La zona serrana de Guerrero está sufriendo. Hay un desplazamiento forzado que ha dejado pueblos fantasmas porque familias enteras huyeron ante la presencia y ataques de grupos criminales que los robaban y mataban. “Se ha roto el tejido social”, dice un habitante de esas comunidades. “Ha caído drásticamente el pequeño comercio, la ganadería, la agricultura. Las escuelas de esta zona son una tristeza. En pocas palabras se respira desesperanza y miedo”. Esta realidad se la describió por carta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y al senador Félix Salgado Macedonio, que es de Guerrero. No tuvo ninguna respuesta de ellos, aunque Durazo, de manera indirecta, le respondió.
Este ciudadano recibió respuesta de Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Pública, pero no le dio certidumbre ni tranquilidad. El exgobernador de Baja California Sur y expresidente nacional del PRD, donde se incubó Morena, le dijo: la desintegración social y la inseguridad de su pueblo es una muestra de cómo “miles” de comunidades en el país “se fueron contaminando con la presencia de grupos armados, la siembra de enervantes y del mercado ilegal de las drogas”. También, agregó, refleja el proceso de fortalecimiento de los grupos criminales mientras se daba el abandono del territorio por parte del “Estado Neoliberal, que, preocupado sólo por hacer negocios y servir a los intereses de unos cuantos, dejaba en el abandono el campo y a los sectores más humildes y necesitados de la población”. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.34)
Vulneran seguridad de AMLO
En pocos días un par de hechos han puesto al descubierto algunas vulnerabilidades de seguridad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. La más reciente, ayer, fue una movilización de trabajadores de la Central de Abastos que puso en jaque a la ayudantía y al equipo de vocería del gobierno federal. Los trabajadores sitiaron el recinto para impedir la entrada tanto de trabajadores como de medios de comunicación para la conferencia de prensa mañanera del presidente. Incluso se lanzaron gases lacrimógenos y hasta al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, le tocó un baño de café que alguno de los manifestantes lanzó. A esto se suma que días atrás fue encontrada y desactivada una cámara inalámbrica de alta tecnología instalada en una de las salas de Palacio Nacional. Un caso de presunto espionaje que no se sabe públicamente si es investigado o simplemente se dejó pasar como una anécdota más.
Nos comentan que la Fiscalía General de la República ha estado muy pendiente del caso de Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y detenido el 9 de julio por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Nos detallan que a la Fiscalía no le pasó inadvertido que este lunes 9 de septiembre se cumplieron dos meses de su detención en un restaurante de lujo en la Ciudad de México y como “regalo” de esa conmemoración y para que no estuviera solo en el penal, este lunes detuvieron a dos de sus presuntos cómplices, a los cuales también se les impuso la prisión preventiva y se ordenó que estuvieran en el mismo penal que su amigo y socio Juan Collado. Será este domingo 15 de septiembre cuando se decidirá si a estos presuntos cómplices de Collado se les vincula a proceso, y si darán “El Grito” con don Juan en el penal. (El Universal, Opinión, p.2)
El gabinete de Seguridad del presidente López Obrador ha establecido como prioridad atacar la violencia en cinco estados del país. Según los datos que tienen, en ellos se cometen la mitad de los delitos de todo el país: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Estado de México.
Uno del PAN que está por tomar Morena, otro más del PAN, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PRI, respectivamente. Así que estamos frente a un problema que no admite partidismos.
Según fuentes de primer nivel con acceso a la información de inteligencia, el objetivo central del gobierno federal es lograr abatir los índices delictivos en esas entidades para así incidir en el índice nacional y lograr una mejor narrativa de que está teniendo éxito la lucha contra la violencia, de la mano de la Guardia Nacional. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
La sentencia de la causa penal 66/2015 puede ser calificada de histórica. No trata solamente de la liberación de Gildardo López Astudillo, porque aprovecha el caso concreto para exigir a la nueva Fiscalía General de la República una actuación radicalmente distinta con respecto al pasado.
Los jueces hablan por sus sentencias y el juez Samuel Ventura Ramos no sólo lo hizo a nombre de su juzgado sino probablemente a nombre de todo el Poder Judicial de la Federación.
