La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se sienten frustrados porque hasta ahora la indagatoria no ha tenido éxito, pero confió en el trabajo de la fiscalía especial para atender el caso, así como en la reincorporación en la investigación de expertos internacionales. Indicó que a pesar del compromiso de la actual administración para llegar a la justicia, siguen pendientes muchas pesquisas y sobre todo encontrar a los estudiantes. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.4)
Integrantes del colectivo Solidarios de la Voz del Amate exigieron al gobierno de Chiapas la excarcelación inmediata de nueve “presos políticos” que se encuentran “injustamente privados de su libertad” en el Centro Estatal para Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas.
Encabezados por el profesor Alberto Patishtán Gómez, ex “preso político”, indicaron que el único delito de estas personas, que llevan en prisión de ocho a 15 años, “es ser pobres e indígenas”. Ocho de ellos están acusados de homicidio y uno más de secuestro.
En conferencia de prensa aseguraron que ya han solicitado la intervención del gobierno federal y hace unos meses se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pues en Chiapas “no hay respuesta”. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.6)
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca han recibido una orden para no defenderse de las agresiones de que son objeto, pero siempre deben reaccionar con respeto a los derechos humanos y apego a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, afirmaron fuentes de esta dependencia.
Esta ley establece que el nivel del uso de la fuerza de las autoridades debe ser siempre proporcional a la resistencia del agresor y el riesgo exhibido, además de que su aplicación será progresiva y sólo se podrá recurrir a ella en caso de absoluta necesidad.
Las autoridades de Sedena recordaron que aun antes de la promulgación de la mencionada ley, en mayo pasado, las fuerzas armadas ya tenían su propio protocolo de actuación, cuya última actualización se hizo en 2014, y que sirvió incluso como base para la normatividad hoy vigente. (Eduardo Murillo, la Jornada, Política, p.6)
El gobierno de México ha observado un incremento sustancial en las incautaciones de armas ilegales de origen estadunidense. En promedio, 567 de esos objetos entran por día a nuestro país de forma irregular, es decir 22 cada hora.
De acuerdo con información contenida en un documento que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó en la Casa Blanca, la administración mexicana puntualizó que este incremento ha generado un pico de homicidios violentos.
Cerca de 70 por ciento de los crímenes perpetrados en territorio mexicano están relacionados con armas compradas en la Unión Americana. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, la Jornada, Política, p.10)
Apenas eran las 4 de la mañana y el Palacio Nacional ya estaba cercado con protestas de distintos grupos. Comerciantes de la Central de Abasto y de La Merced, así como activistas que exigen la liberación de presos políticos en Oaxaca se encargaron de bloquear los accesos.
En el momento en que los representantes de los medios de comunicación ingresaban al recinto para la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestantes buscaron colarse, por lo que elementos de la policía militar que custodian el recinto cerraron las entradas.
En medio del tumulto que causó dicha acción, lanzaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes. El vocero presidencial, Jesús Ramírez, salió “bañado” de café y la mitad de los representantes de la prensa no pudo ingresar, por lo que la mayor parte del tiempo de la conferencia el recinto estuvo semivacío. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.10)
José Manuel Mireles, médico militar de formación, llegó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) el primero de agosto.
Se desempeña como subdelegado médico y “nos ha ayudado a entrar a zonas difíciles, donde impera la violencia. Está en contacto con los trabajadores para mejorar los servicios”, pero sus expresiones misóginas y machistas son inaceptables, reconoció Ramiro López Elizalde, director médico del instituto.
Él mismo invitó al ex líder de las autodefensas de Michoacán a trabajar en el Issste. Sus antecedentes de luchador social “nos han ayudado” con las acciones que son necesarias para fortalecer el primer nivel de atención, dijo. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.11)
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y diversas organizaciones feministas exigieron al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pineda, la destitución inmediata de su subdelegado en Michoacán, José Manuel Mireles, al considerar que no es suficiente su disculpa debido a la gravedad de sus calificativos contra las mujeres.
Mireles llamó “pirujas” a las parejas de los derechohabientes del organismo y en un video reciente se refirió como “nalguita” a una mujer, hechos que han generado múltiples reacciones en su contra, exigiendo su renuncia.
