Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), rechazó que la reciente aprobación de una ley que equipara la falsificación de facturas con delincuencia organizada sea terrorismo fiscal.
Precisó que el SAT detectó en los pasados cinco años la emisión de más de 9 mil millones de facturas falsas por un monto de un billón 900 mil millones de pesos, en operaciones simuladas con una evasión de 354 mil millones.
Explicó que la compensación universal era un mecanismo que se venía utilizando desde 2004 para respaldar rangos de entre 3 y 4 por ciento de IVA, pero su uso se disparó en 2013, justo cuando en la miscelánea fiscal se relevó a los contribuyentes de presentar el aviso de compensación . (Israel Rodríguez, La Jornada, Política, p.5)
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la recién aprobada reforma para combatir la defraudación fiscal que se realiza a través de empresas fantasmas y facturas falsas es constitucional, y pese a los argumentos de la oposición, no viola derechos ni garantías individuales, ya que habrá el debido proceso para quienes incurran en ese ilícito.
El delito de defraudación fiscal se ubica dentro de la delincuencia organizada, explicó, porque se trata de redes criminales que, a través de “andamiajes complejos”, provocan un desfalco “monumental” a las arcas públicas, que entre 2014 y 2018 sumó 2 billones de pesos.
Se trata, insistió el legislador, de un atentado contra el sistema tributario y la economía, ya que se pierde 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que se trata de un delito contra la seguridad nacional. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.4)
Endurecer las penas contra la evasión fiscal –que abarca a empresas que trabajen con factureras para reducir las cuotas obrero-patronales– se empata con una serie de disposiciones que se han hecho para regular la actividad, pero “nunca va a ser suficiente” para evitar la defraudación, aseguró Héctor Márquez, director de desarrollo comercial de Manpower.
La carga fiscal que implica el pago de derechos a los empleados es demasiado alta y deja un margen de utilidad bajo para las empresas, dijo el directivo de una de las principales intermediarias laborales en el mundo.
“La carga que genera un trabajador en una empresa, por lo menos es de 35 por ciento, y entonces hay veces que las firmas dedicadas a la subcontratación operan con un porcentaje de 4 por ciento”, explicó. (Dora Villanueva, La Jornada, Política, p.5)
El pleno del Senado solicitó a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen los homicidios y agresiones contra los periodistas Maximino Rodríguez, Rafael Murúa, Martín Valtierra, Jesús Ramos, Mario Leonel Gómez y Monserrat Ortiz.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López (PAN), presentó cuatro dictámenes al pleno sobre libertad de expresión, asesinatos de comunicadores, fortalecimiento de medidas para proteger a ese sector e indígenas desplazados en Chenalhó, Chiapas. En tribuna, destacó que la violencia contra los periodistas “se ha incrementado de manera alarmante”.
Ante ello, exhortó tanto a las autoridades federales como locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las medidas de protección y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa en todo el país. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.13)
A lo largo de 20 años (2000 a 2019), la Policía Federal (PF) ha recibido 90 denuncias por presuntos actos de tortura cometidos por sus elementos. Sin embargo, sólo en un caso se llevó proceso penal a un agente.
Según datos de la corporación dados a conocer en respuesta a una solicitud de información pública presentada por un ciudadano, los años en que más denuncias se presentaron por actos de tortura fueron 2013, con 20, y 2018, con 27.
Los registros indican que las demandas contra agentes federales comenzaron hasta 2010, mientras de 2000 a 2009 no se tiene conocimiento de algún caso. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.13)
Alonso del Val Echeverría, uno de los directivos de la empresa Oro Negro, notificó al juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México que desiste de ampararse de cualquier orden aprehensión librada en su contra.
El empresario demandó la medida de garantías luego de que la procuraduría de justicia de la Ciudad de México solicitó su captura, junto con la de Gonzalo Gil White –hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz–, José Antonio Cañedo, Carlos Enrique Williamson y Miguel Ángel Villegas, también directivos de Oro Negro, por el desvío de más de 750 millones de pesos.
Las órdenes de detención fueron requeridas por abuso de confianza y administración fraudulenta, pero se les siguen cuatro líneas de investigación por otros delitos. Según investigaciones de la procuraduría capitalina, dicho desvío fue del fideicomiso F-695 Deutsche Bank, que dirigió a las empresas perforadoras Oro Negro e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro. Todos los implicados tramitaron amparos. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.15)
El Senado demandó la renuncia del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Michoacán, José Manuel Mireles, por sus “expresiones machistas, misóginas y violentas” contra derechohabientes y las mujeres del país.
El pronunciamiento fue formulado en el pleno con el consentimiento de todos los grupos parlamentarios debido a que al inicio de la sesión ordinaria una docena de senadoras y senadores de todas las bancadas solicitaron la palabra para exigir la destitución e inhabilitación de Mireles.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres consideraron, en un comunicado conjunto, que las disculpas ofrecidas por Mireles Valverde son insuficientes para remediar la imagen que ha proyectado en torno a este sector. (Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.16)
La 4T será el tema del desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre. Sus primeros carros alegóricos estarán dedicados a ilustrar la Independencia, la Reforma y la Revolución, así como el actual proyecto de gobierno que plantea la Cuarta Transformación.
Así se apreció durante el ensayo general del desfile, efectuado este jueves en el Campo Militar número 1, ante la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González; y de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; así como el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio.
Los contingentes de las Fuerzas Armadas, cuya columna encabezará la GN, también harán alusión a su participación en los principales programas sociales del gobierno federal como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.17)
Para el 209 aniversario de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por primera vez dirigirá la ceremonia del Grito desde Palacio Nacional, exhortó a la población a acudir a esta fiesta cívica en el Zócalo capitalino, y celebrar en paz, sin alcoholismo, drogas ni armas porque “eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos, es la época de la no violencia. Es una fiesta de la unidad de todo el pueblo”.
En un video publicado en redes sociales, señaló que se recordará “con cariño a las madres, a los padres de nuestra patria y al pueblo heroico que siempre lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía nacional”.
En tanto, elementos del Ejército fueron desplegados en el Patio de los Canónigos –lado oriente del Atrio de Catedral–, como parte del dispositivo de seguridad para las fiestas patrias. (Alma Muñoz, Fabiola Martínez, César Arellano y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.17)