La insistencia de Andrés Manuel López Obrador de marginarse de los foros internacionales ya pasó la factura: ayer el canciller Marcelo Ebrard no pudo hablar en el Christchurch Cali to Action, que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, ya que sólo tuvieron la palabra jefes de Estado. Y dado que el foro convocado por Nueva Zelanda era contra el terrorismo y los discursos de odio, México tenía mucho que decir -y no pudo decirlo- tras el ataque en El Paso. (Reforma, Opinión, p. 2)
Llevan a AMLO y la 4t a España.- El proselitismo de la 4T está por cruzar el Atlántico, el charco, dirían en tiempos pasados. Nos comentan que el Fondo de Cultura Económica, a cargo del polémico Paco Ignacio Taibo II, ha convocado a una reunión el próximo viernes en la Librería Juan Rulfo en Madrid, para analizar la situación política mexicana. Bajo el formato de “charla” con el título “Descifrando México desde España, ¿quién es López Obrador? ¿Qué es Morena? ¿Qué es la 4T”?, la invitación menciona la participación de Arantxa Tirado, Alejandro Pedregal y José Carlos Morales. Nos comentan que el FCE ha estado buscando sanear sus finanzas y establecer alianzas para preservar su presencia en España, pero ahora le da tiempo también para desplegar actividades políticas en la capital española. ¡Olé! (El Universal, Nación, p. 2)
Que la aparición del reconvertido Vicente Fox en el PAN no será acaso el único regreso al partido, pues se sabe que la intención es convencer también a fugados como Felipe Calderón, quien anda en Nueva York, Javier Lozano y Ernesto Cordero. Dirán que en una de esas, juntando a los adeptos de México Libre y los panistas que iban a los actos al Ángel, se les ve cara de oposición seria. (Milenio Diario, p. 2)
Otra vez el Plan B. Ellos creen que se les ha ocurrido la mejor idea. La Cámara de Diputados utilizará un acceso del Metro Candelaria como “túnel de emergencia” para evitar que los manifestantes cierren todos los accesos al recinto y, así, provoquen parálisis legislativa. El gobierno capitalino comenzó las obras para enrejar una de las puertas del Metro que conecta con la Puerta 4 del recinto legislativo. La Cámara necesita concretar un convenio con el Metro para montar las puertas. A más tardar, la semana próxima quedaría listo el proyecto. ¿No sería más fácil resolver los problemas a quienes se manifiestan en contra de los legisladores? Esta “vía de escape” no los resuelve de fondo. (Excélsior, Nacional, p. 17)
Sí hay quinto malo.- Estamos en la semana del quinto aniversario de la desaparición, en Iguala, de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Ayer, grupos afines a la normal vandalizaron las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Corrió la versión de que hay ahí videos de los acontecimientos y los padres de los desaparecidos exigen verlos.
Alrededor de los familiares de los desaparecidos operan grupos que han hecho de las movilizaciones una forma de vida. Su esencia es la movilización permanente. En este caso con la exigencia de que los normalistas aparezcan vivos.
El próximo jueves, en San Lázaro, uno de los padres de los normalistas hablará en la tribuna. Ese mismo día en la tarde se esperan marchas en la ciudad. Los vándalos que estuvieron en Iguala vienen pertrechados. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Retrasos hasta en Hacienda por la CNTE.- Las andanzas de los maestros de la CNTE y sus “tomas” por asalto de la Cámara de Diputados tuvieron efectos hasta en el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Resulta que, aunque el economista José de Luna Martínez fue nominado por el titular de la dependencia, Arturo Herrera, como titular de la Unidad de Crédito Público desde julio, los diputados de la Comisión de Hacienda apenas podrán ratificarlo en su nombramiento hasta este martes. Mientras, el funcionario está impedido para la toma de varias decisiones formales de alta responsabilidad y su desempeño no puede ser regular. (El Financiero, p. 31)
Ayotzinapa, en máxima tribuna: primer llamado.- A casi tres años de haber estado en San Lázaro, padres de los 43 normalistas regresarán para que uno de ellos hable ante la máxima tribuna del país, con las mismas demandas y exigencias: el esclarecimiento del caso; en aquella ocasión, el 23 de noviembre de 2016, familiares de las víctimas se reunieron con legisladores de varias comisiones, incluida la que estaba encargada de dar seguimiento a los resultados del GIEI, pero en el Salón Verde, ahora, será la primera vez en muchos años que un civil hable desde la tribuna ante diputados en una sesión del pleno. Sí, en 2001 estuvieron los zapatistas, pero también fue ante integrantes de comisiones convocados en el salón de sesiones. (La Razón, p. 2)
Pocos hechos en la historia moderna de México han estremecido a la sociedad, a la autoridad de los tres niveles de gobierno, a la procuración e impartición de justicia como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa durante la noche del 26 al 27 de septiembre hace cinco años.
