Ante las denuncias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por adeudo de pagos a maestros en Michoacán, contratados por el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar solución en dos meses a este tema y crear un mecanismo para que, a partir de ese momento, la Federación se haga cargo de la nómina de 32 mil trabajadores de la educación, afirmaron ayer dirigentes de este gremio.
Tras la séptima reunión que sostuvo el mandatario con los docentes ayer en Palacio Nacional, también ofreció una mesa de diálogo que se desarrollará hoy, en la que también participará el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para dar respuesta a las denuncias de represión que ha hecho el magisterio en dicha entidad.
Durante el encuentro, López Obrador y la CNTE abordaron el tema de los atrasos de pagos que tiene el gobierno michoacano, al mismo tiempo que, en ese estado, los docentes realizaban un paro de labores. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.12)
“¡Hasta que se me hace conocerla personalmente, secretaria del Bienestar!, porque durante más de cinco meses toqué en el área de comunicación de su dependencia y no fue resuelta mi solicitud”, soltó un reportero antes de plantear sus dudas directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Presente en el salón Tesorería durante la conferencia matutina, la aludida, María Luisa Albores, no se inmutó ante el reclamo. Ya había expuesto sus cifras sobre el programa de adultos mayores y no dijo nada más en las casi dos horas de conferencia.
Cabeza de una de las secretarías fundamentales en la actual administración, por operar la gran mayoría de los programas sociales, Albores prácticamente reduce su interlocución pública a las conferencias presidenciales, cuando se decide que debe ser convocada, o bien en las concentraciones que encabeza López Obrador durante sus giras de fin de semana. Mas allá de eso, la dependencia no ofrece información alguna ni la funcionaria otorga entrevistas. (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.12)
Los gobiernos de los estados siguen sin tener la voluntad para atender a las víctimas en el país, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Durante el conversatorio Reparación Integral de Daño en Casos de Violaciones Graves a Derechos Humanos en México, el ombudsman aseguró que no se han generado las condiciones adecuadas para responder a la problemática que viven quienes han sufrido un hecho victimizante.
Indicó que en varios estados no se han instalado las comisiones locales de búsqueda, como en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora, para atender “los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos y, con base en ello, se recuperen la paz y la confianza en las instituciones públicas”. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.6)
“Es un avance, pero no es una victoria”, asegura Arturo Hernández Buendía, integrante de la organización de Pueblos Originarios de Tecámac, luego de que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa suspendió de manera provisional la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en ese municipio mexiquense.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Hernández Buendía consideró que aunque es un buen paso la medida que impuso el juez, no descansarán hasta que se clausure el desarrollo de esa terminal aérea, pues argumenta que lo único que buscan es que les respeten su territorio, su patrimonio cultural y el medio ambiente.
“Es un avance, la victoria será hasta que se ordene la clausura total de Santa Lucía, esta suspensión es un buen paso, pero aún falta mucho camino en nuestra lucha”, dijo. (Astrid Rivera, El Universal, Nación, p. 12)
La justicia federal negó acceso a Ramón Sosamontes Herreramoro a sus cuentas bancarias. El ex servidor público fue uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, cuando esta estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Sosamontes interpuso un recurso de amparo para que se le permitiera acceder a sus cuentas bancarias, las cuales se encuentran congeladas como resultado de las investigaciones relacionadas con el daño patrimonial que se ocasionó por más de 5 mil millones de pesos a través de esquemas de contratación impulsados desde Sedesol y Sedatu y en el cual se mencionaba a universidades públicas.
En ese contexto, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, negó la suspensión provisional solicitada por Sosamontes, según aparece publicado en las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.8)
Una vez que Gilda Margarita Austin y Solís, mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegue a territorio mexicano debe comparecer ante un juez de Amparo antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) intente detenerla.
El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México declaró infundado un incidente con el que la FGR pretendía dejar sin protección a la mamá del exfuncionario contra la orden de aprehensión emitida por un juez de Control en el Reclusorio Norte, pues se le vincula con el caso Odebrecht.
