La llamada Cuarta Transformación planea echar a andar el gobierno federal en 2020 con 10 mil servidores públicos menos que los registrados al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, así como generar ahorros que superan los 20 millones de pesos tan sólo en el pago de remuneraciones a los titulares de las diversas instituciones.
Las 21 dependencias de la administración pública y la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabajarán con 888 mil 257 burócratas a partir de enero, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que presentó Arturo Herrera Gutiérrez, titular de Hacienda, el domingo pasado.
Se trata de una disminución de 10 mil 272 plazas con relación a las 898 mil 529 reportadas en 2018.
La Secretaría de Gobernación (Segob) es la dependencia gubernamental más afectada con la propuesta, porque su plantilla se reduce de 80 mil 121 empleados en 2018 a 11 mil 90 en 2020, aunque 68 mil 376 plazas fueron trasladadas a la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entidad encargada de convocar a la Guardia Nacional. (Tláloc Puga, El Universal, P.p.)
La diplomacia mexicana carece de seguridad tecnológica. No existen mecanismos de detección de intrusos en el sistema instalado tanto en las oficinas ubicadas en México como en las representaciones en el exterior.
En el informe elaborado por la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación (DGTII) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se exhibió que la infraestructura de comunicaciones, así como los protocolos de seguridad en las Representaciones de México en el Exterior (RME) no están homologados con la oficina central ni con el sistema de seguridad nacional del país.
También, detalla el documento, existe un gasto de más de 4 millones de pesos mensuales en materia de seguridad informática. Además, prevalece una carencia de políticas y controles de seguridad en las RME, y en la Cancillería las políticas de seguridad no se aplican.
“[Hay una] carencia de mecanismos de detección de intrusos a nivel nacional y en las RME”, dio a conocer la DGTII. (Ariadna García, El Universal, P.p.)
Ante cuestionamientos acerca de si solicitará la renuncia del subdelegado del Issste en Michoacán, José Manuel Mireles, por sus expresiones misóginas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “tenemos que respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas (…) podría pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y estemos dispuestos a rectificar”.
Sugirió que debería pedir disculpa pública y hacer el compromiso de educarse. Mas tarde, el director del Issste, Luis Antonio Ramírez, reprobó las expresiones y señaló que será el área correspondiente la que determine una eventual sanción. (Redacción, La Jornada, P.p. Isabel González, Excélsior, P.p.)
El expresidente del Senado, Martí Batres, dijo que es falso que haya dejado a 66 de sus recomendados en la nómina del Senado y aseguró que el personal con el que trabajó ya renunció “y de la estructura, la gran mayoría fue designada antes de mí, por acuerdo de Emilio Gamboa y Ricardo Monreal”.
Y en una carta enviada a la redacción de este diario, asegura que “la información es falsa. Muchas de las personas que se encuentran en la lista publicada renunciaron desde que terminé mi gestión; otros ya fueron despedidos y muchos más ni siquiera fueron nombrados por mí. No omito señalar que no he recomendado a nadie para que ocupe un cargo dentro o fuera del Senado.
Por cierto, el primer funcionario despedido fue el titular de la Unidad de Transparencia, probablemente para facilitar la entrega de información incorrecta”, dice.
También explica que “aunque el Estatuto del Senado marca que el presidente nombra directamente al coordinador de Comunicación Social, se quedó quien ya estaba antes de mi llegada. Al frente del Centro de Capacitación, la Mesa ratificó a quien estaba como encargada del despacho antes de mi llegada”. (Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, P.p.)
El programa de pensiones para adultos mayores tiene ya un avance de 93 por ciento, al llegar a 8 millones 38 mil beneficiarios, de una meta de casi 8.6 millones, informó ayer la Secretaría del Bienestar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que para concretar el reparto de las tarjetas con que se entregan las pensiones, se instalarán 13 mil centros integradores con sucursales del Banco del Bienestar en comunidades de todo el país, a la par del desarrollo del programa de acceso a Internet, mismo que servirá para que operen los cajeros, para el cual ya se constituyó una filial de la Comisión Federal de Electricidad que operará el servicio.
Poco más de la mitad de los beneficiarios (4.7 millones) recibe su pensión de 2 mil 550 pesos mensuales con las llamadas tarjetas del Bienestar, mientras el resto lo obtiene en efectivo. La dependencia informó que se han perpetrado siete robos de repartos de este programa correspondientes a los recursos que se dan en efectivo, los cuales suman 20 millones de pesos. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa expondrán este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador su enojo y preocupación por el “descuido” de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue uno de los elementos –junto al trabajo “irregular” de la extinta PGR, dependencia contra la que apuntaron sus primeras críticas por esa liberación– que permitió la absolución y excarcelación de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los presuntos responsables de los hechos.