Este documento jurídico de 204 páginas pretende fijar un punto final que separe a la vieja procuración de justicia mexicana de la nueva Fiscalía General. Es evidente: el juez Ventura calculó con tino que de dejar pasar los vicios de la averiguación previa integrada por la PGR en contra de López Astudillo —y que la actual Fiscalía decidió no enmendar— se habría producido una simulación muy peligrosa para la justicia mexicana del porvenir. (Ricardo Raphael, El Universal, Opinión, p.2)
El maestro José Díaz Navarro, vocero del colectivo Siempre Vivos, que indaga el paradero de cientos de personas desaparecidas en Chilapa, Guerrero, llegó a un restaurante ubicado en la plaza central de aquella ciudad. A pesar de que, desde hace años, acostumbra ir a comer a dicho establecimiento, notó a los dueños fríos y cortantes.
Cuando pidió la carta, los propietarios le dijeron que los disculpara, pero no iban a poder atenderlo. “Tenían miedo de que al salir yo, entraran a rafaguearlos en represalia por haberme servido”, relata el maestro.
“Antes, en Chilapa —agrega— la gente me decía que me saliera del municipio, que peligraba mucho, que me iban a matar. Ahora me dicen que me vaya, pero porque soy yo el que los pone a ellos en peligro”. (Héctor de Mauleón, El Universal, Opinión, p.5)
En el gobierno federal han iniciado una investigación, a través de sus órganos de inteligencia y de seguridad, para acreditar si algunos hechos de violencia reportados recientemente en Tamaulipas y comunicados oficialmente por el gobierno del estado realmente ocurrieron o si se trató de montajes, autoatentados o incluso de “ejecuciones extrajudiciales”, tal como ya lo han denunciado organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y como lo investiga también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Fuentes federales confirmaron que la investigación iniciada en al menos dos áreas de seguridad federal, se refiere al supuesto enfrentamiento reportado el 9 de septiembre pasado por la mañana, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, y en donde según el parte oficial de la Policía estatal se enfrentaron agentes del estado contra delincuentes, en la confluencia de las calles 7 y 10, y producto de ese tiroteo hubo 8 presuntos integrantes del Cártel del Noroeste asesinados, cuyos cuerpos se encontraron en una camioneta blindada en el lugar. Ese “enfrentamiento”, junto con un tiroteo ocurrido ese mismo día en contra de la Torre Bicentenario en Ciudad Victoria, que alberga oficinas del gobierno estatal, son parte de lo que se investiga, pues se tienen serias dudas y hasta denuncias ya documentadas de que se trató de “actos falseados” por las autoridades estatales. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.15)
Los actuales no son tiempos fáciles para la prensa en el mundo. El arribo de gobiernos de corte nacional populista en varios países se ha vuelto un obstáculo para el libre ejercicio de su actividad. El ejemplo más representativo es la relación actual entre el gobierno de Donald Trump y los medios de comunicación estadounidenses. Toda información que cuestione el desempeño de su administración es en automático una “noticia falsa” (“fake news”). No hay argumentación para rebatir, sino la descalificación inmediata.
Además de Estados Unidos, se han dado casos similares en otras naciones. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha sido señalado por considerar a la prensa un enemigo, ha cerrado espacios para los diarios críticos e independientes alentando, por el contrario, un conglomerado de medios que realizan propaganda a su favor. El gobierno ruso encabezado por Vladimir Putin también se encuentra en la lista de países que ejercen presión sobre los medios de comunicación independientes, además de tener el control de internet. (El Universal, Editorial, p.20)
QUE en el Senado se alista ya la convocatoria para renovar la presidencia de la CNDH una vez que la Mesa Directiva de la comisión que preside la panista Kenia López, en la que participaron Emilio Álvarez Icaza y Nestora Salgado, pactó con organizaciones ciudadanas que el proceso sea lo más transparente posible. Es decir, que habrá ombudsman antes de que este gobierno mande su iniciativa para que el Ejecutivo, y no el Senado, haga la propuesta.
QUE Mónica Fernández, presidenta del Senado y originaria de Tabasco, dijo que conoce desde hace mucho tiempo al diputado Charlie Valentino, quien pidió la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que atribuyó a que el legislador “es muy espontáneo y ocurrente”.
La senadora contó que al menos en Tabasco todo el grupo parlamentario de Morena y los distintos sectores han dicho que son ocurrencias, por lo que lo invitan a reflexionar. (Milenio, Opinión, p,.2)
En el correr de este gobierno quedó la percepción de que la orden que habían recibido los elementos del Ejército mexicano era no responder ni repeler ninguna agresión.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez, declaró que el suyo no es un gobierno represor, yéndose al otro extremo del abanico, donde una cosa es reprimir y otra ejercer el monopolio de la fuerza legal exclusivo del Estado mexicano a través de su gobierno.
