se teme que unos 40 migrantes, entre ellos mujeres y niños, estén muertos, según testimonios”, informó OIM Libia, “unos 60 sobrevivientes fueron regresados a las orillas, y varios cuerpos recuperados”.
La ONG Alarm Phone recibió la señal de un bote frente a la costa de Libia, que llevaba unas 100 personas a bordo, reportó el periódico italiano La Repubblica. (Redacción, 24 Horas, p. 15)
(Cinthia Rodríguez, Excélsior, Global, p. 28)
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 15)
Venezuela
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideró que la crisis migratoria venezolana ha dejado de ser sólo de índole regional para convertirse en global.
De acuerdo con cifras de ACNUR, América Latina y el Caribe actualmente acogen a 80% de los 4.3 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años, siendo Colombia el que más ha recibido a refugiados de esa nación: 1.4 millones de venezolanos.
La representante adjunta de ACNUR en Colombia, Yukiko Iriyama, alertó que a medida que la crisis económica en Venezuela se agudiza, quienes abandonan el país y llegan a Colombia lo hacen aún más necesitados de asistencia. La gente llega en condiciones más vulnerables, por lo que requieren más apoyo humanitario, dijo Iriyama. (Notimex, Excélsior, p. 29)
(Notimex, El Heraldo de México, p. 22)
Efectivos de la Policía colombiana se encontraban este martes desplegados en la frontera de Ecuador y Colombia, para impedir que se produjeran sucesos como en la víspera cuando cientos de venezolanos bloquearon el paso en protesta por el requisito de visa para entrar en suelo ecuatoriano.
Las fuerzas de seguridad de Colombia tuvieron que emplear de forma limitada la fuerza la noche del lunes para empujar a los cientos de migrantes del país caribeño y poder reabrir la principal vía de acceso al país desde Ecuador, que estuvo interrumpida durante unas ocho horas.
Fuentes policiales indicaron que unos 200 manifestantes venezolanos fueron trasladados a seis albergues en la ciudad colombiana de Ipiales, mientras que otros permanecieron en la terminal internacional y esta mañana de tanto en tanto algunas madres con sus hijos trataban denodadamente de ingresar en Ecuador, donde ya no existe esa posibilidad sin la visa excepcional de carácter humanitario. (EFE, El Sol de México, Mundos, p. 39)