La medida que protege a Austin y Solís de ser detenida hasta que esté en posibilidad de regresar a territorio nacional es una suspensión definitiva concedida por el Juez Primero de Distrito. (Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. 9)
El Ministerio Público Federal interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales, con sede en Tamaulipas, en la que se ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes regionales del cártel Guerreros Unidos, e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Piden analizar las 70 pruebas aportadas. Fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmaron que el recurso fue presentado por representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), para que un tribunal conozca de la sentencia emitida y analice las más de 70 pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, que fueron desechadas por el juez que decretó la libertad de López Astudillo.
En el recurso también se apela el auto de libertad dictado en favor de otros tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, quienes también fueron enjuiciados por su vinculación con la privación ilegal de la libertad y desaparición de los normalista de Ayotzinapa. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.7)
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), en Tamaulipas, dio a conocer ayer evidencias contra la versión del gobierno del estado sobre un “enfrentamiento” entre policías estatales y presuntos criminales del cártel del Norte que habría dejado ocho pistoleros muertos en la colonia Valles Anáhuac, el 5 de septiembre, como se reportó de manera oficial.
La organización civil presentó una serie de fotografías, un reporte de tránsito en el que se acredita el uso de una grúa para “sembrar” una camioneta Tundra en la que se dijo viajaban los presuntos criminales y un video con los testimonios de algunos sobrevivientes, para acreditar que no se trató de un enfrentamiento, sino de la “ejecución extrajudicial” de ocho personas –cinco hombres y tres mujeres– a manos de los agentes del estado, caso similar al de Tlatlaya, estado de México, y que después se habría hecho un “montaje” para justificar el crimen y emitir un boletín hablando del “enfrentamiento” y el decomiso de una camioneta modificada con blindaje artesanal, 15 armas largas y una corta.
Raymundo Ramos, presidente del CDHNL, informó que se solicitó la intervención del gobierno federal para que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones, en sendas cartas enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.7)
Puebla, Pue., La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal suspendió clases en las comunidades de San Antonio Tlacamilco y Apango, del municipio de Acajete, ante un operativo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública de Puebla, implementado en respuesta a una agresión perpetrada contra militares el pasado lunes.
En un comunicado, la SEP precisó que antes esas acciones se cancelaron labores en la Secundaria Técnica 14 Juan Carlos Silvestre González, el Instituto Rosaura Cano, las escuelas Pitzincalli, Madame Curie y Gregorio U. Reyes Ortega, al igual que en el Centro Educativo Nicolás Bravo y la Telesecundaria Pablo Galeana.
Explicó que tomó la decisión como parte del compromiso de resguardar la seguridad de los menores y docentes. De igual manera, aseguró que se brinda toda la información a los padres de familia. (Notimex, La Jornada, Política, p.6)
El Gobierno capitalino presentó el nuevo Plan de Emergencia Sísmica para enfrentar contingencia similares al terremoto del 19 de septiembre de 2017.
En éste se crea un Comité de Emergencia, encabezado por la jefa de Gobierno local, y se establece que la secretarías de Gestión de Riesgos y Protección Civil junto con la de Obras y Servicios estarán a cargo del rescate en edificios colapsados, restablecimiento de servicios, refugios temporales, centros de Acopio, evaluación de daños y revisión de edificaciones.
Con este plan queda descartado el Plan Permanente ante Contingencias CDMX, que el año pasado puso en marcha el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.
(Eduardo Hernández, El Universal, Metrópoli, p. 22)
Ursula von der Leyen es una madre alemana con siete hijos que a partir del 1 de noviembre tendrá en sus manos la jefatura de la institución más importante de la Unión Europea (UE), la Comisión. Este martes presentó los nombres de los candidatos a formar parte del Colegio de Comisarios que la acompañará en su mandato de cinco años.
La lista refleja una de las prioridades de la ex ministra alemana de Defensa: garantizar que la mujer esté bien representada en todo el esqueleto institucional del Ejecutivo comunitario.
La primera piedra de su estrategia fue colocada tras anunciar que la Comisión Von Der Leyen contará con un número récord de mujeres, 13 de los 27 comisarios, sin contar a Reino Unido, que no presentó candidato como consecuencia del Brexit. En la actual Comisión, del luxemburgués Jean- Claude Juncker, la balanza es nueve mujeres de 28. (Inder Bugarin, El Universal, Mundo, p. 19)