Advirtieron que esto pone en riesgo la justicia, pues “hay otros casos a punto de caerse por falta de un trabajo serio de la Fiscalía”. Los familiares de los jóvenes se reunirán este miércoles en Palacio Nacional con el mandatario, a unos días de que se cumplan cinco años de los crímenes, suscitados en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Reunión extraordinaria
Ayer se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en la Secretaría de Gobernación. Tras el encuentro, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, aseveró: “La subsecretaría de Derechos Humanos de la SG –que preside la Comisión– hace un trabajo serio, pero otras instancias del Estado mexicano no han estado a la altura, como la FGR, que dejó esos procesos descuidados y ahora estamos viendo las consecuencias”. (Emir Olivares y Fabiola Martínez, La Jornada, Contraportada)
Entre críticas y modificaciones de último momento, el Senado aprobó reformas que tipifican como delincuencia organizada a la defraudación fiscal y que buscan combatir a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.
El PAN adelantó que ante las inconsistencias en las reformas aprobadas, presentará una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues considera que criminalizan a los contribuyentes.
“Se trata de terrorismo fiscal hacia los ciudadanos y las empresas. En Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal”, indicaron los panistas en un comunicado. (Suzzete Alcántara y Alejandra Canchola, El Universal, P.p. Zedryk Raziel, Reforma, P.p. Leticia Robles de la Rosa)
Dos nuevas denuncias fueron interpuestas por presuntas irregularidades en la declaración patrimonial y de conflicto de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una investigación hecha por el periodista Carlos Loret de Mola y publicada en EL UNIVERSAL.
Con estas nuevas denuncias ya suman tres —dos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y una ante la Fiscalía Anticorrupción— contra el funcionario federal.
Ayer por la mañana, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la sede de la SFP para interponer una denuncia contra el también exgobernador de Puebla, en la que acusó que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, debió investigar las presuntas irregularidades en las propiedades del titular de la CFE.
“Hay una inconsistencia en las propiedades de Manuel Bartlett (…) Presenté esta denuncia por la omisión que hizo el titular de la CFE, al declarar los bienes a nombre de su pareja o esposa y de sus hijos. (Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p.)
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) condonará 10 por ciento del adeudo de los derechohabientes que ya pagaron 90 por ciento de su hipoteca, anunció su director general, Carlos Martínez Velázquez. Detalló que el Programa 90 Diez en una primera etapa beneficiará a 31 mil trabajadores, a quienes a partir del 2 de septiembre se le ha estado notificando su situación.
En noviembre se inicia otra etapa para alcanzar hasta 40 mil familias al cierre del año. Para otorgar este beneficio –detalló–, el Consejo de Administración del instituto –compuesto por las representaciones del gobierno, los empresarios y los trabajadores– asignó una bolsa de 900 millones de pesos, con la que se podrá ofrecer un descuento promedio por acreditado de 15 mil 647 pesos.
Además de haber cubierto 90 por ciento o más del monto, el criterio de elegibilidad de Infonavit 90 Diez es tener un crédito denominado en veces salario mínimo (VSM) con al menos cinco años de antigüedad. Destacó que el programa aplicará para quienes cumplan con los requisitos, sin importar su nivel salarial y sin distinción de su régimen de amortización ya sea ordinario, extraordinario o en prórroga. (Jessica Xantomila, La Jornada, Contraportada)
Nuevo Laredo, Tras reportarse la semana pasada que el crimen organizado amenazó con incendiar las gasolineras de esta frontera que vendieran combustible a militares y policías, lo que provocó que varias estaciones negaran el servicio a esas autoridades, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció ayer la clausura de nueve expendios.
Sin hacer alusión a una investigación que la Fiscalía General de la República anunció la semana pasada contra establecimientos que negaban el servicio, la Profeco informó en un comunicado que el cierre se efectuó en un operativo que consistió en la verificación de 12 gasolineras.
Aseguró que en nueve detectó “prácticas de discriminación” en la venta de combustible y que las otras tres estaban fuera de operación.
“El operativo se realizó por una queja que presentó el Gobierno del Estado de Tamaulipas en contra de las gasolineras verificadas”, señaló.
“(Se) hace un llamado a los consumidores a no incurrir en compras de pánico, ya que del total de 66 gasolineras en la ciudad, 54 están operando y abasteciendo con toda normalidad”, indicó. (Redacción, Reforma, P.p.)
La devolución del presupuesto a los institutos nacionales de salud fue “un anuncio mediático”. El dinero que a principios de año fue “reservado” por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no regresó y en la mayoría de las áreas falta personal médico, de enfermería y de apoyo, sea porque no se pueden contratar suplencias o porque se cancelaron los recursos del Seguro Popular que se usaban para este fin, afirmaron trabajadores.