Entre la represión y el enunciado constitucional hay 180 grados de diferencia y de nivel de la aplicación legal de esa fuerza.
Lo que sucede es que lo malentendieron las dos partes, fuerzas armadas y delincuentes con sus bases sociales. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle a conocer sus inquietudes y exigencias con respecto a la búsqueda de los estudiantes. Como anunciaron la víspera, los padres y madres expresaron sus quejas porque el resto del Estado mexicano no parece acompañar el compromiso de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y de su titular, el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. En particular, enfatizaron su “enojo y preocupación” por el “descuido” de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya labor habría permitido la excarcelación de presuntos responsables, como sucedió el sábado 31 de agosto con Gildardo López Astudillo, El Gil.
Tras la reunión, los familiares de los jóvenes y los activistas que les han brindado acompañamiento dieron a conocer los compromisos que habría asumido el Presidente; entre ellos, la gestión de un encuentro con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a fin de que la dependencia a su cargo agilice las indagatorias; el ofrecimiento de dialogar con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, para solicitarle que el Ejército entregue la información con la que cuente, así como la celebración de reuniones bimestrales para revisar los avances. (La Jornada, Editorial, p. 2)
“Descafeinaron” la ley contra factureros // Volvió el pulpo inmobiliario al timón de la capital // No será gravado el sexoservicio
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con votos de Morena, PVEM, PT y PES –y en contra de PAN, PRI, MC y PRD–, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, maximizarla al rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los evasores fiscales. El nuevo marco jurídico dispone sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa, y dar protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos). Sin embargo, el senador Ricardo Monreal descafeinó el esquema. Propuso que a quienes expidan facturas falsas hasta por 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o culpables de crimen organizado, por lo tanto no irán a prisión. En ese grupo caben millares de evasores, es un agujero grande. Ya los litigantes, los amparos y los jueces se encrargarán de que ningun evasor, aunque el fraude sea mayor a 8 millones, pise la cárcel. La reforma quedó al gusto de algunos grupos empresariales y aun así la Coparmex lamentó su severidad. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)
Ejército y uso de la fuerza // De las palabras, a las armas // López Obrador y los 43 // Que sea más que una foto
La dura realidad criminal de todo el país ha llevado al presidente López Obrador a un terreno sabido, previsible: la autorización para que las fuerzas armadas hagan uso de la fuerza ante ataques que les pongan en riesgo. Ha de ser, instruyó el mandatario de origen tabasqueño, un uso moderado de la fuerza, proporcional a las circunstancias, respetuoso de los derechos humanos y alejado de las tentaciones de masacrar, ejecutar, ultimar (claro: lo difícil será dilucidar el grado de riesgo que perciban los militares y el nivel de fuerza que aplicarán).
El giro obradorista se produjo a unas horas de que en la comunidad de Apango, en el municipio poblano de Acajete, Puebla, soldados hicieron “disparos al aire como una medida disuasiva” ante una “turba” en actitud “hostil”, que ponía en peligro la vida y la integridad de los elementos castrenses. Este hostigamiento y ataque de civiles a militares es parte de una serie de sucesos en que los uniformados han cumplido con resignación las órdenes de no responder a los agresores, que las autoridades suponen movidos por grupos del crimen organizado.
Abrir la siempre peligrosa llave del uso de la fuerza militar fue precedido de declaraciones polémicas del Presidente de la República, quien ha conminado a los criminales a que “se porten bien” y a que piensen “en sus mamacitas”. Además, en un giro lingüístico poco adecuado para la investidura presidencial, ha tratado de estigmatizar el ejercicio delictivo con interjecciones coloquiales como “fuchi” y “guácala”. (Julio Hernández López , La Jornada, Opinión, p.8)
Se han vuelto cotidianas las imágenes de agresiones a militares en todo el país. Delincuentes disfrazados de “pueblo bueno” los golpean impunemente con palos, palas, piedras, puños y mentadas.
Las armas de los uniformados no los intimidan. Saben que están protegidos por un gobierno federal que ha renunciado al uso legítimo de la fuerza.
Lo hemos visto en La Huacana y Los Reyes, Michoacán; San Juan del Río, Querétaro; Tepeaca y San Martín Texmelucan, Puebla; Tetepango, Hidalgo; Cuautlacingo, Estado de México, y Palacio Nacional de esta Ciudad de México. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)