La reacción tardía para comprender la dimensión del problema marcó al anterior gobierno federal. Los intentos de justicia iniciados culminaron en una verdad histórica, que dejó varias interrogantes y desechó planteamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hizo una revisión del caso.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclarar la desaparición de los normalistas daría paz y tranquilidad a todo el país. En entrevista con este diario, la presidenta del organismo regional menciona que debe haber responsables sin importar que entre ellos se encuentren altos mandos. “Eso engrandecerá al sistema de justicia”, menciona. (El Universal, Opinión, p. 16)
Por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el Estado mexicano ofreció ayer una disculpa pública por la feroz campaña represiva que el poder público desató en el país en las octava y novena décadas del siglo pasado.
Corrió a cargo de la primera pedir perdón en lo individual a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, fue víctima de detención arbitraria el 19 de agosto de 1977, en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército, policías estatales e integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Trasladados a las instalaciones de la novena Zona Militar, en la capital sinaloense, ella fue torturada durante 49 días, obligada a parir en condiciones infrahumanas e indignas y forzada a presenciar la tortura y la ejecución extrajudicial de su pareja, cuyo cuerpo nunca fue hallado.
Por esas atrocidades, emblemáticas de la guerra sucia lanzada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contra disidentes e integrantes de grupos guerrilleros, Sánchez Cordero comprometió ante la víctima y su hijo nacido en prisión la voluntad del Estado, a garantizar la reparación integral de los daños y a aplicar las medidas necesarias para impedir que acciones criminales como las referidas se repitan en perjuicio de ninguna otra persona. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Como todos los altos funcionarios del actual gobierno, Manuel Bartlett Díaz llegó con la promesa central de erradicar la corrupción, y para ello, aceptó el requisito establecido por el presidente López Obrador de transparentar su patrimonio e intereses.
Pero tras ser nombrado director general de la Comisión Federal de Electricidad, en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública dejó fuera su relación con 12 empresas y afirmó no tener ningún interés que le pueda implicar conflicto.
Hay que recordar que apenas el pasado 28 de agosto pasado el reportaje “Bartlett Bienes Raíces” reveló más de veinte propiedades del funcionario y su familia, que fueron escondidas y subvaluadas.
Frente a las evidencias, el presidente López Obrador ha defendido políticamente, públicamente, enfáticamente a Manuel Bartlett Díaz. Cuando esta defensa empezó a poner en entredicho el discurso anticorrupción, bandera del actual gobierno, a regañadientes anunciaron que se abría una investigación en la Secretaría de la Función Pública. Ojalá que los nuevos datos y documentos sirvan para complementarla. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Hasta ahora, nada le ha funcionado a los desesperados opositores al obradorismo. El más reciente despropósito rechinante ha sido la acrítica rehabilitación panista de Vicente Fox Quesada como su propuesta de salvación nacional. Y, según eso, la constitución de un frente multipartidista para darle en la madre a la Cuarta Transformación.
Sin embargo, con dos palabras (valientes jóvenes), el historiador Pedro Salmerón Sanginés ha proporcionado (de manera involuntaria) el punto de arranque para una discusión histórica e ideológica que al fondo del escenario tiene las urnas electorales de 2021 y de 2024.
Como sucedió en 1973, cuando el empresariado se confrontó con el presidente izquierdista (así fuera mera demagogia) Luis Echeverría Álvarez, por el asesinato del regiomontano Eugenio Garza Sada durante un ataque de miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, ahora las cúpulas derechistas han tratado de escalar las polémicas dos palabras de Salmerón, aunque el presidente López Obrador logró contener parcialmente el conflicto, mediante el sacrificio del historiador en mención. (Julio Hernández López, La Jornada, p. 8)
En la misma semana del Grito en que el presidente López Obrador refrendó sus poderes de comunicación política con la ciudadanía, la casa de encuestas Gea/Isa publicó una minuciosa encuesta sobre lo que piensan los ciudadanos. No quiero entrar demasiado en cifras, sino más bien registrar las tendencias que las cifras reflejan.