Además, hay equipos descompuestos, faltan insumos para el tratamiento de pacientes hospitalizados, así como reactivos de laboratorio, señalaron. Las consecuencias las pagan los pacientes, que deben esperar seis meses para tener una consulta con el especialista, o alrededor de tres si requieren una cirugía.
Sólo si son casos de urgencia, se atienden en el mismo día que llegan, comentaron los empleados de diferentes institutos que solicitaron mantener su identidad bajo reserva, porque “no queremos ser víctimas de represalias”. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Contraportada)
El proyecto de educación alternativa que entregó ayer la CNTE al Presidente Andrés Manuel López Obrador incluye enseñar a los alumnos de escuelas públicas la lucha social, desobediencia y resistencia.
“Deben comenzar por desobedecer y resistir a las imposiciones institucionales, culturales y consumistas como primeras acciones contrahegemónicas”, señala el documento al que REFORMA tuvo acceso.
En lo que fue su séptima reunión con el Presidente, el magisterio disidente entregó su propuesta que parte de la base de que la educación puede construir o reconstruir a “sujetos históricos sociales e inacabados con un pensamiento crítico”.
También puntualiza que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representa a profesores de entidades federativas con más pobreza, explotación y violencia. (Iris Velázquez, Reforma, P.p.)
A una semana de que Claudia Sheinbaum Pardo rinda su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, al cuestionar a diversas personas sobre su administración, 50.6% de los habitantes aprobó la forma en cómo desempeña su trabajo y 36.2% de los capitalinos desaprueba su trabajo.
De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por EL UNIVERSAL a los habitantes de la Ciudad de México, 49.1% piensa que las cosas mejorarán durante su gestión y 44.4% considera que la jefa de Gobierno escucha, atiende y resuelve los problemas de la capital.
Al preguntar a las personas que participaron en la encuesta sobre si nueve meses son suficientes para evaluar al actual gobierno capitalino, 61.8% afirma que no es suficiente, contra 37.4% que considera que sí lo es.
Mientras 29.7% estima que un año es el tiempo adecuado para empezar a exigir resultados, 20.3% menciona que se debe ser paciente y 8% piensa que se deben exigir resultados desde la toma de posesión del cargo. (Héctor Alee, El Universal, P.p.)
Más de cuatro toneladas de mariguana fueron halladas y decomisadas en un operativo realizado por elementos de inteligencia del Grupo Boru de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en Tepito, en una vecindad ubicada en la calle Labradores número 9, en la colonia Morelos, con saldo de una persona detenida.
En un operativo que se prolongó más de 10 horas, los elementos policiacos concretaron el decomiso, del cual no se tiene precedente en la capital del país y en el que, de acuerdo con las primeras versiones policiacas, sólo se encontró mariguana.
No se hallaron armas o algún otro tipo de droga y se presume que las más de cuatro toneladas estaban a resguardo, distribución y venta de la organización delincuencial la Unión Tepito, que tiene el control del barrio, cuyo territorio le disputa la banda conocida como Fuerza AntiUnión Tepito. (Elba Mónica Bravo, La Jornada, P.p.)
Policías de Tamaulipas abatieron la semana pasada en Nuevo Laredo a ocho personas, presuntamente integrantes de un grupo criminal perteneciente al Cártel del Noreste. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de esa ciudad denunció que lo ocurrido fue, en realidad, una ejecución extrajudicial en un escenario prefabricado.
El Comité dio a conocer que la mayoría de los ejecutados fueron sacados de una casa en la calle Héroes de Nacataz, en la colonia Buenavista y cuenta con videos que permiten ver, por ejemplo que en la casa donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, no hay evidencias físicas.
Un testigo clave reveló que policías estatales le ordenaron remolcar la pick up negra con blindaje artesanal.
El 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un operativo de seguridad en Nuevo Laredo, en el que abatió a tres mujeres y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como La tropa del infierno. (Liliana Padilla, Milenio, P.p. Emir Olivares Alonso, La Jornada, P.p..)
En plena crisis de violencia y por segundo año consecutivo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está recortando los recursos de seguridad para los municipios.
En dos años, los apoyos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), para profesionalización y equipamiento de las Policías municipales y prevención del delito, se recortarán 40 por ciento.
Para 2020, el Presupuesto contempla 3 mil millones de pesos, lo que representa 25 por ciento menos respecto a los 4 mil millones de 2019, que beneficiaron a 252 municipios.
Este es el segundo golpe al Fortaseg, pues lo asignado este año representó una caída de 20 por ciento respecto a los 5 mil millones de 2018. (Verónica Ayala, Reforma, P.p.)