“Lo sucedido es una muestra de que su comportamiento será repetitivo y se refleja ya en trato discriminatorio y violento a todos los usuarios de la institución”, expuso la comisión de San Lázaro en una carta enviada a Ramírez Pineda. (Roberto Garduño, Enrique Méndez y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.11)
Detrás de los reportajes que dieron pauta a denuncias contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, “están grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de política neoliberal”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al salir en su defensa identificó a Claudio X González como cabeza de una asociación con gran activismo político, en especial con amparos contra el aeropuerto en Santa Lucía.
“¡Fuera máscaras; a un lado la hipocresía!”, dijo el mandatario en apoyo al funcionario, de quien afirmó estar “muy satisfecho” con su desempeño. “Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y quieren confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que somos iguales”, destacó. (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.14)
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó que están preparando otras cuatro denuncias contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por desvío de recursos. “Estarán listas antes de que concluya el año”, aseguró.
“Incluso –agregó–, hemos sido convocados por los jueces como la parte ofendida –en el proceso penal que se sigue a Robles– y trabajamos muy coordinadamente con la Fiscalía General de la República”.
Además, dio a conocer que se está auditando a los 32 congresos de los estados, “que nunca nadie lo había hecho; tenemos un universo de mil 966 revisiones”. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.14)
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, deberá entregar a un juez federal copia certificada de las constancias, así como registros en audio y video en los que se justificó para emitir el auto de vinculación a proceso contra Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público, el 13 de agosto.
Las copias certificadas deberán estar completas, legibles y en orden cronológico, o en su caso, tendrá que manifestar la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento al requerimiento. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.14)
Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora de recursos humanos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tramitó un amparo donde reclama la violación al derecho de defensa al no permitirle el acceso a la carpeta de investigación.
Sin embargó, un juez federal revocó el juicio, ya que las autoridades informaron que por el momento no existe alguna pesquisa u orden de aprehensión en su contra.
En los últimos meses, la ex funcionaria ha solicitado la protección de la justicia para detectar si hay alguna investigación o solicitud de captura en su contra, mediante amparos buscadores. Con este tipo de recursos, el juez que conoce del caso debe solicitar a todas las autoridades que se mencionan informes relacionados con la existencia de investigaciones, averiguaciones previas, solicitudes de comparecencia ministerial o judicial o si hay alguna consignación u orden de arresto. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.14)
Aunque diversos municipios del país no tengan elementos materiales básicos como electricidad, computadoras o acceso a Internet, de cualquier manera sus servidores públicos deben cumplir con el llenado del nuevo formato de declaración patrimonial y de intereses, pues de lo contrario serán sancionados.
Bernardo Rojas Nájera, director general de vinculación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), recordó que la fecha límite para completar los formatos es el 31 de diciembre de este año. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.16)
En 2007, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo ingresos excedentes por más de 746 millones de pesos como resultado del aseguramiento de 205 millones de dólares que fueron localizados en la residencia del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, y al menos 50 por ciento de esos recursos los destinó a tareas de “construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento de infraestructura”, refieren informes de la actual Fiscalía General de la República (FGR).
En julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en una de sus conferencias matutinas que desconocía el destino que tuvo el dinero asegurado durante el gobierno de Felipe Calderón, por lo que pidió una investigación sobre el destino de esos recursos.
“Ordené que hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, que fue decomisado en marzo de 2007 en una casa de Lomas de Chapultepec. Imagínense que el Presidente de México no sepa”. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.18)
El octavo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México sobreseyó el amparo que un juez federal otorgó al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.
Con el fallo queda vigente en México la orden de captura que se giró contra el ex mandatario por lavado de dinero y delitos contra la salud. Los dos requerimientos judiciales fueron incluidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de extradición que Italia negó en 2018, con lo cual Yarrington fue entregado. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.19)
El gobierno mexicano rechazó la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobada en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para resolver los conflictos internos de Venezuela, al considerar “inaceptable” el uso de un mecanismo que utilice la fuerza militar.
Durante la sesión de ayer en la sede de la OEA, con 12 votos en favor –de los 19 países firmantes del TIAR– se aprobó una convocatoria a un órgano de consulta de cancilleres para la activación de este tratado de defensa mutua entre naciones ante ataques armados. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.19)