Solo 35% espera mejoras en la educación. Solo 29% espera mejoras en la salud. Solo 19% cree que habrá mejoras en el combate a la corrupción. Y solo 18% cree que habría mejoras en seguridad.
Si le creemos a la encuesta, la contradicción es obvia: una confianza de sesenta y cincuenta por cientos en el Presidente y su gobierno, contra una desconfianza de treinta y menos veinte por cientos en sus resultados fundamentales: educación, salud, corrupción, seguridad. (Héctor Aguilar Camín, Milenio Diario, Política, p. 3)
Escribí aquí la semana pasada que el problema del PAN es que, extrañamente, se había convertido en la nada, un programa, sin alternativa frente a un gobierno que, guste o no, funcione o no, tiene un plan, una agenda: la de Andrés Manuel López Obrador.
Decía yo también que los aniversarios, como el que conmemoró el PAN en estos días, debían servir para algo. Pues bien. La actual dirigencia del PAN lo aprovechó para dar un salto al pasado y celebrar a Vicente Fox. Sí. A Vicente Fox.
Quien fuera su figura hace 20 años, el hombre que desde Guanajuato arrebató al PRI la Presidencia para, contra todos los pronósticos, dársela al blanquiazul es la apuesta de nuevo liderazgo en el partido rumbo al futuro. (Carlos Puig, Milenio Diario, Política, p. 2)
Poco a poco la fraseología de la vieja izquierda y su propaganda se convirtió en el lenguaje oficial.
Quizá la imposición de un neolenguaje sea parte de la IV-T, y con ello la reescritura de una nueva versión de la historia mexicana cuyas abundantes patrañas serán sustituidas por las nuevas mentiras, pero ahora acordes al reciente idioma.
Sin entrar en las profundidades de los expertos en semiótica, podríamos decir: para fines de instaurar una nueva forma de aprehensión de la realidad, el lenguaje es la realidad. Las cosas no son en sí mismas, como son, sino como se les nombra. Por eso se cree en la “Cuarta Transformación”, lema o aspiración hasta ahora inexistente (su presurosa urgencia la acerca más a una deformación), pero firme como un principio y una realidad sin realidad. La realidad es el lenguaje y la palabra sustituye a la verdad. O simplemente la crea. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Sorprendió a algunos que el expresidente Vicente Fox regresara fast track al partido que lo llevó a Los Pinos. Aunque ya se venía negociando su reincorporación, el festejo —tardío— del 80 aniversario del Partido Acción Nacional fue el marco propicio. Sin duda, el PAN logró su primer objetivo: colocar a Fox en la agenda política y ubicarlo como su estratega y estandarte de la oposición frente a la avasallante figura de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, creo que hay una pregunta obligada, ¿aquel de las tepocatas y las víboras prietas es el mismo que ahora quiere “darle en la madre a la Cuarta Transformación”? El imparable y popular Vicente Fox que arrebató la candidatura presidencial al PAN no tiene el mismo empuje de hace 20 años. Llegó a la Presidencia de la República con 58 años de edad, hoy tiene 78. Pero no sólo lo desgastó el transcurso de dos décadas. Su gobierno quedó a deber, lo caracterizaron los dislates y torpezas.
Los panistas —con razón o sin ella— le reclaman no haber destruido al PRI. Permitió una injerencia sin precedentes a su esposa, Martha Sahagún. Incluso, acuñó al término “la pareja presidencial” en la toma de algunas decisiones. Hasta hoy persisten las sospechas de corrupción en los hijos de su esposa. Fue muy desaseado en el manejo de su sucesión y entregó el país con niveles de inseguridad sin precedentes. Pagó una parte del costo político por la violencia en el gobierno de Felipe Calderón. Y por si fuera poco, en la siguiente elección presidencial apoyó públicamente al priísta Enrique Peña Nieto. (Alejandro Cacho, El Heraldo de México, País, p. 12)
Morena quiere votar antes del 20 de octubre en la Cámara de Diputados la ley que equipara a la evasión fiscal con crimen organizado, y los dirigentes empresariales no quieren ver en su justa dimensión la gravedad del caso.
Callan por miedo o por una ilusa prudencia, pues cuando quieran protestar será demasiado tarde. Esa ley no es sólo contra la evasión, sino contra la libertad y la iniciativa privada.
Con habilidad retórica y ayuda de medios de comunicación, el gobierno quiere hacer pasar esa ley como un freno “a las factureras”, es decir, contra los fabricantes de facturas apócrifas que permiten deducir impuestos. (Pablo Hiriart, El Financiero, p. 32)
Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alzapico –miembros ambos de la Liga 23 de Septiembre- fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, el 19 de agosto de 1977. Ella estaba embarazada y dio a luz durante el cautiverio, dentro de las instalaciones de la IX Zona Militar.
Ayer -apoyada por un video- relató cómo frente a ella los militares castraron a su esposo; cómo le lanzaron sobre su cuerpo ensangrentado y cómo tuvo que presenciar su agonía y muerte. Y ayer también, en un acto de resarcimiento por parte del Estado mexicano, se escuchó la voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocer:
“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como Guerra Sucia.
La respuesta de Alicia Camacho no se haría esperar. 42 años habían transcurrido de aquellos trágicos acontecimientos: “En el pasado –apuntó-, se apostó al desgaste, al miedo y a la normalización. Por eso, estar aquí hoy, es ganarle al olvido”. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Grandes líderes: Realmente el CEN del PRI nunca dejó de funcionar como una Oficina de Asuntos Electorales de Los Pinos y los casos más claros de esa condición fueron Humberto Roque, Santiago Oñate, Mariano Palacios y José Antonio Fernández con Ernesto Zedillo. Otros dirigentes optaron por la dignidad como Jesús Reyes Heroles vs Luis Echeverría y Javier García Paniagua con José López Portillo.
1 llamada: La primera denuncia vs delincuencia organizada del PRI fue del CEN del PRD, Carlos Navarrete al afirmar que en Guerrero “las bandas del crimen organizado operaron a favor de los candidatos del tricolor”. Previamente la ex PGR Marisela Morales incriminó al ex precandidato presidencial del PRI Tomás Yarrington 2005 su sucesor en Ciudad Victoria Jesús Hernández Flores y al senador Manuel Cavazos. (Federico LaMont, El Sol de México, Análisis, p. 3333)
Caso Iguala: estas ruinas que ves.- A punto de cumplirse un lustro del asesinato en Iguala de los muchachos de la normal de Ayotzinapa, está por culminar la tarea de demolición iniciada en el otoño del 2014 por las ONG y personajes que hoy están en el poder.
Demasiadas declaraciones de Alejandro Encinas y de los que detentan la representación de los padres de familia. Tantas que le dicen al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que “hay que empezar de cero”.
Como se dijo aquí, no quieren matar al lobo porque se acaba el cuento tan rentable y prefieren mostrarle al fiscal lo que dejaron del caso y le dirán: “Estas ruinas que ves”. (José Fonseca, El Economista, p. 40)
Con todo y que la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, sitiada por contingentes de la CNTE, logró que se aprobaran sin cambios las leyes secundarias de la Reforma Educativa, sus dirigentes seccionales anunciaron que se concentrarán hoy en los alrededores de la sede del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, donde los integrantes de las comisiones analizan apenas las minutas recibidas de San Lázaro.
La consigna de los dirigentes seccionales de la disidencia magisterial a sus militantes es la misma que dieron a sus huestes desde la noche del miércoles en la explanada de la sede de San Lázaro: no se muevan, hasta que los senadores ratifiquen lo aprobado por los diputados, sin quitarle ni una coma a esas leyes, que ellos acordaron en Palacio Nacional. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, p. 10)
Cuando se aborda el tema de la seguridad pública, es obligado considerar la participación ciudadana. Precisamente, la población habrá de obtener ventajas y beneficios efectivos de sus programas de acción.
Son los ciudadanos quienes resienten el embate del delito, trátese de ellos mismos o de aquellos que les rodean y, por ende, resultan los primeros en reclamar acciones de protección y, en su caso, de castigo a los perpetradores.
En consecuencia, recae en las autoridades responsables de la seguridad pública establecer lazos de comunicación con la comunidad a la que sirven; esto a través de la difusión de programas de acción y dando respuesta a preguntas en la materia, así como escuchar las denuncias sobre entornos delictivos, aprovechando la participación directa y tantas otras formas de contribución que mejorarían sin duda el ambiente de confianza y tranquilidad entre gobierno y ciudadanos. (Manuel Mondragón y Kalb, El Universal, Nación, p. 14)